Categoría: Notas

HACIA UNA POLÍTICA FEDERAL DE HÁBITAT

Durante los días 12 y 13 de abril se llevó adelante el Encuentro Federal “Hábitat y Territorio”
que contó con la participación de “representantes de organizaciones sociales, pymes,
académicos, medios de comunicación y diversas comunidades” para “generar acuerdos sobre
puntos indispensables en la construcción de una política federal de hábitat”. Desde esta
perspectiva multiactoral se abordaron múltiples dimensiones para pensar en políticas sobre el
hábitat y el territorio.
Desde el punto de vista económico se postuló la reactivación de la industria de la construcción
como mecanismo de desarrollo económico. En un proceso que, para promover efectos
redistributivos, requiere: integrar políticas de suelo, la incorporación de pequeñas y medianas
empresas constructoras, así como cooperativas de trabajo en la construcción y en la
producción de materiales. La propuesta se dirigió a incorporar el modelo de desarrollo
nacional en el debate, que el modelo dominante ha estado siempre ligado a la construcción de
desigualdades y al extractivismo.
Al abordar la comunicación de la política habitacional se enfatizó el valor de los trabajadores
del Estado quienes sostienen las políticas públicas y cargan con una memoria institucional muy
valiosa a la hora de gestionar las políticas de hábitat. Se denunció la deslegitimación que los
trabajadores estatales están sufriendo en esta gestión a través de la utilización de mensajes
mediáticos que desalientan el rol del estado y legitiman la gestión pública a través de agencias.
Se puntualizó en el desafío de construir una política nacional y popular en materia de hábitat y
territorio desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para ello, se propuso un debate que
avance sobre las palabras, y formule herramientas en un proceso de fortalecimiento de una
nueva mayoría. Un desafío que reúne a quienes luchan por las políticas de hábitat urbano con
quienes luchan por las políticas de hábitat rural, ya que se trata de procesos que están
íntimamente vinculados en el desarrollo del territorio.
Desde el punto de vista de la gestión, se manifestó la relevancia de herramientas de
intervención estatal. Lo que requiere promover la construcción de un conjunto de
herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario, intervenir en el manejo del suelo. De
esta manera, se pretende recuperar de la ganancia de ese mercado, los recursos necesarios
para llevar adelante las políticas habitacionales.
Se planteó la discusión sobre la seguridad de los barrios, proponiendo que la misma se
encuentre dentro de la gestión de las organizaciones barriales, para garantizar la seguridad en
el control social. También la necesidad de feminizar la política habitacional, para cambiar cómo
vemos y construimos la ciudad, y nuestros pueblos.
Para la cuestión de las infraestructuras, saneamiento se propuso renovar la discusión y sacarla
del ámbito de decisión de los dueños de grandes empresas. Esto implica: discutir el latifundio,
discutir el monocultivo de soja, discutir contra los diseños de infraestructura a favor del
movimiento de mercaderías de exportación.
Sobre la política de transparencia, se propuso generar un registro público de tierras, y un
registro nacional de accionistas, como instrumentos que les permitan a las organizaciones
conocer a los actores que están operando bajo el anonimato de las sociedades, en los
desalojos, en las compras de tierra rural para el desarrollo de countries, etc.

Se abordó también la experiencia de la autogestión en las políticas habitacionales, mediante
procesos económicamente rentables, de generación de trabajo, de capacitación, de
fortalecimiento en la participación de las mujeres, y de calidad habitacional.
Desde Proyecto Habitar participamos en el encuentro exponiendo las preocupaciones que
recogemos diariamente de nuestra práctica militante-académica-profesional, con ánimos de
reunirnos en reflexiones sobre los problemas transversales de la sociedad, y desde allí
construir acuerdos sobre las políticas de gestión del hábitat y el territorio.
Enumeramos aquí algunos puntos trabajados:
– La perspectiva de género en el desarrollo de políticas habitacionales.
– El problema de la gestión de los residuos urbanos y el derecho a un ambiente sano.
– El impacto de la inflación en la política pública habitacional y en las precarias condiciones
laborales en las que trabajamos.
– El rol de la Universidad como ámbito de debate y construcción de políticas habitacionales.
– La perspectiva relacional de la política urbana, que comprende integrados pares que
habitualmente se fragmentan (riqueza-pobreza; formalidad-formalidad; etc.)
Entendemos necesarios estos espacios, en los que nos reunimos desde las diversas
experiencias territoriales, desde donde evidenciamos la injusticia y la desigualdad, para
construir democráticamente una plataforma de problemas y de propuestas que enfrenten en
cada acción y en cada contexto la expresión particular de la opresión.

Esta pregunta ha estado en constante construcción, a lo largo de estos 33 años, luego de aquel día donde el fiscal Strassera pronunciara el “Nunca Más” en su alegato final del juicio a la Junta Militar en 1985.

Un 24 de marzo como hoy, hace 42 años, se iniciaba el proceso de reorganización nacional. No se trata de una fecha conmemorativa, no es la historia de manual lo que queremos recordar, sino que invitamos a reflexionar sobre  nuestra historia en un proceso. Un proceso histórico que tiene antecedentes antes de esa fecha y  que continua desarrollándose más allá de aquel espantoso día. Entonces, nos reubicamos en este 24 de marzo, pero no en una fecha precisa, sino en un proceso complejo, para identificar que hay detrás de esta gran piedra de políticas neoliberales que llegaron con los militares y persisten en la actualidad.

En 1976, la dictadura cívico militar se autoproclamó cínicamente “Proceso de Reorganización Nacional”. La idea de reorganización hace pensar en un proceso previo de desorden que los militares buscaban erradicar. Para ello implantaron políticas en las que prevalecían los privilegios de las clases dominantes, accionando sobre las ideas y los cuerpos de aquellos que tuvieran intenciones de transformar la realidad desigual que reinaba. Trabajadores, delegados barriales, profesionales, militantes, mujeres y hombres que con sus vidas y sus obras perseguían una dirección trazada por su lucha, en pos de alcanzar niveles de trato social más elevado.

A pesar de los enormes obstáculos que nos dejó la dictadura, hoy, como ayer, podemos reconocer la necesidad de luchar para transformar las injusticias que nos atraviesan día a día.

Las políticas aplicadas por aquel proceso tienen consecuencias visibles, 30.000 compañerxs desaparecidxs como el símbolo más violento de esta lucha. Pero también dejaron su impronta en las obras de la ciudad “ideal”, planificada para el modelo urbano homogéneo y excluyente que perseguía la dictadura.

Los resultados de 7 años de dictadura, han sido tan profundos, que aún luego de 35 años de democracia, continúan oprimiendo a las minorías, a los pobladores de los barrios, a los trabajadores de la economía popular. En la Ciudad de Buenos Aires estas marcas aún persisten y determinan las posibilidades y las limitaciones para moverse, acceder, e incluir a sus habitantes. En la Pcia de Buenos Aires las normas de la política urbana mantienen vigente una  Ley de Ordenamiento Territorial diseñada en plena dictadura que privilegia la propiedad privada, sin reconocer en la producción urbana la complejidad de los barrios populares, perpetuando la idea de una ciudad “para quien la merezca; para el que acepte pautas de vida, agradable y eficiente”. Excluyendo a las masas populares a villas y asentamientos, los cuales son consecuencia de esta producción urbana capitalista. En lo que refiere a la construcción, la dolarización del mercado de suelos, la especulación financiera y la venta de nuestras mejores tierras fueron el comienzo de una entrega que no cesó. Por sobre todo, se privilegió la continuidad de la reproducción del capital, se favoreció impunemente a las clases dominantes, a la liberalización de la ciudad y a la individualización del crédito, profundizando la brecha entre los que más y menos tienen.

Marchar el 24 de marzo no nos debe encontrar distraídos. Debemos estar lúcidos, salir a la calle para cuestionar lo dado, replantearnos y posicionarnos como protagonistas en la lucha cotidiana. Así continuaremos arrojando luz sobre la oscuridad, como lo hicieron tantos jóvenes hoy más maduros o desaparecidos. No podemos caer en un paso superficial, esta es una jornada para continuar la lucha histórica y cotidiana; no es una conmemoración formal.

No se trata del consumo alrededor de la idea de la memoria, del “Nunca Más”. Si así fuera,  corremos el riesgo de vaciar su contenido, si nuestra lucha no busca una realidad más equitativa. La continuidad del proceso histórico tiene que permitir reconocer y restituir aquellos puentes que nos permitan comprender la historia en su totalidad, que reconozcan las prácticas transformadoras que se llevaron adelante, y también visibilicen las acciones represivas que aún persisten en nuestro territorio.

Encontrémonos en los barrios, junto con las organizaciones y los pobladores, exigiendo políticas inclusivas que instrumenten un cambio profundo y nos permita vivir una democracia plena, tanto desde las ideas como en las acciones. Las políticas urbanas promovidas por el golpe no distan de las que se impulsan actualmente. Es una maquinaria que continúa funcionando, y moldeando un sistema inaguantable. Como sociedad debemos pronunciarnos, visibilizando la obra, las prácticas y la vida de los que lucharon y aún luchan por esta transformación.

PROYECTO HABITAR

imagen 01: proyecto habitar / imagen 02: ezequiel biagioni

A partir del desalojo en Villa 31. Los conflictos se resuelven con más participación

En el Barrio Carlos Mugica (Villa 31), el sábado 24 de febrero dos familias que vivían en la futura traza de la autopista Illia fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas. Es fundamental definir participativamente cómo encarar los conflictos propios de todo proceso de urbanización.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso desocupar por decreto (N° 61/18) -sin orden judicial- dos viviendas del Barrio Carlos Mugica.¹ De esta manera, la Secretaría de Integración Social y Urbana eludió lo previsto en el Art. 9° de la Ley 3.343 -que prohíbe los desalojos forzosos en el marco del proceso de reurbanización del barrio, y establece pautas para llevar adelante las relocalizaciones que resulten necesarias-. La medida fue dispuesta, además, sin tener en cuenta los protocolos de relocalización vigentes², que buscan resguardar los derechos de las y los habitantes.

La reurbanización de la Villa 31, que involucró la lucha de décadas de sus vecinos, implica la ejecución de un gran presupuesto por parte del Gobierno de la Ciudad a través de una Secretaría creada para ese fin hace más de dos años. Es previsible que en todo proceso que involucra realojos haya familias que, por distintas razones, no estén dispuestas a relocalizarse. A pesar de ello, al día de la fecha no hay un protocolo de relocalización que guíe, haga previsibles y ajuste a derecho las acciones del Gobierno de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad en el barrio. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo el Gobierno de la Ciudad tiene previsto actuar para resolver estas problemáticas. En este contexto, el modo en el que se resolvió el primero de este tipo de conflictos sienta un pésimo precedente.

En 2016, más de ochenta organizaciones presentamos el Acuerdo por la Urbanización de Villas³. Anticipando este tipo de conflictos, el Acuerdo enfatiza que la urbanización debe “evitar los desalojos y sustentarse en el principio de arraigo. Las relocalizaciones forzosas de población sólo deben llevarse a cabo en casos excepcionales, deben seguir un protocolo socialmente responsable de los derechos de dicha población”.

Allí también se explicita que se debe contemplar “la participación activa de los habitantes en el proceso de toma de decisiones en todas las etapas de la relocalización”, así como en todo el proceso de urbanización. Esto es clave, no sólo para respetar los derechos de los pobladores, sino para hacer viable y sustentable un proceso complejo y necesariamente conflictivo como la integración social y urbana de las villas, que no puede transformarse en un conjunto de mejoras barriales inconsultas. No es lo que ha ocurrido en la Villa 31-31bis, donde decisiones como la de trasladar la actual autopista Illia, el diseño y los materiales de las viviendas, y los términos de esta relocalización se adoptaron sin la participación adecuada de las y los habitantes.

Como señalamos en el Acuerdo, en concordancia con la normativa vigente, un protocolo socialmente responsable debe cumplir con los siguientes principios rectores:

– Los procesos de relocalización requieren un enfoque integral, ya que implican un cambio de hábitat que modifica el espacio físico y la cotidianeidad de los afectados (vivienda, salud, educación, economía doméstica, alimentos, recreación, entre otros aspectos). Asimismo, se debe contemplar las singularidades de cada barrio, así como la diversidad de situaciones que atraviesan las familias a relocalizar y ser especialmente sensible respecto al enfoque de género, que es un aspecto transversal a todas las etapas.

– El órgano responsable de la relocalización deberá promover el trabajo conjunto y articulado entre las diferentes dependencias estatales involucradas en el proceso, así como considerar que los procesos de relocalización afectan de manera diferencial a diversas poblaciones: a) la población a mudar; b) la población receptora de los relocalizados; c) la población que permanece en el sitio a relocalizar.

– El presupuesto del proceso de relocalización debe ser preparado y programado atendiendo a la totalidad de sus etapas -desde el diseño hasta la implementación y seguimiento posterior-, y se deben incorporar instancias de revisión permanente de las acciones llevadas a cabo y evaluación de la satisfacción de la población en relación con todas las etapas del proceso.

En síntesis, el proceso de integración social y urbana, en general, y las relocalizaciones involuntarias, en particular, deben desarrollarse sobre la base de procedimientos integrales, claros y participativos, en todas sus etapas, que resguarden los derechos de los pobladores, atendiendo especialmente al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para ello es imprescindible que las acciones del poder público respeten las definiciones, protocolos y normativa vigentes y respondan al objetivo de “integrar plenamente a las villas, urbanística y socialmente, revertir toda situación de segregación y garantizar el cumplimiento efectivo de derechos”.

¹  Se invocó para ello el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer desocupaciones de inmuebles por vía administrativa en supuestos específicos -incluyendo el riesgo de derrumbe.-

² Instituto de Vivienda de la Ciudad,(Res Int N° 3602/IVC/15 – BO 4833), ACUMAR (Resolución 420-E/2017 – BO  22/12/2017), entre otros.

³ http://acuerdoporlaurbanizacion.org

Son parte del Acuerdo por la Urbanización de las Villas :

Alianza Internacional de Habitantes; Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani (AEU-IGG); Asociación Civil Madre Tierra; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); ATAJO (Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación); Centro de Acción Urbano Ambiental (CAUA-UNLP); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS); Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI); Centro de Hábitat Inclusivo (UBA- FADU); Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH); Colectivo por la Igualdad; CTA Capital; El Hormiguero; Federación de Villas (FEDEVI); Frente de Organizaciones en Lucha (FOL-CABA); Frente Territorial Salvador Herrera; Habitar Argentina; Instituto de Hábitat Urbano del CPAU; Instituto de la Espacialidad Humana (UBA – FADU); Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento (ICO-UNGS); Laboratorio de Políticas Públicas (LPP); La Usina; Maestría Hábitat y Pobreza Urbana de la FADU; Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Organización 14 bis; Poder Ciudadano; Proyecto Habitar (UBA- FADU); Taller Forma & Proyecto (UBA- FADU); Taller Libre de Proyecto Social (TLPS / UBA- FADU); Talleres de Urbanismo Barrial (TURBA); TECHO; Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Matanza; WINGU; organizaciones, representantes y vecinos/as de barrio Fátima; barrio Los Piletones; barrio Los Pinos; Playón de Chacarita; Rodrigo Bueno; Villa 1.11.14; Villa 15; Villa 17; Villa 19; Villa 20; Villa 21.24; Villa 31-31bis; entre otros/as.

Entre desigualdades urbanas y desigualdades de género                                                                                                    
Eugenia Jaime, en Proyecto Habitar

Hoy leí en el periódico que una niña de 13 años era abusada por un familiar a cambio de “regalos”, tales como “gaseosas, cargas virtuales a su celular o a la tarjeta SUBE”.  

La niña fue corrompida a cambio de objetos que podríamos denominar de consumo básico, y esto hace más aberrante y siniestro el abuso.

Esta noticia me estremeció, repase mentalmente los procesos de urbanización que se están dando hoy en la Ciudad de Buenos Aires y por un momento, identifique un abuso similar en el modo en que se establecen las relaciones entre los procesos y las acciones.

El Gobierno de la Ciudad está corrompiendo a los pobladores a cambio de canchas de futbol, pintura de fachadas, y viviendas. Esta imposición viola la libertad de los pobladores convirtiendo el valor de uso que le dan a la ciudad en valor de cambio.

Estos actos generan una dependencia absoluta entre los pobladores y las autoridades del Gobierno de la Ciudad quienes los tienen de rehenes de los acuerdos millonarios que realizan en torno a este proceso.

La cancha es un regalo que le permite al gobierno de la ciudad acceder al corazón del barrio. Una vez allí la autoridad de la ciudad destina recursos públicos a la contratación de empresas privadas y profesionales extranjeros que definen los aspectos simbólicos del espacio dando lugar a la libre elección sobre cuestiones menores, hecho que redunda en el consumo de la participación.

La pintura de fachadas es un entretenimiento, una forma de justificar el ingreso del capital, los créditos, las hipotecas y los desalojos. El maquillaje aparenta un cambio material en el acceso a los recursos, otro estado de cosas. Con esta nueva cara se puede pedir a los pobladores que privaticen su barrio, su casa, sus vidas.

La construcción de viviendas necesarias por cierto, distrae la desviación de recursos hacia otras obras de mayor envergadura que les permiten la reproducción del capital. Las viviendas movilizan profesionales bien intencionados que también son abusados por su ingenuidad.

Tenemos ante nuestros ojos un enorme desafío, asumir que los procesos de urbanización tal y cual se están dando consolidan el abuso a los pobladores que ya sufren la opresión diaria del desigual acceso a la ciudad o bien seguir pensando que esto es un caso aislado, que ocurrió por un descuido de los pobladores y que no va a volver a suceder.

Somos tod@s n@sotr@s l@s responsables de construir este debate y transformar esta macabra operación.

Desde Proyecto Habitar nos hemos propuesto reflexionar sobre la política de género que este colectivo ha construido en el proceso de transformación social de la enseñanza de la arquitectura, la investigación y los procesos de producción y construcción de proyectos arquitectónicos y urbanos.

Nuestra organización está conformada por mujeres y hombres, siendo las primeras, mayoritarias en la composición
de este grupo. Conjuntamente con nuestros compañeros, hemos sabido construir herramientas para afrontar en distintos ámbitos la descalificación, violencia y desigualdad que en ellos crece, y que a su vez se naturaliza por el conjunto de la sociedad. Aunque en el contexto del sistema de relaciones vigente, el género femenino se lleva la peor parte, no desconocemos la profunda crisis que atraviesa el género masculino en tanto su deber de proveedor y referente del sexo fuerte.

Por mandato social las mujeres tenemos a cargo el cuidado de todo. Somos las madres, enfermeras, maestras, abuelas, cuidamos de niños, jóvenes y ancianos. Pero también somos administradoras, asistentes y colaboradoras en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. En casi todos los casos somos objeto o propiedad de alguien, y son contadas las situaciones donde esto no sucede puesto que seguramente nos encontramos en la dirección de alguna tarea.

Las políticas neoliberales han vaciado los programas sobre salud sexual, y continúan situando a la reproducción como una responsabilidad estrictamente del género femenino, sin profundizar en programas garanticen la educación sexual para ambos géneros. Han reducido el número de centros barriales y quitado los subsidios a los servicios de energía, transporte y saneamiento. Y no conformes con esto han convertido la ciudad en un producto del mercado, hecho que también opera contra la posibilidad de uso del espacio público por parte de aquellos que no poseen medios para comprar este producto.

Estas acciones refuerzan la relación de opresión hacia la mujer más allá de la vida privada, propiciando otra forma de reproducción y acumulación del capital, donde prevalece el valor de cambio por sobre el valor de uso. La principal dificultad es identificarlo en lo cotidiano, y a su vez, es el salto necesario que debemos dar para posicionarnos ante la realidad desigual. 

Necesitamos superar la reacción, necesitamos una explicación que nos permita entender que todos somos rehenes de un sistema privatista que nos aleja y nos impide vincularnos en lazos democráticos y humanistas. 

Para sostener esta posición buscamos trabajar con aquellos que reconocen la opresión del sistema y trabajan en su transformación. En ese camino hemos trabajado con organizaciones sociales y grupos académicos que privilegian la acción colectiva; principalmente en los barrios populares, donde nos hemos encontrado produciendo con mujeres, referentes de esta lucha en lo cotidiano.

Restituir la política de género de Proyecto Habitar 

Parados en este contexto, entendemos que es necesario revisar nuestra práctica para deconstruir lo dado por el sistema vigente, trascendiendo la idea de la mujer en la casa, los roles y las relaciones de poder prestablecidas.

Sumándonos al reconocimiento de la mujer en la producción de arquitectura a través del Blog “Un día una arquitecta”, hemos realizado un rescate de nuestra práctica, resignificando el lugar que desempeñamos en la producción. En el ámbito de nuestro estudio las mujeres ocupamos los cargos de dirección política en un porcentaje mayor que los varones; no por demagogia sino por acuerdos colectivos, poniendo en valor las capacidades para desarrollar un rol, sin importar el sexo.

Propiciamos relaciones de colaboración y compañerismo, dando el debate cada vez que sea necesario. Hemos decidido que a igual tarea, hombres y mujeres obtenemos la misma remuneración. En contraposición a lo que sucede en general en la producción de arquitectura, donde se nos asigna el rol de confección de documentación, embellecimiento u organización de espacios. Rara vez somos quienes dirigimos los procesos de proyecto y menos frecuente aún es encontrarnos al frente de un estudio, una cátedra o una constructora.

Promovemos una política de acompañamiento para que las compañeras que tienen hijos puedan participar de igual modo en la producción del grupo, incorporando esa tarea a las preocupaciones colectivas. Esto busca desnaturalizar, en conjunto, el rol de cuidadoras que mantiene a las mujeres en la escucha comprensiva y compasiva, que nos impide desarrollarnos en la dirección de proyectos  transformadores.

Esta política que empieza en la organización interna del grupo, se extiende a aquellos lugares donde diseñamos los  procesos productivos. En las obras hemos definido los equipos con mujeres en la dirección, sobre estantes y capataces, oficiales, medio oficiales y ayudantes. La selección de mujeres trabajadoras ha sido acompañada por un proceso de seguimiento continuo para sobrellevar los obstáculos que se fueron presentando.

Este proceso implicó la jerarquización de su trabajo y el crecimiento y fortalecimiento individual como sujetos activos y transformadores. Promovimos la incorporación como obreras de aquellas mujeres que contaban con la experiencia de haber construido sus casas, aunque ellas no lo reconocieran como trabajos. El hecho de no haber recibido remuneración por dichas prácticas las hacia invisibles y no contaba como calificación. Las mujeres que buscaron trabajo en la obra fueron numerosas, sin embargo, se postulaban para realizar tareas de limpieza y cocina. 

De esta manera, logramos una gran participación femenina en la obra, en particular entre diciembre y abril. Sostener su presencia en la obra se vio dificultada frecuentemente por la demanda del cuidado de algún niño fuera del horario escolar o bien de algún enfermo.
También hemos tenido que realizar acuerdos con los trabajadores del género masculino respecto al trato humanista e igualitario para  cualquier compañero de la obra y en particular respecto a las mujeres. En estos ámbitos, prevalece una política colaborativa y solidaria,
con la capacitación en pos de fortalecer los conocimientos de las trabajadoras, para lograr roles más igualitarios.

Programa de acción

En un intento por precisar en los obstáculos que afrontamos para desarrollar una política de género humanista e igualitaria hemos identificado que existen diferentes planos del debate y que en cada uno es necesario dar una pelea especifica.

Visibilizar el género que se encuentra oculto no es solo para tener un dato más para actuar. Perseguimos la visibilización de los actores de la ciudad para que sean parte de las decisiones. Necesitamos posicionarnos sobre estas desigualdades y proyectar espacios transformadores que estimulen el desarrollo de una sociedad democrática.

Necesitamos tener una mirada del mundo que vea las desigualdades y las incorpore a los problemas específicos de su quehacer:
Pensar, desde la profesión de lxs arquitectxs, un urbanismo que incorpore la perspectiva de género, pensar en un urbanismo inclusivo, que redefina los objetivos según las necesidades de una sociedad, que incluya la diversidad de situaciones de las cuales formamos parte las mujeres y los hombres.Visibilizar las vivencias, percepciones y experiencias de las que aún hoy son protagonistas las mujeres, es poner en valor las tareas de la reproducción, el cuidado de otras personas y del hogar.

Propiciar marcos regulatorios que den prioridad a las necesidades de quienes sufren el acceso asimétrico a la ciudad, ya sea por asimetría de poder en relación al género, la franja etaria o las posibilidades materiales de acceso a la producción, es incorporar la mirada de los
sujetos de necesidad a las políticas urbanas.

Derribar las barreras urbanas que provocan segregación y contraste, es contrarrestar los procesos urbanos de desigualdad, incentivando la incorporación de transporte público de calidad, y la multiplicación de espacios de encuentro de distintas escalas.
Rechazar la estructura patriarcal y patrimonialista instalada, favorece el crecimiento, no solo en la discusión sino en acciones concretas, necesario para que podamos hablar de una perspectiva de género.

Todxs aquellxs que estamos dispuestos a transformar esta injusta relación de opresión tenemos que revisar nuestras acciones cotidianas, en cada uno de los roles que nos toca desempeñar a diario para seguir apostando a la construcción de una sociedad de pares.

PROYECTO HABITAR

marzo 2018

Links:

ESPACIO URBANO Y GÉNERO COMO CONSTRUCCIONES SOCIALES . Ver

UN DIA | UNA ARQUITECTA,  Eugenia Jaime. Ver

Este hecho lamentable representa otra manifestación de la desigualdad que sufrimos y de la represión sistemática que sostiene la injusticia e inequidad territorial. En una disputa sostenida y asimétrica en la que los sectores populares, intelectuales, profesionales y minorías oprimidas, luchamos para acceder al territorio, a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios y al goce pleno de derechos. De esta manera, nos restringen la posibilidad de utilizar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo humano para desarrollar una vida socialmente más valiosa.
Nuestra organización de arquitectxs y urbanistas concibe su práctica situada en un contexto determinado, asumiendo la responsabilidad social histórica de trabajar en conjunto con los sectores sociales mas desfavorecidos, para aportar a la construcción de un mundo mas justo y equitativo (social y espacialmente), mediante la generación de transformaciones espaciales que posibiliten desarrollar tratos sociales mas elevados.
En este camino, apostamos a la humanidad, a la vida y a la transformación de las situaciones de desigualdad en la que vivimos.
Por todo esto decimos:
La tierra no es una mercancía, la tierra es un derecho para todxs.
APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
¡¡NUNCA MÁS DESAPARECIDOS EN LA ARGENTINA!!

PROYECTO DE LEY DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO-PROFESIONAL Y PÚBLICO*

ARTÍCULO 1°. Declárese de interés público el acompañamiento técnico-profesional y público.

ARTICULO 2°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar el acceso al conocimiento técnico-  profesional orientado a mejorar las prácticas de producción social del hábitat urbano/rural a través de un servicio de acompañamiento técnico profesional.

ARTÍCULO 3°. Entiéndase como servicio de acompañamiento técnico-profesional todos los trabajos/tareas de consulta; construcción de demanda, proyecto, acompañamiento y ejecución de obras vinculados a la producción social del hábitat.

ARTÍCULO 4°. Producción Social del Hábitat (PSH) es la capacidad adquirida históricamente por la población para generar, mediante su participación sustantiva, espacios habitables con el objeto de satisfacer sus necesidades, incluyendo: el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat; infraestructura y servicios; y equipamiento colectivo comunitario y productivo.

ARTÍCULO 5°. Los principios rectores de la presente Ley son:

a) El carácter interdisciplinario, multi-actoral, participativo y democrático del acompañamiento técnico-profesional

b) El reconocimiento de los saberes populares vinculados a la producción social del hábitat

c) El reconocimiento del derecho al acceso al conocimiento como un componente del derecho humano a la vivienda y al hábitat adecuado en el espacio urbano y rural.

ARTÍCULO 6°. Alcances.

1) Asesorar y gestionar, dentro de los marcos vigentes, mecanismos de acceso a la tierra y al hábitat urbano/rural y orientar en procesos de planificación urbana participativa;

2) diseñar y gestionar proyectos de urbanización barrial/interbarrial de comunidades urbanas/rurales y procesos de regularización integral;

3) asesorar, diseñar y dirigir proyectos de obra nueva/ remodelación/ ampliación de viviendas y mejoras del hábitat, infraestructuras urbanas y equipamientos sociocomunitarios;

4) asesorar, diseñar y dirigir proyectos de construcción y mejora del espacio público;

5) asesorar y gestionar en cualquier otro tipo de práctica que requiera acompañamiento técnico-profesional vinculado a la producción social del hábitat rural/urbano.

ARTÍCULO 7°: Sujetos alcanzados. Sujetos individuales/colectivos que participan en prácticas de producción social del hábitat urbano/rural, tales como: – Hogares con vivienda única y residencia permanente que presenten algún tipo de déficit en relación al hábitat. – Organizaciones sin fines de lucro. – Organizaciones representativas barriales/territoriales.

ARTÍCULO 8°: La autoridad de aplicación será designada por el poder ejecutivo en reglamentación.

ARTICULO 9°: Serán funciones de la autoridad de aplicación:

a) Generar mecanismos que tiendan a la aplicabilidad de la presente ley en todo el territorio.

b) Asignar las partidas presupuestarias correspondientes a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, según hayan adherido a la presente ley.

c) Crear y actualizar el Registro Público Nacional de Profesionales-Técnicos y Equipos Transdisciplinarios.

d) Convocar y organizar encuentros de capacitación e intercambio de experiencias al menos dos veces al año.

ARTICULO 10°. Créase el Consejo de Acompañamiento Técnico-Profesional Público en el ámbito de la autoridad de aplicación que debe actuar como órgano multiactoral de consulta, asesoramiento y seguimiento. Estará compuesto por representantes de organizaciones sociales; representantes de organizaciones de la sociedad civil que entienden en la materia; representantes del poder legislativo (garantizando la representación de todos los Bloques Legislativos que posee la misma); representantes de universidades públicas; representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio público de la defensoría; todo actor que la autoridad de aplicación considere pertinente.

ARTICULO 11°. Mesas Coordinadoras Participativas. En el caso de acompañamiento de índole colectiva, se conformarán Mesas Coordinadoras Participativas para llevar adelante su diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento. Las Mesas estarán conformadas por la comunidad involucrada (vecinos del barrio, organizaciones sociales), el equipo prestador del servicio de acompañamiento técnico-profesional y un representante de la autoridad de aplicación local.

ARTICULO 12°. De los prestadores. Los prestadores de acompañamiento técnico-profesional público podrán ser profesionales independientes o equipos de trabajo transdisciplinarios conformados preferentemente por 4 áreas disciplinares: construcción, social, jurídico, económico, así como cualquier otra área disciplinar vinculada a la necesidad de resolución de las diversas problemáticas del habitat. Los equipos de trabajo transdisciplinarios podrán estar conformados por:  

Integrantes de organizaciones sin fines de lucro/no gubernamentales que tengan por objetivo la mejora del hábitat rural/urbano y/o el desarrollo comunitario.  Integrantes de programas de residencia o práctica profesional.

 Académicos/Investigadores/Docentes de las áreas de intervención vinculadas al hábitat o al desarrollo comunitario.  Profesionales independientes con formación acreditable.

Toda aquella persona que acredite conocimiento y/o experiencia en la tarea  mediante declaración jurada de curriculum vitae. Tanto los profesionales independientes como los equipos de trabajo transdisciplinarios deben encontrarse previamente inscriptos en el “Registro Público de Profesionales Técnicos y Equipos Transdisciplinarios” para proveer los servicios de acompañamiento regulados por la presente ley.

 ARTÍCULO 13°. Del “Registro Público Nacional de Profesionales-Técnicos y Equipos Transdisciplinarios”. Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación un “Registro Público Nacional de Profesionales-Técnicos y Equipos Transdisciplinarios”. Todas aquellas personas interesadas en asesorar a los diferentes individuos/organizaciones sociales solicitantes del servicio deben inscribirse en el presente Registro. Los profesionales y técnicos podrán hacerlo individualmente o como Equipo Transdisciplinario. La inscripción en el Registro implica la apertura de un legajo del Profesional o del Equipo Transdisciplinario, donde constarán los antecedentes y los resultados de los proyectos realizados. Los postulantes al Registro deberán participar de una capacitación orientada a:

a) dar a conocer los principios rectores y alcances de la presente ley,

b) fomentar el desarrollo de metodologías de trabajo de carácter participativo y de democratización del conocimiento.

ARTICULO 14°. De la contratación, selección y remuneración de los prestadores.

a) La selección y contratación de los profesionales o de un Equipo Transdisciplinario será responsabilidad y obligación exclusiva de la autoridad de aplicación local, con consentimiento previo de los destinatarios de la prestación. En caso de no tener preferencia por ningún profesional o Equipo Transdisciplinario la asignación será realizada por la autoridad de aplicación local.

b) La remuneración estará sujeta (a) al período que dure la prestación del servicio y (b) a un plan de trabajo. El monto de la remuneración será pautado por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 15°. Del incumplimiento de las obligaciones. Si los profesionales-técnicos y los Equipos Transdisciplinarios incurrieran en incumplimiento de sus obligaciones, este se registrará en sus respectivos legajos que serán de dominio público. ARTÍCULO 16°. Fondos. La autoridad de aplicación creará un fondo de asignación específica que garantizará la implementación de la presente ley. El mismo estará compuesto por:  Un porcentaje del presupuesto anual asignado a la autoridad de aplicación. Los recursos de afectación específica que eventualmente se creen. Otros ingresos que oportunamente se establezcan.·

 ARTICULO 17°. Invítase a adherir a las provincias, los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presente ley.

ARTICULO 18°. Las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán sus respectivas autoridades de aplicación locales de la presente ley, articulando con la autoridad de aplicación nacional.

*Esta ley fue desarrollada en el marco de Habitar Argentina – Iniciativa multisectorial por el derecho a la Tierra, la Vivienda y el Hábitat -, impulsamos el proyecto de ley de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público. 

Sobre la Ley:

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Nota Diario Clarín. ver

Nota APA! Espacio periodístico y documental. Tucumán. ver

Sobre Habitar Argentina:

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En el marco de la visita de la Dra. Arq. Dania González Couret, quienes conformamos Proyecto Habitar nos encontramos con ella para debatir acerca de la necesidad de aproximarnos al conocimiento científico como un aspecto imprescindible para el desarrollo disciplinar.

Durante la charla en nuestro estudio, Dania expuso una compleja posición frente al problema del conocimiento. A lo largo de nuestra formación como arquitectos, ya sea que nos encontremos proyectando, construyendo, enseñando o aprendiendo, adquirimos una serie de habilidades de las cuales nos apropiamos, para poner en práctica día a día desde nuestra acción disciplinar. Estas habilidades se transforman en afirmaciones sobre las que nos posicionamos, muchas veces sin necesidad de demostrar un argumento. Son conocimientos acumulados durante nuestra vida.

Para trascender esta posición naturalizada, es necesario conceptualizar nuestra práctica y generar un aporte en el desarrollo de nuestra disciplina. Es por esto que en Proyecto Habitar reconocemos la fuerte necesidad de fundamentar el porqué de las cosas.

El proceso de producción del conocimiento científico parte de una fundamentación que posibilita afirmar lo que decimos, con un sustento teórico y objetivo ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿por qué hice esto? ¿por qué puedo afirmar esto? ¿por qué puedo decir que esto es cierto?

“No es suficiente pensar que la razón por la cual se va a investigar es la necesidad de conocer más”-  afirma Dania González Couret- “sino que la razón debe ser la necesidad de perseguir la solución a un problema, un problema real, concreto, de la vida, de la sociedad; este problema se transformará en un problema científico. Este es el punto de partida donde se explica el porqué de la investigación. Ese problema, formulado como una pregunta, guiará y motivará el desarrollo del trabajo; y su respuesta será la hipótesis. Una idea a defender, un discurso teórico”.  

En nuestro caso, llevamos adelante proyectos de investigación, individuales y colectivos, que fundamentalmente parten de un fuerte compromiso con realizar un trabajo serio y sostenido que aporte a resolver problemas del hábitat en los barrios populares del AMBA.

Como arquitectos y urbanistas, en Proyecto Habitar, perseguimos la idea de que es necesario trabajar con los problemas que tienen que ver con nuestra formación, con aquellos que nos atraviesan día a día, y cuyas soluciones nos permiten intervenir en la realidad.

Investigar estos problemas y buscar sus respuestas no solo aporta a nuestro desarrollo profesional, sino que trasciende la temporalidad de su acción y buscan aportar a los proyectos con otros en el interés por mejorar el hábitat desde nuestra disciplina.

Proyecto Habitar

· Entrevista a Dania González Couret, Centro de Hábitat Inclusivo. Sobre la enseñanza de arquitectura e investigación. ver
· Producciones teóricas de Proyecto Habitar publicadas. ver

Imagen: tesis de Maestría de Arq. Julián Salvarredy, Proyecto Habitar.