Articulos, Asesoria Urbana, Derecho a la Ciudad, Notas

Barrio Ferroviario, entre la autogestión barrial y las políticas urbanas en barrios populares

Autoras: Ma. Eugenia Jaime, Ma. Gabriela Torrents
Colaborador: Gaston Janza

 

Hace 2 meses, en Proyecto Habitar iniciamos un proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando. Este barrio se conformó a partir de una nueva toma de tierras en el año 2019, momento en el que las primeras 10 familias de habitantes se organizaron en una comisión vecinal desde la cual comenzaron a generar distintas acciones para mejorar el espacio barrial. Ese mismo año fueron incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Actualmente viven 120 personas que gestionan y luchan a diario por alcanzar el derecho a la vivienda y a la mejora del hábitat, resistiendo a la violencia y los obstáculos que han puesto en su camino distintas áreas del municipio de San Fernando y la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este barrio se integra con las manzanas 3 y 4 al viejo barrio Ferroviario, que se originó en 1960, por lo que su lucha se suma a un proceso de más de 50 años de vulneración de derechos.

Uno de los productos que hemos realizado en esta primera etapa, ha sido una infografía para trabajar con les pobladores de las 42 viviendas un proceso de urbanización apropiado y consciente, incorporando datos vinculados a las características de la población del barrio, identificando cantidad de niñes y adultes; el porcentaje de tipologías de viviendas, según el tipo de materiales predominantes; una breve cronología del proceso de transformación del barrio y del AMBA; algunos datos jurídicos que acompañan su reclamo, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que presenta el derecho a la vivienda como un derecho consagrado; elementos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de 4° generación, y algunos fragmentos de la Ley de Integración socio urbana de barrios populares. Además presentamos algunas alternativas para la cobertura de infraestructura de servicios básicos, favoreciendo el carácter autónomo y sustentable que actualmente les pobladores le han otorgado.

En el actual contexto, la lucha por el derecho a la vivienda en el Barrio Ferroviario continúa, con la expectativa de poder avanzar en una transformación urbana que promueva “un barrio para la vida”. En este sentido, las políticas de urbanización de barrios populares que se han anunciado a nivel nacional desde la Secretaria de Integración Socio Urbana son prometedoras para este caso, por su orientación a fortalecer la organización socio comunitaria y la participación de quienes protagonizan los procesos de gestión: les pobladores. El diseño de proyectos de infraestructura urbana y de mejoramiento del hábitat son puntos de partida para generar articulaciones con las organizaciones sociales y los problemas del territorio, que tiendan a dar respuestas espaciales apropiadas y sostenibles que transformen la desigualdad urbana que históricamente han vivido.    

 

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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Notas

1° de MAYO EN PANDEMIA: EL TRABAJO CONTINUA

En el día de les trabajadores, desde Proyecto Habitar queremos poner en valor el trabajo humano que cotidianamente disponemos hombres y mujeres, para sostener e intensificar la lucha por la transformación espacial hacia una sociedad más justa.

Como arquitectes y urbanistas, vamos hacia el encuentro cotidiano con otres trabajadores para desarrollar procesos productivos y reproductivos que mejoren las condiciones habitacionales en términos físicos y sociales. 

En tiempos previos a la pandemia, se padecía la manifestación material de la injusta desigualdad. En los barrios populares era moneda corriente, la convivencia con arroyos contaminados que desbordan con las lluvias, las plazas sin juegos, la lejanía a los servicios urbanos, el hacinamiento, el trabajo informal, la carga extra en tareas de cuidado para las mujeres, así como el desarrollo de estrategias colectivas para hacerle frente al aumento de los costos de vida. Hoy, esta situación se ha agravado y se vive con mayor intensidad y urgencia. Día a día crece el número de trabajadores que se encuentran en espacios comunitarios para resolver con el trabajo solidario y colaborativo sus problemas de alimentación, salud y educación. Los espacios comunitarios están desbordados por el aumento exponencial de la demanda en este mes y medio de cuarentena, situación que se proyecta hacia adelante en un tiempo incierto.

La historia de trabajo de nuestra organización se ve interpelada por esta realidad, y a pesar de encontrarnos con serias dificultades materiales para promover transformaciones en la dirección trazada no vamos a bajar los brazos. El incremento de la solidaridad y la organización que crece en cada rincón del país nos alienta a afrontar la histórica precarización laboral que padecemos quienes trabajamos enfrentando las reglas del mercado, la mercantilización de los procesos urbanos, la explotación de nuestros compañeres.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso por el trabajo colectivo transformador de las desigualdades sociales, de clase, de géneros, de etnias, y todas aquellas que engendran el germen de la opresión. Superemos el aislamiento y promovamos proyectos que, con la urgencia que la hora demanda, aporten al mejoramiento habitacional y barrial de los sectores populares en términos estructurales. Es necesario organizar los recursos sociales, intensificar y activar la redistribución de recursos materiales que solo el Estado puede poner a disposición. Es necesario también que esta etapa refuerce el trabajo colectivo y el control comunitario de los recursos y de los medios.

Pensar y actuar sobre esos espacios para la necesidad de hoy, en procesos que nos permitan proyectar el mañana. Generando y fortaleciendo vínculos que acerquen conocimientos, herramientas y técnicas, en una construcción colectiva que nos encuentre trabajando para la mejora del hábitat!

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UN MES DE AISLAMIENTO. Estrategias sociales de colaboración y solidaridad

por Clara Mansueto, Ricardo de Francesco y Teresita Sacón

Transcurrido un mes de aislamiento social en Argentina y retomando las reflexiones del primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, abordaremos el registro las acciones que promueven las relaciones sociales de colaboración y solidaridad, como antecedentes valiosos hacia la construcción de políticas que aborden las condiciones estructurales e históricas de la desigualdad urbana de nuestro país.

¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas en argentina?

Pasados los doce días del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de carácter estricto dispuesto por el gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que mencionamos en el primer informe, el Gobierno Nacional Argentino prorrogó el aislamiento junto con la flexibilización de algunas actividades. Se llamó a esta segunda etapa: aislamiento administrado, donde se estimó un 25% de la población en movimiento.

El Congreso Nacional no volvió a sesionar, todas las medidas son tomadas por decreto o prórrogas mediante decisiones administrativas inscriptas en los DNU

La salud sigue siendo la principal orientación del paquete de medidas continuando con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”. En ese sentido, se ampliaron las recomendaciones sanitarias de higiene personal, de objetos, utensilios, alimentos; como la higiene y ventilación de los espacios de la vivienda. El uso del barbijo es recomendado para circular por la ciudad y obligatorio en el transporte público, el ingreso a locales comerciales, y espacios de concurrencia.

La obra pública estuvo dedicada a la terminación de unidades sanitarias y montaje de hospitales modulares de construcción en seco. Recientemente (21 de abril) se incorporaron otras obras con el lanzamiento del programa “Argentina Hace II”, que reactiva un sector de la obra pública a nivel nacional focalizada en rutas, obras hídricas y trabajos en municipios.

Las políticas de hábitat estuvieron enfocadas al congelamiento de precios de los contratos de alquiler, hasta el 30 de septiembre con valor del 30 de marzo, pagándose los aumentos en hasta 6 cuotas luego de esa fecha. Esta media está destinada a viviendas urbana y rural, pensiones, hoteles o alojamientos; a los espacios destinados a actividades culturales, rurales de pequeñas producciones y el alquiler de Cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. A su vez, se congelaron las cuotas de hipotecas, la suspensión de desalojos y las ejecuciones por falta de pago. Hasta el momento no se implementaron medidas para abordar la urbanización informal.

Se anunciaron medidas económicas orientadas al mercado laboral: 

  • Se amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción con fecha hasta el 30 de junio, mediante el cual se otorgan créditos a tasa cero, salarios complementarios, aumentos de prestaciones por desempleo y reducción de aportes patronales.
  • Se creó el ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores no registrades y monotributistas, y se entregó un bono extraordinario para beneficiaries de la Asignación Universal por Hije, Jubilades y pensionades y condonación de cuotas para quienes hayan sacado créditos en ANSES.
  • Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional en las aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
  • Asignación estímulo para trabajadores de la salud.
  • Prohibición de los despidos y suspensiones laborales salvo por causas de fuerza mayor, pactadas entre las partes y homologadas por el Ministerio de Trabajo.

También se extendieron los horarios de algunos comercios y se ampliaron gradualmente las excepciones a diversas actividades productivas y servicios: gastronomía; artículos de librería e insumos informáticos, bajo la modalidad de entrega a domicilio; correlones de materiales para la construcción; curtiembres, aserraderos y fábricas de maderas, colchones y maquinaria; talleres, fabricación y venta de repuestos para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas.

A las excepciones se incorporó la circulación de personas con discapacidad y autistas, y las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a estas poblaciones, medidas que alivian el trabajo de cuidado que recae mayormente en sus parientes mujeres. 

Se habilitó la actividad bancaria de atención al público con turno, viabilizando el cobro de pensiones para quienes se veían imposibilitades de hacerlo mediante cajero automático.

Se prorrogó el programa “precios máximos” de alimentos y productos esenciales por 30 días, incorporando elementos sanitarios tales como barbijos, termómetros y alcohol en gel. Luego de una compra con sobre precios por parte del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron nuevas disposiciones para la  compra de insumos y contrataciones del Estado en la que se reglamenta la figura “contratación directa por emergencia” y promueve la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles.

Al cierre de fronteras nacionales, provinciales y municipales se exceptuó el movimiento por tierra de aquellas personas que hubieran quedado lejos de su domicilio cuando inició el aislamiento, así como el arribo de aviones con argentinos repatriados.

Las fuerzas de seguridad siguen controlando el acatamiento de la cuarentena por parte de la población. El ejército asumió nuevas tareas, como la instalación de carpas sanitarias acopladas a hospitales, la confección de barbijos, y en algunas localidades reparte bolsones con alimentos y viandas de comida. A su vez, están efectuando vuelos de reconocimiento de posibles lugares de aterrizajes próximos a los lugares sanitarios.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Sistema Integrado de Información Sanitaria, abrió una convocatoria para incorporar profesionales voluntaries para reforzar los equipos sanitarios dependientes de Nación y las Provincias. Por su parte, diversas municipalidades del conurbano bonaerense están promoviendo voluntariados dirigidos a todas las personas con intenciones de colaborar en la asistencia sanitaria.

 

¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales?

La flexibilización de la cuarentena, se expresa espacialmente en el incremento de flujos vehiculares y peatonales por las calles, y en la concentración de personas en actividades esenciales como el retiro de dinero en bancos, el abastecimiento en mercados, compra de medicamentos en farmacias, vacunación en centros médicos y el pago de servicios.

Estas actividades se desarrollan con una organización del tiempo mediante la pre adjudicación de turnos y el control de cupos máximos dentro de los locales. Físicamente, se materializan con líneas dibujadas en el piso para determinar la ubicación de las personas en la fila, mamparas transparentes en las cajas de los mercados; locales que funcionan tras las rejas; nylon transparente que cubre el frente de locales, dejando lugar solo para el intercambio de dinero y productos. Restricciones que impactan en la vida cotidiana y en los modos de relacionarse socialmente en los espacios.

Otras transformaciones impactantes en el espacio urbano son la imposibilidad de verle la cara a las personas por la utilización masiva de barbijos o máscaras, como así también la ausencia de reuniones o actividades colectivas, las manifestaciones políticas y los encuentros cotidianos por las calles, más allá de alinearse en las filas manteniendo distancia.

El transporte público de colectivos, subtes y trenes aumentaron sus frecuencias, aunque no llegan a sus máximos de horas pico. En las estaciones cabecera y centros de transbordo se implementaron controles de salud de pasajeros. En los colectivos, sigue vigente la obligación de subir por la puerta trasera, que los dos primeros asientos estén desocupados y que sólo se viaje sentade.

Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) con el cierre de comercios y de varias industrias, los residuos se redujeron un 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por su parte, en Santa Fe y Rosario las autoridades del área de Ambiente informaron que aumentaron las toneladas de basura en un 43% por el incremento del consumo domiciliario durante la cuarentena obligatoria.

Sobre les contagiades y su distribución territorial, la Dirección Nacional de Epidemiología e información Estratégica, detectó que el 47.7% de los casos se encuentran en los principales aglomerados urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Continúa el movimiento de trabajadores, materiales y maquinarias en las obras públicas de salud. Se están construyendo hospitales modulares distribuidos en grandes ciudades: 8 unidades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 1 en Mar del Plata, Ciudad de Córdoba, Resistencia y Santa Fe respectivamente. También se están levantando carpas sanitarias y acondicionando unidades de salud en desuso. 

En algunas ciudades, como en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, diversos sindicatos, obras sociales y cadenas hoteleras acordaron con las intendencias utilizar las plazas para complementar el alojamiento de pacientes leves o adultes mayores y para las personas que llegan del exterior.

También se registran transformaciones espaciales sustentadas en relaciones sociales de solidaridad y colaboración ante la pandemia. Los espacios de referencia barrial como escuelas, centros culturales y sociedades de fomento, modificaron sus actividades y organizan ollas populares o son puntos de entrega de viandas para los sectores sociales que lo necesitan. En el mismo sentido, los clubes sociales de todo el país pusieron a disposición sus instalaciones y espacios deportivos para instalar camas de internación. En la Ciudad de Buenos Aires, el Hotel Bauen puso a disposición las plazas, particularmente para el aislamiento de los sectores populares de la ciudad.

 

¿Cómo es el impacto en la población? Y ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen?

Frente a la imposibilidad de circular por las calles de la ciudad, los movimientos sociales que trabajan en la recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos reclamaron ante el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional la excepción para acceder a los centros urbanos con un protocolo sanitario específico.

Trabajadores organizades reclamaron mediante huelgas y piquetes en distintos puntos del país, contra las reducciones salariales, cobros adeudados y despidos. En algunos casos se vivieron situaciones de violencia y enfrentamientos contra la represión policial.

En cuanto al abastecimiento, se registra el aumento de precios de elementos de primera necesidad e higiene, a pesar de las medidas dispuestas para fijar precios máximos. En ese sentido, la AFIP en conjunto con autoridades de distintos municipios inspeccionan locales de abastecimiento para identificar irregularidades.

El aumento del consumo de los servicios de luz, agua y gas, el tipo de cuadro tarifario y las estimaciones de las empresas por la inhabilitación de lectura de medidores están generando preocupación en la población. Comenzaron a solicitarse planes de pago por los montos de las facturas y se incrementaron los reclamos de usuaries que recibieron aumentos desorbitantes en las facturas de gas y luz sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores.

Con el incremento del control por parte de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional, se produjeron situaciones de abusos de autoridad particularmente con poblaciones de barrios populares: de represión, prácticas xenófobas y racistas frente a comunidades originarias y secuestros de mercadería y objetos personales de trabajadores informales por estar vendiendo.

En algunas localidades, las organizaciones sociales reaccionaron frente a los abusos de las fuerzas de seguridad, como es el caso de Chubut donde se interpusieron 3 Habeas Corpus colectivos y preventivos. 

Otro conflicto está asociado a la población en situación de calle que no dispone de lugares para aislarse. Durante este primer mes de cuarentena la situación empeoró, sobrecargándose los paradores existentes. En la Ciudad de Buenos Aires, se habilitaron nuevos albergues que funcionan en los polideportivos. Los que quedan afuera, solo reciben un plato de comida y se ven obligados a dormir en la calle trasladándose de un lugar a otro cuando les echan.

Según el registro nacional de femicidios del observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, se registraron 27 femicidios desde que comenzaron las restricciones al 22 de abril, ocurridos en su mayoría dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor, y aumentaron un 39% las denuncias por violencia de genero a nivel nacional según la ONU.

Se realizaron varios motines en cárceles del país, con escenas de violencia y muerte de los presos que reclaman mejores condiciones sanitarias, en estos espacios donde predomina el hacinamiento y las condiciones de precariedad en cuanto a la salubridad e higiene.

Ante la inactividad laboral y la crisis económica, diversas organizaciones políticas promueven la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, para recaudar fondos que puedan destinarse a la emergencia sanitaria. También se retoman los proyectos de redistribución económica como el de una renta básica universal, Ingreso Básico Universal o Asignación Universal por Ciudadanía.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Como registráramos en el primer informe, las condiciones de precariedad de la organización espacial y social pre existentes en los barrios populares, imposibilitan afrontar las medidas y recomendaciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional.

Frente a esta realidad, les pobladores, diversas organizaciones e instituciones, reforzaron la visibilización de la situación, promoviendo que se tomaran medidas específicas para estos sectores. En ese sentido, se logró un acuerdo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social para implementar aislamientos barriales con la consigna “quédate en tu barrio”, reforzándose la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios. Según comunicados oficiales se ampliaron las partidas presupuestarias y se dispuso la entrega de viandas o de módulos alimentarios.

Se lanzó el programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”, a través del cual promotores y promotoras comunitarias recorrerán su barrio para realizar un acompañamiento específico a grupos de riesgo, difundir medidas preventivas y distribuir elementos de seguridad e higiene. Este programa comenzó a implementarse en varios distritos del AMBA: en la localidad de José León Suarez del partido de Gral. San Martín; barrio El Campanario de Lomas de Zamora; William Morris en Hurlingham; Las Casitas en la Localidad de Glew de Almirante Brown; y San Jorge de Florencio Varela.

Se destinaron recursos para la ejecución de “Puesta en Valor de Centros Integradores Comunitarios” ubicados en barrios vulnerables con mano de obra local, que aporten a enfrentar el impacto sanitario y económico de la pandemia y el aislamiento. Se estima que las obras comiencen durante el mes de mayo.

Más allá de estas medidas, las organizaciones sociales continúan trabajando y sosteniendo los cuidados, la alimentación y la educación de les habitantes. Los comedores comunitarios siguen funcionando, y cada vez reciben más gente. Los centros comunitarios, bachilleratos, puntos de alfabetización reconvirtieron sus objetivos priorizando la alimentación. La cercanía con la comunidad trajo aparejadas otras necesidades como atención médica, vacunación, abrigo, medicamentos.

Comenzaron a organizarse ollas populares en distintas esquinas de los barrios populares del conurbano, producto de la desesperación frente a la falta de dinero y la solidaridad de quienes pueden acercar algo. También existen colaboraciones entre vecinas para prestarse internet o imprimir las tareas que les docentes les envían a les estudiantes para hacer desde la casa.

El 13 de abril se confirmó la primera fallecida por COVID-19 de la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta la fecha de este informe (25 de Abril) existen 2 casos confirmados en el barrio 31 de Retiro, 1 caso en la Villa Oculta de Mataderos y 2 casos en la villa 20 de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires CABA, además de 1 caso confirmado en el Barrio La Matera de Quilmes.

Les vecines y organizaciones sociales de los barrios asistieron a les familiares de las personas contagiadas. Les infectades de la ciudad de buenos aires están internades en hospitales públicos, pero los familiares no han recibido asistencia del estado para llevar adelante las medidas sanitarias y sostener el aislamiento.

La circulación del virus por las villas de la Ciudad complejiza aún más las condiciones sanitarias. Es necesario contemplar esta situación para complementar las disposiciones de aislarse en casa y aislarse en el barrio, con medidas urgentes que permitan aislar al entorno de les infectades y las poblaciones de riesgo. La disposición de camas de hoteles para repatriades, o la aislación de geriátricos e instituciones sanitarias cuando surgen contagios, son algunos ejemplos que pueden replicarse para la población de los barrios populares. Asimismo, la articulación con las redes de colaboración y actividades existentes en los barrios, son una condición necesaria para construir e implementar medidas adecuadas para estos sectores.

 

 

      

     

Foto de portada, 1 y 3: de Miguel Caamaño, Foto 2: Juani Ignacio Roncoroni, Foto 4:Enrique Garcia Medina

 

Derecho a la Ciudad, Notas

CRONICAS URBANAS. Newsletter de Proyecto Habitar.

 

Crónicas Urbanas se propone como una plataforma de comunicación que restituirá los procesos de transformación del territorio, los problemas urbanos en los que las comunidades organizadas han reconocido un conflicto, una injusticia en su vida cotidiana y han llevado adelante acciones de transformación del espacio para contrarrestarla.

Nuestra vida cotidiana transcurre signada por una desigualdad que se reproduce sistemáticamente en el territorio, allí prevalecen relaciones de dominación, la enajenación, la mercantilización generalizada. Regulaciones que sostienen situaciones de abundancia extrema, y de igualmente extrema necesidad.

En nuestro territorio suceden las tomas de tierra, los abusos que sufren los inquilinos, las personas que vive en la calle, las personas que viven hacinadas, los pisos de tierra, el agua contaminada, los barrios linderos a basurales, arroyos, fábricas, líneas de alta tensión, son algunas de las situaciones de injusticia que conocemos.

Comunicarlas es una oportunidad para generar una mirada crítica de la producción urbana desde una perspectiva disciplinar, encontrándonos con quienes luchan, con los conflictos y con el territorio, para desarrollar nuevas lógicas de abordaje.

A través de este medio, pretendemos aportar con nuestro trabajo al de muchos otros equipos interdisciplinarios que también trabajan en este sentido, desde una mirada situada, en la región y en el sur global.

Con la finalidad de promover la construcción de una agenda urbana situada, que se construya con las preocupaciones históricas de la población que habita el territorio, que reconozca las dinámicas que integran los barrios como ámbitos de producción y reproducción, y también proyecte transformaciones promoviendo el Derecho a la ciudad para todes.

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CONSEJOS DE HÁBITAT. Nueva etapa.

Esp. Ricardo de Francesco

 

Desde Proyecto Habitar participamos y promovemos la institucionalización de los Consejos de hábitat locales “de vivienda y hábitat” en los territorios en los que trabajamos, y el consejo provincial[1] dado que son una herramienta para construir políticas democráticas de gestión del territorio.

Durante el primer trimestre del año, iniciaron sus actividades en un nuevo escenario político, construido con el empuje de diversos sectores (sociales, políticos, gremiales, académicos, profesionales) que trabajaron sostenidamente para interrumpir la continuidad del gobierno de cambiemos. En este comienzo diferente al de años anteriores, se renuevan las expectativas de poder incidir en la orientación de las políticas urbanas frente a la nueva gestión.

A pesar de la particularidad local y la escala de incidencia de cada consejo, la lucha sostenida de las organizaciones sociales, profesionales y las universidades se puso en valor en cada sesión, sosteniendo que no debemos perder la mirada crítica y situada que posibilitará aportes para la transformación de las injustas condiciones habitacionales.

Resulta imprescindible que el gobierno actual, asuma la lucha multiactoral por el acceso justo al hábitat e instrumente políticas de redistribución de los recursos urbanos, sin depositar nuestras pretensiones transformadoras en la burocratización de las experiencias. 

La reflexión sobre estas experiencias de lucha nos presenta el desafío de seguir promoviendo ámbitos de debate que permitan trascender al gobierno de turno y democratizar las discusiones sobre las políticas urbanas, trabajar la coyuntura como manifestaciones particulares injustas de un problema mayor: la desigualdad urbana. 

 

[1] LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT, SECCIÓN VIII – CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Artículo 60. – Creación: Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que debe actuar como órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y programas en el marco de la presente ley y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

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Mas allá del aislamiento social

Ma Eugenia Jaime, Julian Salvarredy y Gabriela Torrents en Proyecto Habitar

 

El día 16 de marzo quedó conformada la Unidad Coronavirus COVID-19, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT),  CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

La conformación de esta Unidad tuvo como objeto “poner a disposición de la Presidencia de la Nación y de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre Coronavirus COVID-19”.

El día 20 de marzo con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”, se dictó, mediante un decreto de Necesidad y Urgencia, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo de 12 días a evaluar su continuidad de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Esta medida buscó frenar el desarrollo de la pandemia, evitando las oportunidades de contagio masivo y al mismo tiempo, reconociendo los condicionantes que presenta hoy nuestro sistema sanitario (cantidad de plazas y respiradores en hospitales y sanatorios). De manera que el aislamiento se presenta como una estrategia para ganar tiempo y poder enfrentar este conflicto en mejores condiciones.

La medida implicó la permanencia de la población en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraran y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Siguiendo en esta línea, restringió el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, se suspendieron todo tipo de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, es decir, todo evento que implicara el encuentro de personas. 

Por otra parte, se efectivizó el cierre de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, el control de la circulación de vehículos, el cierre de bancos y de locales comerciales que no brindaran artículos de primera necesidad, tales como artículos de almacén, verdulería, farmacia o ferretería. Los gobiernos provinciales tomaron medidas similares, dando distintos alcances a los cierres de sus fronteras para limitar la circulación.

Estas medidas se han manifestado en términos espaciales de la siguiente manera:

  • vaciamiento de las calles,
  • aumento del consumo de servicios habitacionales en los barrios,
  • hacinamiento en los hogares,
  • disminución del flujo de vehículos y personas
  • aumento del control social por parte de las fuerzas de seguridad
  • creciente uso de redes sociales y aplicaciones para el encuentro virtual
  • permanencia en terrazas y balcones para mantener contacto con el exterior

 

¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?

En la ciudad de Buenos Aires donde viven 3.000.000 de personas, y suelen entrar a diario un número similar la sensación es de total acatamiento. El movimiento en los barrios se produce durante la mañana. En la mayoría de los casos para abastecimiento diario.

En los barrios del conurbano bonaerense el acatamiento también es alto. Sin embargo, se producen algunas situaciones particulares de difícil resolución, como una concentración inusual de personas para retirar dinero de los cajeros o para el abastecimiento en supermercados.

En el resto del país la situación es similar, reconociéndose mejores condiciones para afrontar el aislamiento en las ciudades mas equipadas y una disponibilidad menor en las áreas mas alejadas de los equipamientos que brindan las centralidades.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Los barrios populares son un tema aparte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran el 50% del total de barrios registrados a escala nacional por el Registro Nacional de Barrios Populares. La situación allí oscila entre el aislamiento total de las personas mayores o con discapacidad y una situación de cierta normalidad en los movimientos cotidianos, ya que los niños siguen jugando en las calles y pasillos de los barrios y los jóvenes continúan encontrándose en las esquinas.

Las trabajadoras y trabajadores que habitualmente se dedican a las tareas de cuidado, limpieza o reciclaje se encuentran aislados y sin dinero para el abastecimiento. Cerraron las ferias informales que en los barrios populares del AMBA movilizan un promedio de 500 personas por domingo. El abastecimiento de comercios barriales se vió obstaculizado, en muchos casos debido a que carecen de habilitaciones.

Las mujeres salen a la calle en busca de comida. Durante los primeros días los espacios comunitarios estuvieron cerrados por falta de mercadería, pero poco a poco empezaron a recibir raciones de alimentos secos de los organismos estatales.

El aislamiento agudiza los conflictos en las familias con dificultades para sobrellevar situaciones de familiares con problemas de conducta, violencia de género, adicciones, entre otros.

Estas dificultades para la organización social en el aislamiento se agudizaron debido a la persistente adversidad en la organización del espacio barrial y de la vivienda por la que atraviesan a diario las familias de los barrios populares.

El hacinamiento, la escasez de servicios habitacionales de calidad, agua, cloaca, electricidad, conexión a internet, gas, recolección de residuos, se han puesto al rojo vivo, pero no son problemas nuevos. En estas condiciones la desinfección, la ventilación y la limpieza resultan una tarea imposible, sin contar la posibilidad de acceso a los productos para llevarla a cabo.

A estos condicionantes, se suma la epidemia de dengue que se ha acentuado durante este año en los barrios populares, donde los recipientes de almacenaje de agua para la higiene contra la pandemia son potenciales focos de reproducción del mosquito. 

En este contexto, la organización y movilización social se transforma. Muchas mujeres y hombres referentes de los barrios siguen trabajando para aportar a la resolución de los temas urgentes de la nueva coyuntura, ampliando y reconfigurando las redes que posibilitan la producción y reproducción social. Empezando por informar el estado de los barrios, dar continuidad a la asistencia de alimentos y alertar sobre el riesgo de que crezca la conflictividad que generan las situaciones de violencia.

 

 

 

Producción Audiovisual: Miguel Caamaño, Teresita Sacón y Eugenia Jaime . Las imagenes son gentileza de los miembros de Proyecto Habitar (click en la imagen para ver video)

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Para ser mejores, mejores políticas urbanas

Recurrentemente, los gobiernos que asumen en cada ciclo de crisis inflacionaria y de parálisis en la actividad económica encuentran en la producción de viviendas un motor para activar la economía, poner en marcha la industria de la construcción y generar trabajo. El modo en que se dan estos procesos trae consecuencias de mediano y largo plazo que en muchos casos contradicen los objetivos inclusivos e integradores que promueven.

¿Por qué sucede esto? Para trascender las experiencias precedentes de políticas urbano habitacionales es necesario atender sus procesos y diseños específicos, complejizar las perspectivas de abordaje y fortalecer la mirada relacional escalas, dimensiones y actores involucrados para observar críticamente ¿Qué industria se pone en marcha? ¿Qué economía se activa? ¿Qué trabajo se genera? ¿Qué territorio produce?

Hay algunos datos de la actualidad que pueden constituirse en un buen antecedente, como haber pasado de promover un Ministerio de Vivienda, a uno que se denomina de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este contexto, el nombre de cada ministerio se resignificará en la práctica. La política territorial también lo hará en la relación entre las acciones de los distintos sectores del gobiernos entre sí y en el conjunto de políticas territoriales que se constituye en los hechos. En su relación con las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de obras e infraestructuras, etc. Es una alerta y debe constituirse en un llamado de atención cuando el modo de sintetizar las acciones en materia de desarrollo territorial y vivienda se anuncian por los miles de unidades de casas que se van a construir.

La producción urbana y regional actual, se caracteriza entre otros por dos aspectos problemáticos: la fragmentación y la desigualdad. Observada desde la lógica de la economía convencional, la ciudad como maquinaria de reproducción del capital ha superado en las últimas décadas a su rol de escenario de producción industrial o de concentración de actividades económicas. Para la reproducción del capital, es cada vez menos importante lo que se produce, su localización, su forma, las actividades o las personas que habitan las ciudades, se trata de movilización económica. Como esta es su característica principal, poner en marcha acríticamente la economía movilizando la industria de la construcción sin otras consideraciones, implica activar estos mecanismos de reproducción de fragmentación y desigualdad.

Existe otro dato insoslayable en el desarrollo territorial que es uno de los grandes desafíos presentes: las capacidades de la industria de la construcción hoy están fuertemente concentradas, tanto en los que producen obras (como las grandes empresas que concentran las obras públicas) como sus insumos principales (acero, ladrillos, cemento). Siendo otra característica determinante lo complejo que resulta acceder al suelo urbano para la mayor parte de la población. Trascender las experiencias pasadas es entonces tomarse de los casos que asumen nuevas concepciones de actividad económica y del trabajo, y para esa trascendencia especifiquen desde nuevas perspectivas sociales, de derechos y de géneros los modos de producción de espacios urbanos, los actores involucrados y el territorio producido.

Mejores políticas habitacionales para el desarrollo territorial integrado.

En relación con las políticas de desarrollo territorial y hábitat, también hay mucho aprendizaje histórico que puede consolidarse en prácticas políticas superadoras. Hay buenas y malas experiencias en el pasado reciente. Durante los doce años previos a la etapa oscura de las políticas liberales de Cambiemos, el Estado produjo en el país más de un millón de soluciones habitacionales, pese a esto, el total de hogares en situación de déficit no varió significativamente. Entre otras razones, esto se debe a que activar economía, implica activar la producción de la industria de la construcción, y atender los requerimientos de las grandes empresas vinculadas a la construcción de viviendas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a los grandes conjuntos de viviendas en la periferia, ya que para las empresas grandes y medianas que construyen viviendas, la construcción en serie de unidades iguales en terrenos baratos resulta productivo, requiere trabajadoras y trabajadores, y es rentable. Este tipo de proyectos implica el confinamiento de sectores populares en barriadas aisladas, sin acceso a otros servicios urbanos distintos al de la vivienda. Manteniendo condiciones urbanas inadecuadas en relación con otros derechos como educación, salud o esparcimiento, llegando inclusive a tener problemas de infraestructura o servicios básicos. Este tipo de intervenciones, históricamente fue el mayoritario en las políticas habitacionales.

Por otra parte, durante el mismo periodo se han desarrollado también múltiples experiencias de abordajes integrales, con programas que integran disciplinas y saberes, y proponen espacios que atienden modos de fortalecimiento de los actores locales y las economías de las que son protagonistas (social, popular, solidaria). Pueden tomarse muchas experiencias y muy diversas en todo el territorio, como lo fueron: algunos casos del PROMEBA, el PF-Villas, la ley de acceso justo al hábitat 14449 de Buenos Aires, la ley 341 de CABA, o la producción cooperativa. Es desde estas experiencias que pueden reformularse las estrategias que luego tiñen las políticas de reactivación. Este tipo de experiencias, minoría desde un punto de vista cuantitativo, han sido las más valiosas desde una perspectiva integral y de derechos.

Mejores políticas desde mejores perspectivas.

Desde Proyecto Habitar hemos participado en todos los frentes que han fortalecido la unidad popular para generar la fuerza necesaria para derrotar la continuidad del gobierno liberal de Cambiemos, y que han generado instancias de producción colectiva de propuestas programáticas en materia de hábitat y territorio. Hemos sostenido en todos estos foros los mismos criterios que aquí resumimos. Hemos rescatado estas experiencias y las propuestas que actualmente promovemos en conjunto con muchos otros colectivos y organizaciones en Habitar Argentina. Lo hicimos conscientes de que las propuestas programáticas de políticas urbanas y territoriales juegan su suerte en la especificación de su aplicación, y en las relaciones entre las distintas escalas y dimensiones de la política pública, muchas veces ignorada.

La arquitectura y el urbanismo tienen sentido en tanto su saber resulta en trasformaciones que mejoran la situación habitacional y urbana de los pobladores, esa es la medida de su sentido social. La participación de los profesionales en la crítica y el diseño de políticas públicas esta signada por el mismo objetivo. Conocemos las condicionantes macroeconómicas, así como la necesidad de conocer la realidad productiva actual como el punto de partida concreto de acciones urgentes que tienen en el hambre y la desocupación prioridades innegables. Aun así, entendemos que es necesario activar los mecanismos de la producción y el trabajo integrando de modo prioritario también entre los objetivos de las políticas públicas su progresiva transformación. Es decir, incluyendo en el diseño de las políticas el proceso que transforme el modo en que la ciudad hoy es producida y su rol dominante de reproducción del capital.

Por todo esto nos parece central atender la relación determinante que resulta de las políticas que se desprenden de asociar el objetivo de activación económica con la industria de la construcción y sus actores más poderosos, acciones que muchas veces se confinan en las áreas de obras de infraestructura o economía. Como complemento posterior, las políticas de desarrollo territorial y habitacional resultan así condicionadas, y muchas veces se confinan a accionar en áreas de vivienda o desarrollo social. Debemos trascender esta mirada fragmentada. Este es un aspecto central de un abordaje integral, que comprenda la totalidad del territorio, muchas veces simplificada en dualidades como informal y formal, productivo y reproductivo, público o privado, social o del mercado, modos binarios de aproximarse a la producción urbana que han favorecido una reproducción acrítica del territorio desigual y fragmentado.

La experiencia latinoamericana actual da cuenta de la relevancia de mantener alta la vara de la reflexión crítica y autocrítica, no es tiempo de autocensurarnos preventivamente, es tiempo de proponer criterios mejores. Para llevar adelante cualquiera de las propuestas de normativa o aplicación técnica que hemos consensuado y articulado entre tantos, en encuentros tan diversos, la guía debe ser un cambio en las perspectivas que construyen las políticas, las perspectivas sociales de derechos y de géneros son un eje sustancial.

El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan parte de la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan cuestiones accesorias sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento secundario, intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.

En síntesis, desde este punto de vista, el territorio integrado social y espacialmente, el derecho a la ciudad y a la vivienda, no puede ser una cuestión que se atienda luego de activar la economía y el trabajo acríticamente, y en función de las consecuencias, sino todo lo contrario. Es decir, un desarrollo igualitario social y de género, que promueve el trabajo de los actores locales, que producen las trasformaciones del espacio urbano y barrial utilizando sus recursos productivos, que movilizan así la economía de la que son parte, se fortalecen y construyen social y colectivamente una ciudad y un territorio más justos.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar

Diciembre 2019

 

 

Eventos académicos, Notas, Universidad

RESULTADOS CONCURSO DE ESTUDIANTES «CASA VIOLETA PARRA, ESPACIO COLECTIVO»

CONCURSO DE ESTUDIANTES

“CASA VIOLETA PARRA, ESPACIO COLECTIVO” 

REFUGIO TRANSITORIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizado por Proyecto Habitar y Aparecida en Red Ando, con el apoyo del Centro de Hábitat Inclusivo UBA – FADU y la Red Hábitat International Coalition.

En primer lugar, queremos agradecer en nombre de la Red Aparecida en Red Ando y Proyecto Habitar por la participación comprometida de todes quienes formaron parte de este proceso.

La invitación en este seminario y concurso fue la de producir colectivamente una mirada crítica del presente, que indague en el proceso de producción del espacio que nos trajo hasta aquí para proyectar un espacio futuro, que estimule relaciones sociales justas y democráticas.

Entre sus múltiples resultados contamos con 26 propuestas arquitectónicas en primera vuelta y 8 en la instancia final. Los proyectos elaborados son producto de un trabajo sostenido a lo largo de las jornadas del seminario donde hemos construido colaborativamente el programa social en base a una reflexión profunda sobre los procesos de transformación espacial y la desigualdad de género.

El desafío asumido fue y continúa siendo, aprender a leer en el espacio, la dominación que se ve en las relaciones de género, para promover su transformación desde la práctica que nos sitúa en un contexto histórico desde el hacer cotidiano.

 

RESULTADOS DEL CONCURSO

1° PREMIO Noroeste (LINK PROYECTO):

Conchi Berenguer Urrutia

Ignacio Urbistondo Alonso

Jon Bakaikoa Canflanca

 

2° PREMIO Flora (LINK PROYECTO):

Sabrina barruti

Andrea Yohana Diaz

Eliana Yael Luján Laslo

Stefania Clelia Amaya

 

3° PREMIO Pleamar (LINK PROYECTO):

Agostina Dominella

Candela Jañez

Matias Cosser Alvarez

Valentina Dimuro

Vanesa Velazquez

 

1° MENCIÓN Violeta (LINK PROYECTO):

Franco Pozzi

Eugenia Peña Aguilar

Julieta Gurrea

Nuria Romeu

Yaco Antonio de Moya

 

2° MENCIÓN TEKUN (LINK PROYECTO):

Mauricio Mendez Arevalo

Amparo Feito

Nicole Claros Calderon

 

MENCIONES ESPECIALES:

Hacia la liberación (LINK PROYECTO):

Ignacio Quiroga

Candelaria Biglione

Constanza Alel

Marina Cladera Ojeda

Martina Canale

 

CuaTros (LINK PROYECTO):

Carola Matar

Florencia Maya

Macarena Goicoechea

Nicolás Frutos

 

Batahola (LINK PROYECTO):

Meli Schall

Florencia Carola Perez

Florencia Restovich

María Victoria Scarione Avellaneda

Micaela Troiano

 

En una primera instancia de evaluación se seleccionaron 9 de las 26 propuestas elaboradas por les estudiantes en equipos interdisciplinarios, que continuaron ajustando sus propuestas para la segunda vuelta.

Las juradas que participaron fueron: las arquitectas y urbanistas Ana Falú, Eugenia Jaime, Ines Moisset y Zaida Muxi; y las especialistas Leonor Girard, Mercedes Martínez y Mónica Nuñez con la coordinación de la arquitecta y urbanista Clara Mansueto. En un proceso de análisis y valoración organizado en instancias colectivas, se acordaron los criterios de evaluación y se definieron las recomendaciones generales para la valoración en segunda vuelta:

Se valoraron las lecturas urbanas realizadas y la restitución de los elementos y los usos reconocidos en la propuesta arquitectónica. Así como aquellas propuestas que vincularon gradualmente los espacios colectivos e íntimos, que aportaron secuencias espaciales, situaciones intermedias de transición y de resguardo entre el interior y el exterior, que restituyeron las prácticas que cotidianamente desarrollan las mujeres de la zona, reflexionando de dónde vienen, con qué elementos cargan, cómo son los espacios recorridos, en qué condiciones, etc. 

Se valoraron las memorias descriptivas que expresan en cada caso un estudio sensible y detallado que guía la propuesta en relación con la problemática específica: violencia de género. Teniendo en cuanta las cualidades edilicias en relación con las diversas escalas de reunión para lograr la integración y la intimidad.

Se valoró el estudio de las tecnologías constructivas posibles de desarrollar en etapas, la incorporación de la iluminación natural para la generación de atmósferas y la adecuación de las propuestas para que las mismas resulten accesibles para personas en situación de discapacidad.

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

La exposición de las 8 propuestas finalistas y la entrega de premios se desarrollará el día 15 de diciembre en el encuentro de fin de año “Derecho a la Ciudad” de Proyecto Habitar 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitio a confirmar.

El premio está compuesto por una selección de libros que abordan la problemática del espacio y la perspectiva de género. A su vez, los proyectos seleccionados formarán parte de una publicación a cargo de Proyecto Habitar, del cual se entregarán ejemplares a les participantes. Los trabajos serán difundidos a través de las redes de Proyecto Habitar, en todos los espacios que les organizadores consideren convenientes, tanto vía web como físicamente en seminarios, exposiciones y demás espacios vinculados a la temática.

 

Derecho a la Ciudad, Eventos académicos, Notas

Encuentros

Encuentros, la perspectiva de género en los ámbitos universitarios

Junio también fue un mes de encuentros, pero esta vez trabajamos la perspectiva de género en los ámbitos universitarios, de la Universidad de Cuyo y Universidad de Flores.

Los días 10 y 14 de junio, representantes de diversos colectivos, nos encontramos con estudiantes conmovidas por la necesidad de expresar las inquietudes y los resultados de los procesos de trabajo transitados. Con ánimos de escuchar y exponer las estrategias de resistencia contra las etiquetas, contra las formas de conocer predefinidas según las reglas de un sistema patriarcal y capitalista que niega aquellas historias que estén fuera del mandato productivista.

En ambos encuentros “Urbanismo y Perspectiva de Género, nociones básicas para el debate” (UFlo)  y “Derecho a habitar” (UCuyo), las exposiciones atravesaron prácticas cotidianas de la docencia, investigación, dirección de obra, militancia, entre tantas acciones que históricamente las mujeres hemos llevado adelante colectivamente, no sin resistencia, en compañía con otras y otros pares con vocación transformadora.

Del primero, participaron: Martha Alonso Vidal, quien nos propuso un recorrido por las transformaciones en las ciudades y en la representación del cuerpo femenino para reflexionar acerca de la sexualización de los roles que se han institucionalizado en una historia de producción urbana. Ines Moisset, con un exhaustivo trabajo de investigación colectiva que desde “Un día Una Arquitecta” multiplican en medios de comunicación masiva para recuperar el aporte de las mujeres que han sido omitidas en los relatos oficiales sobre la historia de la arquitectura y el urbanismo. Eugenia Jaime, invitándonos a pensar sobre las potencialidades y los desafíos de la incorporación de las problemáticas de género en la formación sin perder de vista el contexto en el que se inscribe aquello que se enseña y se aprende en el aula, resaltando la importancia de los procesos en los que se inscribe el producto terminado. Procesos que los guía un sentido, procesos que múltiples actores protagonizan en la gestión de las trasformaciones y que desde la matriz productivista son despreciados. Y Clara Mansueto, compartiendo lecturas espaciales que indagan en aquello que sucede, pero no se ve, aquello que se escapa de mirada formal del espacio y de la perspectiva de transformación desarrollada tradicionalmente en la producción de arquitectura. 

Del segundo encuentro participaron: Soledad Perez exponiendo el trabajo que desde CISCSA realizan con vecinas de diferentes barrios populares de la Ciudad de Córdoba y la construcción de una “agenda de derechos de las mujeres a la ciudad”, exponiendo los 6 puntos que sostienen la participación de las mujeres desde diferentes experiencias de vida. Cinthia Rizzo, recuperando el rol de las mujeres de barrios populares en la coordinación y promoción barrial de los mejoramientos habitacionales que la organización “Madre Tierra” desarrolla en el AMBA. Virginia Miranda, exponiendo el trabajo que desarrolla “Ando habitando” un colectivo de mujeres transdisciplinar que junto con organizaciones barriales de Mendoza promueve mejoramientos en los espacios públicos, valorando las voces de lxs jóvenes, de lxs niños y de las mujeres.  Alicia Alcaraz y Andrea Casabuono, representando a la comisión Hábitat y Género de Habitar Argentina, expusieron la historia de conformación de esta comisión. Enfocándose en el interés de aportar con la perspectiva de género a las políticas habitacionales que hoy reúne a grupos con experiencias multisectoriales y de diversos territorios. Macarena Vergara, compartiendo momentos singulares en la experiencia de SEDECA, para reflexionar acerca de las tareas de cuidado y la desigual dedicación que recae en las mujeres, su tiempo de descanso, de ocio, productivo, etc. Y Teresita Sacón, quien exhibió los logros y dificultades encontradas ante las acciones que Proyecto Habitar impulsó en la incorporación de políticas de igualdad de género en una obra de construcción de viviendas con trabajadores de la económica popular.

Nadie nace de un repollo y las transformaciones tampoco. Es por ello que pensamos e invitamos a pensar estos “eventos públicos”, como encuentros. Encuentros, porque son oportunidades para saberse en un colectivo mayor, que lo define la convicción de encontrarse en busca de nuevas formas de relacionarnos, llevándolas adelante, asumiendo riesgos para dejar en la historia de las cosas y las personas, nuevas formas de trato social, democráticas, de igualdad, de apropiación, de libertad en la pluralidad y diversidad de géneros.

 

ph Miguel Caamaño

ph Miguel Caamaño

ph Ando Habitando

ph Ando Habitando

 

Derecho a la Ciudad, Notas

HACIA UNA POLITICA FEDERAL DE HABITAT

HACIA UNA POLITICA FEDERAL DE HABITAT

Durante los días 12 y 13 de abril se llevó adelante el Encuentro Federal “Hábitat y Territorio” que contó con la participación de “representantes de organizaciones sociales, pymes, académicos, medios de comunicación y diversas comunidades” para “generar acuerdos sobre puntos indispensables en la construcción de una política federal de hábitat”.  Desde esta perspectiva multiactoral se abordaron múltiples dimensiones para pensar en políticas sobre el hábitat y el territorio.

Desde el punto de vista económico se postuló la reactivación de la industria de la construcción como mecanismo de desarrollo económico. En un proceso que, para promover efectos redistributivos, requiere: integrar políticas de suelo, la incorporación de pequeñas y medianas empresas constructoras, así como cooperativas de trabajo en la construcción y en la producción de materiales. La propuesta se dirigió a incorporar el modelo de desarrollo nacional en el debate, que el modelo dominante ha estado siempre ligado a la construcción de desigualdades y al extractivismo.

Al abordar la comunicación de la política habitacional se enfatizó el valor de los trabajadores del Estado quienes sostienen las políticas públicas y cargan con una memoria institucional muy valiosa a la hora de gestionar las políticas de hábitat. Se denunció la deslegitimación que los trabajadores estatales están sufriendo en esta gestión a través de la utilización de mensajes mediáticos que desalientan el rol del estado y legitiman la gestión pública a través de agencias. 

Se puntualizó en el desafío de construir una política nacional y popular en materia de hábitat y territorio desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para ello, se propuso un debate que avance sobre las palabras, y formule herramientas en un proceso de fortalecimiento de una nueva mayoría. Un desafío que reúne a quienes luchan por las políticas de hábitat urbano con quienes luchan por las políticas de hábitat rural, ya que se trata de procesos que están íntimamente vinculados en el desarrollo del territorio.

Desde el punto de vista de la gestión, se manifestó la relevancia de herramientas de intervención estatal. Lo que requiere promover la construcción de un conjunto de herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario, intervenir en el manejo del suelo. De esta manera, se pretende recuperar de la ganancia de ese mercado, los recursos necesarios para llevar adelante las políticas habitacionales.

Se planteó la discusión sobre la seguridad de los barrios, proponiendo que la misma se encuentre dentro de la gestión de las organizaciones barriales, para garantizar la seguridad en el control social. También la necesidad de feminizar la política habitacional, para cambiar cómo vemos y construimos la ciudad, y nuestros pueblos.

Para la cuestión de las infraestructuras, saneamiento se propuso renovar la discusión y sacarla del ámbito de decisión de los dueños de grandes empresas. Esto implica: discutir el latifundio, discutir el monocultivo de soja, discutir contra los diseños de infraestructura a favor del movimiento de mercaderías de exportación.

Sobre la política de transparencia, se propuso generar un registro público de tierras, y un registro nacional de accionistas, como instrumentos que les permitan a las organizaciones conocer a los actores que están operando bajo el anonimato de las sociedades, en los desalojos, en las compras de tierra rural para el desarrollo de countries, etc.

Se abordó también la experiencia de la autogestión en las políticas habitacionales, mediante procesos económicamente rentables, de generación de trabajo, de capacitación, de fortalecimiento en la participación de las mujeres, y de calidad habitacional.

Desde Proyecto Habitar participamos en el encuentro exponiendo las preocupaciones que recogemos diariamente de nuestra práctica militante-académica-profesional, con ánimos de reunirnos en reflexiones sobre los problemas transversales de la sociedad, y desde allí construir acuerdos sobre las políticas de gestión del hábitat y el territorio.

Enumeramos aquí algunos puntos trabajados:

– La perspectiva de género en el desarrollo de políticas habitacionales.

– El problema de la gestión de los residuos urbanos y el derecho a un ambiente sano.

– El impacto de la inflación en la política pública habitacional y en las precarias condiciones laborales en las que trabajamos.

– El rol de la Universidad como ámbito de debate y construcción de políticas habitacionales.

– La perspectiva relacional de la política urbana, que comprende integrados pares que habitualmente se fragmentan (riqueza-pobreza; formalidad-formalidad; etc.)

Entendemos necesarios estos espacios, en los que nos reunimos desde las diversas experiencias territoriales, desde donde evidenciamos la injusticia y la desigualdad, para construir democráticamente una plataforma de problemas y de propuestas que enfrenten en cada acción y en cada contexto la expresión particular de la opresión.

Notas

HACIA UNA POLÍTICA FEDERAL DE HÁBITAT

HACIA UNA POLÍTICA FEDERAL DE HÁBITAT

Durante los días 12 y 13 de abril se llevó adelante el Encuentro Federal “Hábitat y Territorio”
que contó con la participación de “representantes de organizaciones sociales, pymes,
académicos, medios de comunicación y diversas comunidades” para “generar acuerdos sobre
puntos indispensables en la construcción de una política federal de hábitat”. Desde esta
perspectiva multiactoral se abordaron múltiples dimensiones para pensar en políticas sobre el
hábitat y el territorio.
Desde el punto de vista económico se postuló la reactivación de la industria de la construcción
como mecanismo de desarrollo económico. En un proceso que, para promover efectos
redistributivos, requiere: integrar políticas de suelo, la incorporación de pequeñas y medianas
empresas constructoras, así como cooperativas de trabajo en la construcción y en la
producción de materiales. La propuesta se dirigió a incorporar el modelo de desarrollo
nacional en el debate, que el modelo dominante ha estado siempre ligado a la construcción de
desigualdades y al extractivismo.
Al abordar la comunicación de la política habitacional se enfatizó el valor de los trabajadores
del Estado quienes sostienen las políticas públicas y cargan con una memoria institucional muy
valiosa a la hora de gestionar las políticas de hábitat. Se denunció la deslegitimación que los
trabajadores estatales están sufriendo en esta gestión a través de la utilización de mensajes
mediáticos que desalientan el rol del estado y legitiman la gestión pública a través de agencias.
Se puntualizó en el desafío de construir una política nacional y popular en materia de hábitat y
territorio desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para ello, se propuso un debate que
avance sobre las palabras, y formule herramientas en un proceso de fortalecimiento de una
nueva mayoría. Un desafío que reúne a quienes luchan por las políticas de hábitat urbano con
quienes luchan por las políticas de hábitat rural, ya que se trata de procesos que están
íntimamente vinculados en el desarrollo del territorio.
Desde el punto de vista de la gestión, se manifestó la relevancia de herramientas de
intervención estatal. Lo que requiere promover la construcción de un conjunto de
herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario, intervenir en el manejo del suelo. De
esta manera, se pretende recuperar de la ganancia de ese mercado, los recursos necesarios
para llevar adelante las políticas habitacionales.
Se planteó la discusión sobre la seguridad de los barrios, proponiendo que la misma se
encuentre dentro de la gestión de las organizaciones barriales, para garantizar la seguridad en
el control social. También la necesidad de feminizar la política habitacional, para cambiar cómo
vemos y construimos la ciudad, y nuestros pueblos.
Para la cuestión de las infraestructuras, saneamiento se propuso renovar la discusión y sacarla
del ámbito de decisión de los dueños de grandes empresas. Esto implica: discutir el latifundio,
discutir el monocultivo de soja, discutir contra los diseños de infraestructura a favor del
movimiento de mercaderías de exportación.
Sobre la política de transparencia, se propuso generar un registro público de tierras, y un
registro nacional de accionistas, como instrumentos que les permitan a las organizaciones
conocer a los actores que están operando bajo el anonimato de las sociedades, en los
desalojos, en las compras de tierra rural para el desarrollo de countries, etc.

Se abordó también la experiencia de la autogestión en las políticas habitacionales, mediante
procesos económicamente rentables, de generación de trabajo, de capacitación, de
fortalecimiento en la participación de las mujeres, y de calidad habitacional.
Desde Proyecto Habitar participamos en el encuentro exponiendo las preocupaciones que
recogemos diariamente de nuestra práctica militante-académica-profesional, con ánimos de
reunirnos en reflexiones sobre los problemas transversales de la sociedad, y desde allí
construir acuerdos sobre las políticas de gestión del hábitat y el territorio.
Enumeramos aquí algunos puntos trabajados:
– La perspectiva de género en el desarrollo de políticas habitacionales.
– El problema de la gestión de los residuos urbanos y el derecho a un ambiente sano.
– El impacto de la inflación en la política pública habitacional y en las precarias condiciones
laborales en las que trabajamos.
– El rol de la Universidad como ámbito de debate y construcción de políticas habitacionales.
– La perspectiva relacional de la política urbana, que comprende integrados pares que
habitualmente se fragmentan (riqueza-pobreza; formalidad-formalidad; etc.)
Entendemos necesarios estos espacios, en los que nos reunimos desde las diversas
experiencias territoriales, desde donde evidenciamos la injusticia y la desigualdad, para
construir democráticamente una plataforma de problemas y de propuestas que enfrenten en
cada acción y en cada contexto la expresión particular de la opresión.

Articulos, Asesoria Urbana, Derecho a la Ciudad, Notas

La violencia pasada y presente en el espacio

La muestra “La violencia en el espacio. Políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983)” puede visitarse en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta Mayo de 2019.

 La represión y la violencia estatal que se instaló en Argentina y en la región durante la década del 70 tuvo aristas que despreciaron los derechos humanos en múltiples dimensiones y escalas. A la lucha sostenida por la visibilización del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, se integran progresivamente la visibilización de los intereses de otros actores en el periodo, lo que ha permitido revisar la responsabilidad de los medios de comunicación, sectores empresariales y de la estructura de la iglesia, entre otros. Es posible entender como la violencia ejercida ha tenido múltiples manifestaciones estratégicas y tácticas.

La muestra que se titula “La violencia en el espacio” realiza un abarcativa repaso sobre las acciones realizadas por el gobierno de la dictadura en materia de políticas urbanas, registrando actores sociales vinculados a la concentración de la riqueza y el poder, a los que se asocia y defiende en cada una de estas trasformaciones territoriales promovidas.

En el texto que presentan Pamela Colombo y Carlos Salamanca como curadores de un amplio equipo de trabajo reseñan:

“Programas de erradicación de «villas miseria», construcción de autopistas, creación de pueblos estratégicos, rediseño de espacios públicos, edificación de estadios y readecuación de ciudades para la «fiesta mundialista»: estos son algunos de los proyectos territoriales y urbanos realizados durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) que esta exposición examina. Una reorganización espacial realizada a todas las escalas y en todas las regiones del país, que impactó directamente sobre amplios sectores de población, transformando de manera duradera a la sociedad argentina.”

El repaso por las políticas que transformaron el espacio urbano restituye una unidad de procesos y productos materiales con los que aún convivimos. Acciones que reúnen propósitos de acumulación desigual y de exclusión, represión y sometimiento. Como señalan los curadores la exposición pone de manifiesto situaciones espaciales de injusticia espacial sostenidas y agudizadas en este contexto autoritario, en las que:

“No es el monumento, el estadio o el edificio en sí mismo lo que invitamos a mirar en esta exposición. No existió una dictadura fecunda en edificios y modernización, distinta y separada de aquella que llevó a cabo la desaparición sistemática de miles de personas (…) Hubo un solo gobierno que inscribió la violencia en el espacio y que hizo del espacio el medio y el lugar para crear de manera autoritaria una nueva sociedad.”

La exposición pone al alcance de todas y todos de manera gratuita el producto de diversas y valiosas investigaciones realizadas durante muchos años, lo que constituye un valor destacable en términos de la vinculación del ámbito académico y la generación de un aporte social significativo. Al mismo tiempo, compone una revisión de la totalidad del territorio, restituyendo políticas urbanas y rurales en las que los discursos, los procesos y los productos se orientan en la misma dirección excluyente y represiva.

Como reflexión final, y quizás aporte a los procesos particulares de producción del material teórico e histórico, entendemos que a partir de lo expuesto queda en evidencia la potencia de la operación violenta, cuya impronta mas estructural se instaló y ha podido continuar, con matices, ininterrumpidamente hasta nuestros días. La violencia en el espacio es una manifestación material de un proceso que reprimió la posibilidad de transformar nuestros territorios para hacerlos más justos y democráticos.

Lo esencial del territorio extractivista y la economía concentrada que defendió y amuralló el espacio de la dictadura no ha podido ser transformado y sobrevive en la desigualdad de los barrios populares que lindan con la opulencia de barrios de lujo. Resulta por demás valiosa esta exposición, por el valor de la restitución de los hechos históricos, por la reflexión crítica y profunda del carácter de sus procesos, y por la posibilidad de repensar nuestro presente.

Proyecto Habitar, 15/04/2019

Sitio de la muestra:

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2019/03/av-la-violencia-en-el-espacio.php

 

 

 

Notas

¿QUÉ SIGINIFICA EL 24 DE MARZO?

Esta pregunta ha estado en constante construcción, a lo largo de estos 33 años, luego de aquel día donde el fiscal Strassera pronunciara el “Nunca Más” en su alegato final del juicio a la Junta Militar en 1985.

Un 24 de marzo como hoy, hace 42 años, se iniciaba el proceso de reorganización nacional. No se trata de una fecha conmemorativa, no es la historia de manual lo que queremos recordar, sino que invitamos a reflexionar sobre  nuestra historia en un proceso. Un proceso histórico que tiene antecedentes antes de esa fecha y  que continua desarrollándose más allá de aquel espantoso día. Entonces, nos reubicamos en este 24 de marzo, pero no en una fecha precisa, sino en un proceso complejo, para identificar que hay detrás de esta gran piedra de políticas neoliberales que llegaron con los militares y persisten en la actualidad.

En 1976, la dictadura cívico militar se autoproclamó cínicamente “Proceso de Reorganización Nacional”. La idea de reorganización hace pensar en un proceso previo de desorden que los militares buscaban erradicar. Para ello implantaron políticas en las que prevalecían los privilegios de las clases dominantes, accionando sobre las ideas y los cuerpos de aquellos que tuvieran intenciones de transformar la realidad desigual que reinaba. Trabajadores, delegados barriales, profesionales, militantes, mujeres y hombres que con sus vidas y sus obras perseguían una dirección trazada por su lucha, en pos de alcanzar niveles de trato social más elevado.

A pesar de los enormes obstáculos que nos dejó la dictadura, hoy, como ayer, podemos reconocer la necesidad de luchar para transformar las injusticias que nos atraviesan día a día.

Las políticas aplicadas por aquel proceso tienen consecuencias visibles, 30.000 compañerxs desaparecidxs como el símbolo más violento de esta lucha. Pero también dejaron su impronta en las obras de la ciudad “ideal”, planificada para el modelo urbano homogéneo y excluyente que perseguía la dictadura.

Los resultados de 7 años de dictadura, han sido tan profundos, que aún luego de 35 años de democracia, continúan oprimiendo a las minorías, a los pobladores de los barrios, a los trabajadores de la economía popular. En la Ciudad de Buenos Aires estas marcas aún persisten y determinan las posibilidades y las limitaciones para moverse, acceder, e incluir a sus habitantes. En la Pcia de Buenos Aires las normas de la política urbana mantienen vigente una  Ley de Ordenamiento Territorial diseñada en plena dictadura que privilegia la propiedad privada, sin reconocer en la producción urbana la complejidad de los barrios populares, perpetuando la idea de una ciudad “para quien la merezca; para el que acepte pautas de vida, agradable y eficiente”. Excluyendo a las masas populares a villas y asentamientos, los cuales son consecuencia de esta producción urbana capitalista. En lo que refiere a la construcción, la dolarización del mercado de suelos, la especulación financiera y la venta de nuestras mejores tierras fueron el comienzo de una entrega que no cesó. Por sobre todo, se privilegió la continuidad de la reproducción del capital, se favoreció impunemente a las clases dominantes, a la liberalización de la ciudad y a la individualización del crédito, profundizando la brecha entre los que más y menos tienen.

Marchar el 24 de marzo no nos debe encontrar distraídos. Debemos estar lúcidos, salir a la calle para cuestionar lo dado, replantearnos y posicionarnos como protagonistas en la lucha cotidiana. Así continuaremos arrojando luz sobre la oscuridad, como lo hicieron tantos jóvenes hoy más maduros o desaparecidos. No podemos caer en un paso superficial, esta es una jornada para continuar la lucha histórica y cotidiana; no es una conmemoración formal.

No se trata del consumo alrededor de la idea de la memoria, del “Nunca Más”. Si así fuera,  corremos el riesgo de vaciar su contenido, si nuestra lucha no busca una realidad más equitativa. La continuidad del proceso histórico tiene que permitir reconocer y restituir aquellos puentes que nos permitan comprender la historia en su totalidad, que reconozcan las prácticas transformadoras que se llevaron adelante, y también visibilicen las acciones represivas que aún persisten en nuestro territorio.

Encontrémonos en los barrios, junto con las organizaciones y los pobladores, exigiendo políticas inclusivas que instrumenten un cambio profundo y nos permita vivir una democracia plena, tanto desde las ideas como en las acciones. Las políticas urbanas promovidas por el golpe no distan de las que se impulsan actualmente. Es una maquinaria que continúa funcionando, y moldeando un sistema inaguantable. Como sociedad debemos pronunciarnos, visibilizando la obra, las prácticas y la vida de los que lucharon y aún luchan por esta transformación.

 

PROYECTO HABITAR

 

imagen 01: proyecto habitar / imagen 02: ezequiel biagioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas

DECLARACIÓN ACUERDO POR LA URBANIZACIÓN DE LAS VILLAS: SOBRE LOS DESALOJOS EN LA V31

A partir del desalojo en Villa 31. Los conflictos se resuelven con más participación

En el Barrio Carlos Mugica (Villa 31), el sábado 24 de febrero dos familias que vivían en la futura traza de la autopista Illia fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas. Es fundamental definir participativamente cómo encarar los conflictos propios de todo proceso de urbanización.

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso desocupar por decreto (N° 61/18) -sin orden judicial- dos viviendas del Barrio Carlos Mugica.1 De esta manera, la Secretaría de Integración Social y Urbana eludió lo previsto en el Art. 9° de la Ley 3.343 -que prohíbe los desalojos forzosos en el marco del proceso de reurbanización del barrio, y establece pautas para llevar adelante las relocalizaciones que resulten necesarias-. La medida fue dispuesta, además, sin tener en cuenta los protocolos de relocalización vigentes2, que buscan resguardar los derechos de las y los habitantes.

La reurbanización de la Villa 31, que involucró la lucha de décadas de sus vecinos, implica la ejecución de un gran presupuesto por parte del Gobierno de la Ciudad a través de una Secretaría creada para ese fin hace más de dos años. Es previsible que en todo proceso que involucra realojos haya familias que, por distintas razones, no estén dispuestas a relocalizarse. A pesar de ello, al día de la fecha no hay un protocolo de relocalización que guíe, haga previsibles y ajuste a derecho las acciones del Gobierno de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad en el barrio. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo el Gobierno de la Ciudad tiene previsto actuar para resolver estas problemáticas. En este contexto, el modo en el que se resolvió el primero de este tipo de conflictos sienta un pésimo precedente.

En 2016, más de ochenta organizaciones presentamos el Acuerdo por la Urbanización de Villas3. Anticipando este tipo de conflictos, el Acuerdo enfatiza que la urbanización debe “evitar los desalojos y sustentarse en el principio de arraigo. Las relocalizaciones forzosas de población sólo deben llevarse a cabo en casos excepcionales, deben seguir un protocolo socialmente responsable de los derechos de dicha población”.

Allí también se explicita que se debe contemplar “la participación activa de los habitantes en el proceso de toma de decisiones en todas las etapas de la relocalización”, así como en todo el proceso de urbanización. Esto es clave, no sólo para respetar los derechos de los pobladores, sino para hacer viable y sustentable un proceso complejo y necesariamente conflictivo como la integración social y urbana de las villas, que no puede transformarse en un conjunto de mejoras barriales inconsultas. No es lo que ha ocurrido en la Villa 31-31bis, donde decisiones como la de trasladar la actual autopista Illia, el diseño y los materiales de las viviendas, y los términos de esta relocalización se adoptaron sin la participación adecuada de las y los habitantes.

Como señalamos en el Acuerdo, en concordancia con la normativa vigente, un protocolo socialmente responsable debe cumplir con los siguientes principios rectores:

– Los procesos de relocalización requieren un enfoque integral, ya que implican un cambio de hábitat que modifica el espacio físico y la cotidianeidad de los afectados (vivienda, salud, educación, economía doméstica, alimentos, recreación, entre otros aspectos). Asimismo, se debe contemplar las singularidades de cada barrio, así como la diversidad de situaciones que atraviesan las familias a relocalizar y ser especialmente sensible respecto al enfoque de género, que es un aspecto transversal a todas las etapas.

– El órgano responsable de la relocalización deberá promover el trabajo conjunto y articulado entre las diferentes dependencias estatales involucradas en el proceso, así como considerar que los procesos de relocalización afectan de manera diferencial a diversas poblaciones: a) la población a mudar; b) la población receptora de los relocalizados; c) la población que permanece en el sitio a relocalizar.

– El presupuesto del proceso de relocalización debe ser preparado y programado atendiendo a la totalidad de sus etapas -desde el diseño hasta la implementación y seguimiento posterior-, y se deben incorporar instancias de revisión permanente de las acciones llevadas a cabo y evaluación de la satisfacción de la población en relación con todas las etapas del proceso.

En síntesis, el proceso de integración social y urbana, en general, y las relocalizaciones involuntarias, en particular, deben desarrollarse sobre la base de procedimientos integrales, claros y participativos, en todas sus etapas, que resguarden los derechos de los pobladores, atendiendo especialmente al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para ello es imprescindible que las acciones del poder público respeten las definiciones, protocolos y normativa vigentes y respondan al objetivo de “integrar plenamente a las villas, urbanística y socialmente, revertir toda situación de segregación y garantizar el cumplimiento efectivo de derechos”.

 

1  Se invocó para ello el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer desocupaciones de inmuebles por vía administrativa en supuestos específicos -incluyendo el riesgo de derrumbe.-

2 Instituto de Vivienda de la Ciudad,(Res Int N° 3602/IVC/15 – BO 4833), ACUMAR (Resolución 420-E/2017 – BO  22/12/2017), entre otros.

3 http://acuerdoporlaurbanizacion.org

 

Son parte del Acuerdo por la Urbanización de las Villas :

Alianza Internacional de Habitantes; Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani (AEU-IGG); Asociación Civil Madre Tierra; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); ATAJO (Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación); Centro de Acción Urbano Ambiental (CAUA-UNLP); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS); Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI); Centro de Hábitat Inclusivo (UBA- FADU); Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH); Colectivo por la Igualdad; CTA Capital; El Hormiguero; Federación de Villas (FEDEVI); Frente de Organizaciones en Lucha (FOL-CABA); Frente Territorial Salvador Herrera; Habitar Argentina; Instituto de Hábitat Urbano del CPAU; Instituto de la Espacialidad Humana (UBA – FADU); Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento (ICO-UNGS); Laboratorio de Políticas Públicas (LPP); La Usina; Maestría Hábitat y Pobreza Urbana de la FADU; Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Organización 14 bis; Poder Ciudadano; Proyecto Habitar (UBA- FADU); Taller Forma & Proyecto (UBA- FADU); Taller Libre de Proyecto Social (TLPS / UBA- FADU); Talleres de Urbanismo Barrial (TURBA); TECHO; Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Matanza; WINGU; organizaciones, representantes y vecinos/as de barrio Fátima; barrio Los Piletones; barrio Los Pinos; Playón de Chacarita; Rodrigo Bueno; Villa 1.11.14; Villa 15; Villa 17; Villa 19; Villa 20; Villa 21.24; Villa 31-31bis; entre otros/as.

 

 

Notas

EL SISTEMA CORROMPE, LOS HECHOS COTIDIANOS TAMBIÉN

Entre desigualdades urbanas y desigualdades de género                                                                                                    
Eugenia Jaime, en Proyecto Habitar

Hoy leí en el periódico que una niña de 13 años era abusada por un familiar a cambio de “regalos”, tales como “gaseosas, cargas virtuales a su celular o a la tarjeta SUBE”.  

La niña fue corrompida a cambio de objetos que podríamos denominar de consumo básico, y esto hace más aberrante y siniestro el abuso.

Esta noticia me estremeció, repase mentalmente los procesos de urbanización que se están dando hoy en la Ciudad de Buenos Aires y por un momento, identifique un abuso similar en el modo en que se establecen las relaciones entre los procesos y las acciones.

El Gobierno de la Ciudad está corrompiendo a los pobladores a cambio de canchas de futbol, pintura de fachadas, y viviendas. Esta imposición viola la libertad de los pobladores convirtiendo el valor de uso que le dan a la ciudad en valor de cambio.

Estos actos generan una dependencia absoluta entre los pobladores y las autoridades del Gobierno de la Ciudad quienes los tienen de rehenes de los acuerdos millonarios que realizan en torno a este proceso.

La cancha es un regalo que le permite al gobierno de la ciudad acceder al corazón del barrio. Una vez allí la autoridad de la ciudad destina recursos públicos a la contratación de empresas privadas y profesionales extranjeros que definen los aspectos simbólicos del espacio dando lugar a la libre elección sobre cuestiones menores, hecho que redunda en el consumo de la participación.

La pintura de fachadas es un entretenimiento, una forma de justificar el ingreso del capital, los créditos, las hipotecas y los desalojos. El maquillaje aparenta un cambio material en el acceso a los recursos, otro estado de cosas. Con esta nueva cara se puede pedir a los pobladores que privaticen su barrio, su casa, sus vidas.

La construcción de viviendas necesarias por cierto, distrae la desviación de recursos hacia otras obras de mayor envergadura que les permiten la reproducción del capital. Las viviendas movilizan profesionales bien intencionados que también son abusados por su ingenuidad.

Tenemos ante nuestros ojos un enorme desafío, asumir que los procesos de urbanización tal y cual se están dando consolidan el abuso a los pobladores que ya sufren la opresión diaria del desigual acceso a la ciudad o bien seguir pensando que esto es un caso aislado, que ocurrió por un descuido de los pobladores y que no va a volver a suceder.

Somos tod@s n@sotr@s l@s responsables de construir este debate y transformar esta macabra operación.