Durante la tarde del jueves 23 de julio, Gabriela Torrents, integrante de Proyecto Habitar, participó del programa de radio “Entre vos y Yo”, realizado por les jóvenes del Barrio 22 de Enero en La Matanza. En esta oportunidad, la charla hizo foco en el derecho a la vivienda, tomando como punto de partida la toma de tierras del barrio 28 de Octubre, en un área lindera a los barrios 22 de Enero, Un Techo para Todos, Gauchito Gil, y Tierra y Libertad, situados en Ciudad Evita. La ocupación tiene más de un año, y durante este tiempo les pobladores han intentado gestionar ante el municipio y las empresas prestatarias, el uso de estas tierras para vivir. En estos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la situación crítica de las 125 personas que viven en el barrio se ha visto agravada debido a la ausencia de servicios básicos como red de agua y electricidad, al mismo tiempo que continúan resistiendo frente a los intentos de desalojo por parte de las autoridades municipales.
Situados en el territorio de La Matanza, donde se han registrado más de 122 barrios populares cuyo origen remite a distintos momentos a lo largo del siglo XX, nos preguntamos cómo y por qué se produce una toma de tierras. La escasez de recursos y la necesidad de acceder a un cobijo van de la mano, y el momento crítico que atraviesa gran parte de la población frente a la falta de empleo propicia que se desarrollen otras estrategias para acceder a un lugar donde vivir. Retomando la experiencia de miles de pobladores del AMBA, la toma de tierras se convierte en una alternativa para quienes no pueden pagar un alquiler, comprar una vivienda o un terreno. La toma de tierras del barrio 28 de Octubre en Ciudad Evita es una de las tantas que ha crecido durante el periodo de aislamiento social, resistiendo incluso los intentos de desalojo.
En el recorrido de la entrevista se hizo referencia al trabajo que la población ha tenido que resolver sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para la mejora de su hábitat. Muchas veces violentades por las fuerzas policiales, invisibilizades por la omisión del Estado frente al problema de la vivienda. ¿Por qué sucede? ¿Cómo se relaciona con su vida cotidiana y, en una escala mayor, con las transformaciones urbanas? Las relaciones de desigualdad que se observan en la ciudad ponen en juego al sistema de reglas que sostiene y profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a la tierra y quiénes no. Las consecuencias físicas de quienes habitan en espacios insalubres con infraestructuras deficientes, localizados en áreas de riesgo ambiental, sometides a continuas situaciones de violencias, son algunas de las manifestaciones que dan cuenta de los múltiples derechos vulnerados. Esta profundización de la desigualdad se produce en un contexto en el cual la tierra y la vivienda se insertan en circuitos formales e informales donde se convierten en bienes de cambio, se mercantilizan, y nuevamente les habitantes son expulsados a zonas más alejadas y peor abastecidas, o sometidos a pagar precios desproporcionados a sus salarios por un alquiler.
¿Qué políticas urbanas se han llevado a cabo desde el municipio con respecto a la toma de tierras? En las tomas que se han producido durante los últimos meses, las respuestas por parte del municipio han resguardado, por sobre todas las cosas, la propiedad privada. El derecho a la vivienda en las tomas de La Matanza, hasta ahora, se ha abordado desde las oficinas de Desarrollo Social o Salud cuantitativamente y sin contemplar las particularidades que presenta cada barrio. Las políticas de hábitat están encriptadas, el estado actúa por omisión durante las tomas, y cuando estas se han consumado, la demanda urgente se atiende suministrando chapas, algunos tirantes, colchones y bolsones de comida, y en el mejor de los casos con módulos de vivienda. Pero, ¿qué transforma? Estas políticas sociales son prevalentemente asistencialistas, no modifican las condiciones estructurales de desigualdad y las condiciones espaciales en las que habitan les pobladores de los barrios populares, que además de la violencia que han padecido durante la toma, en la mayoría de los casos terminan judicializados. La legalidad prevalece por encima de los derechos humanos.
¿De qué manera se puede transformar esta situación desigual? La transformación de las políticas en la toma de tierras requiere asumir un abordaje multiescalar y multiactoral, que recupere las voces y preocupaciones de quienes transforman el territorio. La prioridad en la construcción de los ámbitos democráticos de participación y protagonismo popular es clave, ya que hoy son les pobladores quienes gestionan su hábitat. Estos procesos deben ser acompañados por profesionales capacidates, que trabajen en un asesoramiento técnico sostenido. De esta manera existen más y mejores oportunidades de alcanzar salidas apropiadas, con procesos y productos socialmente valiosos. Pero por sobre todo requiere que el Estado asuma el desafío de transformar estructuralmente las políticas urbanas vigentes por políticas urbanas integrales, que sean redistributivas y pongan el foco en el valor de uso del espacio. Con especial atención en las demandas de la población, resulta imprescindible que el Estado termine con la mercantilización del hábitat, y que reconozca el acceso a la tierra y a la vivienda como un derecho para todes, y no como un privilegio para quienes pueden pagarlo.