El Derecho a la Vivienda. Entrevista en el Programa de Radio “Entre vos y yo”

Durante la tarde del jueves 23 de julio, Gabriela Torrents, integrante de Proyecto Habitar, participó del programa de radio “Entre vos y Yo”, realizado por les jóvenes del Barrio 22 de Enero en La Matanza. En esta oportunidad, la charla hizo foco en el derecho a la vivienda, tomando como punto de partida la toma de tierras del barrio 28 de Octubre, en un área lindera a los barrios 22 de Enero, Un Techo para Todos, Gauchito Gil, y Tierra y Libertad, situados en Ciudad Evita. La ocupación tiene más de un año, y durante este tiempo les pobladores han intentado gestionar ante el municipio y las empresas prestatarias, el uso de estas tierras para vivir. En estos meses de aislamiento social,  preventivo y obligatorio, la situación crítica de las 125 personas que viven en el barrio se ha visto agravada debido a la ausencia de servicios básicos como red de agua y electricidad, al mismo tiempo que continúan resistiendo frente a los intentos de desalojo por parte de las autoridades municipales.

Situados en el territorio de La Matanza, donde se han registrado más de 122 barrios populares cuyo origen remite a distintos momentos a lo largo del siglo XX, nos preguntamos cómo y por qué se produce una toma de tierras. La escasez de recursos y la necesidad de acceder a un cobijo van de la mano, y el momento crítico que atraviesa gran parte de la población frente a la falta de empleo propicia que se desarrollen otras estrategias para acceder a un lugar donde vivir. Retomando la experiencia de miles de pobladores del AMBA, la toma de tierras se convierte en una alternativa para quienes no pueden pagar un alquiler, comprar una vivienda o un terreno. La toma de tierras del barrio 28 de Octubre en Ciudad Evita es una de las tantas que ha crecido durante el periodo de aislamiento social,  resistiendo incluso los intentos de desalojo.

En el recorrido de la entrevista se hizo referencia al trabajo que la población ha tenido que resolver sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para la mejora de su hábitat. Muchas veces violentades por las fuerzas policiales, invisibilizades por la omisión del Estado frente al problema de la vivienda. ¿Por qué sucede? ¿Cómo se relaciona con su vida cotidiana y, en una escala mayor, con las transformaciones urbanas? Las relaciones de desigualdad que se observan en la ciudad ponen en juego al sistema de reglas que sostiene y profundiza la brecha entre quienes pueden acceder a la tierra y quiénes no. Las consecuencias físicas de quienes habitan en espacios insalubres con infraestructuras deficientes, localizados en áreas de riesgo ambiental, sometides a continuas situaciones de violencias, son algunas de las manifestaciones que dan cuenta de los múltiples derechos vulnerados. Esta profundización de la desigualdad se produce en un contexto en el cual la tierra y la vivienda se insertan en circuitos formales e informales donde se convierten en bienes de cambio, se mercantilizan, y nuevamente les habitantes son expulsados a zonas más alejadas y peor abastecidas, o sometidos a pagar precios desproporcionados a sus salarios por un alquiler.

¿Qué políticas urbanas se han llevado a cabo desde el municipio con respecto a la toma de tierras? En las tomas que se han producido durante los últimos meses, las respuestas por parte del municipio han resguardado, por sobre todas las cosas, la propiedad privada. El derecho a la vivienda en las tomas de La Matanza, hasta ahora, se ha abordado desde las oficinas de Desarrollo Social o Salud cuantitativamente y sin contemplar las particularidades que presenta cada barrio. Las políticas de hábitat están encriptadas, el estado actúa por omisión durante las tomas, y cuando estas se han consumado, la demanda urgente se atiende suministrando chapas, algunos tirantes, colchones y bolsones de comida, y en el mejor de los casos  con módulos de vivienda. Pero, ¿qué  transforma? Estas políticas sociales son prevalentemente asistencialistas, no modifican las condiciones estructurales de desigualdad y las condiciones espaciales en las que habitan les pobladores de los barrios populares, que además de la violencia que han padecido durante la toma, en la mayoría de los casos terminan judicializados. La legalidad prevalece por encima de los derechos humanos.

¿De qué manera se puede transformar esta situación desigual? La transformación de las políticas en la toma de tierras requiere asumir un abordaje multiescalar y multiactoral, que recupere las voces y preocupaciones de quienes transforman el territorio. La prioridad en la construcción de los ámbitos democráticos de participación y protagonismo popular es clave, ya que hoy son les pobladores quienes gestionan su hábitat. Estos procesos deben ser acompañados por profesionales capacidates, que trabajen en un asesoramiento técnico sostenido. De esta manera existen más y mejores oportunidades de alcanzar salidas apropiadas, con procesos y productos socialmente valiosos. Pero por sobre todo requiere que el Estado asuma el desafío de transformar estructuralmente las políticas urbanas vigentes por políticas urbanas integrales, que sean redistributivas y pongan el foco en el valor de uso del espacio. Con especial atención en las demandas de la población, resulta imprescindible que el Estado termine con la mercantilización del hábitat, y que reconozca el acceso a la tierra y a la vivienda como un derecho para todes, y no como un privilegio para quienes pueden pagarlo.  

 

 

Se aprobó el Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat de Lomas de Zamora

El pasado miércoles 22 de julio se sancionó la ordenanza del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat de Lomas de Zamora. Este hecho consuma el desafío de establecer una política activa que trabaje en la construcción de una agenda democrática para el hábitat para la construcción de políticas locales en relación al Derecho a la Ciudad y a la Vivienda.

El Consejo se enmarca en la Ley Provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat (ver mas), que desde su promulgación en 2013 ha permitido crear una veintena de Consejos Locales y asociar Casas de Hábitat o Tierras preexistentes. Con la creación de éste arribamos a 24 consejos constituidos (ver mas), de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos da la pauta de todo lo realizado y el camino por recorrer para la construcción de políticas locales en relación al Derecho a la Ciudad y a la Vivienda, la Función Social de la propiedad inmueble, la Gestión Democrática de la Ciudad, el Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios.

En Lomas de Zamora el desafío es alto, existen problemáticas históricas como el acceso al suelo y a la vivienda de calidad tanto en los centros urbanos, como en los más 60 barrios populares del distrito; problemas ambientales y de salud con fuerte incidencia en todos los barrios cercanos a la cuenca del Matanza Riachuelo; dificultades en el acceso a servicios e infraestructura que vulneran derechos tan elementales como el acceso al agua potable y evacuación de desechos cloacales. La creación de este consejo, es la apertura de un espacio de intercambio y debate que encuentre a las organizaciones, pobladores, estado y demás interesados en participar de la construcción del derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en una ciudad más justa.

LEY DE ALQUILERES. Avances y desafios en la lucha por el acceso a la vivienda

Arq. Teresita Sacón

 

 

Desde el primero de julio, con su previa publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, rige la nueva ley 27.551[1], la cual introduce cambios en la regulación de los contratos de alquiler con destino de vivienda. El 16% de los hogares de Argentina[2] acceden a la vivienda a través del alquiler. Esta forma de acceso a la vivienda, está mediada, en nuestro país, por un contrato entre privados, donde las condiciones desiguales entre las partes se constituyen muchas veces en relaciones de abuso, quedando el derecho a una vivienda digna  muy lejos de alcanzarse.

El alquiler, como forma de acceso a la vivienda, ha sido en muchos momentos de la historia un detonante que ha movilizado a la población a transformar las condiciones que lo rigen. La propuesta de una ley nacional, gestada por lo organización de Inquilinos agrupados, ha retomado estas luchas históricas, con el apoyo y trabajo de otras organizaciones como Habitar Argentina[3]

La ley busca avanzar en la promoción del rol del estado como regulador del mercado de alquileres, creando el Programa Nacional de Alquiler Social. Allí se propone incorporar como grupos prioritarios a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, jubilados, pensionados, titulares de la prestación de desempleo y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Este Programa trabajará en la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles. También, dispondrá del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

Otro punto relevante de la nueva ley, es la extensión del plazo de contrato, lo que brinda algo más de estabilidad a las familias inquilinas. Brindando un plazo mínimo de la locación de inmueble por tres años.

Cabe señalar que propone una nueva regulación sobre el precio de los alquileres. Se propone un ajuste anual de los alquileres, el mismo se calculará con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC). Este índice será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Los puntos señalados anteriormente son relevantes a la hora de regular los contratos de alquiler, sin embargo existen conflictos que atraviesan les inquilines en la lucha por el acceso a una vivienda digna que no sólo tienen que ver con el abuso económico que principalmente se regulara a través de esta ley.

Les inquilines muchas veces tienen que acceder a vivir en viviendas que tienen humedad, no ventilan, no tienen acceso a los servicios básicos, y que frente a los reclamos no obtienen respuesta de los propietarios ni del estado.

Una cuenta pendiente de esta  ley, es abordar  la regulación y mejora de las condiciones habitacionales de quienes acceden a la vivienda a través de los alquileres informales.

En este sentido la ley es un valioso aporte en el proceso de garantizar mejores condiciones de hábitat para les inquilines. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en tanto instrumentos de registro y regulación de las características espaciales de las viviendas que se ponen en alquiler.

Desde una perspectiva feminista, siguiendo la propuesta de que todo problema personal es político, tenemos por delante el desafío de revisar el modo en que se celebran los contratos, y los conflictos en relación al acceso a una vivienda digna, que quedan invisibilizados en el acuerdo entre privados. El camino hacia el acceso a la justicia es un camino muy difícil de transitar para quienes tienen menos recursos, menos poder, y sus voces no son escuchadas. De esta manera,  para terminar con los abusos que someten a gran parte de la población que busca acceder a una vivienda, resulta necesario trascender el carácter privatista de la relación entre ambas partes.

La perspectiva es garantizar el derecho universal de acceso a una vivienda digna. En este sentido, es necesario avanzar en construir el rol de un estado que garantice a quienes tienen la necesidad, este derecho vulnerado, promoviendo registros y regulaciones que colaboren con mejorar las condiciones habitacionales de toda la población.

[1] Publicación en el Boletín Oficial Link para ver publicación

[2] Según datos de Censo 2010, INDEC.

[3] Presentación de HABITAR Argentina e HIC-AL de la ley de Alquileres. Link para Ver el video

Feliz día a les trabajadores de la arquitectura

En el contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario del “día del arquitecto”, desde PROYECTO HABITAR queremos reivindicar el trabajo de todes les trabajaderes que participan en la producción de arquitectura.

Hoy 1° de Julio, queremos poner en valor el trabajo militante de quienes trabajamos en la producción de arquitectura, que nos reconocemos como protagonistas en la transformación de las injusticias y desigualdades sociales, habitacionales y urbanas. Quienes a través de nuestras acciones promovemos el acceso universal al conocimiento, entendido como un servicio social y no como un privilegio de clase. Trabajo generalmente omitido e invisibilizado por la orientación hegemónica de nuestra profesión, asociada al individualismo, conservadurismo y elitismo profesional.

A quienes dedican su trabajo a la docencia para formar profesionales con conciencia social, contrarrestando la matriz de aprendizaje predominante en nuestras escuelas de arquitectura, que generan arquitectes liberales;

A quienes investigan desde el campo de la arquitectura, entendiendo que se pueden generar conocimientos específicos mediante el estudio y análisis de los procesos de producción y reproducción del espacio;

A quienes asesoran a organizaciones sociales y pobladores que luchan por transformar sus espacios cotidianos, promoviendo procesos apropiados y apropiables, sin imponerse ni omitir los múltiples saberes que existen, y con la perspectiva de construir políticas urbanas colectivas;

A quienes trabajan en políticas de mejoramiento habitacional que contemplan la actividad profesional en su ejecución, actividades que se realizan con muy pocos recursos y altas dificultades técnicas; y que requiere de un trabajo de formación permanente con las familias y les trabajaderes de las obras;

A les trabajaderes del estado que promueven políticas públicas enfocadas a resolver los problemas concretos de la vida cotidiana de la población, en contraposición a la orientación burocrática, economicista y tecnocrática predominante en estos ámbitos;

A quienes dibujan, proyectan, gestionan y dirigen obras para firmas extranjeras, grandes estudios de arquitectura o empresas constructoras, sosteniendo con su trabajo oculto la marca de estas empresas sin ningún tipo de reconocimiento;

A les albañiles y constructores que históricamente día a día, en jornadas interminables, realizando trabajos desvalorizados y mal pagos, son quienes disponen su cuerpo para producir y transformar materialmente el espacio construido;

A todes les trabajadores que participan en el proceso de producción de arquitectura con una profunda responsabilidad social, con altos grados de precariedad laboral, remuneraciones económicas insuficientes y escaso reconocimiento social y disciplinar.

Hoy 1° de Julio de 2020, en la coyuntura de la emergencia sanitaria, se hace socialmente visible que las condiciones de precariedad pre existentes en la organización social y espacial de los barrios populares, refuerzan la necesidad de reconocer y articular todos estos trabajos, esfuerzos, y conocimientos, como aportes sustanciales para mejorar esta situación persistente, aportes que no pueden ser de cualquier manera y a cualquier costo.

Nuestro interés como colectivo de profesionales es que estas reivindicaciones, estas prácticas, estas experiencias representen en cada lugar de trabajo, en cada territorio, en cada institución, consignas de luchas que nos encuentre en un debate sostenido por alcanzar mejores condiciones de trabajo, que son a su vez, mejores condiciones sociales para transformar la desigualdad habitacional y urbana hacia una ciudad más justa.

¡¡Un saludo a todes les trabajaderes de la arquitectura!!