Pasantía 2020: La perspectiva integral en la construccion de una formación hacia el derecho a la ciudad

Autores: Ezequiel Biagioni y Cecilia Maggi

 

Durante septiembre y octubre llevamos a cabo la Pasantía Plataforma por el Derecho a la Ciudad, un proceso de enseñanza – aprendizaje junto a más de 100 estudiantes de distintas carreras vinculadas al hábitat. Los mismos pertenecían a diversas universidades nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires: FADU-UBA, Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad nacional de Avellaneda, Universidad San Martin, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de José C. Paz.

Rediseñar la propuesta de formación este año implicó un desafío diferente. El contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, nos obligó a atravesar el proceso de enseñanza y aprendizaje sin compartir el espacio del aula, sin realizar visitas a los territorios. Sin embargo, el objetivo profundo de transformación de nuestra profesión hacia una socialmente valiosa sigue siendo el motor que impulsa ese rediseño.

Este año entonces, pudimos trabajar con les estudiantes y les pobladores, promoviendo relaciones de proximidad restituyendo la historia de trabajo conjunto y repensando críticamente los espacios de la ciudad. Nos encontramos en talleres y foros virtuales; realizamos relevamientos a partir de herramientas digitales, observando las condiciones físicas del espacio, e incorporamos la dimensión social llevando a cabo 30 entrevistas por video llamada a les pobladores del territorio, con la perspectiva de profundizar en el análisis e incorporar la experiencia cotidiana de las personas en la construcción de su hábitat.

Trabajamos en el proyecto de investigación Plataforma por el Derecho a la Ciudad, en la construcción de datos concretos de las condiciones espaciales del AMBA, con la intención de realizar un aporte al registro de la gestión participativa de las trasformaciones en la producción urbana. En ese sentido, nuestro objetivo fue aproximarnos, desde una perspectiva relacional, a comprender algunos aspectos de la desigualdad urbana, enfocándonos en las manifestaciones físicas y sociales que se producen en los espacios de esparcimiento de los territorios de Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas.

Desde el colectivo Proyecto Habitar entendemos que es relevante incorporar la perspectiva integral del hábitat a la formación de les futuros profesionales, estudiantes de arquitectura y urbanismo, otorgándole el lugar central que requiere en las instituciones académicas. Poner en valor las propuestas pedagógicas que reconozcan las dinámicas territoriales, que contemplen la producción social del hábitat y los procesos sociales, para trascender la descontextualización y la formación acrítica que reproduce la injusta desigualdad espacial. Desde las prácticas de formación, es necesario participar activamente en los procesos de transformación urbana con aportes específicos, reflexionando sobre los procesos de manera democrática y situada, trabajando colectivamente en la construcción de herramientas disciplinares para revertir las condiciones desiguales del territorio, hacia el derecho a la ciudad.

La táctica que se vuelve estrategia. Para la arquitectura informal, formación informal

Autor: Julián Salvarredy

 

Este texto pretende reflexionar sobre la necesidad de revertir una sostenida y extendida tendencia a considerar y consolidar como los lugares alternativos, marginales, accesorios a los espacios que las instituciones ofrecen o definen para la formación integral de arquitectos y arquitectas. Lo estructural continúa siendo la formación acrítica de profesionales descontextualizados y técnicamente hábiles para resolver procedimientos sin problematizar sobre su sentido, actores o dinámicas territoriales.

 Se trata de observar lo principal de esta situación, más allá de reconocer complejidades o matices, visibilizar una cuestión estructural, que es la persistencia en el ámbito académico de la opresión de este tipo de perspectivas. Más allá de haber aprendido a reconocer lo que sí se logra y lo que hemos podido construir, proponer una reflexión que pretende aportar a que esa capacidad no termine deformando nuestra acción de un modo que se vuelva absolutamente contradictorio con el propósito que la moviliza.

 

 

La arquitectura en la producción urbana es una perspectiva integral, no es la arquitectura para pobres.

El debate sobre el sentido de nuestras profesiones, no puede ser un debate marginal o deliberadamente empantanado en el ámbito universitario. La perspectiva integral de la arquitectura en la producción urbana registra la existencia de los barrios populares, de la informalidad urbana; es un error suponer que es su objeto de estudio. Por el contrario, la perspectiva relacional de las dinámicas territoriales permite visibilizarla como parte de los espacios en los que se desarrolla la vida, de una producción urbana que requiere de su existencia y define en un contexto desigual su localización, y su capacidad o no de realizar el derecho a la ciudad o la vivienda.

La estructura académica de las universidades públicas tiene en los cogobiernos un valioso ámbito de participación de profesores, graduades y estudiantes. También la proporción y reglas en las que se desenvuelven estos gobiernos, así como sus circuitos administrativos y presupuestarios se consolidan como resortes de quienes en definitiva tienden a reproducir los aspectos estructurales de sus disciplinas.

Los sectores más conservadores del sistema han logrado dominar los hilos del cogobierno de un modo que les permite, en líneas generales, sostener perfiles profesionales dominantes, que formen trabajadores aptos para reproducir lo que las corporaciones de cada disciplina necesita.

En este contexto, es habitual relegar las propuestas que conciben a la arquitectura como parte de una producción urbana que contiene lo formal e informal como una totalidad a lugares marginales como asignaturas no reconocidas, pasantías sociales, prácticas preprofesionales voluntarias, experiencias alternativas, posgrados especializados.

Es profundamente contradictorio hacer del acceso a estos espacios académicos, que se logran como resultado de una injusta relación política, el punto de llegada. Es necesario estar atentos a cuanta energía demanda la burocracia de la marginalidad y nos aleja de los propósitos principales de nuestra acción. De la formación integral de profesionales que promuevan un territorio más justo y democrática.

La arquitectura es en contextos de desigualdad, no debe limitarse a un sector

Pensar que trabajar la cuestión de la desigualdad es un tema es, desde un punto de vista de cualquier racionalidad bienintencionada, un error, y desde quienes pretendemos transformar esa desigualdad, contradictorio. En Latinoamérica, el hábitat autoconstruido, o autogestionado por fuera de las formas hegemónicas, constituye entre el 12 y el 60% del total de nuestras ciudades. Por otra parte, cabe preguntarse, en la ciudad que se autodenomina formal, cuanto de lo diseñado queda para un pensamiento crítico, creativo, y cuanto esta predeterminado por las condiciones formales, estéticas y funcionales del mercado.

Hasta qué punto podemos seguir aceptando la marginalidad los arquitectos y arquitectas que durante muchos años promovemos una reconstrucción crítica de nuestra identidad, del rol que ocupamos en nuestra historia, de la relevancia de repensar la producción arquitectónica y urbana para poder revertir la reproducción sistemática de la desigualdad y la injusticia territorial.

Claramente, frente a la inercia sistemática de un aparato burocrático y poderoso como las grandes universidades nacionales, no se trata de una tarea sencilla, ni exclusiva de las disciplinas. Pero esto no puede ser excusa para aceptar y naturalizar los espacios alternativos que aparecen como lugares marginales en las universidades. Y que, por otra parte, funcionan como la decoración necesaria del escenario democrático.  

La posibilidad de transformar instituciones como la universidad está atada a la posibilidad de promover la transformación del territorio de las organizaciones sociales, populares, territoriales. Desde la acción conjunta se construye tanto el saber, como las articulaciones que promueven crecer en todos los ámbitos.

La enseñanza de la arquitectura debe ser en la producción urbana, no una especialización de posgrado.

 Por otra parte, el sentido de la profesión no es un tema menor, porque en su debate se integran también la forma de organización de los gobiernos de las casas de estudio, y también sus contenidos y métodos. La verdadera heterogeneidad de perfiles podrá ser un primer gran triunfo, pero observado en profundidad, si este desarrollo heterogéneo no alcanza todas las dimensiones de la formación nacerá mutilado. No se trata de un reclamo de cupos, no alcanza con la impronta cuantitativa, no es posible comenzar un debate profundo resignando aspectos relevantes como estos.

La práctica de la arquitectura es social, es urbana, por lo tanto, su comprensión integral no puede ser para les estudiantes una experiencia alternativa, distinta o turística.

En este sentido, la construcción de propuestas, los debates y las acciones, no deben abandonar la centralidad de la formación de grado. Las cátedras feudo, les docentes precarizados, el trabajo voluntario, les estudiantes maltratados, las desigualdades y opresiones de clase y género no son accesorios o males colaterales, son consecuencias necesarias de la reproducción sistemática de profesionales acríticos. Son parte de la domesticación que hace falta para sostener el trabajo alienado que construye una y otra vez territorios injustos. Los contenidos y métodos necesarios para formar profesionales que comprendan la unidad de lo productivo y reproductivo, lo formal e informal, que sean capaces de comprender el entramado de relaciones en el que se desenvuelve la práctica de transformación del espacio.

Arquitectura comunitaria ¿Qué es?

Autor: Julian Salvarredy

Reflexiones en un encuentro latinoamericano por la igualdad y la justicia territorial [1]

 

En ese sentido, es importante retomar algunos hitos del proceso histórico de estos encuentros, que ya van por 10 años, ya que el significado del término arquitectura comunitaria anida, para los que participamos de los distintos Encuentros Latinoamericanos de Arquitectura Comunitaria (ELAC), en el proceso colectivo de construcción conjunta de un espacio regional de unidad y acción transformadora para los profesionales del hábitat.

¿Qué reúne históricamente a les interesades en este encuentro? Nos reúne una voluntad de acción transformadora frente a una realidad desigual e injusta. Nos reúne nuestra identidad, nuestro carácter de trabajadores especializados, de profesionales de la arquitectura y el urbanismo.

Estos encuentros comienzan en el año 2010, con motivo del cumplimiento de la primera década de los arquitectos de la comunidad del Uruguay, las arquitectas de la comunidad de Uruguay tuvieron la feliz idea de organizar en Montevideo el primer Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad. Tenía protagonistas invitades de la región latinoamericana, y también de otros continentes. En aquel momento fuimos invitados como coordinadores de un proyecto de extensión que dirigíamos junto con Eugenia Jaime, y que era el de “Consultorios de Arquitectura de la Comunidad”. Se presentaron allí experiencias diversas, que en su mayoría daban cuenta de procesos y proyectos arquitectónicos en el hábitat popular junto a organizaciones territoriales. Al finalizar el encuentro nuestro equipo propuso promover un segundo ELAC, y que fuera en Buenos Aires. Se debatió en asamblea, se aprobó, y a partir de ese momento nació el II ELAC, y con él los encuentros como un dinámica regional que continúa creciendo.

 


Foto izq: En la escalinata de la Universidad, al finalizar el I ELAC. (2010). Foto dcha: II ELAC. La Plata, 2012. Foto: Miguel Caamaño

 

En esos años se gestó también Proyecto Habitar (PH) como propuesta de ejercicio profesional, promovida por parte del grupo que realizaba aquellos Consultorios como proyecto de extensión, y con otres que se fueron sumando a la iniciativa. Pretendía trascender la actividad académica, continuar en la docencia y la investigación, sin abandonar como objetivo una práctica profesional territorial y colectiva vinculada a estos procesos de lucha social por transformar el hábitat. Para ese entonces el equipo participaba de procesos diversos, que excedían ampliamente el dispositivo de consultorios de arquitectura, abordando todas las escalas y temas de la arquitectura y el urbanismo, pero siempre desde una perspectiva transformadora. Proyecto Habitar ha cumplido también más de una década. En ese sentido, la historia de los ELAC se entrelaza con la de PH en el tiempo.

Continuando con la historia de los ELAC, como modo de reflexionar sobre el sentido de la arquitectura comunitaria, resulta apropiado detenerse un momento en 2012. Se trató de un evento muy importante, que reunió en Buenos Aires y en La Plata, las dos facultades más importantes del país[2], a profesionales de toda la región, y que contó con una presencia masiva de estudiantes.

 

Asamblea del Sábado en La Plata. El pizarrón con el registro de la alternativas que se iban proponiendo. II ELAC 2012. Foto: Miguel Caamaño

 

Uno días antes del II Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad, llega al comité organizador el aviso de que el término “arquitectos de la comunidad” no podía ser utilizado. La persona que lo había registrado comercialmente afirmaba que sólo podían utilizarlo los que seguían su método, intimando a cambiar el nombre del encuentro. Luego de un ardua negociación, el acuerdo fue a favor de una medida intermedia, que daba una oportunidad a la reconstrucción colectiva. Aquel segundo encuentro podía ser llamado de “Arquitectos de la Comunidad”, pero en la asamblea de cierre, debía tratarse el cambio de nombre. Así fue como, en el segundo ELAC, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, en una histórica asamblea de 300 estudiantes y profesionales, y luego de un debate encendido, consensuamos que la convocatoria para el III ELAC sería al tercer Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria.

Así nació el concepto “Arquitectura Comunitaria” que reúne estos encuentros. Fue un ejercicio de debate epistemológico en el que todos aportaban desde sus trayectorias y perspectivas. Se resolvió como un modo de superar debates menores, quizás mezquinos, a favor de construcciones amplias, democráticas y colectivas. Entre los argumentos que se presentaron, quedaba claro que no se trataba de un método, ni era propiedad de nadie. Que el carácter comunitario de la arquitectura era un modo de calificar un proceso social, colectivo, que admitía incluso procesos interdisciplinarios e intersectoriales. No se buscaba recortar, sino ampliar, en el mismo camino de unidad y acción transformadora que promovía el encuentro.

Desde aquel encuentro de 2012, se intercalaron en Argentina también Encuentros Nacionales. Así fue como, con un gran esfuerzo militante de diversos grupos del país y la región, pudieron realizarse el ENAC 2013 en Tucumán (Arg.), el ELAC 2014 en Caracas (Ven.), el ENAC 2015 en Chaco (Arg.), ENAC 2017 en Santa Fe (Arg.), el ELAC 2018 en La Plata (Arg.), y el ENAC 2019 en Buenos Aires (Arg.).

 

 

De izq a dcha: Tucuman 2013, Caracas 2014, Chaco 2015, Rosario 2017

 

¿Por qué es necesario el registro de esta historia? Porque es central para orientar el debate sobre el sentido del término conocer en qué proceso y desde que perspectiva entendemos la noción de arquitectura comunitaria.

Arquitectura comunitaria es un concepto que concentra un proceso de construcción colectiva de una perspectiva integral de la arquitectura, de la práctica y la teoría arquitectónica comprendida como parte de los procesos de transformación territorial, que desde una noción situada pretende direccionar su acción a favor de un territorio más justo y democrático. A partir de este acuerdo sentido, que es una propuesta de unidad y acción transformadora, el carácter de los retos no encuentra límites temáticos, sino políticos, porque es necesario reconstruir el sentido de nuestra profesión, y con el carácter los métodos y contenidos de nuestra formación en su conjunto.

Desde este punto de vista, es una definición de sentido social, por lo tanto, es una definición de las características del trabajo, que impacta en la teoría. En el mismo sentido, es determinante de los objetivos, contenidos, recursos y actividades de la formación.

Arquitectura comunitaria puede ser una especialidad, desde el punto de vista que fue gestada en los ELAC no es solo eso. Porque no incide sobre un aspecto del trabajo de les arquitectes sino sobre la totalidad de los trabajos. En el mismo sentido, puede ser un tema, ser un perfil, desde nuestro punto de vista no es solo eso.  Porque no hay un tema de la práctica arquitectónica que pueda prescindir del conocimiento y el compromiso que surge de la conciencia del contexto injusto y desigual en el que se produce la transformación del espacio arquitectónico y urbano.

El debate y los desafíos de la arquitectura comunitaria son también integrales. Es el debate sobre la transformación que debe producirse en nuestro territorio y que profesionales requiere. Sobre la necesidad de comprender el carácter relacional de los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos, en los que el sistema social-económico-productivo determina la configuración territorial y urbana, y que a la vez en un proceso dialectico, complejo, continuo, es incidido por esta. Los encuentros que promueven el debate sobre la arquitectura comunitaria se han propuesto históricamente, en definitiva, promover la formación y el desarrollo profesional en condiciones dignas de profesionales capaces de aportar en el sitio y el tiempo que les toca las transformaciones territoriales necesarias, que comprendan el modo de alcanzar proyectos y procesos democráticos que construyan una ciudad más justa e igualitaria.

 

 

[1] Este texto fue preparado para un conversatorio en el contexto de una serie de encuentros, de valiosos espacios de dialogo en vistas al V Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria – MEXICO 2021. Se propone en esta oportunidad trabajar sobre los “retos para los centros universitarios” como parte de los dilemas que nos presenta esta pandemia, como un modo de caminar en conjunto rumbo al V Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria. Los diálogos anteriores han presentado la relevancia de trabajar sobre los horizontes epistemológicos de la arquitectura comunitaria, y es importante retomar esta noción para poder identificar con certeza los retos que nos presenta la actualidad en la formación de profesionales del hábitat.

[2] Puede encontrarse la nota que resume la jornada de cierre en: https://www.facebook.com/notes/proyecto-habitar/encuentro-latinoamericano-de-arquitectos-elac-2012-jornada-de-cierre-primer-borr/403784916369151

Frente al desalojo de las familias del Barrio Ferroviario

Autores: Proyecto Habitar

 

Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos, atendiendo la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del Barrio Ferroviario, después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado acciona por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que es parte de una “zona de operaciones”. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos diez años sin afectar el normal desarrollo del servicio.

El Barrio Ferroviario es uno de los 4416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad, y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo.

En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los desalojados, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales, vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y algunos movimiento sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días, sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente.

Durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de trenes argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia: por ejemplo, que muevan sus casillas de lugar, o que achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado, visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias.

Desde Proyecto Habitar vivimos de cerca este proceso, ya que desde mayo empezamos a concurrir al barrio Ferroviario, para asesorar a las 42 familias que conforman el barrio “Victoria”, como es conocido por sus pobladores, en el proceso de urbanización. Urbanizar el barrio es urgente, la falta de acceso a la red de agua y a las redes de saneamiento en el contexto de Covid-19 constituye una cuestión fundamental para toda la población.

A mediados de julio, las familias del barrio “Victoria” frentistas a unas vías del ferrocarril que se encuentran en desuso, paralelas al muro que divide el barrio con el área de funcionamiento del ramal que va hacia Capilla del Señor, comenzaron a recibir visitas de operarios y miembros del sindicato del ferrocarril quienes, según los decires de la población, manifestaban que iban a levantar un muro frente a sus casas, en el único espacio de esparcimiento del barrio, dejando sólo un pasillo mínimo para circular. Frente a esta transformación urbana que afectaría la vida cotidiana de las familias, asesorando desde lo jurídico y técnico, buscamos la manera de conocer quienes estaban detrás de estas directivas. Era desconocido para los pobladores -ningún responsable presente nos supo confirmar- quien estaba a cargo de la administración, podía ser ADIFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o el ABB.

Estas familias ya habían sufrido un proceso de intimidación y hostigamiento muy violento en 2018, cuando se radicaron en estos terrenos, hecho que se cristalizó en acciones legales hacia ellos.

En aquel momento se llevó adelante una causa en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de San Isidro (101931/18) y quedo en suspenso con la ley de Régimen de Regularización dominial para la Integración Socio Urbana y la obtención de los certificados que proveía esta ley.

El día 28 de agosto nos volvimos a reunir en asamblea para seguir desarrollando las acciones de la mesa de urbanización. Los pobladores pusieron sobre la mesa la situación por la que estaban pasando. La toma que se había efectuado el día 23 provocó que gendarmería se instalará en el predio, anulando uno de los dos accesos, bloqueando el ingreso para el abastecimiento diario y la mejora de las viviendas, la posibilidad de transitar libremente hacia la estación Victoria por el camino paralelo a las vías y, sobre todo, generando una situación de incertidumbre e inseguridad que atravesó a todes. A esta misma asamblea se acercaron representantes de las familias que estaban en la toma, nos contaron la situación de desamparo que atravesaban, que el único contacto que tenían era con la policía, que les pedían sus documentos constantemente. A partir de esto y con el consentimiento de las familias que estaban allí, nos propusimos acercarnos a la toma nueva. No pudimos ver la situación en la que estaban las familias hasta el día lunes, cuando ingresamos a la zona y observamos que las casillas habían sido movidas de lugar. Entre ellas, la casilla de un poblador que tenía ya varios años en el lugar, y fue desarmada para reubicar, argumentando la necesidad de la construcción de un muro. Según el coordinador de seguridad está situación era transitoria, hasta que resolvieran la situación. Hasta este momento, creíamos que lo que se esperaba era el acuerdo entre las autoridades públicas y la administración del ferrocarril, ya que la jueza Arroyo Salgado había presentado un edicto donde instó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para arbitrar una salida “evitando la judicialización de cuestiones que corresponde al ámbito político”.

Finalmente, se desalojaron no solo a las familias q hicieron la toma, sino a las que se localizaba cerca del predio. No sé respetó el protocolo de desalojo, se actuó durante la noche, se violentó la salida de la gente de su vivienda, y el Coordinador de Seguridad Patrimonial de la empresa se niega a darnos respuesta sobre la actuación realizada.

En síntesis, han sido vulnerados los derechos de los pobladores. Contrariamente a lo que se ha querido instalar en algunos medios, ninguna de las casas construidas por los pobladores del barrio afecta el funcionamiento del ferrocarril, han sido expulsados a pesar de que los desalojos actualmente están prohibidos por el contexto de la pandemia, y más aún en este caso, ya que este barrio está dentro de los que el RENABAP dispone a urbanizar por Ley nacional.

 

 

 

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN CAMPO UNAMUNO

Autora: Maite Niborski

 

Esta semana reiniciamos junto con la cooperativa de Campo Unamuno y la federación de cooperativas del movimiento evita, las obras de 32 mejoramientos habitacionales en distintos barrios de Campo Unamuno, Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
En estos tiempos de cuarentena y aislamiento social fueron paralizadas, al mismo tiempo que se hizo visible la necesidad histórica del acceso a una vivienda saludable.
Estas obras son producto de varios años de lucha de sus pobladores, proceso que acompañamos desde el 2016, y que tiene el sentido de mejorar la calidad de los espacios de la vivienda para la vida cotidiana.

La mesa de trabajo de Campo Unamuno se gestó en el año 2012 por la preocupación de referentes de los distintos barrios que conforman Campo Unamuno para mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar donde viven[1]. Con apoyo de la Defensoría General de la Nacion y la organización barrial consolidaron la mesa, instrumento que les permitiría tener representatividad de las demandas sociales del territorio en el municipio, a través de la causa Mendoza. Demandas en relación a la contaminación del suelo y del agua, de la necesidad de acceso a los servicios básicos de electricidad, cloacas, agua para consumo humano, gas y tratamiento de los residuos solidos urbanos, así como mejorar las condiciones de las viviendas.

En 2010 a partir de la causa mendoza, se firmó el Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo[2], a ejecutarse en etapas. Para Campo Unamuno se resolvió la producción de 217 mejoramientos habitacionales. A estos fines, se conformó la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno, con la idea de que los propios vecinos del barrio sean quienes produzcan las mejoras. Y se inició un proceso de gestión para retomar las obras, que nos encontró con la organización. Desde hace 4 años Proyecto Habitar y representantes barriales que conforman la mesa de trabajo y la cooperativa de trabajo de Campo Unamuno, trabajamos de forma conjunta para llevar adelante las obras de mejoramiento habitacional en los barrios D.A.M., 3 de enero, Libertad, 1° de Octubre y 2 de Mayo.

Desde el 2016 a la actualidad, trabajamos en distintos convenios por un total de 139 mejoramientos de viviendas, de las cuales 28 fueron terminadas, 15 están en obra actualmente, 2 quedaron frenadas, y 94 aún no están iniciadas. De los 4 convenios celebrados para las obras, 3 se encuentran paralizados por falta de pago de los organismos responsables, y el cuarto reinicia esta semana con escasos recursos y desembolsos inciertos, que dificultan su proyección. En el tiempo que llevan los trámites que suceden a las distintas oficinas estatales, entre relevamiento, proyecto, presupuesto, pliego, licitación y firma del convenio; y finalmente desembolso y comienzo de obra, se ha transformado la realidad económica del país con su consecuente impacto en los costos de la construcción y en la necesidad de les pobladores para mejorar su hábitat. ¿Cómo inciden los tiempos y las demoras en los pagos sobre la aplicación de los programas de mejoramiento habitacional en el territorio?

 Cuando se firmó el convenio en 2016,  el valor del m2 de obra rondaba los $13.000, el valor del dólar estaba a 15 pesos, lo que daba un valor de $400.000 para hacer la mejora. El convenio estuvo inactivo hasta 2019, donde se dispusieron los recursos para iniciar. En ese entonces, el valor de obra había pasado a $30.000 /m2, el valor del dólar había aumentado a $45, y el monto del convenio se mantuvo invariable; lo que provocó que los mismos $400.000 sirvieran para hacer una obra que contemplara las condiciones sociales de las familias, la mano de obra, los materiales, las herramientas y el trabajo profesional. El costo de los materiales y herramientas no se pudo sortear; esto implicó una restricción en la posibilidad de transformar materialmente el espacio para les pobladores, así como la precarización del trabajo de la cooperativa y del equipo técnico. Precarización que se visibiliza en las remuneraciones de quienes trabajamos, pero también en las condiciones en las que se desarrolla la práctica; dificultando el acceso a insumos básicos de oficina, movilidad, víveres; elementos de seguridad e higiene, y herramientas que mejoren la producción.[3]

A la vez implicó tomar decisiones sobre lo prioritario, en un contexto de urgencia. Construir más metros cuadrados y relegar las terminaciones en los casos de hacinamiento crítico, construir menos metros, priorizando condiciones de confort térmico e hidrófugo en casos de deficiencias pulmonares crónicas, entre otras. Una reducción de las transformaciones posibles, que no terminan de dar respuesta al déficit habitacional.

Esta situación se agravó con la inestabilidad en los pagos por parte de los organismos. Debíamos certificar acorde al plan de trabajos mensualmente, pero los pagos de cada certificado a la cooperativa se realizaban cada tres meses, situación que nos demandó proyectar una obra que permitiera estirar los recursos de un mes en 3 meses, y que se sostuvo hasta que debimos paralizar las obras por falta de pago.

El aporte del acompañamiento técnico en este sentido resulta fundamental para hacer valer los escasos recursos. Radica en el trabajo sostenido para ajustar las posibilidades de materialización a las condiciones dinámicas de la realidad, producto de los retrasos en los pagos que disponen los plazos de la burocracia, y las necesidades variantes de la población. Requiere un trabajo sostenido, porque demanda resoluciones provisorias, ajustes en los programas y planificaciones, situar los proyectos a las necesidades actuales de les pobladores, y a las posibilidades materiales de transformación.

En Argentina 12.000.000 de personas habitan en viviendas inadecuadas, de los cuales el mayor porcentaje consiste en viviendas recuperables. Los programas de mejoramientos habitacionales son necesarios y valiosos, en tanto posibilitan el rescate de lo producido social y espacialmente por les pobladores; y dan respuesta a mejorar las condiciones de precariedad material de la vida cotidiana. Contemplar el impacto del tiempo, en la desvalorización del recurso estatal dispuesto y su relación con la posibilidad de acción en el territorio, es necesario para ir hacia programas más dinámicos; con el sentido de que los recursos que se disponen, estatales y también sociales, se reflejen en un resultado en la mejora de las viviendas para la población.

 

[1]El asentamiento denominado “Campo Unamuno” se sitúa en el Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en el extremo noreste de ese distrito, delimitado por el arroyo Unamuno, el Camino de la Ribera, la calle Hornos y la calle Chivilcoy. Se encuentra a su vez, dividido en nueve barrios: “Libre Amanecer”, “Soledad”, “La Lonja”, “1o de Octubre”, “Diego Armando Maradona”, “3 de Enero”, “17 de Marzo”, “2 de Mayo” y “Libertad», con una población, aproximada de 7.000 familias. Fuente: https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/231-equipo-de-trabajo-rio-matanza-riachuelo-wp/1743-campo-unamuno

https://auno.org.ar/vecinos-de-villa-fiorito-en-lucha-por-la-urbanizac/

[2] El Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo determina dar respuesta a 17.771 soluciones habitacionales en barrios populares de los 14 municipios de la cuenca, de las cuales se entregaron 3.725 (el 20% en 10 años), y 6.000 obras figuran iniciadas.

[3] Para ampliar sobre las condiciones del ejercicio profesional en el hábitat popular, se recomienda la exposición de Ricardo de Francesco en la mesa de Diálogos Urbanos, Ciudad Pendiente capitulo 3, organizada por el Colegio de Arquitectos de Rosario. Link: https://www.youtube.com/watch?v=HM7Qvc6yST8

 

Una Esperanza que no es espera. Barrios populares en Campana.

Autoras: Gabriela Torrents, Mariana Aleksandrowicz 

 

La semana pasada recorrimos junto a integrantes de la organización Vecinos Autoconvocados de Campana y a pobladores de distintos barrios populares el asentamiento La Facera, el barrio Los Pioneros y el Asentamiento La Esperanza, localizados en este municipio, con el fin de conocer los problemas habitacionales que atraviesan y emprender un proceso de acompañamiento desde la Asesoría Urbana de Proyecto Habitar.

En el asentamiento La Esperanza, viven alrededor de 70 familias. Se encuentra localizado en una barranca de la reserva Ciervo de los Pantanos, bajo la Administración de Parques Nacionales. Las vecinas de este barrio, cuyo perímetro está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), identifican que la basura es uno de los problemas más urgentes a resolver, hasta el momento ha provocado serios problemas de salud a sus habitantes. Sin servicio de recolección y con calles de tierra muy deterioradas, aspecto que dificulta trasladar los residuos al único contenedor ubicado en la entrada del barrio, muches pobladores optan por tirar o quemar los desechos en la barranca. En otro orden, este barrio se encuentra próximo a la zona de amortiguamiento denominada Tajiber, que ha sufrido un cambio de zonificación de zona rural a zona industrial, admitiendo la instalación de industrias de 3° categoría, lo que posibilita que se instalen industrias altamente contaminantes, afectando aún más el hábitat de les pobladores de La Esperanza [1] y otros barrios populares localizados en esta zona.

Existen en Campana 12 barrios que han sido relevados en 2017 por el Registro Nacional de Barrios Populares, donde habita alrededor del 15% de la población actual[2] del municipio. Habitan con las dificultades propias de quienes no pueden acceder al agua potable, a redes de saneamiento, a redes de electricidad seguras. Con viviendas sin terminar que no cuentan con iluminación y ventilación adecuada, en barrios donde el tratamiento para los residuos sólidos urbanos es inexistente. Desde Proyecto Habitar nos incorporamos a un proceso de trabajo preexistente, en el que acompañaremos a las pobladoras del Barrio La Esperanza en su lucha por el saneamiento del barrio, como una primera aproximación a la problemática en un municipio donde el problema del acceso al hábitat transciende a estos 12 barrios registrados. Privilegiando el protagonismo popular, tomando los problemas vinculados al hábitat y al ambiente de forma situada, para aproximarnos a proyectos barriales apropiados y sostenibles.

 

 

[1] Para ampliar sobre este tema: https://lac.wetlands.org/noticia/ongs-rechazan-la-rezonificacion-de-la-zona-de-amortiguamiento-del-parque-nacional-ciervo-de-los-pantanos-en-campana/

[2] Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en Campana hay 3185 familias en barrios populares, sobre una población total de 86860 habitantes.   

 

Impactos del COVID-19 en el barrio Ferroviario, “La Victoria” de San Fernando.

Autora: Ma. Eugenia Jaime

 

Hace más de dos años un grupo de familias ocupó tierras del barrio Ferroviario, dando origen a una nueva urbanización “La Victoria” de San Fernando (ver video).

Ocupa una franja de tierra de 1 ha (una), lindera a las vías del ferrocarril General Mitre. La población que allí habita, presenta grandes dificultades para acceder a los servicios públicos de infraestructura de agua, electricidad y cloaca y un alto porcentaje de desocupación o de ocupación informal. 

La Victoria, como lo llaman sus pobladores está dentro del perímetro identificado con el nombre Ferroviario en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), declarado de interés público por la Ley Nacional 27.453. Detrás de un largo muro se encuentran dos portones que las 140 personas que conforman el barrio tienen que atravesar para llegar a sus hogares.

El servicio eléctrico, es precario, una manzana se sirve de un poste de alumbrado que se ubica a más de 300 metros y la otra está servida por una extensión acoplada a un antiguo tendido, que se ubica dentro del predio. No posee medidores individuales y sufre cortes y caídas de tensión. Con respecto a la red de agua potable, tienen una extensión precaria que se sirve del agua de un tanque ferroviario, pero no es apta para beber.

La calidad de los senderos es regular y la débil conexión con la calle no permite el acceso de camiones de recolección de residuos. Se incrementa la dificultad de transitarlos cuando la caminata es con botellas y bidones de agua que tienen que cargar en una canilla del otro lado del muro para acceder al agua. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de energía para la calefacción y cocción de alimentos. La red de gas es inexistente, hecho que provoca la utilización de gas envasado en garrafas de 10kg y, en algunos casos, el uso de leña.

Dentro del barrio existen algunas instituciones, tales como el Comedor y Merendero “La Victoria” y la iglesia “Ministerio internacional Luz en Victoria”. Con respecto a los a establecimientos escolares de nivel inicial, primario y secundario, estos existen en las inmediaciones del barrio (menos de 1km); lo mismo sucede con las infraestructuras para la salud. 

Los cuidados frente al Covid, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. En un comienzo era difícil conseguir que los niños se queden en sus casas. En dos oportunidades el municipio llevo botellas de agua un bidón de lavandina para cada familia.

La falta de agua potable se convirtió en un obstáculo y no contaron con asistencia municipal para el abastecimiento ni para la prevención. Hubo al menos dos casos positivos que no consiguieron ser asistidos en sus domicilios. El tratamiento y la prevención estuvo a cargo de cada familia a través del uso del barbijo y alcohol en gel.

Las familias quedaron en su mayoría desempleadas, en parte por la alta tasa de empleo informal. Quienes trabajaban formalmente primero fueron suspendidos y luego despedidos.

Los préstamos, las ollas populares, los merenderos, y en algunos casos las salidas de cartoneo palearon la situación. Hubo también ayuda de personas sin fines de lucro que llevaron bandejas de comida, ropa, etc.

Quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia se vieron favorecidos. Algunas familias pudieron comprar material para mejorar sus casas que estaban muy deterioradas, otras compraron mercadería.

La crisis sanitaria sumada a la crisis urbana-habitacional esta golpeando fuertemente a las familias del conurbano quienes están recibiendo en su cuerpo el castigo por una desigualdad estructural que necesita urgente políticas redistributivas, tanto económicas, como de suelo urbano.

 

Promotoras de Hábitat Saludable en acción

Autora: Clara Mansueto – Colaboradoras: Ana Burgos, Cecilia Maggi y Victoria Mansilla

 

Pese al aislamiento, se consolida el equipo de Promotoras de Hábitat Saludable de Ciudad Evita que continúa trabajando mediante talleres virtuales. Se trata de un proyecto de formación popular que forma parte de los instrumentos de inserción territorial desarrollados por Proyecto Habitar para abordar el acceso al hábitat saludable de manera universal (ver más). El programa se comprende dentro de las acciones de Atención Primaria de Hábitat que Proyecto Habitar viene desarrollando hace 10 años como prueba piloto de un Sistema Público de Atención al derecho al hábitat y a la ciudad (ver más).

En este contexto se trabajó en el registro de “voces de la vida cotidiana” que expresan los problemas que transitan cotidianamente las mujeres en particular y les pobladores de los barrios populares en general. Esta propuesta tiene por objetivo abrir la discusión sobre el hábitat saludable y encontrarse con otros pobladores para abordar colectivamente las inquietudes que los atraviesa cotidianamente.

Los relatos cuentan conflictos asociados a la distribución del espacio, al peso del alquiler en la economía familiar, la calidad de los servicios básicos, el aumento en el consumo y en el costo del servicio de comunicación, y los acuerdos y desacuerdos que forman parte de la dinámica social para desarrollar las actividades de manera saludable. Exponemos en esta oportunidad algunos resultados alcanzados:

 

 

 

¡QUE SEA LEY! Por el Acompañamiento Técnico-Profesional y Público

Autor: Ricardo De Francesco

 

El trabajo sostenido que realizan pobladores y organizaciones para autoproducir su hábitat no está socialmente reconocido como tal, a pesar de representar una actividad que ocupa a millones de personas, moviliza múltiples recursos y transforma el territorio[1]. Con las prácticas que desarrollamos les profesionales y técnicos acompañando estos procesos pasa algo similar, no se reconocen como trabajo[2].

Este modelo injusto de construcción social, que se sustenta con el trabajo oculto e invisibilizado, es una de las manifestaciones de la desigualdad del proceso de producción de nuestras ciudades. Como arquitectes, la revisión crítica de estas omisiones nos moviliza a pensar constantemente cómo desarrollar procesos hacia la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan como parte de sus objetivos el acompañamiento técnico-profesional.

Parados sobre estas preocupaciones, desde Proyecto Habitar y en conjunto con otras organizaciones profesionales, académicas y sociales, promovimos la creación de una Comisión de Acompañamiento-Técnico en el colectivo HABITAR Argentina[3], desde la cuál elaboramos un Proyecto de Ley Nacional de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público.

Esta propuesta se inscribe dentro de un debate sostenido durante años, por múltiples actores en distintos ámbitos: encuentros y prácticas académicas en universidades de todo el país; jornadas legislativas; mesas barriales; consejos de hábitat; encuentros de equipos técnicos y debates en instituciones profesionales.

También retoma las experiencias de aprobación legislativa en nuestra región, como el caso de la Ley de Asistencia Técnica Federal de Brasil (2008), y en el ámbito local, la Ley Provincial de Asistencia Técnica de Santa Fe (2019).

El proyecto reúne estas contribuciones y amplía la mirada sobre la cuestión. El acompañamiento técnico-profesional se reconoce tanto en la producción de proyectos y obras, como así también en las múltiples dimensiones que inciden en la vida cotidiana. Asimismo, complementa los saberes populares con el aporte de los diversos actores y disciplinas que participan en la transformación del hábitat. Estas nociones se incluyen en los principios rectores de la ley.

Otro aspecto sustantivo del proyecto es el reconocimiento del trabajo sostenido de técnicos y profesionales en el territorio, que posibilite relaciones de proximidad con la población, servicio orientado a promover un Sistema Integral de Atención Primaria de Hábitat (Jaime; Salvarredy, 2011) donde les pobladores puedan recurrir para abordar sus problemas habitacionales, más allá de que exista en ese territorio la aplicación de políticas públicas de hábitat.

Hoy, y en medio de la emergencia sanitaria, se hicieron socialmente visible los problemas habitacionales y urbanos con los que convivía la población previamente, y que a pesar de todos los esfuerzos sociales y políticas públicas implementadas resulta muy complejo contrarrestar en tan poco tiempo. Principalmente porque estos problemas son el resultado de un proceso histórico de implementación sistémica de políticas urbanas que produce la exclusión de la población al derecho a la vivienda y a la ciudad.

En este contexto, entendemos que el proyecto de ley, asociado a las políticas de hábitat, puede aportar a contrarrestar progresivamente esta situación. Actualmente, estamos trabajando con legisladores y asesores de diferentes bloques para que el proyecto pueda ingresarse al Congreso Nacional, con la perspectiva que se convierta en ley. Y de esa manera, institucionalizar que el conjunto de la sociedad, y especialmente los sectores populares, puedan acceder al acompañamiento técnico-profesional. Y que a su vez, este acompañamiento represente un trabajo sostenido y remunerado para les profesionales y técnicos del hábitat.  

Sabemos que es una tarea difícil. Reunamos los esfuerzos y el trabajo para avanzar en el acceso universal al conocimiento técnico-profesional, como un componente significativo para promover el derecho al suelo, a la vivienda y a la ciudad.

 

 

[1] De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2017), en Argentina hay mas de 4 millones de personas que habitan en barrios populares.

[2] Según un estudio realizado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (2013) en Argentina hay alrededor de 100.000 arquitectes activos, de los cuáles el 60% está matriculado. El 40% restante trabaja en relación de dependencia (en entidades gubernamentales o empresas privadas) o realiza actividades por fuera del mercado formal.

[3] Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat http://www.habitarargentina.org.ar/

No al Muro, SI a la Urbanización

Autores: Eugenia Jaime;  Gastón Janza; Gabriela Torrents

 

Tras un poco más de 2 meses del inicio del proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando, y luego de experimentar un continuo intercambio semipresencial, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y tener la primera asamblea barrial.

Participaron alrededor de 20 familias de las 42 conforman la manzana tres y cuatro. Además, participaron otros actores que forman parte del proceso de gestión social del hábitat desde lo jurídico, lo cultural y lo urbano-habitacional. El objetivo de la asamblea fue construir conjuntamente un estado de situación frente a la problemática del acceso a la vivienda y al hábitat en el contexto del Covid.

Los problemas que señalaron les pobladores fueron, la falta de agua potable, la conexión eléctrica deficitaria y los peligros de incendio y corte de luz, la necesidad de cloacas, veredas, e infraestructura para la separación de residuos. En particular relataron las amenazas que enfrentan del personal del Ferrocarril, quienes quieren construir un muro que los dejarían con un pasillo, sin luz, sin posibilidad de entradas de vehículos ni ambulancias, sin espacio de esparcimiento. Esta calle, paralela a la reja de las vías del ferrocarril hoy es un espacio de intercambio, circulación, protección y seguridad para mujeres y niños, una calle peatonal, de transito lento que comunica la estación de Ferrocarril Victoria con la avenida Sobremonte.

El intercambió tendió un puente para problematizar las situaciones relatadas e identificar que el interés que los reúne a cada une es la mejora del barrio, en su totalidad, el cuidado de los bienes comunes y el derecho a acceder a un hábitat justo. El encuentro fue una gran oportunidad para escuchar a les habitantes y las problemáticas cotidianas individuales y colectivas, desde una perspectiva de acceso a los derechos urbanos.

En primer lugar, la asamblea permitió acordar en la urgencia de resistir al cierre de la calle de las Vías para cuidar el espacio de todes. En segundo lugar, se constituyó en una piedra angular para la creación de una mesa de urbanización que reúna los intereses de cada manzana, de cada familia, de cada institución que trabaja cotidianamente en la construcción social del barrio.  Un espacio para poder seguir dialogando, trabajando y proyectando.

De esta forma, pobladores y trabajadores del hábitat seguimos en camino para promover una transformación urbana que aproxime aquello que tanto sueñan como Barrio Ferroviario.

ORGANIZACIÓN SEXUAL DEL TRABAJO. Consecuencias en las condiciones de existencia.

Autoras: Ma. Eugenia Jaime, marieugeniajaime@gmail.com; Victoria Mansilla, victoria.e.mansilla@hotmail.com; Lisandry Ruiz Diaz, lisandry1901@gmail.com; Maite Ugalde, maiteayelenugalde@gmail.com

 

Como hemos desarrollado en otros escritos de Proyecto Habitar, los roles asignados a cada género son una construcción social, y como tales nos corresponde a todos/as/es trabajar para desnaturalizar las relaciones desiguales de existencia a la hora de apropiarnos del mundo que nos rodea. La división del trabajo por sexos por tanto caracteriza la distribución de los trabajos productivos y reproductivos sentando las bases de la persistencia de las desigualdades de género.

En América Latina, en las grandes áreas urbanas el salario de una mujer representa el 84% del salario promedio de un varón. Esto está relacionado a la cantidad de horas que pueden dedicar las mujeres al trabajo remunerado, en promedio las latinoamericanas dedican 40 horas semanales al trabajo fuera del hogar, mientras que los varones 48 horas semanales. En países como Guatemala, esta cifra aumenta, ya que las mujeres dedican el 86% del tiempo a tareas no remuneradas, es decir, reproductivas.

En Argentina, las mujeres dedican al trabajo remunerado 35 horas semanales en promedio, contra 45 horas que dedican los varones. En este sentido, las provincias que representan mayor brecha salarial de género son: Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Chubut, donde la diferencia salarial alcanza hasta un 35%.

El 94,1% de las mujeres económicamente activas en Argentina, realizan las tareas de cuidado de los niños, mientras que sólo el 64,1% de varones cumplen con las mismas tareas, es decir, solo seis de cada diez varones realizan las tareas de cuidado.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires y CABA, la distribución de las tareas no remuneradas es similar al contexto nacional. En el caso de las tareas de limpieza y cuidado de la casa, sólo cinco de cada diez varones las realizan, contra nueve de cada diez mujeres. En el caso de cuidado de personas, tres de cada diez mujeres lo llevan a cabo y solo uno de cada diez varones lo realizan. En ese marco, las tareas no remuneradas como el cuidado de niños/as/es y adultos/as/es mayores no son valoradas social y económica y mayormente están vinculadas con la informalidad.

El 40% de las mujeres económicamente activas en el país, están desempleadas o trabajan en el sector informal, esto se traduce a casi 3 millones de mujeres participando en el mercado laboral de manera precaria. La división sexual del trabajo impacta de manera desigual en los géneros, ya que al asignarles a las mujeres las tareas reproductivas del hogar quedan limitadas a acceder a trabajos remunerados que sean acoplables con las actividades hogareñas. Aunque en todo el país se puede percibir las desigualdades entre mujeres y varones en el acceso al mercado laboral, es en los aglomerados más pequeños que esta brecha se extiende aún más.

La desocupación laboral afecta mayormente a las mujeres que, a los varones, no importa el nivel educativo ni las condiciones sociales, en este sentido, el tiempo de desocupación suele ser mayor en el caso de las mujeres, esto se debe a los roles asignados socialmente a ambos en el hogar y fuera de ella. En relación con esto, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico, representa el 21% de las asalariadas y cuenta con los mayores niveles de precarización laboral y bajos salarios. Es decir, de alguna manera las mujeres están condicionadas a reproducir fuera del hogar las tareas asignadas socialmente.

La participación en puestos de decisión es discriminada entre mujeres y varones, en los casos en los que las mujeres logran acceder a puestos jerárquicos, en general son gerencias de menor remuneración como por ejemplo recursos humanos o administrativos, en contraposición con los varones que acceden a gerencias financieras o productivas, con mejores remuneraciones. Esta brecha se percibe con claridad en el ámbito de la construcción, donde las mujeres solo ocupan el 15% de los puestos de dirección y los varones el 85%.

En el ámbito universitario, teniendo en cuenta que hay 66 universidades nacionales, solo siete tienen rectora mujer. Visto que el último censo (2010), en el que se registra que por primera vez en la historia hay más mujeres graduadas que varones, ¿por qué las mujeres siguen siendo minoría en ámbitos de decisión?

La grieta no es solo en el acceso al trabajo remunerado sino también en el sueldo que perciben mujeres y varones, las mujeres en Argentina ganan 27% menos que los varones teniendo en cuenta datos brindados por el Banco Central de la República Argentina, esto está relacionado con el tiempo que disponen las mujeres para realizar trabajos remunerados, el 79% del tiempo lo dedican a tareas reproductivas.

En este sentido, la brecha se traduce en el acceso a créditos que requieren mayores garantías y los plazos son más largos, como pueden ser las hipotecas, donde los varones acceden casi el doble que las mujeres, es decir, por cada dos varones accede una sola mujer a los créditos.

Reflexiones finales

Todas estas desigualdades económicas y sociales afectan al desenvolvimiento e independencia de las mujeres y a su vez impiden la construcción de ciudades más equitativas. En este sentido, quedan reflejadas las restricciones que tienen las mujeres para desarrollarse social y económicamente. Esto se traduce en el acceso al suelo, la vivienda y la ciudad. Si las mujeres acceden a trabajos precarizados, poco remunerados y no pueden acceder a créditos, ¿a qué tipo de vivienda pueden acceder? Si el trabajo es el generador principal de movilidad social de las sociedades modernas, es también donde debemos reconocer las principales barreras y transformarlas para generar ciudades más equitativas para todos/as/es.

La lógica mercantil que prima en la posibilidad de acceso a los derechos, y la desigualdad de géneros que padecen las mujeres, condicionan las posibilidades de acceso a servicios básicos de saneamiento, luz, gas y agua, el contemplar espacios para vivir, adecuados a las necesidades de las personas, con una correcta ventilación, con buena aislación térmica y no solo como un techo sobre nuestras cabezas. El acceso a servicios de salud pública en las cercanías, y elementos que faciliten la movilidad son algunos de las cuestiones que consideramos cuando hablamos de derecho a la vivienda y la ciudad.

 

 

 

Referencias bibliográficas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ctio_documentodetrabajo.pdf

https://www.pagina12.com.ar/128936-la-brecha-salarial-de-genero

https://www.ambito.com/economia/igualdad-genero/en-america-latina-4-cada-10-trabajadores-son-mujeres-brecha-salarial-es-22-n5019601

https://blogs.iadb.org/igualdad/es/mujeres-enfrentan-mayores-riesgos-ante-coronavirus/

https://es.statista.com/grafico/17227/numero-de-horas-de-trabajode-hombres-y-mujeres/

http://www.bcra.gov.ar/Noticias/8M-Mujeresybrechaeconomica.asp#:~:text=Brecha%20en%20el%20acceso%20al,como%20pr%C3%A9stamos%20prendarios%20e%20hipotecarios.&text=1%25%20de%20varones%20y%20en,de%201%25%20de%20mujeres%20vs.

Barrio Ferroviario, entre la autogestión barrial y las políticas urbanas en barrios populares

Autoras: Ma. Eugenia Jaime, Ma. Gabriela Torrents
Colaborador: Gaston Janza

 

Hace 2 meses, en Proyecto Habitar iniciamos un proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando. Este barrio se conformó a partir de una nueva toma de tierras en el año 2019, momento en el que las primeras 10 familias de habitantes se organizaron en una comisión vecinal desde la cual comenzaron a generar distintas acciones para mejorar el espacio barrial. Ese mismo año fueron incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Actualmente viven 120 personas que gestionan y luchan a diario por alcanzar el derecho a la vivienda y a la mejora del hábitat, resistiendo a la violencia y los obstáculos que han puesto en su camino distintas áreas del municipio de San Fernando y la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este barrio se integra con las manzanas 3 y 4 al viejo barrio Ferroviario, que se originó en 1960, por lo que su lucha se suma a un proceso de más de 50 años de vulneración de derechos.

Uno de los productos que hemos realizado en esta primera etapa, ha sido una infografía para trabajar con les pobladores de las 42 viviendas un proceso de urbanización apropiado y consciente, incorporando datos vinculados a las características de la población del barrio, identificando cantidad de niñes y adultes; el porcentaje de tipologías de viviendas, según el tipo de materiales predominantes; una breve cronología del proceso de transformación del barrio y del AMBA; algunos datos jurídicos que acompañan su reclamo, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que presenta el derecho a la vivienda como un derecho consagrado; elementos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de 4° generación, y algunos fragmentos de la Ley de Integración socio urbana de barrios populares. Además presentamos algunas alternativas para la cobertura de infraestructura de servicios básicos, favoreciendo el carácter autónomo y sustentable que actualmente les pobladores le han otorgado.

En el actual contexto, la lucha por el derecho a la vivienda en el Barrio Ferroviario continúa, con la expectativa de poder avanzar en una transformación urbana que promueva “un barrio para la vida”. En este sentido, las políticas de urbanización de barrios populares que se han anunciado a nivel nacional desde la Secretaria de Integración Socio Urbana son prometedoras para este caso, por su orientación a fortalecer la organización socio comunitaria y la participación de quienes protagonizan los procesos de gestión: les pobladores. El diseño de proyectos de infraestructura urbana y de mejoramiento del hábitat son puntos de partida para generar articulaciones con las organizaciones sociales y los problemas del territorio, que tiendan a dar respuestas espaciales apropiadas y sostenibles que transformen la desigualdad urbana que históricamente han vivido.    

 

Se aprobó el Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat de Lomas de Zamora

El pasado miércoles 22 de julio se sancionó la ordenanza del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat de Lomas de Zamora. Este hecho consuma el desafío de establecer una política activa que trabaje en la construcción de una agenda democrática para el hábitat para la construcción de políticas locales en relación al Derecho a la Ciudad y a la Vivienda.

El Consejo se enmarca en la Ley Provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat (ver mas), que desde su promulgación en 2013 ha permitido crear una veintena de Consejos Locales y asociar Casas de Hábitat o Tierras preexistentes. Con la creación de éste arribamos a 24 consejos constituidos (ver mas), de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos da la pauta de todo lo realizado y el camino por recorrer para la construcción de políticas locales en relación al Derecho a la Ciudad y a la Vivienda, la Función Social de la propiedad inmueble, la Gestión Democrática de la Ciudad, el Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios.

En Lomas de Zamora el desafío es alto, existen problemáticas históricas como el acceso al suelo y a la vivienda de calidad tanto en los centros urbanos, como en los más 60 barrios populares del distrito; problemas ambientales y de salud con fuerte incidencia en todos los barrios cercanos a la cuenca del Matanza Riachuelo; dificultades en el acceso a servicios e infraestructura que vulneran derechos tan elementales como el acceso al agua potable y evacuación de desechos cloacales. La creación de este consejo, es la apertura de un espacio de intercambio y debate que encuentre a las organizaciones, pobladores, estado y demás interesados en participar de la construcción del derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en una ciudad más justa.

LEY DE ALQUILERES. Avances y desafios en la lucha por el acceso a la vivienda

Arq. Teresita Sacón

 

 

Desde el primero de julio, con su previa publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, rige la nueva ley 27.551[1], la cual introduce cambios en la regulación de los contratos de alquiler con destino de vivienda. El 16% de los hogares de Argentina[2] acceden a la vivienda a través del alquiler. Esta forma de acceso a la vivienda, está mediada, en nuestro país, por un contrato entre privados, donde las condiciones desiguales entre las partes se constituyen muchas veces en relaciones de abuso, quedando el derecho a una vivienda digna  muy lejos de alcanzarse.

El alquiler, como forma de acceso a la vivienda, ha sido en muchos momentos de la historia un detonante que ha movilizado a la población a transformar las condiciones que lo rigen. La propuesta de una ley nacional, gestada por lo organización de Inquilinos agrupados, ha retomado estas luchas históricas, con el apoyo y trabajo de otras organizaciones como Habitar Argentina[3]

La ley busca avanzar en la promoción del rol del estado como regulador del mercado de alquileres, creando el Programa Nacional de Alquiler Social. Allí se propone incorporar como grupos prioritarios a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, jubilados, pensionados, titulares de la prestación de desempleo y cualquier otra persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Este Programa trabajará en la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles. También, dispondrá del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

Otro punto relevante de la nueva ley, es la extensión del plazo de contrato, lo que brinda algo más de estabilidad a las familias inquilinas. Brindando un plazo mínimo de la locación de inmueble por tres años.

Cabe señalar que propone una nueva regulación sobre el precio de los alquileres. Se propone un ajuste anual de los alquileres, el mismo se calculará con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC). Este índice será elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Los puntos señalados anteriormente son relevantes a la hora de regular los contratos de alquiler, sin embargo existen conflictos que atraviesan les inquilines en la lucha por el acceso a una vivienda digna que no sólo tienen que ver con el abuso económico que principalmente se regulara a través de esta ley.

Les inquilines muchas veces tienen que acceder a vivir en viviendas que tienen humedad, no ventilan, no tienen acceso a los servicios básicos, y que frente a los reclamos no obtienen respuesta de los propietarios ni del estado.

Una cuenta pendiente de esta  ley, es abordar  la regulación y mejora de las condiciones habitacionales de quienes acceden a la vivienda a través de los alquileres informales.

En este sentido la ley es un valioso aporte en el proceso de garantizar mejores condiciones de hábitat para les inquilines. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en tanto instrumentos de registro y regulación de las características espaciales de las viviendas que se ponen en alquiler.

Desde una perspectiva feminista, siguiendo la propuesta de que todo problema personal es político, tenemos por delante el desafío de revisar el modo en que se celebran los contratos, y los conflictos en relación al acceso a una vivienda digna, que quedan invisibilizados en el acuerdo entre privados. El camino hacia el acceso a la justicia es un camino muy difícil de transitar para quienes tienen menos recursos, menos poder, y sus voces no son escuchadas. De esta manera,  para terminar con los abusos que someten a gran parte de la población que busca acceder a una vivienda, resulta necesario trascender el carácter privatista de la relación entre ambas partes.

La perspectiva es garantizar el derecho universal de acceso a una vivienda digna. En este sentido, es necesario avanzar en construir el rol de un estado que garantice a quienes tienen la necesidad, este derecho vulnerado, promoviendo registros y regulaciones que colaboren con mejorar las condiciones habitacionales de toda la población.

[1] Publicación en el Boletín Oficial Link para ver publicación

[2] Según datos de Censo 2010, INDEC.

[3] Presentación de HABITAR Argentina e HIC-AL de la ley de Alquileres. Link para Ver el video

Feliz día a les trabajadores de la arquitectura

En el contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario del “día del arquitecto”, desde PROYECTO HABITAR queremos reivindicar el trabajo de todes les trabajaderes que participan en la producción de arquitectura.

Hoy 1° de Julio, queremos poner en valor el trabajo militante de quienes trabajamos en la producción de arquitectura, que nos reconocemos como protagonistas en la transformación de las injusticias y desigualdades sociales, habitacionales y urbanas. Quienes a través de nuestras acciones promovemos el acceso universal al conocimiento, entendido como un servicio social y no como un privilegio de clase. Trabajo generalmente omitido e invisibilizado por la orientación hegemónica de nuestra profesión, asociada al individualismo, conservadurismo y elitismo profesional.

A quienes dedican su trabajo a la docencia para formar profesionales con conciencia social, contrarrestando la matriz de aprendizaje predominante en nuestras escuelas de arquitectura, que generan arquitectes liberales;

A quienes investigan desde el campo de la arquitectura, entendiendo que se pueden generar conocimientos específicos mediante el estudio y análisis de los procesos de producción y reproducción del espacio;

A quienes asesoran a organizaciones sociales y pobladores que luchan por transformar sus espacios cotidianos, promoviendo procesos apropiados y apropiables, sin imponerse ni omitir los múltiples saberes que existen, y con la perspectiva de construir políticas urbanas colectivas;

A quienes trabajan en políticas de mejoramiento habitacional que contemplan la actividad profesional en su ejecución, actividades que se realizan con muy pocos recursos y altas dificultades técnicas; y que requiere de un trabajo de formación permanente con las familias y les trabajaderes de las obras;

A les trabajaderes del estado que promueven políticas públicas enfocadas a resolver los problemas concretos de la vida cotidiana de la población, en contraposición a la orientación burocrática, economicista y tecnocrática predominante en estos ámbitos;

A quienes dibujan, proyectan, gestionan y dirigen obras para firmas extranjeras, grandes estudios de arquitectura o empresas constructoras, sosteniendo con su trabajo oculto la marca de estas empresas sin ningún tipo de reconocimiento;

A les albañiles y constructores que históricamente día a día, en jornadas interminables, realizando trabajos desvalorizados y mal pagos, son quienes disponen su cuerpo para producir y transformar materialmente el espacio construido;

A todes les trabajadores que participan en el proceso de producción de arquitectura con una profunda responsabilidad social, con altos grados de precariedad laboral, remuneraciones económicas insuficientes y escaso reconocimiento social y disciplinar.

Hoy 1° de Julio de 2020, en la coyuntura de la emergencia sanitaria, se hace socialmente visible que las condiciones de precariedad pre existentes en la organización social y espacial de los barrios populares, refuerzan la necesidad de reconocer y articular todos estos trabajos, esfuerzos, y conocimientos, como aportes sustanciales para mejorar esta situación persistente, aportes que no pueden ser de cualquier manera y a cualquier costo.

Nuestro interés como colectivo de profesionales es que estas reivindicaciones, estas prácticas, estas experiencias representen en cada lugar de trabajo, en cada territorio, en cada institución, consignas de luchas que nos encuentre en un debate sostenido por alcanzar mejores condiciones de trabajo, que son a su vez, mejores condiciones sociales para transformar la desigualdad habitacional y urbana hacia una ciudad más justa.

¡¡Un saludo a todes les trabajaderes de la arquitectura!!

A LOS 80 DIAS DEL AISLAMIENTO

Autora: Gabriela Torrents, arq 

Los 89 días que han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del COVID-19 como pandemia, nos han expuesto a transformaciones contundentes a nivel mundial. Al inicio del periodo de aislamiento, el equipo de investigadores de Proyecto Habitar nos propusimos realizar dos informes con relatores de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de analizar el impacto en la organización espacial y social que produjeron las medidas políticas implementadas en cada país. En el primer informe, registramos que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. En el segundo informe, identificamos enormes esfuerzos sociales para hacerle frente tanto a la enfermedad como a las medidas de prevención, principalmente de aquellos sectores que presentan condiciones espaciales adversas.

En Argentina, han transcurrido 80 días desde que inicio el período de Aislamiento Social, Preventivo Obligatorio, el mismo ha adoptado formas diversas según la propagación del virus y el aumento de contagios en las regiones del país. Este proceso ha sido heterogéneo y fluctuante, generando impresiones y debates desde distintas posiciones, tanto a favor como en contra de dichas medidas. En el último anuncio, el presidente Alberto Fernández planteó que el país aún no ha superado el problema de la pandemia, y que la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrá continuidad donde haya circulación comunitaria del virus. En este proceso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha sido la región más afectada del país, en comparación con otras donde la circulación comunitaria del virus se encuentra controlada.

En esta oportunidad, enfocaremos nuestro análisis en la transformación del hábitat del AMBA, donde se concentra el 90% de contagios del país, y también donde este equipo de arquitectes lleva adelante su práctica profesional, específicamente en barrios populares. Respondiendo a una demanda histórica de los 14 millones 800 mil habitantes, los distintos niveles del Estado han presentado medidas vinculadas al mejoramiento del hábitat, que restituyen su rol clave y la responsabilidad de favorecer transformaciones habitacionales y urbanas que respondan de manera integral a los problemas que se construyen en el territorio. La situación de fragilidad que viven les habitantes se inscribe en una lógica de territorialización de la desigualdad, que antecede el contexto de emergencia sanitaria actual. Desde este equipo de investigación, reconocemos que la perspectiva histórica del problema es un aporte clave para entender el presente y proyectar las transformaciones necesarias.

En esta oportunidad, nos enfocaremos en analizar cuáles son las políticas de hábitat que se implementan en el AMBA, que transformaciones se registran en la organización social y espacial a partir de su implementación, analizando particularmente qué sucede en los barrios populares.

¿Qué políticas de hábitat se promovieron en el AMBA?

Para abordar las medidas políticas de hábitat, específicamente en el territorio del AMBA, es necesario restituir algunas medidas nacionales, debido a su capacidad de incidencia en los modos de habitar del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento. En el trabajo de los informes anteriores, hemos mencionado algunas de ellas como el ingreso Familiar de Emergencia, el plan Argentina Construye, el dispositivo DetecAr, El barrio cuida al barrio, que sin duda han generado transformaciones en la vida cotidiana de les pobladores.

Desde el inicio del periodo de aislamiento las políticas públicas de hábitat nacionales se enfocaron en la atención del contexto de emergencia que se desataría durante los próximos meses. Esta revisión nos permite tener un panorama general sobre los aspectos que se han considerado prioritarios.
En primer lugar, el 18 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, tomando la prevención del Ministerio de Salud sobre el futuro incremento de contagios, anunció la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia, ampliando a 840 las plazas los espacios de internación, y ofreciendo atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Le siguió el 24 de marzo el decreto sobre la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no puedan suspenderlos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

El 29 de marzo se congelaron temporalmente los precios de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago hasta el día 30 de septiembre. También se prorrogaron, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación que fueran posteriores al 20 de marzo.
El 14 de abril se lanzó el Programa El Barrio cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si bien estaba enfocado a la prevención desde promotores barriales, se contempló una segunda etapa destinada al mejoramiento edilicio de espacios barriales, en articulación con comedores, merenderos y centros comunitarios.

La medida más reciente fue anunciada el 14 de mayo. El programa federal Argentina Construye de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, contempla la reactivación económica en contexto de emergencia, a partir de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. Esta iniciativa prevé la generación de 750 mil puestos de trabajos directos e indirectos entre 2020 y 2021, articulando junto a provincias, municipios y organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat elaboró el «Protocolo de Prevención del COVID-19 en Obras de Construcción», a fin de garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores que retomen sus actividades en obras de construcción.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al decretarse la emergencia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos enfocó su trabajo en el desarrollo de centros de atención de salud, agilizando obras en las diferentes escalas que tiene el sistema público: Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), hospitales modulares, mejoramiento y refacción, terminación de centros de salud.

En abril, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) instaló oficinas-conteiner en los barrios El Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza), que forman parte de los barrios con los que se habían iniciado procesos de proyecto y ejecución de obra. Esta medida tuvo por objeto entablar la comunicación con estos barrios involucrados en los procesos socio-urbanos que lleva adelante OPISU, a pesar de las dificultades que implica el aislamiento.
En la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, se anunció la puesta en marcha de 224 proyectos a través del Plan Argentina Hace, en articulación con los gobiernos municipales, con la perspectiva de generar más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, encender la economía y garantizar el acceso a derechos. Los proyectos están orientados a agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

También, se anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias, sumando un total de 228 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

En junio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con el objetivo de establecer y definir los procedimientos que se deben seguir para la prevención del COVID-19 y enfermedades cuyo vector de transmisión sea el mosquito, aprobó un protocolo de acción para reanudar el trabajo en obras que se encontraban en ejecución, próximas a reactivarse y aquellas a iniciarse. Esto propició, que se retomaran obras en complejos habitacionales que encontraban suspendidas, para dar solución habitacional a los vecinos del distintos municipios como Moreno, Escobar, entre otros.

¿Qué transformaciones han promovido en la organización social y espacial? ¿Qué conflictos se produjeron?

Las políticas públicas de hábitat en este contexto han sido consideradas como un buen antecedente en la promoción del acceso a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios fundamentales para el desarrollo de la vida. Aunque de estas políticas solo algunas han iniciado trabajos, han generado expectativas en gran parte de la población. La construcción de unidades sanitarias en distintas escalas de proximidad son un interesante antecedente en la implementación de políticas de transformación territorial situadas abordadas desde las problemáticas y las formas de gestión local.

Estas actividades vinculadas a la construcción de viviendas, hospitales, espacios comunitarios, han sido presentadas por las autoridades como oportunidades para la reactivación económica. Esto, en el plano cotidiano del AMBA, ha favorecido el incremento gradual de circulación de les trabajadores, tanto en transporte público, peatonal como en vehículos particulares. Esta transformación entra en tensión con el crecimiento de contagios en esta área, con valores que alcanzan los 900 casos por día.

Al mismo tiempo se han abierto distintas interrogantes con respecto a que sucederá después de la pandemia respecto a estas medidas. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, quienes hoy son inquilinos se preguntan de qué manera enfrentarán los aumentos posteriores al aislamiento.
En el informe anterior, registrábamos que frente a los aumentos desorbitantes en las facturas del gas y electricidad se comenzaron a realizar reclamos y a solicitar planes de pago. Frente a estos hechos, una cuestión que aún no ha sido desarrollada es como se saldaran las deudas producto de las facturas impagas que toleran las empresas prestatarias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la zona de Retiro ha concentrado el 27% de los casos. La mayor cantidad de afectades son habitantes del barrio Padre Mujica Villa 31, donde se diagnosticaron 2046 casos. El incremento de contagios de COVID-19 en los barrios populares, especialmente en las villas de CABA, han producido fuertes reclamos por parte de sus habitantes por las condiciones deficitarias en las que históricamente han vivido, alcanzando hoy consecuencias gravísimas para su salud. En cuanto al conurbano, La Matanza, Avellaneda y Quilmes han sido los 3 municipios con más contagios.

¿Qué sucede en los barrios populares?

En esta última etapa, los barrios populares se convirtieron en focos de contagio debido a las condiciones espaciales y de infraestructura deficientes en las que sus habitantes se encuentran desde sus orígenes. Situación agravada porque las insalubres condiciones del hábitat en el que han transitado su vida, ha condicionado su salud, y en muchos casos los ha convertido pacientes de riesgo: con enfermedades respiratorias, problemas de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que son producto, entre otras cosas, de un hábitat insalubre.

La tasa de mortalidad en esos barrios a causa del COVID-19 es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del virus. El caso del barrio Padre Mugica se ha convertido en un caso paradigmático por el fuerte impacto en la opinión pública, provocado por la muerte de varies de sus referentes históricos. Entre elles, el caso de la comunicadora popular Ramona Medida ha tomado gran relevancia debido a que en múltiples ocasiones, en distintos medios de comunicación, había expresado con fuerza las injusticias que ella como sus compañeres transitaban día a día. La imposibilidad de mantener el distanciamiento debido al hacinamiento en las viviendas, no poder higienizarse ni lavarse las manos como consecuencia de la falta de agua durante 13 días el mes de mayo; violaciones a los derechos urbanos que sumadas a las infinitas trabas con las que tuvo que lidiar durante todo el proceso de urbanización para que finalmente le negaran el acceso a una vivienda, por la incompatibilidad entre las condiciones de accesibilidad que necesitaba su hija y las que estas viviendas nuevas le ofrecían. A los contagiades de la Villa 31, se le sumaron los del Barrio Padre Ricciardelli (villa 1.11.14) con 858 positivos; el Barrio 21.24 de Barracas, 404; el Barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 Villa Oculta, con 96.

Aunque en distintos medios de comunicación los comités de crisis presentaron documentos y diversas manifestaciones públicas, recién el 30 de mayo el gobierno de la CABA presentó un protocolo sanitario de actuación para las villas, tras una intimación judicial. El mismo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, aún se encuentra en revisión, y durante este periodo obliga al Gobierno de la Ciudad a brindar elementos sanitarios, de higiene, de medición de temperatura y de agua potable para los habitantes de las villas.

En cuanto a la situación en el conurbano bonaerense, si bien el gobernador manifestó que la persistencia del aislamiento en el conurbano por el incremento de contagios de coronavirus «no es un problema privativo de los barrios populares», transcurrir en condiciones materiales precarias la cuarentena ha resultado un diferencial para miles de pobladores de estos barrios.

Entre los casos que se pueden mencionar, el de Villa Azul, ubicada en los límites entre Avellaneda y Quilmes, ha sido paradigmático, por tratarse del primer barrio popular del conurbano que registró un brote veloz de COVID-19. En este barrio de más de 5000 habitantes, donde se registraron 344 casos positivos, se aplicó el modelo de cuarentena comunitaria que bloquea los accesos al barrio, imposibilitando la circulación de personas y mercancías durante dos semanas. La política implementada en este barrio no fue la misma frente a otros focos de contagio de la zona por tratarse de sectores urbanizados, y esta desigualdad en las condiciones materiales de producción del barrio, las limitaciones de las políticas de urbanización y el contraste entre sectores despertó fuertes críticas.

En el municipio de La Matanza, se identificaron conflictos de distinto tipo. Se produjeron desalojos en toma de tierras en Ciudad Evita, González Catán y Virrey del Pino, más allá de que se decretó la suspensión de los mismos. Familias jóvenes, provenientes de barrios aledaños, intentaron ocupar terrenos para construir sus viviendas. En el barrio Las Casitas, también localizado en González Catán, sus habitantes reclamaron por el corte del suministro de agua que sufrieron durante 13 días, exponiéndolos a mayores probabilidades de contagio. Esta situación de falta de agua y electricidad, también se atravesó en el barrio localizado en Puente 13, en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura. En el municipio de San Martin, varias familias provenientes del barrio 13 de julio de José León Suarez fueron desalojadas de terrenos fiscales que tomaron para construir viviendas.

En José C. Paz, en el barrio Lamas de se inició un registro de les pobladores que se encuentra en esta toma, generando una aglomeración intencionada, poniendo en riesgo la salud de todes. En el barrio San Atilio del mismo municipio, les habitantes denunciaron la quema desmedida de los residuos sólidos que se vuelcan en el vertedero lindante con el barrio, contaminando el aire y sofocándolos en pleno aislamiento.

A pesar de las condiciones adversas que atraviesan los barrios populares, las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio continúan trabajando atender a les pobladores frente a la crisis sanitaria, reforzando las estrategias de cuidado y cuando es posible las medidas de aislamiento. A pesar del temor frente al contagio, se sostienen las ollas populares y los centros de asistencia como puntos de encuentro comunitario.

Desde diversas organizaciones sociales, barriales y equipos académicos se ha abordado las implicancias de la crisis sanitaria en los barrios populares, a partir de las características y problemáticas específicas que allí transcurren. El resultado fue la elaboración de recomendaciones para la implementación de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos, tomando la demanda que circula en estos barrios.

Algunas reflexiones

Mucho se ha dicho sobre la exacerbación de las desigualdades durante esta pandemia, y de las contradicciones que ha evidenciado este momento histórico, en especial sobre el proceso de urbanización en la lógica de producción actual. Esta es una enfermedad que, en contraposición a lo que han dicho varios filósofos contemporáneos, no es democrática. Su avance no reconoce fronteras, pero sí reconoce sectores sociales. Y en esta relación, es pertinente reconocer también que los sectores sociales habitan la ciudad de forma desigual, según su condición de propietarios, su localización en el espacio, sus trayectorias habitacionales, el acceso efectivo a la ciudad y sus beneficios. Allí se evidencia la desigualdad urbana.

En este contexto adverso, nos preguntamos ¿cómo construir las condiciones necesarias para alcanzar una transformación estructural? Resulta urgente proyectar e implementar aportes multidisciplinares que contrarresten el efecto de la pandemia, pero por sobre todo el efecto de la desigualdad histórica que sacude hoy con más fuerza.

Decretar una nueva normalidad con buenas intenciones no parecería suficiente. La falta de agua, el riesgo ambiental, el hacinamiento en la vivienda, los abusos y represiones de las fuerzas policiales sigue siendo moneda corriente. Entendemos entonces que es necesario problematizar como llegamos acá, cuáles han sido las reglas que dieron forma a una ciudad que somete y excluye a les habitantes de los barrios populares, les trabajadores que sostienen la producción urbana.

Resulta interesante la orientación en dirección a los sectores populares de varias líneas de las políticas públicas de hábitat. El reconocimiento del aporte del trabajo que realizan les habitantes y  de las preexistencias físicas. La cuestión de la vivienda sigue apareciendo en agenda como una necesidad fundamental, en una relación con la reactivación económica que es necesario no asumir de manera lineal y deconstruir para que estas políticas no reproduzcan la desigualdad urbana de que hoy padecen millones de pobladores.

En estas líneas de transformación urbana que se están impulsando, resulta urgente la incorporación de les profesionales del hábitat. La universalización en el acceso a un hábitat justo requiere el trabajo de múltiples actores de manera articulada, profesionales del hábitat junto a colectivos sociales con preocupaciones por alcanzar condiciones habitaciones y urbanas más justas, promoviendo una redistribución de recursos más equitativa y levantando los problemas junto a sus protagonistas, para generar políticas de hábitat transformadoras.

 

Foto de Portada: Micaela Pereira