Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable

A pesar de los tapabocas, y los metros de distancia sucedió el encuentro. En La Matanza, un grupo de mujeres se reúnen para promover proyectos colectivos que mejoren el espacio donde transita la vida cotidiana de los barrios populares.

Desde Proyecto Habitar impulsamos un proceso de formación popular de Promotoras de Hábitat Saludable que se apoya en las experiencias de producción y reproducción del hábitat en los asentamientos informales desde la perspectiva del género femenino. Con esta propuesta, convocamos a un grupo de mujeres que tienen el interés de aprender qué es el hábitat saludable, entendiéndolo como un derecho en construcción, que trascienda parámetros cuantitativos e involucre el protagonismo de les habitantes en la transformación de los espacios a la luz de los problemas que se construyen y postulan junto con los profesionales del hábitat.

En el contexto de aislamiento social y atravesadas por la histórica desigualdad espacial y de género comenzamos con la promoción del acceso al conocimiento a un hábitat saludable y el derecho a la educación. Hemos visto que son moneda corriente los conflictos por el uso del celular, el aumento de consumo de datos, la incorporación del gasto en impresiones y fotocopias que afecta los magros recursos. El acompañamiento a les niñes en las tareas se incorpora al trabajo reproductivo que recae mayormente en las mujeres en condiciones espaciales desfavorables. Estos conflictos tensan las relaciones sociales que se desarrollan en la vivienda y sofocan los esfuerzos que la población realiza por sostener las tareas de trabajo y estudio dentro de la vivienda de manera saludable.

En ese sentido, identificamos la necesidad de promover puntos barriales para el acceso a internet, útiles y equipamientos, que nos permita sostener el encuentro de manera virtual entre pobladores y arquitectes, y que le permita a la comunidad descargar los materiales informativos y didácticos suministrados desde el equipo de promotoras de hábitat saludable, la escuela, o realizar trámites, entre otras cosas.

El proceso se propone permeable, abierto a las inquietudes que nos atraviesan cotidianamente. El Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable es una propuesta, una de las invitaciones que hace Proyecto Habitar para encontrarnos profesionales del hábitat y pobladores construyendo un proceso de formación que nos permita conocer más sobre el hábitat que protagonizamos y que queremos transformar.

 

 

             

A LOS 80 DIAS DEL AISLAMIENTO

Autora: Gabriela Torrents, arq 

Los 89 días que han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del COVID-19 como pandemia, nos han expuesto a transformaciones contundentes a nivel mundial. Al inicio del periodo de aislamiento, el equipo de investigadores de Proyecto Habitar nos propusimos realizar dos informes con relatores de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de analizar el impacto en la organización espacial y social que produjeron las medidas políticas implementadas en cada país. En el primer informe, registramos que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. En el segundo informe, identificamos enormes esfuerzos sociales para hacerle frente tanto a la enfermedad como a las medidas de prevención, principalmente de aquellos sectores que presentan condiciones espaciales adversas.

En Argentina, han transcurrido 80 días desde que inicio el período de Aislamiento Social, Preventivo Obligatorio, el mismo ha adoptado formas diversas según la propagación del virus y el aumento de contagios en las regiones del país. Este proceso ha sido heterogéneo y fluctuante, generando impresiones y debates desde distintas posiciones, tanto a favor como en contra de dichas medidas. En el último anuncio, el presidente Alberto Fernández planteó que el país aún no ha superado el problema de la pandemia, y que la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrá continuidad donde haya circulación comunitaria del virus. En este proceso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha sido la región más afectada del país, en comparación con otras donde la circulación comunitaria del virus se encuentra controlada.

En esta oportunidad, enfocaremos nuestro análisis en la transformación del hábitat del AMBA, donde se concentra el 90% de contagios del país, y también donde este equipo de arquitectes lleva adelante su práctica profesional, específicamente en barrios populares. Respondiendo a una demanda histórica de los 14 millones 800 mil habitantes, los distintos niveles del Estado han presentado medidas vinculadas al mejoramiento del hábitat, que restituyen su rol clave y la responsabilidad de favorecer transformaciones habitacionales y urbanas que respondan de manera integral a los problemas que se construyen en el territorio. La situación de fragilidad que viven les habitantes se inscribe en una lógica de territorialización de la desigualdad, que antecede el contexto de emergencia sanitaria actual. Desde este equipo de investigación, reconocemos que la perspectiva histórica del problema es un aporte clave para entender el presente y proyectar las transformaciones necesarias.

En esta oportunidad, nos enfocaremos en analizar cuáles son las políticas de hábitat que se implementan en el AMBA, que transformaciones se registran en la organización social y espacial a partir de su implementación, analizando particularmente qué sucede en los barrios populares.

¿Qué políticas de hábitat se promovieron en el AMBA?

Para abordar las medidas políticas de hábitat, específicamente en el territorio del AMBA, es necesario restituir algunas medidas nacionales, debido a su capacidad de incidencia en los modos de habitar del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento. En el trabajo de los informes anteriores, hemos mencionado algunas de ellas como el ingreso Familiar de Emergencia, el plan Argentina Construye, el dispositivo DetecAr, El barrio cuida al barrio, que sin duda han generado transformaciones en la vida cotidiana de les pobladores.

Desde el inicio del periodo de aislamiento las políticas públicas de hábitat nacionales se enfocaron en la atención del contexto de emergencia que se desataría durante los próximos meses. Esta revisión nos permite tener un panorama general sobre los aspectos que se han considerado prioritarios.
En primer lugar, el 18 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, tomando la prevención del Ministerio de Salud sobre el futuro incremento de contagios, anunció la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia, ampliando a 840 las plazas los espacios de internación, y ofreciendo atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Le siguió el 24 de marzo el decreto sobre la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no puedan suspenderlos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

El 29 de marzo se congelaron temporalmente los precios de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago hasta el día 30 de septiembre. También se prorrogaron, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación que fueran posteriores al 20 de marzo.
El 14 de abril se lanzó el Programa El Barrio cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si bien estaba enfocado a la prevención desde promotores barriales, se contempló una segunda etapa destinada al mejoramiento edilicio de espacios barriales, en articulación con comedores, merenderos y centros comunitarios.

La medida más reciente fue anunciada el 14 de mayo. El programa federal Argentina Construye de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, contempla la reactivación económica en contexto de emergencia, a partir de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. Esta iniciativa prevé la generación de 750 mil puestos de trabajos directos e indirectos entre 2020 y 2021, articulando junto a provincias, municipios y organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat elaboró el «Protocolo de Prevención del COVID-19 en Obras de Construcción», a fin de garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores que retomen sus actividades en obras de construcción.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al decretarse la emergencia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos enfocó su trabajo en el desarrollo de centros de atención de salud, agilizando obras en las diferentes escalas que tiene el sistema público: Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), hospitales modulares, mejoramiento y refacción, terminación de centros de salud.

En abril, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) instaló oficinas-conteiner en los barrios El Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza), que forman parte de los barrios con los que se habían iniciado procesos de proyecto y ejecución de obra. Esta medida tuvo por objeto entablar la comunicación con estos barrios involucrados en los procesos socio-urbanos que lleva adelante OPISU, a pesar de las dificultades que implica el aislamiento.
En la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, se anunció la puesta en marcha de 224 proyectos a través del Plan Argentina Hace, en articulación con los gobiernos municipales, con la perspectiva de generar más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, encender la economía y garantizar el acceso a derechos. Los proyectos están orientados a agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

También, se anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias, sumando un total de 228 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

En junio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con el objetivo de establecer y definir los procedimientos que se deben seguir para la prevención del COVID-19 y enfermedades cuyo vector de transmisión sea el mosquito, aprobó un protocolo de acción para reanudar el trabajo en obras que se encontraban en ejecución, próximas a reactivarse y aquellas a iniciarse. Esto propició, que se retomaran obras en complejos habitacionales que encontraban suspendidas, para dar solución habitacional a los vecinos del distintos municipios como Moreno, Escobar, entre otros.

¿Qué transformaciones han promovido en la organización social y espacial? ¿Qué conflictos se produjeron?

Las políticas públicas de hábitat en este contexto han sido consideradas como un buen antecedente en la promoción del acceso a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios fundamentales para el desarrollo de la vida. Aunque de estas políticas solo algunas han iniciado trabajos, han generado expectativas en gran parte de la población. La construcción de unidades sanitarias en distintas escalas de proximidad son un interesante antecedente en la implementación de políticas de transformación territorial situadas abordadas desde las problemáticas y las formas de gestión local.

Estas actividades vinculadas a la construcción de viviendas, hospitales, espacios comunitarios, han sido presentadas por las autoridades como oportunidades para la reactivación económica. Esto, en el plano cotidiano del AMBA, ha favorecido el incremento gradual de circulación de les trabajadores, tanto en transporte público, peatonal como en vehículos particulares. Esta transformación entra en tensión con el crecimiento de contagios en esta área, con valores que alcanzan los 900 casos por día.

Al mismo tiempo se han abierto distintas interrogantes con respecto a que sucederá después de la pandemia respecto a estas medidas. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, quienes hoy son inquilinos se preguntan de qué manera enfrentarán los aumentos posteriores al aislamiento.
En el informe anterior, registrábamos que frente a los aumentos desorbitantes en las facturas del gas y electricidad se comenzaron a realizar reclamos y a solicitar planes de pago. Frente a estos hechos, una cuestión que aún no ha sido desarrollada es como se saldaran las deudas producto de las facturas impagas que toleran las empresas prestatarias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la zona de Retiro ha concentrado el 27% de los casos. La mayor cantidad de afectades son habitantes del barrio Padre Mujica Villa 31, donde se diagnosticaron 2046 casos. El incremento de contagios de COVID-19 en los barrios populares, especialmente en las villas de CABA, han producido fuertes reclamos por parte de sus habitantes por las condiciones deficitarias en las que históricamente han vivido, alcanzando hoy consecuencias gravísimas para su salud. En cuanto al conurbano, La Matanza, Avellaneda y Quilmes han sido los 3 municipios con más contagios.

¿Qué sucede en los barrios populares?

En esta última etapa, los barrios populares se convirtieron en focos de contagio debido a las condiciones espaciales y de infraestructura deficientes en las que sus habitantes se encuentran desde sus orígenes. Situación agravada porque las insalubres condiciones del hábitat en el que han transitado su vida, ha condicionado su salud, y en muchos casos los ha convertido pacientes de riesgo: con enfermedades respiratorias, problemas de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que son producto, entre otras cosas, de un hábitat insalubre.

La tasa de mortalidad en esos barrios a causa del COVID-19 es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del virus. El caso del barrio Padre Mugica se ha convertido en un caso paradigmático por el fuerte impacto en la opinión pública, provocado por la muerte de varies de sus referentes históricos. Entre elles, el caso de la comunicadora popular Ramona Medida ha tomado gran relevancia debido a que en múltiples ocasiones, en distintos medios de comunicación, había expresado con fuerza las injusticias que ella como sus compañeres transitaban día a día. La imposibilidad de mantener el distanciamiento debido al hacinamiento en las viviendas, no poder higienizarse ni lavarse las manos como consecuencia de la falta de agua durante 13 días el mes de mayo; violaciones a los derechos urbanos que sumadas a las infinitas trabas con las que tuvo que lidiar durante todo el proceso de urbanización para que finalmente le negaran el acceso a una vivienda, por la incompatibilidad entre las condiciones de accesibilidad que necesitaba su hija y las que estas viviendas nuevas le ofrecían. A los contagiades de la Villa 31, se le sumaron los del Barrio Padre Ricciardelli (villa 1.11.14) con 858 positivos; el Barrio 21.24 de Barracas, 404; el Barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 Villa Oculta, con 96.

Aunque en distintos medios de comunicación los comités de crisis presentaron documentos y diversas manifestaciones públicas, recién el 30 de mayo el gobierno de la CABA presentó un protocolo sanitario de actuación para las villas, tras una intimación judicial. El mismo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, aún se encuentra en revisión, y durante este periodo obliga al Gobierno de la Ciudad a brindar elementos sanitarios, de higiene, de medición de temperatura y de agua potable para los habitantes de las villas.

En cuanto a la situación en el conurbano bonaerense, si bien el gobernador manifestó que la persistencia del aislamiento en el conurbano por el incremento de contagios de coronavirus «no es un problema privativo de los barrios populares», transcurrir en condiciones materiales precarias la cuarentena ha resultado un diferencial para miles de pobladores de estos barrios.

Entre los casos que se pueden mencionar, el de Villa Azul, ubicada en los límites entre Avellaneda y Quilmes, ha sido paradigmático, por tratarse del primer barrio popular del conurbano que registró un brote veloz de COVID-19. En este barrio de más de 5000 habitantes, donde se registraron 344 casos positivos, se aplicó el modelo de cuarentena comunitaria que bloquea los accesos al barrio, imposibilitando la circulación de personas y mercancías durante dos semanas. La política implementada en este barrio no fue la misma frente a otros focos de contagio de la zona por tratarse de sectores urbanizados, y esta desigualdad en las condiciones materiales de producción del barrio, las limitaciones de las políticas de urbanización y el contraste entre sectores despertó fuertes críticas.

En el municipio de La Matanza, se identificaron conflictos de distinto tipo. Se produjeron desalojos en toma de tierras en Ciudad Evita, González Catán y Virrey del Pino, más allá de que se decretó la suspensión de los mismos. Familias jóvenes, provenientes de barrios aledaños, intentaron ocupar terrenos para construir sus viviendas. En el barrio Las Casitas, también localizado en González Catán, sus habitantes reclamaron por el corte del suministro de agua que sufrieron durante 13 días, exponiéndolos a mayores probabilidades de contagio. Esta situación de falta de agua y electricidad, también se atravesó en el barrio localizado en Puente 13, en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura. En el municipio de San Martin, varias familias provenientes del barrio 13 de julio de José León Suarez fueron desalojadas de terrenos fiscales que tomaron para construir viviendas.

En José C. Paz, en el barrio Lamas de se inició un registro de les pobladores que se encuentra en esta toma, generando una aglomeración intencionada, poniendo en riesgo la salud de todes. En el barrio San Atilio del mismo municipio, les habitantes denunciaron la quema desmedida de los residuos sólidos que se vuelcan en el vertedero lindante con el barrio, contaminando el aire y sofocándolos en pleno aislamiento.

A pesar de las condiciones adversas que atraviesan los barrios populares, las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio continúan trabajando atender a les pobladores frente a la crisis sanitaria, reforzando las estrategias de cuidado y cuando es posible las medidas de aislamiento. A pesar del temor frente al contagio, se sostienen las ollas populares y los centros de asistencia como puntos de encuentro comunitario.

Desde diversas organizaciones sociales, barriales y equipos académicos se ha abordado las implicancias de la crisis sanitaria en los barrios populares, a partir de las características y problemáticas específicas que allí transcurren. El resultado fue la elaboración de recomendaciones para la implementación de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos, tomando la demanda que circula en estos barrios.

Algunas reflexiones

Mucho se ha dicho sobre la exacerbación de las desigualdades durante esta pandemia, y de las contradicciones que ha evidenciado este momento histórico, en especial sobre el proceso de urbanización en la lógica de producción actual. Esta es una enfermedad que, en contraposición a lo que han dicho varios filósofos contemporáneos, no es democrática. Su avance no reconoce fronteras, pero sí reconoce sectores sociales. Y en esta relación, es pertinente reconocer también que los sectores sociales habitan la ciudad de forma desigual, según su condición de propietarios, su localización en el espacio, sus trayectorias habitacionales, el acceso efectivo a la ciudad y sus beneficios. Allí se evidencia la desigualdad urbana.

En este contexto adverso, nos preguntamos ¿cómo construir las condiciones necesarias para alcanzar una transformación estructural? Resulta urgente proyectar e implementar aportes multidisciplinares que contrarresten el efecto de la pandemia, pero por sobre todo el efecto de la desigualdad histórica que sacude hoy con más fuerza.

Decretar una nueva normalidad con buenas intenciones no parecería suficiente. La falta de agua, el riesgo ambiental, el hacinamiento en la vivienda, los abusos y represiones de las fuerzas policiales sigue siendo moneda corriente. Entendemos entonces que es necesario problematizar como llegamos acá, cuáles han sido las reglas que dieron forma a una ciudad que somete y excluye a les habitantes de los barrios populares, les trabajadores que sostienen la producción urbana.

Resulta interesante la orientación en dirección a los sectores populares de varias líneas de las políticas públicas de hábitat. El reconocimiento del aporte del trabajo que realizan les habitantes y  de las preexistencias físicas. La cuestión de la vivienda sigue apareciendo en agenda como una necesidad fundamental, en una relación con la reactivación económica que es necesario no asumir de manera lineal y deconstruir para que estas políticas no reproduzcan la desigualdad urbana de que hoy padecen millones de pobladores.

En estas líneas de transformación urbana que se están impulsando, resulta urgente la incorporación de les profesionales del hábitat. La universalización en el acceso a un hábitat justo requiere el trabajo de múltiples actores de manera articulada, profesionales del hábitat junto a colectivos sociales con preocupaciones por alcanzar condiciones habitaciones y urbanas más justas, promoviendo una redistribución de recursos más equitativa y levantando los problemas junto a sus protagonistas, para generar políticas de hábitat transformadoras.

 

Foto de Portada: Micaela Pereira

Altos de Baraibar y la dificultad en el acceso a la vivienda

Autora: Gabriela Torrents

El proceso histórico de territorialización de la desigualdad en Argentina es un proceso de larga duración que ha tenido una fuerte incidencia en la construcción de regiones y ciudades. Ha fortalecido la consolidación de relaciones sociales desiguales y la reproducción de una lógica de producción urbana excluyente que afecta, la vida cotidiana de les habitantes de los barrios populares.

En esta nota presentaremos el caso del Barrio Altos del Baraibar, en la ciudad de Gaiman, provincia de Chubut, a través de algunas entrevistas realizadas a las vecinas que se han contactado con Proyecto Habitar, frente a las dificultades y obstáculos que han encontrado en el proceso de acceso a una vivienda. Durante el año 2016 varias familias fueron parte del proyecto del Barrio Altos del Baraibar, para la construcción de 78 viviendas de las manzanas 16 y 17, enmarcado en el Programa Haciendo Comunidad, promovido desde las cooperativas de construcción del MOCARA[1] y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos de Nación. Las viviendas serían otorgadas a estas familias de trabajadores, que desde el año 2011 luchan por este derecho vulnerado. Sin embargo, la obra está suspendida hace más de un año, dejando sin respuesta a cientos de pobladores.  

“La lucha nuestra viene hace 9 años atrás. En el transcurso de estos nueve años se fueron perdiendo muchas cosas, sobre todo las fuerzas, entonces llegamos a esta altura desvanecidos”

En 2012, luego de años de evasivas del gobierno local, aproximadamente 80 familias acamparon durante 1 mes sobre la ruta nacional 25, reclamando asistencia al municipio en el acceso a la vivienda. El 1 de junio de ese año lograron acceder a los terrenos municipales que reclamaban, con una promesa de cesión por parte del intendente, dando inicio a un proceso de autoconstrucción sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para su construcción.

“… decidimos como vecinos defender nuestra tierra. Muchos de nosotros necesitábamos salir de las casas de nuestros padres para construir las nuestras. Todos estábamos anotados en el municipio, nos decían que teníamos que tener antigüedad de 2 años viviendo en Gaiman y nosotros habíamos nacido acá…”

“…desde el 1 de mayo nos agrupamos, éramos 80 familias que fuimos a cuidar esas tierras municipales. Decidimos ayudarnos y nos plantamos. Hicimos una casita para quedarnos, comíamos ahí, cada familia cuidaba, nos turnábamos. Lo hicimos para que nos escucharan. El 1 de junio finalmente nos cedieron los terrenos municipales…” 

En 2015, en un proyecto gestado desde el Municipio, el Ministerio de Planificación de la Nación y la red de cooperativas de construcción MOCARA, se les propuso participar de la construcción de un barrio en esos terrenos y la posibilidad de ser adjudicatarios de esas viviendas. Para esto, elles debían demoler lo construido, volviendo a la situación en la que se encontraban antes de la toma, con la perspectiva de poder acceder, al año siguiente, a una vivienda propia. Las vecinas cuentan que en junio de ese año se inició el proceso de adjudicación y el trabajo en las obras, en el que varias de ellas participaron como ayudantes.   

Desde el año 2019 la obra se encuentra suspendida, quedando la manzana 16 en un avance del 40% (según el último relevamiento realizado por Nación) y la manzana 17 solo con los trabajos de movimiento de suelo terminados. La situación de precariedad habitacional de les pobladores se profundiza: familias enteras alquilan habitaciones, o comparten su vivienda con otros familiares, con espacios insuficientes (más de 3 personas por habitación, sin ventilación, con humedades) y servicios básicos precarios (1 baño para más de 2 familias, instalaciones eléctricas precarias), en las cercanías del barrio. Con el predio de la obra abandonado y sin seguridad, las adjudicatarias decidieron hacerse cargo de su cuidado durante varios meses. Organizando turnos, armando parejas que hicieran guardia durante las noches. Esta situación, para mujeres al frente de hogares monomarentales, se volvió insostenible. Hoy, luego de varios reclamos, el cuidado del predio lo asumió el municipio. Sin embargo, no hay respuesta sobre la continuidad de estas obras.

 Las vecinas de la manzana 16 y 17 expresan la desigualdad que hoy están viviendo, que es la misma que históricamente han padecido, y como las familias se reúnen y proyectan resolver su situación habitacional:     

“Ahora a nosotros nos prohibieron meternos en los terrenos, porque no tenemos los papeles, pero tampoco nos dejan empezar a pagar el título. Nos piden que esperemos, nos piden todos nuestros papeles de nuevo porque el intendente anterior no dejó nada. Estamos a la deriva. Lo único que nos queda es meternos en los terrenos, pero un abogado y un escribano del municipio nos dijeron que no nos van a dar ni luz ni agua”  

“Ya hay 29 familias que están terminando las viviendas incompletas de la manzana 16. Y nosotros en la manzana 17, somos 30 familias. Hay 2 que pudieron empezar a levantar, poniendo plata de su bolsillo. Los demás, estamos dejando pasar estos meses de frío, para poder arrancar en agosto o septiembre, levantando algo atrás en los terrenos”

En el contexto de la pandemia, la desigualdad estructural en la que viven las personas de los barrios populares se profundiza. En este caso, se suma el condicionante de que hoy, frente al aislamiento y el toque de queda que implementó el gobierno de Chubut, estas mujeres no tienen trabajo. Las vecinas entrevistadas manifestaron que ellas y muchas de sus compañeras realizan trabajos de cuidado por hora en casas de familia. El apoyo frente al COVID que proviene del Municipio, con  alimentos y artículos de higiene para acatar a las recomendaciones sanitarias tampoco es suficiente para hacer frente a la coyuntura de emergencia. A pesar de las prohibiciones del municipio, varias familias han empezado a ocupar el predio de la obra, comprando algunos materiales con los escasos recursos económicos con los que cuentan o contratando a alguien que les ayude; en algunos casos recurriendo al uso de materiales de descarte para empezar a levantar viviendas precarias por sus propios medios.

“Yo trabajo por hora, el salario lo cobre este mes y pague un alquiler que debía. Y me falta entregar otra parte el mes que viene. Un mes más y después ya no voy a poder seguir, no quiero quedar debiendo. Decidí empezar a construir, algo chiquito para instalarme, después que pase el frío. Directamente estoy buscando tirantes, chapas, lo que sea para poder cerrar el predio y poder ir a vivir ahí. Yo voy a armar una casa de madera, con chapas y nylon, como pueda la voy a levantar”

“La situación acá en Gaiman está muy complicada. Uno puede ver compañeros que están viviendo en casitas de cartones con nylon, tenemos una de las compañeras de la manzana 17 que ha comenzado a construir con tarimas. Esto da mucha tristeza, hay niños que sufren por no tener una vivienda digna  y los gobiernos que no se esfuerzan en lo que uno quisiera que se esfuercen…Nosotros lo único que esperamos es que se pudiera terminar la manzana 17, la manzana 16 creo que ya está, no hay mucho que hacer, solamente falta que nos pongan los servicios y nada más que eso…”

Las vecinas de Altos del Baraibar se ponen en contacto con Proyecto Habitar, sin importar los 1300 km que separan la ciudad de Gaiman y CABA, porque entienden necesario el acompañamiento de profesionales en este proceso de lucha. Como respuesta, desde Proyecto Habitar, estamos comprometidos con la universalización del acceso al conocimiento de les profesionales, y queremos formar parte de la lucha por los derechos urbanos. 

Nuestro trabajo, que expone la denuncia de una comunidad frente al abandono, pretende favorecer  el encuentro entre organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones habitacionales. El aislamiento no suspende el aporte que les profesionales podemos hacer a las reivindicaciones de estas demandas. En el caso del barrio Altos del Baraibar es urgente la reactivación del trabajo para la finalización de las obras, al mismo tiempo que el municipio brinde cobijo a las familias que están construyendo sus viviendas, exponiéndose a las bajas temperaturas. A partir del diálogo con estas vecinas, entendemos necesario producir un trabajo colectivo que favorezca la elaboración de proyectos apropiados y protocolos que permitan poner en marcha un proceso integral de transformación urbana, que se origine desde las necesidades de les habitantes, y permitan aproximar a las organizaciones sociales y barriales al derecho a la vivienda y a la ciudad. El desigual acceso a la vivienda requiere del aporte de profesionales abiertos a trabajar con las preocupaciones que circulan en el territorio, con consciencia de la historia territorializada de les pobladores. Esta historia de transformaciones en el espacio tiene personas, fuerza de trabajo y lucha, pero también manifiesta la violación de los derechos urbanos y la desidia histórica sufrida por sus habitantes, que frente a la omisión del gobierno anterior y de la actual gestión con el argumento de la falta de recursos municipales, profundiza una situación cada vez más desigual.   

[1] En Chubut, a partir de las políticas sociales inclusivas que se comenzaron a implementar desde 2006, se gestó una red de cooperativas de trabajo. En 2010 los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional, dando origen al Movimiento Cascos Amarillos (MOCARA). Como parte de él, la asociación Hábitat, junto a cooperativas de trabajo, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La Asociación reune a 13 cooperativas desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, ejecuta vivienda en 11 localidades de la provincia patagónica. Fuente: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/asociacion-civil-habitat/