Arqutiectura, Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad, Sin categoría, Universidad

Pasantía 2020: La perspectiva integral en la construccion de una formación hacia el derecho a la ciudad

Autores: Ezequiel Biagioni y Cecilia Maggi

 

Durante septiembre y octubre llevamos a cabo la Pasantía Plataforma por el Derecho a la Ciudad, un proceso de enseñanza – aprendizaje junto a más de 100 estudiantes de distintas carreras vinculadas al hábitat. Los mismos pertenecían a diversas universidades nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires: FADU-UBA, Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad nacional de Avellaneda, Universidad San Martin, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de José C. Paz.

Rediseñar la propuesta de formación este año implicó un desafío diferente. El contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, nos obligó a atravesar el proceso de enseñanza y aprendizaje sin compartir el espacio del aula, sin realizar visitas a los territorios. Sin embargo, el objetivo profundo de transformación de nuestra profesión hacia una socialmente valiosa sigue siendo el motor que impulsa ese rediseño.

Este año entonces, pudimos trabajar con les estudiantes y les pobladores, promoviendo relaciones de proximidad restituyendo la historia de trabajo conjunto y repensando críticamente los espacios de la ciudad. Nos encontramos en talleres y foros virtuales; realizamos relevamientos a partir de herramientas digitales, observando las condiciones físicas del espacio, e incorporamos la dimensión social llevando a cabo 30 entrevistas por video llamada a les pobladores del territorio, con la perspectiva de profundizar en el análisis e incorporar la experiencia cotidiana de las personas en la construcción de su hábitat.

Trabajamos en el proyecto de investigación Plataforma por el Derecho a la Ciudad, en la construcción de datos concretos de las condiciones espaciales del AMBA, con la intención de realizar un aporte al registro de la gestión participativa de las trasformaciones en la producción urbana. En ese sentido, nuestro objetivo fue aproximarnos, desde una perspectiva relacional, a comprender algunos aspectos de la desigualdad urbana, enfocándonos en las manifestaciones físicas y sociales que se producen en los espacios de esparcimiento de los territorios de Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas.

Desde el colectivo Proyecto Habitar entendemos que es relevante incorporar la perspectiva integral del hábitat a la formación de les futuros profesionales, estudiantes de arquitectura y urbanismo, otorgándole el lugar central que requiere en las instituciones académicas. Poner en valor las propuestas pedagógicas que reconozcan las dinámicas territoriales, que contemplen la producción social del hábitat y los procesos sociales, para trascender la descontextualización y la formación acrítica que reproduce la injusta desigualdad espacial. Desde las prácticas de formación, es necesario participar activamente en los procesos de transformación urbana con aportes específicos, reflexionando sobre los procesos de manera democrática y situada, trabajando colectivamente en la construcción de herramientas disciplinares para revertir las condiciones desiguales del territorio, hacia el derecho a la ciudad.

America Latina, Arquitectura, Covid-19, Derecho a la Ciudad, Eventos académicos

El urbanismo de lo cotidiano, la perspectiva de géneros en tiempos de pandemia en Latinoamérica*

*El siguiente artículo forma parte de los anexos de las bases del concurso Concurso Mercados Post Covid – 19. Para mas información: https://concursomercadospc19.com/

Autora: Mg. Ma. Eugenia Jaime. Docente, Investigadora. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. mjaime@ungs.edu.ar

 

 

LOS MERCADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

Entre corridas y empujones, mientras se acomodan el barbijo, van apilando los cajones y canastos con verduras y frutas. Se higieniza la zona del puesto, se preparan los toldos y se intenta guardar distancia esperando que haya lugar para todes. Si hoy no se venden algunas frutas tendrán que llevarlas a la casa. Imposible preparar comida para les compradores o para les trabajadores del mercado, ya nadie compra nada. En los últimos años el número de les trabajadores aumentó considerablemente, las edades son diversas, y no son pocos les menores de edad. Se trata de largas jornadas laborales, abarcan todos los días de la semana, y el día comienza en algunos casos a las 3 de la madrugada, extendiéndose a veces hasta la puesta del sol. Las mujeres que trabajan en el mercado realizan, en general, las mismas tareas que sus compañeros varones, sin embargo, les pagan menos dinero.

Esta escena recorre Latinoamérica, tanto en los grandes mercados como en los pequeños, lo que cambia es la capacidad de sostener el protocolo de medidas preventivas dispuestas para enfrentar la emergencia sanitaria producto del Covid-19.

La distribución de alimentos fue un rubro exceptuado de cumplir con las restricciones de circulación debido a su necesidad vital. Por lo mismo requiere de muchos cuidados para evitar contagios ya que concentra una gran cantidad de trabajadores en torno a ella.

Para dimensionar el flujo de intercambios podemos citar algunos ejemplos:

  • El Mercado Central de Buenos Aires, Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas comercializa mensualmente 100 mil toneladas de frutas y verduras de todo el país para abastecer a los 13 millones de habitantes de Ciudad y Gran Buenos Aires. En su operatoria diaria genera más de 5.000 empleos directos con un flujo de más de 000 personas por día.[1]
  • El mercado Central Mayorista de Antioquia, Central Mayorista, en pleno centro de Medellín, al mes se mueven 270 mil toneladas de alimentos, ingresan más de 55.000 personas diarias y tiene un tráfico de unos 22.000 vehículos por día.[2]
  • El Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado de Frutas No. 2 están moviendo al mes 240 mil toneladas de productos de primera necesidad (verduras, hortalizas y frutas).[3]

En todos los casos el sistema de distribución tiene un alto porcentaje de trabajo informal, y se convierte en el pilar de las posibilidades de existencia de un alto porcentaje de los pobres urbanos de Latinoamérica.

 

CONDICIONES DE TRABAJO

Como indicábamos anteriormente el trabajo en los mercados se realiza en condiciones muy precarias y su remuneración es muy baja; la mayoría de les trabajadores que realizan estas tareas lo hacen ante la falta de otra salida laboral.

En esto último el hecho de pertenecer al género femenino aumenta las dificultades para el acceso a un trabajo de tiempo completo, bien remunerado y esto se debe a un rol construido socialmente, que delega en las mujeres y en los cuerpos femenizados las tareas de cuidado.

El mercado de trabajo (en un cruce multidimensional entre cultura, religión e ideas políticas) traza una ajustada división en la organización del trabajo para hombres y mujeres, tanto horizontal como verticalmente (Ribas Bonet, 2006). Se trata de una devaluación del trabajo de las mujeres que identifica a las actividades masculinas como normales y a las actividades femeninas como inferiores, poniendo en sus manos las actividades reproductivas, la mayoría de las veces no remuneradas por no considerarse trabajo.

En América Latina en promedio las mujeres contribuyen con el 73% del tiempo total destinado al trabajo no remunerado en los hogares, mientas que los hombres con el 27% restante.

En Argentina dos de cada tres mujeres se ocupan en puestos de baja calificación. La gran mayoría se ocupa en tareas de servicios generales, comercialización o gestión administrativa. A la vez que muestran una menor presencia en cargos de jefatura y dirección.

Esta diferenciación se traduce en la valoración del trabajo al momento de establecer la remuneración entre hombres y mujeres, desfavoreciendo a las segundas sobre los primeros. Los trabajos masculinos se pagan mejor que los femeninos. La devaluación del trabajo no remunerado que realizan usualmente las mujeres carece de jerarquía observado desde la perspectiva monetaria.

La devaluación del trabajo femenino invisibiliza el aporte de estas prácticas, y por tanto no permite que se desarrollen los conflictos y las posibilidades de reclamar los derechos asociados se vuelve muy difícil.

Además, el rol asignado al género femenino y a los cuerpos femenizados también limita el tiempo disponible de los mismos para participar en el mercado laboral y condicionar el tipo de trabajo que tienen. Las mujeres poseen una presencia mayoritaria en la economía informal, donde no poseen protección y seguridad social, toman trabajos de tiempo parcial, temporales, en negocios de subsistencia de poca rentabilidad, y en autoempleo. Dinámicas que les permita ausentarse por cuidados o ser acompañadas por sus hijos si fuera necesario. El trabajo en mercados de abastos y comercio ambulatorio es uno de ellos, allí las mujeres se concentran en los empleos de menor calidad, irregulares e informales.

En esta coyuntura las tareas reproductivas, vinculadas al trabajo no remunerado colocan a las mujeres en mayor riesgo de contagio es su rol en el cuidado de enfermos en el hogar, a la vez que son también las promotoras de los trabajos comunitarios voluntarios de cuidados y alimentación. En México, encuestas de uso del tiempo indican que en aquellos hogares con personas con enfermedades temporales las mujeres dedican 23 horas semanales al cuidado de los familiares enfermos versus 13 horas en el caso de los hombres.

 

HUBO UN TIEMPO EN QUE…

Sin embargo, esta relación asimétrica no fue siempre así, hubo momento en la historia en que el par familia-trabajo eran conceptos inseparables, lo mismo que las actividades productiva-reproductivas para las mujeres.

Mollart (1988) nos dirá que aquella “oscura edad media”, fue mucho más que un momento histórico de familias urbanas inmersas en la pobreza laboriosa, «una pobreza discreta, hasta secreta, hecha de mala nutrición crónica, de dificultades de alojamiento y vestido, sin esperanza ni alivio, privada en la mayoría del tiempo de la asistencia otorgada a las formas espectaculares de la indigencia de los mendigos, vagabundos y otros marginados”. Fue un proceso que dio lugar a profundas transformaciones en las relaciones sociales que se tradujeron en el rol de la mujer en la vida urbana. En la historia de la humanidad puede reconocerse una gran diversidad en la conformación de las relaciones humanas y organización del trabajo y la comunidad en la historia y en los diversos lugares del planeta.

Las mujeres desarrollaron todo tipo de trabajo con el fin de sostener el grupo familiar, pero por sobre todo se hicieron cargo de gestionar todos los sectores productivos, realizando tareas como ayudantes, pero también como independientes. Realizaban tareas en el campo y en la gestión del patrimonio rural; comercializando tanto los productos cultivados como artesanías; se habían ganado este espacio porque optimizan con su acción los pocos recursos disponibles.

Las mujeres fueron ganando experiencia y capacidades en actividades productivas ya fuera en la propia casa o ya en otros espacios económicos de los que después tendría que retirarse para volver a su rol en el hogar y los cuidados.

Con la revolución industrial la mujer fue excluida lentamente de los procesos de aprendizaje formal en los oficios agremiados, y de la gestión del trabajo en la industria textil quedando relegada a un rol de auxiliar, donde abundaba la mano de obra femenina y el trabajo mal pago. Se diferenció el trabajo económicamente productivo valorándolo como “real” del trabajo doméstico, económicamente “insignificante”.

En nuestro continente, las mujeres indígenas también sufrieron la desvalorización y depreciación de su trabajo, debiendo transitar un proceso de ruptura entre su rol como generadoras de vida, la estrecha relación que mantenían con la naturaleza y su cosmovisión.

En la situación actual los pueblos indígenas se caracterizan por una tremenda vulnerabilidad habitacional y urbana, que refleja la injusticia social y espacial producto de la estructura desigualdad del territorio. Tanto hombres como mujeres se encuentran en condiciones laborales de mucha precariedad, siendo su participación en mercados de alimentos la base de su economía. Las mujeres, las líderes indígenas responsabilizan al sistema colonial que se instaura con la conquista, y al sistema capitalista como responsable de la escisión que debieron transitar entre su vida y la naturaleza.[4]

Entre sus reivindicaciones el movimiento de mujeres indígenas, se reconocen como “dadoras de vida, no sólo porque parimos sino porque hacemos crecer ese nuevo ser. Nosotras somos parte y estamos dentro de ese vientre que es la Pachamama. Aquí la exigencia es reconocer la vida para todos, pero también con el ejercicio de derechos: iguales oportunidades y espacios para hombres y mujeres” (Blanca Chancosa, líder kichwa ecuatoriana, 2010).

Reflexionar sobre la división sexual del trabajo, la separación de las tareas de cuidado de las tareas productivas, la separación de la producción rural de la producción industrial nos presenta una racionalidad con alto sentido productivista que entendemos que pone en segundo lugar a las personas, y a la mujer en particular.

 

URBANISMO DE LO COTIDIANO

Las condiciones laborales de desigualdad a las que están sometidas prevalentemente las mujeres se relacionan con las posibilidades de alcanzar condiciones saludables para reproducir su existencia en tanto su accionar cotidiano. Pero no sólo es la desigualdad en los roles de trabajo, sino que la vivienda y la ciudad a la que accede también esta signada por malas condiciones edilicias, espacios reducidos, sin ventilación ni iluminación, con servicios insuficientes o inaccesibles, en general se trata de barrios de origen informal, con centros de abastecimiento sin equipamiento para el cuidado de niñes, acceso a la salud o apoyo institucional. Donde los servicios de transporte son de mala calidad o muy costosos, ámbitos donde lo más preciado son los lazos de organización tejidos por la comunidad.

La profunda disociación que existe entre lo público y lo privado nos lleva a encontrarnos en el espacio público despojados del contenido social que estos guardan en nuestras idealizaciones. Las ciudades están planificadas de manera segmentada, fragmentadas en el territorio. Por un lado, está la residencia, por otro lado, está el trabajo, por otro, las actividades de ocio y más allá, el espacio libre, sin equipamiento, sin función. Esto incrementa la dificultad de saber del otro, de conocer sus necesidades y sus experiencias.

La riqueza social que se produce en el acto de encontrarnos adquiere en los mercados una forma utilitaria y funcionalista donde las personas que compran o venden son elementos secundarios que asisten al movimiento de las mercancías. Las frutas y verduras se vuelven protagonistas y las personas simples objetos de circulación.

Sin embargo, como hemos expresado en los párrafos anteriores es necesario pensar un espacio que organice de otra manera el espacio urbano, promoviendo otro tipo de relaciones. Ya que es en las ciudades donde las mujeres se exponen mayormente a la pobreza.

Por todo los expuesto es difícil incorporar a las agendas de la política pública la voz de estos actores, cuya omisión está vinculada como hemos visto con este rol de sumisión asignado históricamente que silencia el conflicto despolitizando la acción que estos agentes practican.

La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de géneros requieren visibilizar y problematizar sobre aquellos aspectos del habitar de las mujeres donde urgen políticas públicas para afrontar estas desigualdades estructurales. La vida cotidiana, los espacios de consumo, los espacios públicos, la movilidad y el transporte, la proximidad a los equipamientos y servicios contemplando las diferencias que existen en la práctica según sexo y género. (Jaime, 2018)

 

ACCIÓN PUBLICA y GESTIÓN SOCIAL

Se trata de llevar adelante una propuesta de acción urbana y de gestión que logre articular aquellas cuestiones relegadas al ámbito de lo privado, de la reproducción, de los cuidados, del intercambio cotidiano, con las cuestiones públicas. Se propone en este sentido profundizar la observación sobre la instrumentación.

Necesitamos hacer de las prácticas y herramientas de gestión social, políticas públicas. Esto permitiría incorporar al trabajo cotidiano de gestión social los recursos del Estado.

Nos referimos a recursos tanto económicos como cognitivos y de instrumentación y registro. Promoviendo la estabilización de acuerdos; arbitrando para promover el cambio de escala de los problemas, de modo que puedan ser pública tanto la voz como los instrumentos de los que luchan por transformar la desigualdad social.

En Argentina las acciones púbicas frente al Covid-19 tuvieron como principales protagonistas a las organizaciones sociales para la gestión social de la pandemia.

El establecimiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivió la situación en los hogares llegando mayoritariamente a mujeres. Esto es porque se priorizó reforzar el ingreso de les beneficiaries de la Asignación Universal por Hijo (AUH) administrada en un 90% por mujeres. El IFE también permitió visibilizar el universo de trabajo informal vinculados a los cuidados tanto remunerado como no remunerado.

Con respecto a las políticas de abastecimiento de frutas y verduras, en el mercado concentrador de Buenos Aires se está llevando adelante una propuesta denominada “Compromiso Social de Abastecimiento”. Consiste en la incorporación de la información como herramienta reguladora del mercado, ampliando los conocimientos tanto de les productores como de les comerciantes y consumidores. Se trata de soluciones informativas para aportar a la logística del abastecimiento, tarea fundamental de la ingeniería. Esta propuesta permitirá gestionar socialmente los cuidados frente al Covid-19, para poder conseguir alimentos a precios acordados contando con información, a través de una aplicación móvil, sobre los modos de desplazarse y obtener los productos necesarios según la localización de les consumidores.

Para el armado de la plataforma que da lugar a la aplicación confluyeron en su desarrollo miembros de distintas instituciones, directivos del Mercado Central, responsables de la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación, y autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Esto refuerza la necesidad de una acción pública que ponga el centro en la sociedad.

 

UN ANDAMIAJE PROVISORIO PARA LA ACCIÓN

 Hemos recorrido a la luz de la perspectiva de géneros las relaciones desiguales que se han puesto de manifiesto a partir del advenimiento del Covid-19. Los grandes y pequeños mercados distribuidores de fruta y verduras de nuestra región, han puesto en relieve las precarias condiciones laborales del trabajo que se realiza allí, así como también lo inadecuado de sus infraestructuras para dar respuesta a los requerimientos de hombres y mujeres que dejan allí buena parte de su vida.

Las desiguales relaciones del mundo del trabajo, las magras remuneraciones que perciben les trabajadores en estos ámbitos, han profundizados los efectos dañinos especialmente en las mujeres, sobre las que recaen las tareas de cuidado y reproducción.

Mirando hacia atrás en la historia hemos podido reconocer la necesidad de centrar nuestras acciones en la promoción de acciones que permitan tanto a hombres como mujeres, reunir su trabajo reproductivo con su trabajo productivo, lo rural con lo urbano, lo público con lo privado.

A la luz de lo analizado surgen algunos lineamientos que podrían servir como andamiaje provisorio para la elaboración de proyectos de gestión social para el desarrollo de políticas de acción pública.

  • Es necesario reconocer las practicas colectivas que permiten a los actores identificarse como sujetos sociales para enfrentar los efectos de la desigualdad evitando aquellas acciones que definen a la población como objeto de ayuda social. (Quintar, 2004)
  • Promover acciones que disminuyan la brecha de desigualdad en el trabajo que hay entre varones y mujeres y desarmen las estructuras de dependencia, y asistencialismo que se gestan en torno a las politicas publicas. Tenemos que aprovechar estas oportunidades para ampliar la concepción del Estado creando herramientas que permitan incoporar a las politicas publicas, las acciones de lucha que promueven justicia e igualdad en los actos cotidianos
  • Identificar los obstaculos que enfrentamos les urbanistas y arquitectes para abordar las demandas de acción formuladas desarrollando proyectos con centro  en los individuos y sus relaciones sociales. Para ello es necesario ir más alla de los objetos “agradables” y las “formas bellas”, profundizando en las necesidades de las personas y promiendo el  el acceso a los derechos urbanos.
  • Realizar propuestas que contemplen la complejidad de actores, saberes y escalas que confluyen en un acto. Las expectativas de les actores tienen que ponerse en juego, para ello es necesario ampliar la escucha, ver mas alla de la demanda funcionalista. Promoviendo un diseño que mejore las condiciones sociales de vida de las personas..
  • Utilizar nuestros saberes en contexto, ordenar los flujos y aliviar congestiones sin dejar de proporcionar los medios para una comunicación profunda sobre la base de las redes de comunicación ya creadas por la comunidad.
  • Pensar un urbanismo y una arquitectura que retomen las bases del encuentro desarrollado historicamente. Los elementos de diseño pueden ir al rescate de formas de relaciones sociales integradoras y solidarias para enriquecerlas con los desarrollos tecnologicos actuales.
  • Diseñar espacios que promuevan el encuentro para la gestión social, para determinar cómo organizar el trabajo, como distribuir equitativamente los bienes y servicios y como dirimir los conflictos sociales que surgen en torno al trabajo.

Murray Brookchin, en su libro “los limites de la ciudad” nos recordaba que “para los griegos la ciudad era algo mas que el producto de las técnicas de diseño o de edificios dispuestos racionalmente”, poniendo en valor “la ciudad como dominio de la libertad y de la buena vida”, donde formamos parte de una totalidad organizada sin perder nuestra individualidad, condición inalienable para la diversidad creativa. Para nosostros tanto estas ideas provenientes de la cultura occidental como las que recogiamos en el desarrollo del articulo de los pueblos originarios de america, son algunas de esas claridades que no pueden pasarse por alto si queremos promover proyectos socialmente valiosos y profundamente democráticos.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

BOOKCHIN, Murray (1978) Los limites de la ciudad. Editorial Hermann Blume. Madrid, España.

BUOLLOSA, Rosana (2013) “MIRANDO AO REVÉS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: notas sobre um percurso de pesquisa”. Extraído de https://revistas.pucsp.br/pensamentorealidade/article/view/17572

FALÚ, Ana (2015) Manual de Género para las Políticas y Planificación Territorial. Secretaria la Integración Social Centroamericana SISCA. Cordoba, Argentina.

JAIME, Ma. Eugenia (2019). “Desnaturalizar las asimetrías”. En: Construcción social de los géneros en la ciudad injusta. Editoras: Jaime, Eugenia; Mansueto Clara. Ediciones: Universidad de Buenos Aires. FADU-Instituto de la Espacialidad Humana. CABA, Argentina.

JAIME, Ma. Eugenia (2018). Urbanismo de los cotidiano. Ediciones Proyecto Habitar. CABA, Argentina.

https://issuu.com/proyectohabitar/docs/urbanismo_de_lo_cotidiano

MOLLAT, Michel (1988) Pobres, humildes y miserables en la Edad Media. Estudio social. Trad. Carlota Vallée. México, FCE.

MUXI, Zaida (2018) Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Editorial:

DPR-BARCELONA. Barcelona, España.

QUINTAR, Aida,  Calello, Tomás (2002) “Prácticas colectivas populares en la Región Metropolitana de Buenos Aires. ¿Indicios de nuevas formas de pensar-hacer política?”, en Rofman, A. (comp.), La acción local de las organizaciones sociales de base territorial, Buenos Aires: Instituto del Conurbano-UNGS/ IDEP-CTA

 

 

 

[1] http://www.mercadocentral.gob.ar/news/protocolo-de-medidas-preventivas-covid-19

[2] https://www.larepublica.co/economia/un-mercado-de-32-millones-de-toneladas-al-ano-2055511

[3] https://www.revistainternos.com.ar/2020/03/como-actuaron-los-mercados-mayoristas-de-frutas-y-verduras-del-mundo-ante-el-coronavirus/

[4] Gloria Alicia Caudillo Felix (2016) Las mujeres indígenas y el buen vivir. Extraído de http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR10-04-Caudillo-Castellano.pdf

Arquitectura, Covid-19, Eventos académicos, Universidad

CONCURSO HÁBITATS EMERGENTES: LA PROBLEMATICA DEL HÁBITAT Y LAS UNIVERSIDADES

Autoras: Daiana Boggio y Victoria Mansilla. Colaborador: Ezequiel Biagioni, arq.

 

La iniciativa de participar en el Concurso Nacional de Ideas Hábitats Emergentes surgió desde les estudiantes. Un grupo heterogéneo, no sólo porque unes eramos arquitectes y otres urbanistas, sino también porque estamos realizando nuestros estudios en distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires. El concurso era para nosotres una oportunidad para pensar junto a profesionales los problemas y los proyectos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población.

Nos enfrentamos a la dificultad de comprender el contexto en el cual se desarrolla la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Teníamos que resolver cuestiones técnicas que dependiendo de la región se volvía un problema político más o menos relevante. Las diversas características climáticas, de relieve, de cercanía a los arroyos, las costumbres locales, fueron algunas de las cuestiones que nos permitieron conocer las particularidades de cada territorio, y acercarnos a la construcción de una propuesta situada de gestión democrática y colectiva del hábitat.

Como en todo proceso de aprendizaje hubo que cortar para presentar resultados. No ganamos pero eso no quita los hallazgos del camino transitado.

¿CÓMO APRENDIMOS?

Comprendimos que para proyectar las viviendas de manera tal que posibiliten una vida saludable, tanto en lo individual y colectivo, es importante partir de lo cotidiano. Propusimos espacios que logren adaptarse a las particularidades de las diferentes acciones que se darían en la vivienda y en el barrio donde se inserten, entendiendo al encuentro y la gestión compartida en las tareas cotidianas como una situación clave para generar vínculos. Nos resultó relevante contemplar la heterogeneidad de la organización social para incorporar la perspectiva inclusiva y de géneros, donde pudimos pensarlo en los distintos espacios y elementos que comprenden a la vivienda.

Para la materialización del proyecto entendimos importante enfocarnos en promover una gestión compartida, en la promoción de los conocimientos populares y técnico profesionales. Promover la articulación de los diversos actores, de manera tal de involucrar los recursos propios del territorio, ya sean empresas estatales, universidades y/o cooperativas de trabajo. De este modo comprendimos que como estudiantes y profesionales somos parte del problema, así como parte del proyecto transformador.

¿Y AHORA?

Participar del concurso resultó una experiencia enriquecedora para poder conocernos y pensar los problemas existentes en nuestro territorio. Nos permitió entender que es necesaria una transformación profunda tanto en el modo de producir, como en el modo de enseñar y de aprender arquitectura y urbanismo.

Entendemos que para seguir transformando la realidad es necesario repensarnos como estudiantes y como profesionales, repensar la universidad y las instituciones que rigen nuestra profesión. Es necesario  el trabajo colectivo, que nos permita transformar los programas de las universidades, para que incorporen los problemas de hoy, que nos permitan pensar los espacios desde la cotidianeidad, la pluralidad de voces y disciplinas. Nos parece importante incluir estos propósitos en las universidades para poder llevar a cabo nuestra formación de arquitectes y urbanistas como articuladores sociales con saberes técnicos, que nos permita proyectar el hábitat y la ciudad que pueda incluirnos a todes.

   

Articulos, Asesoria Urbana, Covid-19, Derecho a la Ciudad

Frente al desalojo de las familias del Barrio Ferroviario

Autores: Proyecto Habitar

 

Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos, atendiendo la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del Barrio Ferroviario, después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado acciona por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que es parte de una “zona de operaciones”. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos diez años sin afectar el normal desarrollo del servicio.

El Barrio Ferroviario es uno de los 4416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad, y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo.

En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los desalojados, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales, vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y algunos movimiento sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días, sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente.

Durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de trenes argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia: por ejemplo, que muevan sus casillas de lugar, o que achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado, visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias.

Desde Proyecto Habitar vivimos de cerca este proceso, ya que desde mayo empezamos a concurrir al barrio Ferroviario, para asesorar a las 42 familias que conforman el barrio “Victoria”, como es conocido por sus pobladores, en el proceso de urbanización. Urbanizar el barrio es urgente, la falta de acceso a la red de agua y a las redes de saneamiento en el contexto de Covid-19 constituye una cuestión fundamental para toda la población.

A mediados de julio, las familias del barrio “Victoria” frentistas a unas vías del ferrocarril que se encuentran en desuso, paralelas al muro que divide el barrio con el área de funcionamiento del ramal que va hacia Capilla del Señor, comenzaron a recibir visitas de operarios y miembros del sindicato del ferrocarril quienes, según los decires de la población, manifestaban que iban a levantar un muro frente a sus casas, en el único espacio de esparcimiento del barrio, dejando sólo un pasillo mínimo para circular. Frente a esta transformación urbana que afectaría la vida cotidiana de las familias, asesorando desde lo jurídico y técnico, buscamos la manera de conocer quienes estaban detrás de estas directivas. Era desconocido para los pobladores -ningún responsable presente nos supo confirmar- quien estaba a cargo de la administración, podía ser ADIFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o el ABB.

Estas familias ya habían sufrido un proceso de intimidación y hostigamiento muy violento en 2018, cuando se radicaron en estos terrenos, hecho que se cristalizó en acciones legales hacia ellos.

En aquel momento se llevó adelante una causa en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de San Isidro (101931/18) y quedo en suspenso con la ley de Régimen de Regularización dominial para la Integración Socio Urbana y la obtención de los certificados que proveía esta ley.

El día 28 de agosto nos volvimos a reunir en asamblea para seguir desarrollando las acciones de la mesa de urbanización. Los pobladores pusieron sobre la mesa la situación por la que estaban pasando. La toma que se había efectuado el día 23 provocó que gendarmería se instalará en el predio, anulando uno de los dos accesos, bloqueando el ingreso para el abastecimiento diario y la mejora de las viviendas, la posibilidad de transitar libremente hacia la estación Victoria por el camino paralelo a las vías y, sobre todo, generando una situación de incertidumbre e inseguridad que atravesó a todes. A esta misma asamblea se acercaron representantes de las familias que estaban en la toma, nos contaron la situación de desamparo que atravesaban, que el único contacto que tenían era con la policía, que les pedían sus documentos constantemente. A partir de esto y con el consentimiento de las familias que estaban allí, nos propusimos acercarnos a la toma nueva. No pudimos ver la situación en la que estaban las familias hasta el día lunes, cuando ingresamos a la zona y observamos que las casillas habían sido movidas de lugar. Entre ellas, la casilla de un poblador que tenía ya varios años en el lugar, y fue desarmada para reubicar, argumentando la necesidad de la construcción de un muro. Según el coordinador de seguridad está situación era transitoria, hasta que resolvieran la situación. Hasta este momento, creíamos que lo que se esperaba era el acuerdo entre las autoridades públicas y la administración del ferrocarril, ya que la jueza Arroyo Salgado había presentado un edicto donde instó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para arbitrar una salida “evitando la judicialización de cuestiones que corresponde al ámbito político”.

Finalmente, se desalojaron no solo a las familias q hicieron la toma, sino a las que se localizaba cerca del predio. No sé respetó el protocolo de desalojo, se actuó durante la noche, se violentó la salida de la gente de su vivienda, y el Coordinador de Seguridad Patrimonial de la empresa se niega a darnos respuesta sobre la actuación realizada.

En síntesis, han sido vulnerados los derechos de los pobladores. Contrariamente a lo que se ha querido instalar en algunos medios, ninguna de las casas construidas por los pobladores del barrio afecta el funcionamiento del ferrocarril, han sido expulsados a pesar de que los desalojos actualmente están prohibidos por el contexto de la pandemia, y más aún en este caso, ya que este barrio está dentro de los que el RENABAP dispone a urbanizar por Ley nacional.

 

 

 

Covid-19, Derecho a la Ciudad, Fotografia documental, Notas

Lo cotidiano en la toma de Guernica. La lucha por un espacio para la vida.

Autor: Miguel Caamaño y Javier Orlando

 

Desde el lunes 20 de julio se estima[1]  que 2 mil familias de tres barrios de la zona decidieron tomar un predio de 100 hectáreas del Barrio Numancia, en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano. Necesitadas de un espacio para la vida, las familias ocuparon el predio que se encontraba en estado de abandono desde hace más de 40 años.

El barrio, esta formado por cuatro zonas: 20 de Julio, San Martín, La Unión y La Lucha, cada una de estas zonas tiene unas 20 a 25 manzanas con unos 18 a 22 lotes, con accesos y calles internas que proponen la integración a la traza urbana existente promoviendo la continuidad de las mismas.

El trabajo por parte de las familias es constante, realizan ollas populares que brindan el sustento diario de alimento a los y las pobladoras. Tambien estan trabajando en el proyecto para las viviendas, los espacios verdes, las salitas, asi como espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales.  

Los cuidados frente al COVID-19, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. El acceso al agua segura para consumo y la energía eléctrica son limitados o nulos.

El trabajo sostenido que realizan las familias para autoproducir su hábitat se puede observar en las fotografias que compartimos. El derecho a la vivienda y a la ciudad se invisibiliza cuando se criminaliza la lucha por un espacio para la vida. 

Como arquitectes, la revisión crítica de estos procesos nos moviliza a pensar constantemente cómo desarrollar procesos hacia la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan como parte de sus objetivos el acompañamiento técnico-profesional. De esta forma, pobladores y trabajadores del hábitat seguimos en conjunto, construyendo un camino para promover la transformación necesaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Si bien todavía no se realizó un censo, las diferentes organizaciones locales estiman una población de de 2000 familias  que equivalen a 10000 personas.

Arquitectura, Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN CAMPO UNAMUNO

Autora: Maite Niborski

 

Esta semana reiniciamos junto con la cooperativa de Campo Unamuno y la federación de cooperativas del movimiento evita, las obras de 32 mejoramientos habitacionales en distintos barrios de Campo Unamuno, Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
En estos tiempos de cuarentena y aislamiento social fueron paralizadas, al mismo tiempo que se hizo visible la necesidad histórica del acceso a una vivienda saludable.
Estas obras son producto de varios años de lucha de sus pobladores, proceso que acompañamos desde el 2016, y que tiene el sentido de mejorar la calidad de los espacios de la vivienda para la vida cotidiana.

La mesa de trabajo de Campo Unamuno se gestó en el año 2012 por la preocupación de referentes de los distintos barrios que conforman Campo Unamuno para mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar donde viven[1]. Con apoyo de la Defensoría General de la Nacion y la organización barrial consolidaron la mesa, instrumento que les permitiría tener representatividad de las demandas sociales del territorio en el municipio, a través de la causa Mendoza. Demandas en relación a la contaminación del suelo y del agua, de la necesidad de acceso a los servicios básicos de electricidad, cloacas, agua para consumo humano, gas y tratamiento de los residuos solidos urbanos, así como mejorar las condiciones de las viviendas.

En 2010 a partir de la causa mendoza, se firmó el Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo[2], a ejecutarse en etapas. Para Campo Unamuno se resolvió la producción de 217 mejoramientos habitacionales. A estos fines, se conformó la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno, con la idea de que los propios vecinos del barrio sean quienes produzcan las mejoras. Y se inició un proceso de gestión para retomar las obras, que nos encontró con la organización. Desde hace 4 años Proyecto Habitar y representantes barriales que conforman la mesa de trabajo y la cooperativa de trabajo de Campo Unamuno, trabajamos de forma conjunta para llevar adelante las obras de mejoramiento habitacional en los barrios D.A.M., 3 de enero, Libertad, 1° de Octubre y 2 de Mayo.

Desde el 2016 a la actualidad, trabajamos en distintos convenios por un total de 139 mejoramientos de viviendas, de las cuales 28 fueron terminadas, 15 están en obra actualmente, 2 quedaron frenadas, y 94 aún no están iniciadas. De los 4 convenios celebrados para las obras, 3 se encuentran paralizados por falta de pago de los organismos responsables, y el cuarto reinicia esta semana con escasos recursos y desembolsos inciertos, que dificultan su proyección. En el tiempo que llevan los trámites que suceden a las distintas oficinas estatales, entre relevamiento, proyecto, presupuesto, pliego, licitación y firma del convenio; y finalmente desembolso y comienzo de obra, se ha transformado la realidad económica del país con su consecuente impacto en los costos de la construcción y en la necesidad de les pobladores para mejorar su hábitat. ¿Cómo inciden los tiempos y las demoras en los pagos sobre la aplicación de los programas de mejoramiento habitacional en el territorio?

 Cuando se firmó el convenio en 2016,  el valor del m2 de obra rondaba los $13.000, el valor del dólar estaba a 15 pesos, lo que daba un valor de $400.000 para hacer la mejora. El convenio estuvo inactivo hasta 2019, donde se dispusieron los recursos para iniciar. En ese entonces, el valor de obra había pasado a $30.000 /m2, el valor del dólar había aumentado a $45, y el monto del convenio se mantuvo invariable; lo que provocó que los mismos $400.000 sirvieran para hacer una obra que contemplara las condiciones sociales de las familias, la mano de obra, los materiales, las herramientas y el trabajo profesional. El costo de los materiales y herramientas no se pudo sortear; esto implicó una restricción en la posibilidad de transformar materialmente el espacio para les pobladores, así como la precarización del trabajo de la cooperativa y del equipo técnico. Precarización que se visibiliza en las remuneraciones de quienes trabajamos, pero también en las condiciones en las que se desarrolla la práctica; dificultando el acceso a insumos básicos de oficina, movilidad, víveres; elementos de seguridad e higiene, y herramientas que mejoren la producción.[3]

A la vez implicó tomar decisiones sobre lo prioritario, en un contexto de urgencia. Construir más metros cuadrados y relegar las terminaciones en los casos de hacinamiento crítico, construir menos metros, priorizando condiciones de confort térmico e hidrófugo en casos de deficiencias pulmonares crónicas, entre otras. Una reducción de las transformaciones posibles, que no terminan de dar respuesta al déficit habitacional.

Esta situación se agravó con la inestabilidad en los pagos por parte de los organismos. Debíamos certificar acorde al plan de trabajos mensualmente, pero los pagos de cada certificado a la cooperativa se realizaban cada tres meses, situación que nos demandó proyectar una obra que permitiera estirar los recursos de un mes en 3 meses, y que se sostuvo hasta que debimos paralizar las obras por falta de pago.

El aporte del acompañamiento técnico en este sentido resulta fundamental para hacer valer los escasos recursos. Radica en el trabajo sostenido para ajustar las posibilidades de materialización a las condiciones dinámicas de la realidad, producto de los retrasos en los pagos que disponen los plazos de la burocracia, y las necesidades variantes de la población. Requiere un trabajo sostenido, porque demanda resoluciones provisorias, ajustes en los programas y planificaciones, situar los proyectos a las necesidades actuales de les pobladores, y a las posibilidades materiales de transformación.

En Argentina 12.000.000 de personas habitan en viviendas inadecuadas, de los cuales el mayor porcentaje consiste en viviendas recuperables. Los programas de mejoramientos habitacionales son necesarios y valiosos, en tanto posibilitan el rescate de lo producido social y espacialmente por les pobladores; y dan respuesta a mejorar las condiciones de precariedad material de la vida cotidiana. Contemplar el impacto del tiempo, en la desvalorización del recurso estatal dispuesto y su relación con la posibilidad de acción en el territorio, es necesario para ir hacia programas más dinámicos; con el sentido de que los recursos que se disponen, estatales y también sociales, se reflejen en un resultado en la mejora de las viviendas para la población.

 

[1]El asentamiento denominado “Campo Unamuno” se sitúa en el Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en el extremo noreste de ese distrito, delimitado por el arroyo Unamuno, el Camino de la Ribera, la calle Hornos y la calle Chivilcoy. Se encuentra a su vez, dividido en nueve barrios: “Libre Amanecer”, “Soledad”, “La Lonja”, “1o de Octubre”, “Diego Armando Maradona”, “3 de Enero”, “17 de Marzo”, “2 de Mayo” y “Libertad», con una población, aproximada de 7.000 familias. Fuente: https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/231-equipo-de-trabajo-rio-matanza-riachuelo-wp/1743-campo-unamuno

https://auno.org.ar/vecinos-de-villa-fiorito-en-lucha-por-la-urbanizac/

[2] El Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo determina dar respuesta a 17.771 soluciones habitacionales en barrios populares de los 14 municipios de la cuenca, de las cuales se entregaron 3.725 (el 20% en 10 años), y 6.000 obras figuran iniciadas.

[3] Para ampliar sobre las condiciones del ejercicio profesional en el hábitat popular, se recomienda la exposición de Ricardo de Francesco en la mesa de Diálogos Urbanos, Ciudad Pendiente capitulo 3, organizada por el Colegio de Arquitectos de Rosario. Link: https://www.youtube.com/watch?v=HM7Qvc6yST8

 

Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad

A LOS 80 DIAS DEL AISLAMIENTO

Autora: Gabriela Torrents, arq 

Los 89 días que han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del COVID-19 como pandemia, nos han expuesto a transformaciones contundentes a nivel mundial. Al inicio del periodo de aislamiento, el equipo de investigadores de Proyecto Habitar nos propusimos realizar dos informes con relatores de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de analizar el impacto en la organización espacial y social que produjeron las medidas políticas implementadas en cada país. En el primer informe, registramos que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. En el segundo informe, identificamos enormes esfuerzos sociales para hacerle frente tanto a la enfermedad como a las medidas de prevención, principalmente de aquellos sectores que presentan condiciones espaciales adversas.

En Argentina, han transcurrido 80 días desde que inicio el período de Aislamiento Social, Preventivo Obligatorio, el mismo ha adoptado formas diversas según la propagación del virus y el aumento de contagios en las regiones del país. Este proceso ha sido heterogéneo y fluctuante, generando impresiones y debates desde distintas posiciones, tanto a favor como en contra de dichas medidas. En el último anuncio, el presidente Alberto Fernández planteó que el país aún no ha superado el problema de la pandemia, y que la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrá continuidad donde haya circulación comunitaria del virus. En este proceso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha sido la región más afectada del país, en comparación con otras donde la circulación comunitaria del virus se encuentra controlada.

En esta oportunidad, enfocaremos nuestro análisis en la transformación del hábitat del AMBA, donde se concentra el 90% de contagios del país, y también donde este equipo de arquitectes lleva adelante su práctica profesional, específicamente en barrios populares. Respondiendo a una demanda histórica de los 14 millones 800 mil habitantes, los distintos niveles del Estado han presentado medidas vinculadas al mejoramiento del hábitat, que restituyen su rol clave y la responsabilidad de favorecer transformaciones habitacionales y urbanas que respondan de manera integral a los problemas que se construyen en el territorio. La situación de fragilidad que viven les habitantes se inscribe en una lógica de territorialización de la desigualdad, que antecede el contexto de emergencia sanitaria actual. Desde este equipo de investigación, reconocemos que la perspectiva histórica del problema es un aporte clave para entender el presente y proyectar las transformaciones necesarias.

En esta oportunidad, nos enfocaremos en analizar cuáles son las políticas de hábitat que se implementan en el AMBA, que transformaciones se registran en la organización social y espacial a partir de su implementación, analizando particularmente qué sucede en los barrios populares.

¿Qué políticas de hábitat se promovieron en el AMBA?

Para abordar las medidas políticas de hábitat, específicamente en el territorio del AMBA, es necesario restituir algunas medidas nacionales, debido a su capacidad de incidencia en los modos de habitar del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento. En el trabajo de los informes anteriores, hemos mencionado algunas de ellas como el ingreso Familiar de Emergencia, el plan Argentina Construye, el dispositivo DetecAr, El barrio cuida al barrio, que sin duda han generado transformaciones en la vida cotidiana de les pobladores.

Desde el inicio del periodo de aislamiento las políticas públicas de hábitat nacionales se enfocaron en la atención del contexto de emergencia que se desataría durante los próximos meses. Esta revisión nos permite tener un panorama general sobre los aspectos que se han considerado prioritarios.
En primer lugar, el 18 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, tomando la prevención del Ministerio de Salud sobre el futuro incremento de contagios, anunció la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia, ampliando a 840 las plazas los espacios de internación, y ofreciendo atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Le siguió el 24 de marzo el decreto sobre la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no puedan suspenderlos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

El 29 de marzo se congelaron temporalmente los precios de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago hasta el día 30 de septiembre. También se prorrogaron, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación que fueran posteriores al 20 de marzo.
El 14 de abril se lanzó el Programa El Barrio cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si bien estaba enfocado a la prevención desde promotores barriales, se contempló una segunda etapa destinada al mejoramiento edilicio de espacios barriales, en articulación con comedores, merenderos y centros comunitarios.

La medida más reciente fue anunciada el 14 de mayo. El programa federal Argentina Construye de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, contempla la reactivación económica en contexto de emergencia, a partir de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. Esta iniciativa prevé la generación de 750 mil puestos de trabajos directos e indirectos entre 2020 y 2021, articulando junto a provincias, municipios y organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat elaboró el «Protocolo de Prevención del COVID-19 en Obras de Construcción», a fin de garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores que retomen sus actividades en obras de construcción.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al decretarse la emergencia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos enfocó su trabajo en el desarrollo de centros de atención de salud, agilizando obras en las diferentes escalas que tiene el sistema público: Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), hospitales modulares, mejoramiento y refacción, terminación de centros de salud.

En abril, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) instaló oficinas-conteiner en los barrios El Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza), que forman parte de los barrios con los que se habían iniciado procesos de proyecto y ejecución de obra. Esta medida tuvo por objeto entablar la comunicación con estos barrios involucrados en los procesos socio-urbanos que lleva adelante OPISU, a pesar de las dificultades que implica el aislamiento.
En la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, se anunció la puesta en marcha de 224 proyectos a través del Plan Argentina Hace, en articulación con los gobiernos municipales, con la perspectiva de generar más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, encender la economía y garantizar el acceso a derechos. Los proyectos están orientados a agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

También, se anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias, sumando un total de 228 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

En junio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con el objetivo de establecer y definir los procedimientos que se deben seguir para la prevención del COVID-19 y enfermedades cuyo vector de transmisión sea el mosquito, aprobó un protocolo de acción para reanudar el trabajo en obras que se encontraban en ejecución, próximas a reactivarse y aquellas a iniciarse. Esto propició, que se retomaran obras en complejos habitacionales que encontraban suspendidas, para dar solución habitacional a los vecinos del distintos municipios como Moreno, Escobar, entre otros.

¿Qué transformaciones han promovido en la organización social y espacial? ¿Qué conflictos se produjeron?

Las políticas públicas de hábitat en este contexto han sido consideradas como un buen antecedente en la promoción del acceso a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios fundamentales para el desarrollo de la vida. Aunque de estas políticas solo algunas han iniciado trabajos, han generado expectativas en gran parte de la población. La construcción de unidades sanitarias en distintas escalas de proximidad son un interesante antecedente en la implementación de políticas de transformación territorial situadas abordadas desde las problemáticas y las formas de gestión local.

Estas actividades vinculadas a la construcción de viviendas, hospitales, espacios comunitarios, han sido presentadas por las autoridades como oportunidades para la reactivación económica. Esto, en el plano cotidiano del AMBA, ha favorecido el incremento gradual de circulación de les trabajadores, tanto en transporte público, peatonal como en vehículos particulares. Esta transformación entra en tensión con el crecimiento de contagios en esta área, con valores que alcanzan los 900 casos por día.

Al mismo tiempo se han abierto distintas interrogantes con respecto a que sucederá después de la pandemia respecto a estas medidas. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, quienes hoy son inquilinos se preguntan de qué manera enfrentarán los aumentos posteriores al aislamiento.
En el informe anterior, registrábamos que frente a los aumentos desorbitantes en las facturas del gas y electricidad se comenzaron a realizar reclamos y a solicitar planes de pago. Frente a estos hechos, una cuestión que aún no ha sido desarrollada es como se saldaran las deudas producto de las facturas impagas que toleran las empresas prestatarias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la zona de Retiro ha concentrado el 27% de los casos. La mayor cantidad de afectades son habitantes del barrio Padre Mujica Villa 31, donde se diagnosticaron 2046 casos. El incremento de contagios de COVID-19 en los barrios populares, especialmente en las villas de CABA, han producido fuertes reclamos por parte de sus habitantes por las condiciones deficitarias en las que históricamente han vivido, alcanzando hoy consecuencias gravísimas para su salud. En cuanto al conurbano, La Matanza, Avellaneda y Quilmes han sido los 3 municipios con más contagios.

¿Qué sucede en los barrios populares?

En esta última etapa, los barrios populares se convirtieron en focos de contagio debido a las condiciones espaciales y de infraestructura deficientes en las que sus habitantes se encuentran desde sus orígenes. Situación agravada porque las insalubres condiciones del hábitat en el que han transitado su vida, ha condicionado su salud, y en muchos casos los ha convertido pacientes de riesgo: con enfermedades respiratorias, problemas de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que son producto, entre otras cosas, de un hábitat insalubre.

La tasa de mortalidad en esos barrios a causa del COVID-19 es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del virus. El caso del barrio Padre Mugica se ha convertido en un caso paradigmático por el fuerte impacto en la opinión pública, provocado por la muerte de varies de sus referentes históricos. Entre elles, el caso de la comunicadora popular Ramona Medida ha tomado gran relevancia debido a que en múltiples ocasiones, en distintos medios de comunicación, había expresado con fuerza las injusticias que ella como sus compañeres transitaban día a día. La imposibilidad de mantener el distanciamiento debido al hacinamiento en las viviendas, no poder higienizarse ni lavarse las manos como consecuencia de la falta de agua durante 13 días el mes de mayo; violaciones a los derechos urbanos que sumadas a las infinitas trabas con las que tuvo que lidiar durante todo el proceso de urbanización para que finalmente le negaran el acceso a una vivienda, por la incompatibilidad entre las condiciones de accesibilidad que necesitaba su hija y las que estas viviendas nuevas le ofrecían. A los contagiades de la Villa 31, se le sumaron los del Barrio Padre Ricciardelli (villa 1.11.14) con 858 positivos; el Barrio 21.24 de Barracas, 404; el Barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 Villa Oculta, con 96.

Aunque en distintos medios de comunicación los comités de crisis presentaron documentos y diversas manifestaciones públicas, recién el 30 de mayo el gobierno de la CABA presentó un protocolo sanitario de actuación para las villas, tras una intimación judicial. El mismo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, aún se encuentra en revisión, y durante este periodo obliga al Gobierno de la Ciudad a brindar elementos sanitarios, de higiene, de medición de temperatura y de agua potable para los habitantes de las villas.

En cuanto a la situación en el conurbano bonaerense, si bien el gobernador manifestó que la persistencia del aislamiento en el conurbano por el incremento de contagios de coronavirus «no es un problema privativo de los barrios populares», transcurrir en condiciones materiales precarias la cuarentena ha resultado un diferencial para miles de pobladores de estos barrios.

Entre los casos que se pueden mencionar, el de Villa Azul, ubicada en los límites entre Avellaneda y Quilmes, ha sido paradigmático, por tratarse del primer barrio popular del conurbano que registró un brote veloz de COVID-19. En este barrio de más de 5000 habitantes, donde se registraron 344 casos positivos, se aplicó el modelo de cuarentena comunitaria que bloquea los accesos al barrio, imposibilitando la circulación de personas y mercancías durante dos semanas. La política implementada en este barrio no fue la misma frente a otros focos de contagio de la zona por tratarse de sectores urbanizados, y esta desigualdad en las condiciones materiales de producción del barrio, las limitaciones de las políticas de urbanización y el contraste entre sectores despertó fuertes críticas.

En el municipio de La Matanza, se identificaron conflictos de distinto tipo. Se produjeron desalojos en toma de tierras en Ciudad Evita, González Catán y Virrey del Pino, más allá de que se decretó la suspensión de los mismos. Familias jóvenes, provenientes de barrios aledaños, intentaron ocupar terrenos para construir sus viviendas. En el barrio Las Casitas, también localizado en González Catán, sus habitantes reclamaron por el corte del suministro de agua que sufrieron durante 13 días, exponiéndolos a mayores probabilidades de contagio. Esta situación de falta de agua y electricidad, también se atravesó en el barrio localizado en Puente 13, en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura. En el municipio de San Martin, varias familias provenientes del barrio 13 de julio de José León Suarez fueron desalojadas de terrenos fiscales que tomaron para construir viviendas.

En José C. Paz, en el barrio Lamas de se inició un registro de les pobladores que se encuentra en esta toma, generando una aglomeración intencionada, poniendo en riesgo la salud de todes. En el barrio San Atilio del mismo municipio, les habitantes denunciaron la quema desmedida de los residuos sólidos que se vuelcan en el vertedero lindante con el barrio, contaminando el aire y sofocándolos en pleno aislamiento.

A pesar de las condiciones adversas que atraviesan los barrios populares, las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio continúan trabajando atender a les pobladores frente a la crisis sanitaria, reforzando las estrategias de cuidado y cuando es posible las medidas de aislamiento. A pesar del temor frente al contagio, se sostienen las ollas populares y los centros de asistencia como puntos de encuentro comunitario.

Desde diversas organizaciones sociales, barriales y equipos académicos se ha abordado las implicancias de la crisis sanitaria en los barrios populares, a partir de las características y problemáticas específicas que allí transcurren. El resultado fue la elaboración de recomendaciones para la implementación de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos, tomando la demanda que circula en estos barrios.

Algunas reflexiones

Mucho se ha dicho sobre la exacerbación de las desigualdades durante esta pandemia, y de las contradicciones que ha evidenciado este momento histórico, en especial sobre el proceso de urbanización en la lógica de producción actual. Esta es una enfermedad que, en contraposición a lo que han dicho varios filósofos contemporáneos, no es democrática. Su avance no reconoce fronteras, pero sí reconoce sectores sociales. Y en esta relación, es pertinente reconocer también que los sectores sociales habitan la ciudad de forma desigual, según su condición de propietarios, su localización en el espacio, sus trayectorias habitacionales, el acceso efectivo a la ciudad y sus beneficios. Allí se evidencia la desigualdad urbana.

En este contexto adverso, nos preguntamos ¿cómo construir las condiciones necesarias para alcanzar una transformación estructural? Resulta urgente proyectar e implementar aportes multidisciplinares que contrarresten el efecto de la pandemia, pero por sobre todo el efecto de la desigualdad histórica que sacude hoy con más fuerza.

Decretar una nueva normalidad con buenas intenciones no parecería suficiente. La falta de agua, el riesgo ambiental, el hacinamiento en la vivienda, los abusos y represiones de las fuerzas policiales sigue siendo moneda corriente. Entendemos entonces que es necesario problematizar como llegamos acá, cuáles han sido las reglas que dieron forma a una ciudad que somete y excluye a les habitantes de los barrios populares, les trabajadores que sostienen la producción urbana.

Resulta interesante la orientación en dirección a los sectores populares de varias líneas de las políticas públicas de hábitat. El reconocimiento del aporte del trabajo que realizan les habitantes y  de las preexistencias físicas. La cuestión de la vivienda sigue apareciendo en agenda como una necesidad fundamental, en una relación con la reactivación económica que es necesario no asumir de manera lineal y deconstruir para que estas políticas no reproduzcan la desigualdad urbana de que hoy padecen millones de pobladores.

En estas líneas de transformación urbana que se están impulsando, resulta urgente la incorporación de les profesionales del hábitat. La universalización en el acceso a un hábitat justo requiere el trabajo de múltiples actores de manera articulada, profesionales del hábitat junto a colectivos sociales con preocupaciones por alcanzar condiciones habitaciones y urbanas más justas, promoviendo una redistribución de recursos más equitativa y levantando los problemas junto a sus protagonistas, para generar políticas de hábitat transformadoras.

 

Foto de Portada: Micaela Pereira

America Latina, Articulos, Asesoria Urbana, Covid-19, Covid-19, Derecho a la Ciudad, Notas

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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America Latina, Articulos, Covid-19, Covid-19, Notas

UN MES DE AISLAMIENTO. Estrategias sociales de colaboración y solidaridad

por Clara Mansueto, Ricardo de Francesco y Teresita Sacón

Transcurrido un mes de aislamiento social en Argentina y retomando las reflexiones del primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, abordaremos el registro las acciones que promueven las relaciones sociales de colaboración y solidaridad, como antecedentes valiosos hacia la construcción de políticas que aborden las condiciones estructurales e históricas de la desigualdad urbana de nuestro país.

¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas en argentina?

Pasados los doce días del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de carácter estricto dispuesto por el gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que mencionamos en el primer informe, el Gobierno Nacional Argentino prorrogó el aislamiento junto con la flexibilización de algunas actividades. Se llamó a esta segunda etapa: aislamiento administrado, donde se estimó un 25% de la población en movimiento.

El Congreso Nacional no volvió a sesionar, todas las medidas son tomadas por decreto o prórrogas mediante decisiones administrativas inscriptas en los DNU

La salud sigue siendo la principal orientación del paquete de medidas continuando con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”. En ese sentido, se ampliaron las recomendaciones sanitarias de higiene personal, de objetos, utensilios, alimentos; como la higiene y ventilación de los espacios de la vivienda. El uso del barbijo es recomendado para circular por la ciudad y obligatorio en el transporte público, el ingreso a locales comerciales, y espacios de concurrencia.

La obra pública estuvo dedicada a la terminación de unidades sanitarias y montaje de hospitales modulares de construcción en seco. Recientemente (21 de abril) se incorporaron otras obras con el lanzamiento del programa “Argentina Hace II”, que reactiva un sector de la obra pública a nivel nacional focalizada en rutas, obras hídricas y trabajos en municipios.

Las políticas de hábitat estuvieron enfocadas al congelamiento de precios de los contratos de alquiler, hasta el 30 de septiembre con valor del 30 de marzo, pagándose los aumentos en hasta 6 cuotas luego de esa fecha. Esta media está destinada a viviendas urbana y rural, pensiones, hoteles o alojamientos; a los espacios destinados a actividades culturales, rurales de pequeñas producciones y el alquiler de Cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. A su vez, se congelaron las cuotas de hipotecas, la suspensión de desalojos y las ejecuciones por falta de pago. Hasta el momento no se implementaron medidas para abordar la urbanización informal.

Se anunciaron medidas económicas orientadas al mercado laboral: 

  • Se amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción con fecha hasta el 30 de junio, mediante el cual se otorgan créditos a tasa cero, salarios complementarios, aumentos de prestaciones por desempleo y reducción de aportes patronales.
  • Se creó el ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores no registrades y monotributistas, y se entregó un bono extraordinario para beneficiaries de la Asignación Universal por Hije, Jubilades y pensionades y condonación de cuotas para quienes hayan sacado créditos en ANSES.
  • Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional en las aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
  • Asignación estímulo para trabajadores de la salud.
  • Prohibición de los despidos y suspensiones laborales salvo por causas de fuerza mayor, pactadas entre las partes y homologadas por el Ministerio de Trabajo.

También se extendieron los horarios de algunos comercios y se ampliaron gradualmente las excepciones a diversas actividades productivas y servicios: gastronomía; artículos de librería e insumos informáticos, bajo la modalidad de entrega a domicilio; correlones de materiales para la construcción; curtiembres, aserraderos y fábricas de maderas, colchones y maquinaria; talleres, fabricación y venta de repuestos para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas.

A las excepciones se incorporó la circulación de personas con discapacidad y autistas, y las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a estas poblaciones, medidas que alivian el trabajo de cuidado que recae mayormente en sus parientes mujeres. 

Se habilitó la actividad bancaria de atención al público con turno, viabilizando el cobro de pensiones para quienes se veían imposibilitades de hacerlo mediante cajero automático.

Se prorrogó el programa “precios máximos” de alimentos y productos esenciales por 30 días, incorporando elementos sanitarios tales como barbijos, termómetros y alcohol en gel. Luego de una compra con sobre precios por parte del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron nuevas disposiciones para la  compra de insumos y contrataciones del Estado en la que se reglamenta la figura “contratación directa por emergencia” y promueve la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles.

Al cierre de fronteras nacionales, provinciales y municipales se exceptuó el movimiento por tierra de aquellas personas que hubieran quedado lejos de su domicilio cuando inició el aislamiento, así como el arribo de aviones con argentinos repatriados.

Las fuerzas de seguridad siguen controlando el acatamiento de la cuarentena por parte de la población. El ejército asumió nuevas tareas, como la instalación de carpas sanitarias acopladas a hospitales, la confección de barbijos, y en algunas localidades reparte bolsones con alimentos y viandas de comida. A su vez, están efectuando vuelos de reconocimiento de posibles lugares de aterrizajes próximos a los lugares sanitarios.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Sistema Integrado de Información Sanitaria, abrió una convocatoria para incorporar profesionales voluntaries para reforzar los equipos sanitarios dependientes de Nación y las Provincias. Por su parte, diversas municipalidades del conurbano bonaerense están promoviendo voluntariados dirigidos a todas las personas con intenciones de colaborar en la asistencia sanitaria.

 

¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales?

La flexibilización de la cuarentena, se expresa espacialmente en el incremento de flujos vehiculares y peatonales por las calles, y en la concentración de personas en actividades esenciales como el retiro de dinero en bancos, el abastecimiento en mercados, compra de medicamentos en farmacias, vacunación en centros médicos y el pago de servicios.

Estas actividades se desarrollan con una organización del tiempo mediante la pre adjudicación de turnos y el control de cupos máximos dentro de los locales. Físicamente, se materializan con líneas dibujadas en el piso para determinar la ubicación de las personas en la fila, mamparas transparentes en las cajas de los mercados; locales que funcionan tras las rejas; nylon transparente que cubre el frente de locales, dejando lugar solo para el intercambio de dinero y productos. Restricciones que impactan en la vida cotidiana y en los modos de relacionarse socialmente en los espacios.

Otras transformaciones impactantes en el espacio urbano son la imposibilidad de verle la cara a las personas por la utilización masiva de barbijos o máscaras, como así también la ausencia de reuniones o actividades colectivas, las manifestaciones políticas y los encuentros cotidianos por las calles, más allá de alinearse en las filas manteniendo distancia.

El transporte público de colectivos, subtes y trenes aumentaron sus frecuencias, aunque no llegan a sus máximos de horas pico. En las estaciones cabecera y centros de transbordo se implementaron controles de salud de pasajeros. En los colectivos, sigue vigente la obligación de subir por la puerta trasera, que los dos primeros asientos estén desocupados y que sólo se viaje sentade.

Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) con el cierre de comercios y de varias industrias, los residuos se redujeron un 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por su parte, en Santa Fe y Rosario las autoridades del área de Ambiente informaron que aumentaron las toneladas de basura en un 43% por el incremento del consumo domiciliario durante la cuarentena obligatoria.

Sobre les contagiades y su distribución territorial, la Dirección Nacional de Epidemiología e información Estratégica, detectó que el 47.7% de los casos se encuentran en los principales aglomerados urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Continúa el movimiento de trabajadores, materiales y maquinarias en las obras públicas de salud. Se están construyendo hospitales modulares distribuidos en grandes ciudades: 8 unidades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 1 en Mar del Plata, Ciudad de Córdoba, Resistencia y Santa Fe respectivamente. También se están levantando carpas sanitarias y acondicionando unidades de salud en desuso. 

En algunas ciudades, como en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, diversos sindicatos, obras sociales y cadenas hoteleras acordaron con las intendencias utilizar las plazas para complementar el alojamiento de pacientes leves o adultes mayores y para las personas que llegan del exterior.

También se registran transformaciones espaciales sustentadas en relaciones sociales de solidaridad y colaboración ante la pandemia. Los espacios de referencia barrial como escuelas, centros culturales y sociedades de fomento, modificaron sus actividades y organizan ollas populares o son puntos de entrega de viandas para los sectores sociales que lo necesitan. En el mismo sentido, los clubes sociales de todo el país pusieron a disposición sus instalaciones y espacios deportivos para instalar camas de internación. En la Ciudad de Buenos Aires, el Hotel Bauen puso a disposición las plazas, particularmente para el aislamiento de los sectores populares de la ciudad.

 

¿Cómo es el impacto en la población? Y ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen?

Frente a la imposibilidad de circular por las calles de la ciudad, los movimientos sociales que trabajan en la recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos reclamaron ante el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional la excepción para acceder a los centros urbanos con un protocolo sanitario específico.

Trabajadores organizades reclamaron mediante huelgas y piquetes en distintos puntos del país, contra las reducciones salariales, cobros adeudados y despidos. En algunos casos se vivieron situaciones de violencia y enfrentamientos contra la represión policial.

En cuanto al abastecimiento, se registra el aumento de precios de elementos de primera necesidad e higiene, a pesar de las medidas dispuestas para fijar precios máximos. En ese sentido, la AFIP en conjunto con autoridades de distintos municipios inspeccionan locales de abastecimiento para identificar irregularidades.

El aumento del consumo de los servicios de luz, agua y gas, el tipo de cuadro tarifario y las estimaciones de las empresas por la inhabilitación de lectura de medidores están generando preocupación en la población. Comenzaron a solicitarse planes de pago por los montos de las facturas y se incrementaron los reclamos de usuaries que recibieron aumentos desorbitantes en las facturas de gas y luz sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores.

Con el incremento del control por parte de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional, se produjeron situaciones de abusos de autoridad particularmente con poblaciones de barrios populares: de represión, prácticas xenófobas y racistas frente a comunidades originarias y secuestros de mercadería y objetos personales de trabajadores informales por estar vendiendo.

En algunas localidades, las organizaciones sociales reaccionaron frente a los abusos de las fuerzas de seguridad, como es el caso de Chubut donde se interpusieron 3 Habeas Corpus colectivos y preventivos. 

Otro conflicto está asociado a la población en situación de calle que no dispone de lugares para aislarse. Durante este primer mes de cuarentena la situación empeoró, sobrecargándose los paradores existentes. En la Ciudad de Buenos Aires, se habilitaron nuevos albergues que funcionan en los polideportivos. Los que quedan afuera, solo reciben un plato de comida y se ven obligados a dormir en la calle trasladándose de un lugar a otro cuando les echan.

Según el registro nacional de femicidios del observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, se registraron 27 femicidios desde que comenzaron las restricciones al 22 de abril, ocurridos en su mayoría dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor, y aumentaron un 39% las denuncias por violencia de genero a nivel nacional según la ONU.

Se realizaron varios motines en cárceles del país, con escenas de violencia y muerte de los presos que reclaman mejores condiciones sanitarias, en estos espacios donde predomina el hacinamiento y las condiciones de precariedad en cuanto a la salubridad e higiene.

Ante la inactividad laboral y la crisis económica, diversas organizaciones políticas promueven la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, para recaudar fondos que puedan destinarse a la emergencia sanitaria. También se retoman los proyectos de redistribución económica como el de una renta básica universal, Ingreso Básico Universal o Asignación Universal por Ciudadanía.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Como registráramos en el primer informe, las condiciones de precariedad de la organización espacial y social pre existentes en los barrios populares, imposibilitan afrontar las medidas y recomendaciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional.

Frente a esta realidad, les pobladores, diversas organizaciones e instituciones, reforzaron la visibilización de la situación, promoviendo que se tomaran medidas específicas para estos sectores. En ese sentido, se logró un acuerdo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social para implementar aislamientos barriales con la consigna “quédate en tu barrio”, reforzándose la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios. Según comunicados oficiales se ampliaron las partidas presupuestarias y se dispuso la entrega de viandas o de módulos alimentarios.

Se lanzó el programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”, a través del cual promotores y promotoras comunitarias recorrerán su barrio para realizar un acompañamiento específico a grupos de riesgo, difundir medidas preventivas y distribuir elementos de seguridad e higiene. Este programa comenzó a implementarse en varios distritos del AMBA: en la localidad de José León Suarez del partido de Gral. San Martín; barrio El Campanario de Lomas de Zamora; William Morris en Hurlingham; Las Casitas en la Localidad de Glew de Almirante Brown; y San Jorge de Florencio Varela.

Se destinaron recursos para la ejecución de “Puesta en Valor de Centros Integradores Comunitarios” ubicados en barrios vulnerables con mano de obra local, que aporten a enfrentar el impacto sanitario y económico de la pandemia y el aislamiento. Se estima que las obras comiencen durante el mes de mayo.

Más allá de estas medidas, las organizaciones sociales continúan trabajando y sosteniendo los cuidados, la alimentación y la educación de les habitantes. Los comedores comunitarios siguen funcionando, y cada vez reciben más gente. Los centros comunitarios, bachilleratos, puntos de alfabetización reconvirtieron sus objetivos priorizando la alimentación. La cercanía con la comunidad trajo aparejadas otras necesidades como atención médica, vacunación, abrigo, medicamentos.

Comenzaron a organizarse ollas populares en distintas esquinas de los barrios populares del conurbano, producto de la desesperación frente a la falta de dinero y la solidaridad de quienes pueden acercar algo. También existen colaboraciones entre vecinas para prestarse internet o imprimir las tareas que les docentes les envían a les estudiantes para hacer desde la casa.

El 13 de abril se confirmó la primera fallecida por COVID-19 de la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta la fecha de este informe (25 de Abril) existen 2 casos confirmados en el barrio 31 de Retiro, 1 caso en la Villa Oculta de Mataderos y 2 casos en la villa 20 de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires CABA, además de 1 caso confirmado en el Barrio La Matera de Quilmes.

Les vecines y organizaciones sociales de los barrios asistieron a les familiares de las personas contagiadas. Les infectades de la ciudad de buenos aires están internades en hospitales públicos, pero los familiares no han recibido asistencia del estado para llevar adelante las medidas sanitarias y sostener el aislamiento.

La circulación del virus por las villas de la Ciudad complejiza aún más las condiciones sanitarias. Es necesario contemplar esta situación para complementar las disposiciones de aislarse en casa y aislarse en el barrio, con medidas urgentes que permitan aislar al entorno de les infectades y las poblaciones de riesgo. La disposición de camas de hoteles para repatriades, o la aislación de geriátricos e instituciones sanitarias cuando surgen contagios, son algunos ejemplos que pueden replicarse para la población de los barrios populares. Asimismo, la articulación con las redes de colaboración y actividades existentes en los barrios, son una condición necesaria para construir e implementar medidas adecuadas para estos sectores.

 

 

      

     

Foto de portada, 1 y 3: de Miguel Caamaño, Foto 2: Juani Ignacio Roncoroni, Foto 4:Enrique Garcia Medina

 

Covid-19, Entrevista

EL BARRIO CUIDA AL BARRIO: UNA PROPUESTA PARA LOS BARRIOS POPULARES. Entrevista a Romina Selzer

Entrevista a Romina Selzer, Directora de Infraestructura Social, por Ezequiel Biagioni 

 

 

 

 

El hábitat saludable ha sido el centro de trabajo de quienes formamos parte de Proyecto Habitar desde sus inicios, poniendo eje en el espacio. Un espacio que se transforma en el encuentro con les otres.  Un encuentro que, a través del trabajo, pretende  poner en común lo que sabemos para hacer de ello una transformación social. Socializar los conocimientos individuales, los del saber hacer, los saberes técnicos, los específicos del espacio.

En este recorrido es que nos encontramos trabajando con les trabajadores de la economía popular en la dirección de obra de terminación de federales. Un proceso de trabajo que permitió encontrarnos poniendo en valor lo que les “trabajadores informales” si saben hacer, que nos encontró en la necesidad de institucionalizar esos saberes, de trascender las miradas mercantilistas del trabajo que discriminan por género, capacidad y edad a les trabajadores.

En esa lucha cotidiana nos encontramos con Romina Selzer, en ese entonces Pta. de la Cooperativa de Trabajo La Patriada, y hoy Directora de Infraestructura Social de la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Ella está trabajando en la implementación de la segunda etapa del programa “El Barrio Cuida al Barrio”. Nos acercamos a entrevistarla para conocer un poco más de que se trata.

 

 

Nos interesa conocer un poco más de la propuesta, entendiendo que es una que incorpora a les pobladores de los barrios populares en la transformación del hábitat. Podes contarnos en que consiste esta primera etapa del programa.

Hoy este programa se empezó a lanzar en algunos municipios, en donde se están generando estas articulaciones y estas mesas. El programa se baja si existe esta mesa y  concordancia con los intendentes para que gestionen. Al principio se conformaron estas mesas. Están mapeando por donde arrancarían, pero todavía no arrancaron las cuadrillas.

El programa propone, más allá de esta mesa de articulación, fomentar promotores de salud y del cuidado, y que estarían en formación. El barrio cuida al barrio sería entonces, con los mismos compañeros del barrio, quienes estarían haciendo este relevamiento, casa por casa.

La intención fundamental del programa más allá de generar esta figura de promotores, es generar una herramienta para articular con los municipios en la bajada de recursos desde el ministerio, donde se está armando el Comité de Crisis Nacional que coordina Daniel Arroyo, en el cual se junta con intendentes y con otras organizaciones. La idea es que se replique en los distritos. El ministerio va a bajar herramientas a través del programa, pero la idea también, es que las otras herramientas que baja a través de los municipios, a través de las organizaciones sociales, estén dispuestas en una mesa, realizando un relevamiento, y que ese recurso llegue a donde tiene que llegar. La idea es que con esta herramienta se puedan traccionar esas mesas, y que todos compartan  la misma información. Que deje de ser una disputa entre recursos de intendencias y recursos de organizaciones, y que sea un recurso hacia la comunidad. Lo más importante que tiene el programa es este relevamiento que los municipios hoy no tienen porque no se meten en el barrio, porque no hay un seguimiento de esas problemáticas, de hecho, esconden bastante. Para tener identificado los casos de vulnerabilidad extrema que necesiten acompañamiento, detectar casos posibles en los barrios y también poder articular eso con las otras áreas de salud, poder derivarlos, poder hacer el aislamiento en caso de que tenga síntomas de tener el virus.

 

¿El relevamiento incorpora problemas o características de la vivienda?

En primera instancia no, es de salud. Cuando estén conformados y estén determinados los barrios se puede trabajar sobre eso. Hay que hacer un relevamiento de las condiciones de los barrios, que algo está hecho, y hay que hacer un laburo de relevamiento más específico para después poder desarrollar los proyectos.

 

Sobre la segunda etapa, ¿tienen una fecha estimativa para ponerla en marcha?

Hacia un futuro cercano, la idea es arrancar con esto en Junio. Se está trabajando sobre los convenios, sobre toda la parte legal porque en la primera etapa no hay ente ejecutor, es con capital humano. La segunda etapa tiene que ver con otro tipo de recursos, tiene que haber un ente ejecutor, que sea el que compra los materiales, el que haga las gestiones. Eso está dentro de lo que es el programa de “Potenciar Trabajo”, en lo que se transformó el “Hacemos Futuro”. El programa de mejoramiento integral en el barrio está dentro de eso.

 

Se propone realizar proyectos de mejoramientos de merenderos, comedores y vivienda. ¿En qué consisten las mejoras?

La propuesta es hacer mejoras no solo en las viviendas, sino también en espacios comunitarios existentes, o incluso también la construcción de un espacio comunitario si el barrio lo amerita, si necesita un espacio de reunión porque no lo tiene. Que ante la situación de que haya una necesidad extrema de aislar a las personas, sirva poder generar un espacio que los contenga, o que sea un futuro espacio de reunión para generar mesas barriales, eso se está previendo.

Después hay todo un módulo que contempla saneamiento, limpieza, erradicación de microbasurales. Se están pensando módulos que se pueden articular en conjunto, o que pueden funcionar independientemente, pero que se van a seleccionar según la necesidad del barrio. Se está trabajando sobre qué tipo de saneamiento se puede hacer, de qué manera, con qué cantidad de gente. Qué hacer se  va a determinar en el territorio viendo las necesidades in situ, y ahí se va a determinar el proyecto integral en donde puede haber mejoramientos de viviendas, de espacios comunitarios, saneamiento integral, entubamiento de zanjas, hacer una cantidad de senderos de acceso porque quizás el gran problema que tenga el barrio es un problema de acceso. Lo que se busca es generar una trasformación en el barrio que sea significativa y que también genere articulación con el resto, o sea integrar los barrios no solo en sí, sino también con el afuera.

 

Respecto a las viviendas, ¿Qué problemáticas se van a abordar?

Se está trabajando sobre problemáticas de la estructura de la vivienda ya sea porque esta floja de columnas, esta floja de cimientos, o si el problema es la cubierta que está muy deteriorada, entonces se releva y el problema es que hay que hacer una cubierta nueva. Problema de filtraciones, ventilaciones, o si el problema es el núcleo húmedo entonces lo que hay que resolver es la cuestión del baño, del pozo. Se están itemizando una cantidad de problemáticas comunes que hay en los barrios populares, presupuestando a nivel general como para tener una base, armando fichas orientativas en donde propone una problemática y una solución posible. Son guías más que nada para después poder trabajarlos con la vivienda ya relevada. Pero se está pensando eso, cuestiones por separado en viviendas supuestas.

 

¿Hay montos estipulados por mejoras? ¿Cantidad de trabajadores que consideran por obra?

En realidad va a depender del tamaño del barrio, que va a determinar la cantidad de compañeros que van a trabajar. Se están hablando cuadrillas de entre 50 y 100 compañeros. Si es un barrio grande vamos a estar hablando de dos módulos de 50 compañeros. Los montos que estipulemos por proyecto, implican solamente los materiales, las herramientas, las maquinarias, no mano de obra porque ya está cubierta desde la secretaria.

 

¿Quiénes van a ejecutar las obras? ¿Va a haber acompañamiento técnico?

Las organizaciones. Va a haber algunos entes locales, pero en primera instancia van a ser las organizaciones, que compren los materiales, que haga todo ese tipo de gestiones. Es la parte más tradicional del programa. Teniendo la primera etapa ya en desarrollo, la idea es que trabajen juntos el grupo de promotores de salud con los que estén trabajando después los mejoramientos integrales barriales.

Para seleccionar a les promotores se trabaja con las organizaciones locales, y se define un cupo. Por lo general si se trabaja en un barrio determinado, se busca que sean de ese mismo barrio, eso es lo primordial. La idea es trabajar con los mismos vecinos.

En principio los convenios contemplan los honorarios para los técnicos, eso lo define el ente ejecutor que va a tener su equipo técnico. Además va a estar el acompañamiento técnico de la secretaría que van a tener un rol no de inspectores de obra, sino de acompañar a los proyectos, de acompañar a los entes ejecutores para que las obras se hagan bien. Cambiar la forma que venían trabajando el “Hacemos Futuro” donde eran inspectores, y en donde hoy tendrían que tener un acompañamiento más protagónico con las organizaciones, que sean parte del desarrollo del proyecto preliminar. Y se está discutiendo algún convenio como para hacer algún acompañamiento técnico extra, que trabaje sobre todos los proyectos o sobre una parte de los proyectos de manera integral, que sea el articulador entre los técnicos del ministerio y entre los técnicos del ente ejecutor, y que acompañen todo el proceso.

America Latina, Articulos, Covid-19, Derecho a la Ciudad

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

 

Autores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy

Colaboradores: Ricardo de Francesco, Clara Mansueto, Teresita Sacón, Gabriela Torrents.

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Jancarla Loayza Medina (Bolivia), André de Oliveira Torres Carrasco (Brasil), Camila Guzmán de la Sotta (Chile), Héctor Javier Mejía Salazar (Colombia), Canela Samaniego Moya y Emiliano Samaniego Moya (Ecuador), Abrahán Rodríguez Buendía (México), Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga (Paraguay), Eleazar Cuadros Choque (Perú), Lyvia N. Rodríguez Del Valle y Mariolga Juliá Pacheco (Puerto Rico), Alejandro Gregoric (Uruguay), Larissa Slibe (Venezuela)

 

 

1- Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia y, a raíz de ello, en la mayoría de los países latinoamericanos se comenzaron a tomar medidas de Emergencia Sanitaria para minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario de cada país.

En este marco, atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y de expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se determinó que la mejor forma que existía para evitar la propagación del virus requería de dos acciones concertadas: una vinculada a desarrollar la detección, tratamiento y prevención del virus, con acento en los procesos técnico – científicos, y otra vinculada a la desaceleración de los movimientos, que comenzó con el aislamiento de las personas en sus hogares y se extendió a la restricción de la circulación de mercaderías y la realización de eventos públicos, convirtiéndose en una medida de carácter prevalentemente espacial.

Desde la dimensión técnico – científica, las decisiones radicaron en la evaluación de los casos, su seguimiento y recuperación, para lo cual se requirió un despliegue inusual en el ámbito de la medicina. Sus instituciones y responsables públicos actualizaron o directamente realizaron los registros de capacidad de camas para internación y diversos equipos de salud.

La otra medida de corte prevalente espacial, implico una acción determinante de aislamiento físico en los domicilios particulares, con la suspensión de las clases presenciales en los tres niveles de la educación formal, y la restricción del movimiento y la circulación de personas y mercancías, con excepción de aquellas que fueran de primera necesidad.

A partir de la colaboración de investigadoras e investigadores de distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico[1], Uruguay, Venezuela, hemos realizado un documento que busca reflexionar sobre los hechos presentes en clave latinoamericana, de manera de generar algunos aprendizajes para poder seguir adelante más allá del COVID-19. Si bien no consultamos al total de países, se trata de una muestra representativa de la totalidad.

Esta inédita situación pone a nuestros países frente a su compleja realidad caracterizada por la desigualdad urbana. Un territorio injusto en sus dimensiones social, económica y cultural, con una profunda segregación socioeconómica, extendidos procesos de urbanización informal, mercantilización de los espacios públicos y de los modos de convivencia. El déficit de vivienda urbana continúa manifestándose como un problema crítico, los valores oscilan entre el 12 y el 70% y cerca de “1 de cada 3 hogares (32%) habita en viviendas inadecuadas, y el déficit de vivienda continúa aumentando”.[2]

En ese sentido, indagamos sobre la relación entre las medidas políticas y las transformaciones en la organización espacial y social. Relevamos la reacción de les habitantes frente a estas medidas y cambios, enfocándonos específicamente sobre la situación de los barrios populares.

Les relatores fueron consultados con la siguiente guía de preguntas:

¿Cuáles son las medidas políticas de prevención de propagación del virus COVID-19 que están llevando adelante en tu país?, ¿Que sucede con estas medidas en términos espaciales?, ¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?, ¿Que sucede en los barrios populares?

En un primer momento realizaremos una introducción repasando las medidas políticas que se llevaron adelante en cada país. En un segundo momento presentaremos el resultado del análisis comparado, que relaciona las medidas políticas con las transformaciones en la organización física y social (ver Anexo). Por último, ensayaremos una aproximación al aprendizaje que hemos alcanzado a partir de la realidad estudiada.

 

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[1] Puerto Rico es una Isla del Caribe que, a pesar de las denuncias ante la ONU, sigue siendo un «Estado asociado» de Estados Unidos antes denominado «Colonia», dado que reconocemos el pedido de descolonización presentado en 2016 al Comité de Naciones Unidas, y la raíz cultural que nos une como pueblos lo consideramos en el análisis como un país de Latino América.

[2] Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe. Dinámicas y desafíos para el cambio estructural (2017) Cepal. Coordinadores: Ricardo Jordán, Luis Rifo, Antonio Prado.