LA GESTIÓN DEL HÁBITAT EN EL MUNICIPIO DE MORÓN. #1

Autora: arq. Teresita Sacón | Entrevistas realizadas por: Ma. Laura Brandolini, Ricardo De Francesco y Teresita Sacón.

 

En el marco del trabajo entre Proyecto Habitar y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, realizamos una serie de entrevistas para indagar en los diversos modos de gestión del hábitat en los Municipios de Área Metropolitana de Buenos Aires donde se han conformado Consejos Locales de Hábitat. Estos son instrumentos con fuerte potencial en dos aspectos: como articulador entre actores de distintos sectores que realizan transformaciones en la ciudad, y como promotor de la democratización de la toma de decisiones en materia de hábitat.

En esta ocasión, entrevistamos al Director de Hábitat y Vivienda del Municipio de Morón y a representantes de tres organizaciones que, además de contar con una larga trayectoria de trabajo en hábitat en este municipio, han participado activamente en la creación del Consejo Local.

Para profundizar en el conocimiento sobre la implementación en el distrito, indagamos sobre los trabajos específicos sobre la temática que ha realizado y realizan en este municipio, sobre las dificultades y avances en la gestión del hábitat, y las motivaciones que los llevaron a impulsar la creación del Consejo Local.

Punto de partida

El Área Metropolitana de Buenos Aires está integrada por 24 municipios[1] y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí habita el 82% de la población de la Provincia de Buenos Aires[2]. Son más de 400mil familias las que habitan en Barrios Populares según el RENABAP.

Hacia fines del 2012 se sancionó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, la cual tiene por objeto promocionar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Dicha ley es la institucionalización de muchos años de lucha de organizaciones sociales y pobladores por sus derechos urbanos.

Morón es uno de 12 municipios del AMBA que ha adherido a la ley. En junio del 2015 se sancionó la ordenanza del Consejo Local de Hábitat y Derecho a la Ciudad[3], la cual tiene por objeto en el artículo 1°: “promover la Gestión Democrática de la Ciudad como principio rector de las políticas de hábitat, vivienda y derecho a la ciudad que se adopten o implemente en el ámbito del Municipio de Morón, de conformidad con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.”

Municipio de Morón

El Municipio de Morón tiene 321.109 habitantes. Según el Censo 2010, aproximadamente el 1% vive en barrios populares. Daniel D’Alessandro, Director de Hábitat y Vivienda del Municipio, nos comenta que el tejido de Morón es un tejido consolidado, no necesariamente con mucha densidad pero si ocupado. Asimismo afirma, “la  problemática es compleja, es grave, es profunda. La escala de la demanda es alta, el contexto sanitario agrava la problemática que tiene que ver con lo ambiental y habitacional” ilustra esta situación con un caso reciente “abrimos una pre-inscripción, en un modelo de cogestión con el PROCREAR Nación y abrimos solicitudes para que la gente pueda inscribirse para un programa de selección que arma el Banco Hipotecario, y en una hora y media se anotaron 600 personas para pedir turno. Y aquí estoy hablando de sectores medios, cuando hablamos de sectores populares, la demanda es aun mayor, la urgencia de respuesta y la complejidad tambien”.

Como particularidad en la organización política del Municipio, la Dirección de Hábitat y Vivienda forma parte de la Secretaria de Planificación Estratégica junto con otras nueve direcciones, entre las que se encuentran ambiente, arquitectura, catastro, planeamiento, obras particulares, infraestructura. La confluencia en esta secretaría es un aspecto favorable en el trabajo articulado de las distintas direcciones cuando los proyectos lo requieren.

Por otra parte, a nivel territorial, Morón esta organizado en 14 Unidades de Gestión Comunitaria (UGC). Estas oficinas descentralizadas promueven un vinculo cercano y una interacción fluida entre el municipio y los pobladores. Lucas Spinosa del Movimiento Evita comenta que “Morón es un distrito ampliamente intervenido desde el punto de vista del hábitat”. Tambien valora la promoción de la participación ciudadana que se establece a partir de la creación de las UGC, “que tienen entre sus incumbencias, competencias en la gesitón del habitat, como por ejemplo, crear consejos vecinales, que discutan los usos del espacio publico, y a su vez esos consejos vecinales  participen del consejo local de hábitat.

Desde el Movimiento Evita Morón, trabajan en cuestiones vinculadas al hábitat en sentido amplio. Lucas Spinosa explica que sus propuestas están orientadas a “repensar y recuperar el uso del espacio público. Uno puede pensar que no es hábitat, pero las repercusiones que tiene en la vida barrial efectivamente da cuenta de lo importante que es para la comunidad”. También menciona que desde la organización, han gestionado recursos para ejecutar mejoras habitacionales de las viviendas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, así como también de los espacios comunitarios a donde asisten cotidianamente.

Por su parte, la ONG Madre Tierra, trabaja en el municipio de Morón desde antes que se dividiera en Moron-Hurlingham-Ituzaingó. Andrea y Virginia señalan que «Madre Tierra se crea en 1985, y entre sus primeros espacios de trabajo y militancia llevaron a cabo el acompañamiento técnico y social a una red de barrios que había nacido en la década de los ´80, entre los últimos años de la dictadura y en los primeros años de la democracia. Desde allí, conformaron un consejo entre los barrios que estaban sobre tierras fiscales para realizar la regularización dominial de los mismos”. Las acciones de Madre Tierra se desarrollaron de manera sostenida acompañando diversos procesos, alctualmente llevan adelante mejoramientos habitacionales con fondos rotativos, mujeres constructoras y agroecología comunitaria.

La cooperativa “La primera de Gallo” es un caso interesante para conocer otras formas de organización del espacio y los recursos para alcanzar el derecho al hábitat y la vivienda de sus asociados. Como cooperativa han privilegiado los principios de  la autogestión, la propiedad colectiva y la ayuda mutua  social, desde el 2009 “construyendo sin ladrillos”, siendo que hacia el 2014 firman un contrato de comodato con el municipio e inician la obra, logra realizarse el SUM y un avance en los cimientos. Durante los siguientes años la obra avanza de manera intermitente entre la gestión de recursos estatales y/o privados. Hacia febrero de 2020, según Laura Ferrari “nos encontramos con la reanudación de la obra de nuestra cooperativa. Por otro lado, también como cooperativa participamos del Consejo local de Hábitat, que reúne a varias organizaciones sociales y de vivienda que damos pelea por el acceso a la vivienda digna y a un medioambiente saludable”.

Consejo Local de Hábitat

Haciendo una restitución histórica, en septiembre de 2015, se creó en Moron el Consejo Local de Hábitat y Derecho a la Ciudad, bajo la ordenanza 16954/2015. La primera reunión finalmente se pudo efectuar en 2019 con el cambio de gestión.

A mediados de 2019, de manera autoconvocada, las organizaciones se reunieron para promover nuevamente el Consejo Local. Lucas Spinosa agrega que “Nos reunimos en la 1° de gallo, con un halo de esperanza frente a la renovación de autoridades. Luego tuvimos otra reunión en el comedor de Mari, y redactamos un documento que contiene propuestas para la promoción del hábitat justo y el derecho a la ciudad. Dicho documento se presentó en el municipio de Morón en octubre de 2019.[4] Allí se describe que el Derecho a la ciudad “implica incorporar un nuevo paradigma político y filosófico que no se reduce a lo jurídico, sino a entender el espacio en el que vivimos como el soporte de los derechos humanos, ambientales y laborales. Implica también la prevalencia de lo “público”, es decir considerar a la ciudad como un bien común

Actualmente, el consejo está conformado por organizaciones que trabajan en hábitat y vivienda, se han incorporado algunos consejos profesionales, y la perspectiva es ampliar la participación en ese grupo. Es un gran espacio de intervención con mucho más potencial del que hoy tiene, por lo que sostenerlo recogiendo los problemas que estas organizaciones han identificado en la práctica territorial, puede ser un aporte significativo en la implementación de la ley de forma situada.

Los y las entrevistadas valoran al Consejo Local de Hábitat como un espacio de ampliación de la democracia. En particular, Lucas Spinosa comenta que “el consejo hoy funciona de manera autoconvocada, a demanda de algunas organizaciones. Y que es necesario para su institucinoalización que el ejecutivo lo convoque y realice la reglamentación que este requiere.” Por su parte, las integrantes de Madre Tierra estan convencidas “que es necesario que organizaciones como nosotrxs construyamos, y validamos que hay que construir un estado garante de los derechos sociales, y garante de la redistribución de la riqueza, de la justicia social.” Esta posición reafirma su compromiso en la participación activa en la promoción del Consejo Local.

En cuanto a la implementación del Consejo Local de Hábitat, desde Madre Tierra plantean que “…una de las grandes dificultades que hay para una buena implementación de estos consejos es que todavía se percibe como un espacio donde la población se acerca a hacer demandas. Y al revés, en realidad el objetivo central de esos espacios es alimentar un diagnóstico a partir de lo que cada uno sabe del territorio”.  

Hacia la gestión democrática del hábitat

Hemos identificado que el modo en que las instituciones llevan adelante acciones para la transformación del habitat es sobretodo desde una perspectiva de cooperación y trabajo colectivo. De las entrevistas se desprende que de las acciones que se realizan han prevalecido aquellas vinculadas a mejoramientos habitacionales, actividades de promoción comunitaria, y actividades vinuculadas al fomento de la economía popular.

Asi también, el gobierno municipal muestra una perspectiva de articulación con las organizaciones sociales, y apoyo a las acciones propuestas. Esto se puede observar en la propuesta de las UGL, en el acompañamiento en la gestión a las organizaciones, y en la creación del Consejo Local.

La gestión democrática de la ciudad requiere que estas iniciativas existan, y, a su vez que los espacios de deliberación se constituyan como espacios de toma de decisiones conjunta. La participación de las organizaciones sociales, del estado local, de los colegios profesionales, de los desarrolladores inmobiliarios, la cámara de la construcción resultan relevantes para que el Consejo Local se convierta en una mesa de concertación donde se puedan orientar las decisiones urbanas del municipio en materia de hábitat.

 

 

[1] El AMBA comprende a la ciudad de Buenos Aires y a un conjunto compuesto por 24 jurisdicciones (partidos) de la provincia de Buenos Aires cercanas a la ciudad: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando e Islas, San Isidro, San Miguel, Tigre e Islas, Tres de Febrero y Vicente López.

[2] Según el Censo realizado por el INDEC en 2010, en la Provincia de Buenos Aires habitaban 15.625.083 personas, mientras que en los 24 municipios + CABA 12.806.866

[3] Boletín oficial DECRETO Nº 1411/2015 Ordenanza Nº 16954/15, GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD. CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE VIVIENDA, HÁBITAT y DERECHO A LA CIUDAD: https://acortar.link/FIAhL

[4] https://acortar.link/jOKck

Barrio La Esperanza. Conocer para proyectar.

Autoras: Mariana Aleksandrowicz, Gabriela Torrents

 

La Esperanza es un barrio que tiene origen en el año 2000 (ver nota anterior), localizándose sobre una barranca con pendiente hacia la planta de Petromining. Se encuentra en el perímetro identificado con el ID 1493 dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Nuestro trabajo se ha enfocado en el relevamiento de 4 manzanas que se encuentran en uno de sus extremos, el sector más reciente del barrio.

A lo largo del mes de octubre, realizamos junto con les pobladores un relevamiento a distancia. Mediante el análisis de imágenes aéreas del barrio con algunos intercambios por whatsapp pudimos mapear los conflictos urbanos, aproximándonos a la elaboración de un informe que recupere lo observado, reunido con las perspectivas de les pobladores.

El sector analizado tiene una superficie de 1.82ha y viven 50 familias. Les primeres pobladores se asentaron hace 20 años. Marcaron y delimitaron las primeras 2 calles, trazando la continuidad de la calle Gismundi, y otra calle perpendicular (sin nombre), conformando una nueva manzana. Desde ese momento, fueron coordinando distintas acciones, disponiendo de sus recursos, tiempo y trabajo para construir sus viviendas, asi como las infraestructuras y el espacio barrial.

Las viviendas se distribuyeron en un loteo delimitado por les pobladores. Las superficies de los terrenos varían entre 200m2 y 400m2, en cada uno se edificaron entre 1 y 3 viviendas, en su mayoría desarrolladas en planta baja. Durante los primeros años las viviendas fueron de madera y chapas. Actualmente un 65% poseen cerramientos de mampostería, con distintos tipos de terminación (un alto porcentaje no están revocadas).

En cada lote cuentan con pozos absorbentes que reciben las aguas negras, mientras que las aguas grises en general son volcadas en los patios o en las zanjas que se encuentran en los frentes de los lotes.

Las calles son de tierra y tienen 7 metros de ancho, admitiendo la circulación vehicular. Además hay tres pasillos de uso y circulación pedestre. A 1 metro de la línea de frente de lotes, les pobladores cavaron estas zanjas para el escurrimiento del agua de lluvia y para volcar las aguas grises. Estos efluentes finalmente desembocan sobre la barranca.

En los últimos años, el barrio se extendió hacia la base de la barranca, dónde hay más de 50 viviendas. Esta transformación incremento el flujo de circulación entre ambos niveles, aspecto por el cual se trazaron senderos en la tierra, en áreas que presentan una pendiente de 50°, configurados por el uso de quienes bajan y suben a diario.

El barrio cuenta con una red de agua autoconstruída. Realizaron una instalación troncal de 250 metros para el abastecimiento de estas manzanas. Según lo relevado, el caudal de agua es insuficiente, ya que no disponen de presión constante. Esta instalación al igual que las de las viviendas requieren mejoras. En la mayoría de los casos no cuentan con tanque de reserva, almacenan el agua en bidones, baldes y tachos de 200 lts. Por hogar hemos relevado menos de 2 canillas, en numerosos casos se encuentra fuera de la vivienda.

Con respecto a la disposición de residuos, en el barrio hay un contenedor de 1100lts desde mayo de este año, que el municipio vacía una vez por semana. Si bien este fue un logro del reclamo de les pobladores, el volumen del mismo y la frecuencia de recolección es insuficiente para la cantidad de personas que habitan el sector. Les pobladores han trazado otras estrategias para resolver este problema. Algunos trabajan con residuos sólidos urbanos y realizan separación en origen y reciclaje, otres realizan compostaje, en otros casos queman sus residuos. En este proceso, se conformaron 2 puntos de microbasurales en sectores no habitados y linderos a la barranca, provocando contaminación, presencia de ratas y otros roedores en el sector.  

Las calles, pasillos y bordes de la barranca son los únicos espacios de uso común y de esparcimiento. Allí se desarrollan, en simultáneo, distintas actividades: la circulación de vehículos y de personas, el lugar de encuentro y reunión entre vecines, y el espacio de juego cotidiano de les niñes.

Los pobladores del barrio La Esperanza no pueden esperar más. El relevamiento realizado desde Proyecto Habitar ha aportado en construir los datos necesarios para poner en agenda la desigualdad urbana con la que conviven. Es necesario conocer las condiciones físicas y sociales del barrio para proyectar alternativas de mejora y acceso tanto a infraestructuras como a espacios saludables para les pobladores.

 

Frente al desalojo de las familias del Barrio Ferroviario

Autores: Proyecto Habitar

 

Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos, atendiendo la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del Barrio Ferroviario, después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado acciona por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que es parte de una “zona de operaciones”. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos diez años sin afectar el normal desarrollo del servicio.

El Barrio Ferroviario es uno de los 4416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad, y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo.

En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los desalojados, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales, vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y algunos movimiento sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días, sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente.

Durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de trenes argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia: por ejemplo, que muevan sus casillas de lugar, o que achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado, visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias.

Desde Proyecto Habitar vivimos de cerca este proceso, ya que desde mayo empezamos a concurrir al barrio Ferroviario, para asesorar a las 42 familias que conforman el barrio “Victoria”, como es conocido por sus pobladores, en el proceso de urbanización. Urbanizar el barrio es urgente, la falta de acceso a la red de agua y a las redes de saneamiento en el contexto de Covid-19 constituye una cuestión fundamental para toda la población.

A mediados de julio, las familias del barrio “Victoria” frentistas a unas vías del ferrocarril que se encuentran en desuso, paralelas al muro que divide el barrio con el área de funcionamiento del ramal que va hacia Capilla del Señor, comenzaron a recibir visitas de operarios y miembros del sindicato del ferrocarril quienes, según los decires de la población, manifestaban que iban a levantar un muro frente a sus casas, en el único espacio de esparcimiento del barrio, dejando sólo un pasillo mínimo para circular. Frente a esta transformación urbana que afectaría la vida cotidiana de las familias, asesorando desde lo jurídico y técnico, buscamos la manera de conocer quienes estaban detrás de estas directivas. Era desconocido para los pobladores -ningún responsable presente nos supo confirmar- quien estaba a cargo de la administración, podía ser ADIFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, o el ABB.

Estas familias ya habían sufrido un proceso de intimidación y hostigamiento muy violento en 2018, cuando se radicaron en estos terrenos, hecho que se cristalizó en acciones legales hacia ellos.

En aquel momento se llevó adelante una causa en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de San Isidro (101931/18) y quedo en suspenso con la ley de Régimen de Regularización dominial para la Integración Socio Urbana y la obtención de los certificados que proveía esta ley.

El día 28 de agosto nos volvimos a reunir en asamblea para seguir desarrollando las acciones de la mesa de urbanización. Los pobladores pusieron sobre la mesa la situación por la que estaban pasando. La toma que se había efectuado el día 23 provocó que gendarmería se instalará en el predio, anulando uno de los dos accesos, bloqueando el ingreso para el abastecimiento diario y la mejora de las viviendas, la posibilidad de transitar libremente hacia la estación Victoria por el camino paralelo a las vías y, sobre todo, generando una situación de incertidumbre e inseguridad que atravesó a todes. A esta misma asamblea se acercaron representantes de las familias que estaban en la toma, nos contaron la situación de desamparo que atravesaban, que el único contacto que tenían era con la policía, que les pedían sus documentos constantemente. A partir de esto y con el consentimiento de las familias que estaban allí, nos propusimos acercarnos a la toma nueva. No pudimos ver la situación en la que estaban las familias hasta el día lunes, cuando ingresamos a la zona y observamos que las casillas habían sido movidas de lugar. Entre ellas, la casilla de un poblador que tenía ya varios años en el lugar, y fue desarmada para reubicar, argumentando la necesidad de la construcción de un muro. Según el coordinador de seguridad está situación era transitoria, hasta que resolvieran la situación. Hasta este momento, creíamos que lo que se esperaba era el acuerdo entre las autoridades públicas y la administración del ferrocarril, ya que la jueza Arroyo Salgado había presentado un edicto donde instó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para arbitrar una salida “evitando la judicialización de cuestiones que corresponde al ámbito político”.

Finalmente, se desalojaron no solo a las familias q hicieron la toma, sino a las que se localizaba cerca del predio. No sé respetó el protocolo de desalojo, se actuó durante la noche, se violentó la salida de la gente de su vivienda, y el Coordinador de Seguridad Patrimonial de la empresa se niega a darnos respuesta sobre la actuación realizada.

En síntesis, han sido vulnerados los derechos de los pobladores. Contrariamente a lo que se ha querido instalar en algunos medios, ninguna de las casas construidas por los pobladores del barrio afecta el funcionamiento del ferrocarril, han sido expulsados a pesar de que los desalojos actualmente están prohibidos por el contexto de la pandemia, y más aún en este caso, ya que este barrio está dentro de los que el RENABAP dispone a urbanizar por Ley nacional.

 

 

 

Una Esperanza que no es espera. Barrios populares en Campana.

Autoras: Gabriela Torrents, Mariana Aleksandrowicz 

 

La semana pasada recorrimos junto a integrantes de la organización Vecinos Autoconvocados de Campana y a pobladores de distintos barrios populares el asentamiento La Facera, el barrio Los Pioneros y el Asentamiento La Esperanza, localizados en este municipio, con el fin de conocer los problemas habitacionales que atraviesan y emprender un proceso de acompañamiento desde la Asesoría Urbana de Proyecto Habitar.

En el asentamiento La Esperanza, viven alrededor de 70 familias. Se encuentra localizado en una barranca de la reserva Ciervo de los Pantanos, bajo la Administración de Parques Nacionales. Las vecinas de este barrio, cuyo perímetro está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), identifican que la basura es uno de los problemas más urgentes a resolver, hasta el momento ha provocado serios problemas de salud a sus habitantes. Sin servicio de recolección y con calles de tierra muy deterioradas, aspecto que dificulta trasladar los residuos al único contenedor ubicado en la entrada del barrio, muches pobladores optan por tirar o quemar los desechos en la barranca. En otro orden, este barrio se encuentra próximo a la zona de amortiguamiento denominada Tajiber, que ha sufrido un cambio de zonificación de zona rural a zona industrial, admitiendo la instalación de industrias de 3° categoría, lo que posibilita que se instalen industrias altamente contaminantes, afectando aún más el hábitat de les pobladores de La Esperanza [1] y otros barrios populares localizados en esta zona.

Existen en Campana 12 barrios que han sido relevados en 2017 por el Registro Nacional de Barrios Populares, donde habita alrededor del 15% de la población actual[2] del municipio. Habitan con las dificultades propias de quienes no pueden acceder al agua potable, a redes de saneamiento, a redes de electricidad seguras. Con viviendas sin terminar que no cuentan con iluminación y ventilación adecuada, en barrios donde el tratamiento para los residuos sólidos urbanos es inexistente. Desde Proyecto Habitar nos incorporamos a un proceso de trabajo preexistente, en el que acompañaremos a las pobladoras del Barrio La Esperanza en su lucha por el saneamiento del barrio, como una primera aproximación a la problemática en un municipio donde el problema del acceso al hábitat transciende a estos 12 barrios registrados. Privilegiando el protagonismo popular, tomando los problemas vinculados al hábitat y al ambiente de forma situada, para aproximarnos a proyectos barriales apropiados y sostenibles.

 

 

[1] Para ampliar sobre este tema: https://lac.wetlands.org/noticia/ongs-rechazan-la-rezonificacion-de-la-zona-de-amortiguamiento-del-parque-nacional-ciervo-de-los-pantanos-en-campana/

[2] Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en Campana hay 3185 familias en barrios populares, sobre una población total de 86860 habitantes.   

 

Impactos del COVID-19 en el barrio Ferroviario, “La Victoria” de San Fernando.

Autora: Ma. Eugenia Jaime

 

Hace más de dos años un grupo de familias ocupó tierras del barrio Ferroviario, dando origen a una nueva urbanización “La Victoria” de San Fernando (ver video).

Ocupa una franja de tierra de 1 ha (una), lindera a las vías del ferrocarril General Mitre. La población que allí habita, presenta grandes dificultades para acceder a los servicios públicos de infraestructura de agua, electricidad y cloaca y un alto porcentaje de desocupación o de ocupación informal. 

La Victoria, como lo llaman sus pobladores está dentro del perímetro identificado con el nombre Ferroviario en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), declarado de interés público por la Ley Nacional 27.453. Detrás de un largo muro se encuentran dos portones que las 140 personas que conforman el barrio tienen que atravesar para llegar a sus hogares.

El servicio eléctrico, es precario, una manzana se sirve de un poste de alumbrado que se ubica a más de 300 metros y la otra está servida por una extensión acoplada a un antiguo tendido, que se ubica dentro del predio. No posee medidores individuales y sufre cortes y caídas de tensión. Con respecto a la red de agua potable, tienen una extensión precaria que se sirve del agua de un tanque ferroviario, pero no es apta para beber.

La calidad de los senderos es regular y la débil conexión con la calle no permite el acceso de camiones de recolección de residuos. Se incrementa la dificultad de transitarlos cuando la caminata es con botellas y bidones de agua que tienen que cargar en una canilla del otro lado del muro para acceder al agua. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de energía para la calefacción y cocción de alimentos. La red de gas es inexistente, hecho que provoca la utilización de gas envasado en garrafas de 10kg y, en algunos casos, el uso de leña.

Dentro del barrio existen algunas instituciones, tales como el Comedor y Merendero “La Victoria” y la iglesia “Ministerio internacional Luz en Victoria”. Con respecto a los a establecimientos escolares de nivel inicial, primario y secundario, estos existen en las inmediaciones del barrio (menos de 1km); lo mismo sucede con las infraestructuras para la salud. 

Los cuidados frente al Covid, no fueron fáciles de efectivizar debido a las condiciones del hábitat y la vivienda. En un comienzo era difícil conseguir que los niños se queden en sus casas. En dos oportunidades el municipio llevo botellas de agua un bidón de lavandina para cada familia.

La falta de agua potable se convirtió en un obstáculo y no contaron con asistencia municipal para el abastecimiento ni para la prevención. Hubo al menos dos casos positivos que no consiguieron ser asistidos en sus domicilios. El tratamiento y la prevención estuvo a cargo de cada familia a través del uso del barbijo y alcohol en gel.

Las familias quedaron en su mayoría desempleadas, en parte por la alta tasa de empleo informal. Quienes trabajaban formalmente primero fueron suspendidos y luego despedidos.

Los préstamos, las ollas populares, los merenderos, y en algunos casos las salidas de cartoneo palearon la situación. Hubo también ayuda de personas sin fines de lucro que llevaron bandejas de comida, ropa, etc.

Quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia se vieron favorecidos. Algunas familias pudieron comprar material para mejorar sus casas que estaban muy deterioradas, otras compraron mercadería.

La crisis sanitaria sumada a la crisis urbana-habitacional esta golpeando fuertemente a las familias del conurbano quienes están recibiendo en su cuerpo el castigo por una desigualdad estructural que necesita urgente políticas redistributivas, tanto económicas, como de suelo urbano.

 

Barrio Ferroviario, entre la autogestión barrial y las políticas urbanas en barrios populares

Autoras: Ma. Eugenia Jaime, Ma. Gabriela Torrents
Colaborador: Gaston Janza

 

Hace 2 meses, en Proyecto Habitar iniciamos un proceso de Asesoría Urbana en el Barrio Ferroviario, localizado en San Fernando. Este barrio se conformó a partir de una nueva toma de tierras en el año 2019, momento en el que las primeras 10 familias de habitantes se organizaron en una comisión vecinal desde la cual comenzaron a generar distintas acciones para mejorar el espacio barrial. Ese mismo año fueron incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Actualmente viven 120 personas que gestionan y luchan a diario por alcanzar el derecho a la vivienda y a la mejora del hábitat, resistiendo a la violencia y los obstáculos que han puesto en su camino distintas áreas del municipio de San Fernando y la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este barrio se integra con las manzanas 3 y 4 al viejo barrio Ferroviario, que se originó en 1960, por lo que su lucha se suma a un proceso de más de 50 años de vulneración de derechos.

Uno de los productos que hemos realizado en esta primera etapa, ha sido una infografía para trabajar con les pobladores de las 42 viviendas un proceso de urbanización apropiado y consciente, incorporando datos vinculados a las características de la población del barrio, identificando cantidad de niñes y adultes; el porcentaje de tipologías de viviendas, según el tipo de materiales predominantes; una breve cronología del proceso de transformación del barrio y del AMBA; algunos datos jurídicos que acompañan su reclamo, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que presenta el derecho a la vivienda como un derecho consagrado; elementos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de 4° generación, y algunos fragmentos de la Ley de Integración socio urbana de barrios populares. Además presentamos algunas alternativas para la cobertura de infraestructura de servicios básicos, favoreciendo el carácter autónomo y sustentable que actualmente les pobladores le han otorgado.

En el actual contexto, la lucha por el derecho a la vivienda en el Barrio Ferroviario continúa, con la expectativa de poder avanzar en una transformación urbana que promueva “un barrio para la vida”. En este sentido, las políticas de urbanización de barrios populares que se han anunciado a nivel nacional desde la Secretaria de Integración Socio Urbana son prometedoras para este caso, por su orientación a fortalecer la organización socio comunitaria y la participación de quienes protagonizan los procesos de gestión: les pobladores. El diseño de proyectos de infraestructura urbana y de mejoramiento del hábitat son puntos de partida para generar articulaciones con las organizaciones sociales y los problemas del territorio, que tiendan a dar respuestas espaciales apropiadas y sostenibles que transformen la desigualdad urbana que históricamente han vivido.    

 

Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable

A pesar de los tapabocas, y los metros de distancia sucedió el encuentro. En La Matanza, un grupo de mujeres se reúnen para promover proyectos colectivos que mejoren el espacio donde transita la vida cotidiana de los barrios populares.

Desde Proyecto Habitar impulsamos un proceso de formación popular de Promotoras de Hábitat Saludable que se apoya en las experiencias de producción y reproducción del hábitat en los asentamientos informales desde la perspectiva del género femenino. Con esta propuesta, convocamos a un grupo de mujeres que tienen el interés de aprender qué es el hábitat saludable, entendiéndolo como un derecho en construcción, que trascienda parámetros cuantitativos e involucre el protagonismo de les habitantes en la transformación de los espacios a la luz de los problemas que se construyen y postulan junto con los profesionales del hábitat.

En el contexto de aislamiento social y atravesadas por la histórica desigualdad espacial y de género comenzamos con la promoción del acceso al conocimiento a un hábitat saludable y el derecho a la educación. Hemos visto que son moneda corriente los conflictos por el uso del celular, el aumento de consumo de datos, la incorporación del gasto en impresiones y fotocopias que afecta los magros recursos. El acompañamiento a les niñes en las tareas se incorpora al trabajo reproductivo que recae mayormente en las mujeres en condiciones espaciales desfavorables. Estos conflictos tensan las relaciones sociales que se desarrollan en la vivienda y sofocan los esfuerzos que la población realiza por sostener las tareas de trabajo y estudio dentro de la vivienda de manera saludable.

En ese sentido, identificamos la necesidad de promover puntos barriales para el acceso a internet, útiles y equipamientos, que nos permita sostener el encuentro de manera virtual entre pobladores y arquitectes, y que le permita a la comunidad descargar los materiales informativos y didácticos suministrados desde el equipo de promotoras de hábitat saludable, la escuela, o realizar trámites, entre otras cosas.

El proceso se propone permeable, abierto a las inquietudes que nos atraviesan cotidianamente. El Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable es una propuesta, una de las invitaciones que hace Proyecto Habitar para encontrarnos profesionales del hábitat y pobladores construyendo un proceso de formación que nos permita conocer más sobre el hábitat que protagonizamos y que queremos transformar.

 

 

             

Altos de Baraibar y la dificultad en el acceso a la vivienda

Autora: Gabriela Torrents

El proceso histórico de territorialización de la desigualdad en Argentina es un proceso de larga duración que ha tenido una fuerte incidencia en la construcción de regiones y ciudades. Ha fortalecido la consolidación de relaciones sociales desiguales y la reproducción de una lógica de producción urbana excluyente que afecta, la vida cotidiana de les habitantes de los barrios populares.

En esta nota presentaremos el caso del Barrio Altos del Baraibar, en la ciudad de Gaiman, provincia de Chubut, a través de algunas entrevistas realizadas a las vecinas que se han contactado con Proyecto Habitar, frente a las dificultades y obstáculos que han encontrado en el proceso de acceso a una vivienda. Durante el año 2016 varias familias fueron parte del proyecto del Barrio Altos del Baraibar, para la construcción de 78 viviendas de las manzanas 16 y 17, enmarcado en el Programa Haciendo Comunidad, promovido desde las cooperativas de construcción del MOCARA[1] y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos de Nación. Las viviendas serían otorgadas a estas familias de trabajadores, que desde el año 2011 luchan por este derecho vulnerado. Sin embargo, la obra está suspendida hace más de un año, dejando sin respuesta a cientos de pobladores.  

“La lucha nuestra viene hace 9 años atrás. En el transcurso de estos nueve años se fueron perdiendo muchas cosas, sobre todo las fuerzas, entonces llegamos a esta altura desvanecidos”

En 2012, luego de años de evasivas del gobierno local, aproximadamente 80 familias acamparon durante 1 mes sobre la ruta nacional 25, reclamando asistencia al municipio en el acceso a la vivienda. El 1 de junio de ese año lograron acceder a los terrenos municipales que reclamaban, con una promesa de cesión por parte del intendente, dando inicio a un proceso de autoconstrucción sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para su construcción.

“… decidimos como vecinos defender nuestra tierra. Muchos de nosotros necesitábamos salir de las casas de nuestros padres para construir las nuestras. Todos estábamos anotados en el municipio, nos decían que teníamos que tener antigüedad de 2 años viviendo en Gaiman y nosotros habíamos nacido acá…”

“…desde el 1 de mayo nos agrupamos, éramos 80 familias que fuimos a cuidar esas tierras municipales. Decidimos ayudarnos y nos plantamos. Hicimos una casita para quedarnos, comíamos ahí, cada familia cuidaba, nos turnábamos. Lo hicimos para que nos escucharan. El 1 de junio finalmente nos cedieron los terrenos municipales…” 

En 2015, en un proyecto gestado desde el Municipio, el Ministerio de Planificación de la Nación y la red de cooperativas de construcción MOCARA, se les propuso participar de la construcción de un barrio en esos terrenos y la posibilidad de ser adjudicatarios de esas viviendas. Para esto, elles debían demoler lo construido, volviendo a la situación en la que se encontraban antes de la toma, con la perspectiva de poder acceder, al año siguiente, a una vivienda propia. Las vecinas cuentan que en junio de ese año se inició el proceso de adjudicación y el trabajo en las obras, en el que varias de ellas participaron como ayudantes.   

Desde el año 2019 la obra se encuentra suspendida, quedando la manzana 16 en un avance del 40% (según el último relevamiento realizado por Nación) y la manzana 17 solo con los trabajos de movimiento de suelo terminados. La situación de precariedad habitacional de les pobladores se profundiza: familias enteras alquilan habitaciones, o comparten su vivienda con otros familiares, con espacios insuficientes (más de 3 personas por habitación, sin ventilación, con humedades) y servicios básicos precarios (1 baño para más de 2 familias, instalaciones eléctricas precarias), en las cercanías del barrio. Con el predio de la obra abandonado y sin seguridad, las adjudicatarias decidieron hacerse cargo de su cuidado durante varios meses. Organizando turnos, armando parejas que hicieran guardia durante las noches. Esta situación, para mujeres al frente de hogares monomarentales, se volvió insostenible. Hoy, luego de varios reclamos, el cuidado del predio lo asumió el municipio. Sin embargo, no hay respuesta sobre la continuidad de estas obras.

 Las vecinas de la manzana 16 y 17 expresan la desigualdad que hoy están viviendo, que es la misma que históricamente han padecido, y como las familias se reúnen y proyectan resolver su situación habitacional:     

“Ahora a nosotros nos prohibieron meternos en los terrenos, porque no tenemos los papeles, pero tampoco nos dejan empezar a pagar el título. Nos piden que esperemos, nos piden todos nuestros papeles de nuevo porque el intendente anterior no dejó nada. Estamos a la deriva. Lo único que nos queda es meternos en los terrenos, pero un abogado y un escribano del municipio nos dijeron que no nos van a dar ni luz ni agua”  

“Ya hay 29 familias que están terminando las viviendas incompletas de la manzana 16. Y nosotros en la manzana 17, somos 30 familias. Hay 2 que pudieron empezar a levantar, poniendo plata de su bolsillo. Los demás, estamos dejando pasar estos meses de frío, para poder arrancar en agosto o septiembre, levantando algo atrás en los terrenos”

En el contexto de la pandemia, la desigualdad estructural en la que viven las personas de los barrios populares se profundiza. En este caso, se suma el condicionante de que hoy, frente al aislamiento y el toque de queda que implementó el gobierno de Chubut, estas mujeres no tienen trabajo. Las vecinas entrevistadas manifestaron que ellas y muchas de sus compañeras realizan trabajos de cuidado por hora en casas de familia. El apoyo frente al COVID que proviene del Municipio, con  alimentos y artículos de higiene para acatar a las recomendaciones sanitarias tampoco es suficiente para hacer frente a la coyuntura de emergencia. A pesar de las prohibiciones del municipio, varias familias han empezado a ocupar el predio de la obra, comprando algunos materiales con los escasos recursos económicos con los que cuentan o contratando a alguien que les ayude; en algunos casos recurriendo al uso de materiales de descarte para empezar a levantar viviendas precarias por sus propios medios.

“Yo trabajo por hora, el salario lo cobre este mes y pague un alquiler que debía. Y me falta entregar otra parte el mes que viene. Un mes más y después ya no voy a poder seguir, no quiero quedar debiendo. Decidí empezar a construir, algo chiquito para instalarme, después que pase el frío. Directamente estoy buscando tirantes, chapas, lo que sea para poder cerrar el predio y poder ir a vivir ahí. Yo voy a armar una casa de madera, con chapas y nylon, como pueda la voy a levantar”

“La situación acá en Gaiman está muy complicada. Uno puede ver compañeros que están viviendo en casitas de cartones con nylon, tenemos una de las compañeras de la manzana 17 que ha comenzado a construir con tarimas. Esto da mucha tristeza, hay niños que sufren por no tener una vivienda digna  y los gobiernos que no se esfuerzan en lo que uno quisiera que se esfuercen…Nosotros lo único que esperamos es que se pudiera terminar la manzana 17, la manzana 16 creo que ya está, no hay mucho que hacer, solamente falta que nos pongan los servicios y nada más que eso…”

Las vecinas de Altos del Baraibar se ponen en contacto con Proyecto Habitar, sin importar los 1300 km que separan la ciudad de Gaiman y CABA, porque entienden necesario el acompañamiento de profesionales en este proceso de lucha. Como respuesta, desde Proyecto Habitar, estamos comprometidos con la universalización del acceso al conocimiento de les profesionales, y queremos formar parte de la lucha por los derechos urbanos. 

Nuestro trabajo, que expone la denuncia de una comunidad frente al abandono, pretende favorecer  el encuentro entre organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones habitacionales. El aislamiento no suspende el aporte que les profesionales podemos hacer a las reivindicaciones de estas demandas. En el caso del barrio Altos del Baraibar es urgente la reactivación del trabajo para la finalización de las obras, al mismo tiempo que el municipio brinde cobijo a las familias que están construyendo sus viviendas, exponiéndose a las bajas temperaturas. A partir del diálogo con estas vecinas, entendemos necesario producir un trabajo colectivo que favorezca la elaboración de proyectos apropiados y protocolos que permitan poner en marcha un proceso integral de transformación urbana, que se origine desde las necesidades de les habitantes, y permitan aproximar a las organizaciones sociales y barriales al derecho a la vivienda y a la ciudad. El desigual acceso a la vivienda requiere del aporte de profesionales abiertos a trabajar con las preocupaciones que circulan en el territorio, con consciencia de la historia territorializada de les pobladores. Esta historia de transformaciones en el espacio tiene personas, fuerza de trabajo y lucha, pero también manifiesta la violación de los derechos urbanos y la desidia histórica sufrida por sus habitantes, que frente a la omisión del gobierno anterior y de la actual gestión con el argumento de la falta de recursos municipales, profundiza una situación cada vez más desigual.   

[1] En Chubut, a partir de las políticas sociales inclusivas que se comenzaron a implementar desde 2006, se gestó una red de cooperativas de trabajo. En 2010 los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional, dando origen al Movimiento Cascos Amarillos (MOCARA). Como parte de él, la asociación Hábitat, junto a cooperativas de trabajo, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La Asociación reune a 13 cooperativas desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, ejecuta vivienda en 11 localidades de la provincia patagónica. Fuente: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/asociacion-civil-habitat/

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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CONSEJOS DE HÁBITAT. Nueva etapa.

Esp. Ricardo de Francesco

 

Desde Proyecto Habitar participamos y promovemos la institucionalización de los Consejos de hábitat locales “de vivienda y hábitat” en los territorios en los que trabajamos, y el consejo provincial[1] dado que son una herramienta para construir políticas democráticas de gestión del territorio.

Durante el primer trimestre del año, iniciaron sus actividades en un nuevo escenario político, construido con el empuje de diversos sectores (sociales, políticos, gremiales, académicos, profesionales) que trabajaron sostenidamente para interrumpir la continuidad del gobierno de cambiemos. En este comienzo diferente al de años anteriores, se renuevan las expectativas de poder incidir en la orientación de las políticas urbanas frente a la nueva gestión.

A pesar de la particularidad local y la escala de incidencia de cada consejo, la lucha sostenida de las organizaciones sociales, profesionales y las universidades se puso en valor en cada sesión, sosteniendo que no debemos perder la mirada crítica y situada que posibilitará aportes para la transformación de las injustas condiciones habitacionales.

Resulta imprescindible que el gobierno actual, asuma la lucha multiactoral por el acceso justo al hábitat e instrumente políticas de redistribución de los recursos urbanos, sin depositar nuestras pretensiones transformadoras en la burocratización de las experiencias. 

La reflexión sobre estas experiencias de lucha nos presenta el desafío de seguir promoviendo ámbitos de debate que permitan trascender al gobierno de turno y democratizar las discusiones sobre las políticas urbanas, trabajar la coyuntura como manifestaciones particulares injustas de un problema mayor: la desigualdad urbana. 

 

[1] LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT, SECCIÓN VIII – CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Artículo 60. – Creación: Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que debe actuar como órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y programas en el marco de la presente ley y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Para ser mejores, mejores políticas urbanas

Recurrentemente, los gobiernos que asumen en cada ciclo de crisis inflacionaria y de parálisis en la actividad económica encuentran en la producción de viviendas un motor para activar la economía, poner en marcha la industria de la construcción y generar trabajo. El modo en que se dan estos procesos trae consecuencias de mediano y largo plazo que en muchos casos contradicen los objetivos inclusivos e integradores que promueven.

¿Por qué sucede esto? Para trascender las experiencias precedentes de políticas urbano habitacionales es necesario atender sus procesos y diseños específicos, complejizar las perspectivas de abordaje y fortalecer la mirada relacional escalas, dimensiones y actores involucrados para observar críticamente ¿Qué industria se pone en marcha? ¿Qué economía se activa? ¿Qué trabajo se genera? ¿Qué territorio produce?

Hay algunos datos de la actualidad que pueden constituirse en un buen antecedente, como haber pasado de promover un Ministerio de Vivienda, a uno que se denomina de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este contexto, el nombre de cada ministerio se resignificará en la práctica. La política territorial también lo hará en la relación entre las acciones de los distintos sectores del gobiernos entre sí y en el conjunto de políticas territoriales que se constituye en los hechos. En su relación con las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de obras e infraestructuras, etc. Es una alerta y debe constituirse en un llamado de atención cuando el modo de sintetizar las acciones en materia de desarrollo territorial y vivienda se anuncian por los miles de unidades de casas que se van a construir.

La producción urbana y regional actual, se caracteriza entre otros por dos aspectos problemáticos: la fragmentación y la desigualdad. Observada desde la lógica de la economía convencional, la ciudad como maquinaria de reproducción del capital ha superado en las últimas décadas a su rol de escenario de producción industrial o de concentración de actividades económicas. Para la reproducción del capital, es cada vez menos importante lo que se produce, su localización, su forma, las actividades o las personas que habitan las ciudades, se trata de movilización económica. Como esta es su característica principal, poner en marcha acríticamente la economía movilizando la industria de la construcción sin otras consideraciones, implica activar estos mecanismos de reproducción de fragmentación y desigualdad.

Existe otro dato insoslayable en el desarrollo territorial que es uno de los grandes desafíos presentes: las capacidades de la industria de la construcción hoy están fuertemente concentradas, tanto en los que producen obras (como las grandes empresas que concentran las obras públicas) como sus insumos principales (acero, ladrillos, cemento). Siendo otra característica determinante lo complejo que resulta acceder al suelo urbano para la mayor parte de la población. Trascender las experiencias pasadas es entonces tomarse de los casos que asumen nuevas concepciones de actividad económica y del trabajo, y para esa trascendencia especifiquen desde nuevas perspectivas sociales, de derechos y de géneros los modos de producción de espacios urbanos, los actores involucrados y el territorio producido.

Mejores políticas habitacionales para el desarrollo territorial integrado.

En relación con las políticas de desarrollo territorial y hábitat, también hay mucho aprendizaje histórico que puede consolidarse en prácticas políticas superadoras. Hay buenas y malas experiencias en el pasado reciente. Durante los doce años previos a la etapa oscura de las políticas liberales de Cambiemos, el Estado produjo en el país más de un millón de soluciones habitacionales, pese a esto, el total de hogares en situación de déficit no varió significativamente. Entre otras razones, esto se debe a que activar economía, implica activar la producción de la industria de la construcción, y atender los requerimientos de las grandes empresas vinculadas a la construcción de viviendas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a los grandes conjuntos de viviendas en la periferia, ya que para las empresas grandes y medianas que construyen viviendas, la construcción en serie de unidades iguales en terrenos baratos resulta productivo, requiere trabajadoras y trabajadores, y es rentable. Este tipo de proyectos implica el confinamiento de sectores populares en barriadas aisladas, sin acceso a otros servicios urbanos distintos al de la vivienda. Manteniendo condiciones urbanas inadecuadas en relación con otros derechos como educación, salud o esparcimiento, llegando inclusive a tener problemas de infraestructura o servicios básicos. Este tipo de intervenciones, históricamente fue el mayoritario en las políticas habitacionales.

Por otra parte, durante el mismo periodo se han desarrollado también múltiples experiencias de abordajes integrales, con programas que integran disciplinas y saberes, y proponen espacios que atienden modos de fortalecimiento de los actores locales y las economías de las que son protagonistas (social, popular, solidaria). Pueden tomarse muchas experiencias y muy diversas en todo el territorio, como lo fueron: algunos casos del PROMEBA, el PF-Villas, la ley de acceso justo al hábitat 14449 de Buenos Aires, la ley 341 de CABA, o la producción cooperativa. Es desde estas experiencias que pueden reformularse las estrategias que luego tiñen las políticas de reactivación. Este tipo de experiencias, minoría desde un punto de vista cuantitativo, han sido las más valiosas desde una perspectiva integral y de derechos.

Mejores políticas desde mejores perspectivas.

Desde Proyecto Habitar hemos participado en todos los frentes que han fortalecido la unidad popular para generar la fuerza necesaria para derrotar la continuidad del gobierno liberal de Cambiemos, y que han generado instancias de producción colectiva de propuestas programáticas en materia de hábitat y territorio. Hemos sostenido en todos estos foros los mismos criterios que aquí resumimos. Hemos rescatado estas experiencias y las propuestas que actualmente promovemos en conjunto con muchos otros colectivos y organizaciones en Habitar Argentina. Lo hicimos conscientes de que las propuestas programáticas de políticas urbanas y territoriales juegan su suerte en la especificación de su aplicación, y en las relaciones entre las distintas escalas y dimensiones de la política pública, muchas veces ignorada.

La arquitectura y el urbanismo tienen sentido en tanto su saber resulta en trasformaciones que mejoran la situación habitacional y urbana de los pobladores, esa es la medida de su sentido social. La participación de los profesionales en la crítica y el diseño de políticas públicas esta signada por el mismo objetivo. Conocemos las condicionantes macroeconómicas, así como la necesidad de conocer la realidad productiva actual como el punto de partida concreto de acciones urgentes que tienen en el hambre y la desocupación prioridades innegables. Aun así, entendemos que es necesario activar los mecanismos de la producción y el trabajo integrando de modo prioritario también entre los objetivos de las políticas públicas su progresiva transformación. Es decir, incluyendo en el diseño de las políticas el proceso que transforme el modo en que la ciudad hoy es producida y su rol dominante de reproducción del capital.

Por todo esto nos parece central atender la relación determinante que resulta de las políticas que se desprenden de asociar el objetivo de activación económica con la industria de la construcción y sus actores más poderosos, acciones que muchas veces se confinan en las áreas de obras de infraestructura o economía. Como complemento posterior, las políticas de desarrollo territorial y habitacional resultan así condicionadas, y muchas veces se confinan a accionar en áreas de vivienda o desarrollo social. Debemos trascender esta mirada fragmentada. Este es un aspecto central de un abordaje integral, que comprenda la totalidad del territorio, muchas veces simplificada en dualidades como informal y formal, productivo y reproductivo, público o privado, social o del mercado, modos binarios de aproximarse a la producción urbana que han favorecido una reproducción acrítica del territorio desigual y fragmentado.

La experiencia latinoamericana actual da cuenta de la relevancia de mantener alta la vara de la reflexión crítica y autocrítica, no es tiempo de autocensurarnos preventivamente, es tiempo de proponer criterios mejores. Para llevar adelante cualquiera de las propuestas de normativa o aplicación técnica que hemos consensuado y articulado entre tantos, en encuentros tan diversos, la guía debe ser un cambio en las perspectivas que construyen las políticas, las perspectivas sociales de derechos y de géneros son un eje sustancial.

El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan parte de la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan cuestiones accesorias sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento secundario, intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.

En síntesis, desde este punto de vista, el territorio integrado social y espacialmente, el derecho a la ciudad y a la vivienda, no puede ser una cuestión que se atienda luego de activar la economía y el trabajo acríticamente, y en función de las consecuencias, sino todo lo contrario. Es decir, un desarrollo igualitario social y de género, que promueve el trabajo de los actores locales, que producen las trasformaciones del espacio urbano y barrial utilizando sus recursos productivos, que movilizan así la economía de la que son parte, se fortalecen y construyen social y colectivamente una ciudad y un territorio más justos.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar

Diciembre 2019

 

 

La violencia pasada y presente en el espacio

La muestra “La violencia en el espacio. Políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983)” puede visitarse en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta Mayo de 2019.

 La represión y la violencia estatal que se instaló en Argentina y en la región durante la década del 70 tuvo aristas que despreciaron los derechos humanos en múltiples dimensiones y escalas. A la lucha sostenida por la visibilización del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, se integran progresivamente la visibilización de los intereses de otros actores en el periodo, lo que ha permitido revisar la responsabilidad de los medios de comunicación, sectores empresariales y de la estructura de la iglesia, entre otros. Es posible entender como la violencia ejercida ha tenido múltiples manifestaciones estratégicas y tácticas.

La muestra que se titula “La violencia en el espacio” realiza un abarcativa repaso sobre las acciones realizadas por el gobierno de la dictadura en materia de políticas urbanas, registrando actores sociales vinculados a la concentración de la riqueza y el poder, a los que se asocia y defiende en cada una de estas trasformaciones territoriales promovidas.

En el texto que presentan Pamela Colombo y Carlos Salamanca como curadores de un amplio equipo de trabajo reseñan:

“Programas de erradicación de «villas miseria», construcción de autopistas, creación de pueblos estratégicos, rediseño de espacios públicos, edificación de estadios y readecuación de ciudades para la «fiesta mundialista»: estos son algunos de los proyectos territoriales y urbanos realizados durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) que esta exposición examina. Una reorganización espacial realizada a todas las escalas y en todas las regiones del país, que impactó directamente sobre amplios sectores de población, transformando de manera duradera a la sociedad argentina.”

El repaso por las políticas que transformaron el espacio urbano restituye una unidad de procesos y productos materiales con los que aún convivimos. Acciones que reúnen propósitos de acumulación desigual y de exclusión, represión y sometimiento. Como señalan los curadores la exposición pone de manifiesto situaciones espaciales de injusticia espacial sostenidas y agudizadas en este contexto autoritario, en las que:

“No es el monumento, el estadio o el edificio en sí mismo lo que invitamos a mirar en esta exposición. No existió una dictadura fecunda en edificios y modernización, distinta y separada de aquella que llevó a cabo la desaparición sistemática de miles de personas (…) Hubo un solo gobierno que inscribió la violencia en el espacio y que hizo del espacio el medio y el lugar para crear de manera autoritaria una nueva sociedad.”

La exposición pone al alcance de todas y todos de manera gratuita el producto de diversas y valiosas investigaciones realizadas durante muchos años, lo que constituye un valor destacable en términos de la vinculación del ámbito académico y la generación de un aporte social significativo. Al mismo tiempo, compone una revisión de la totalidad del territorio, restituyendo políticas urbanas y rurales en las que los discursos, los procesos y los productos se orientan en la misma dirección excluyente y represiva.

Como reflexión final, y quizás aporte a los procesos particulares de producción del material teórico e histórico, entendemos que a partir de lo expuesto queda en evidencia la potencia de la operación violenta, cuya impronta mas estructural se instaló y ha podido continuar, con matices, ininterrumpidamente hasta nuestros días. La violencia en el espacio es una manifestación material de un proceso que reprimió la posibilidad de transformar nuestros territorios para hacerlos más justos y democráticos.

Lo esencial del territorio extractivista y la economía concentrada que defendió y amuralló el espacio de la dictadura no ha podido ser transformado y sobrevive en la desigualdad de los barrios populares que lindan con la opulencia de barrios de lujo. Resulta por demás valiosa esta exposición, por el valor de la restitución de los hechos históricos, por la reflexión crítica y profunda del carácter de sus procesos, y por la posibilidad de repensar nuestro presente.

Proyecto Habitar, 15/04/2019

Sitio de la muestra:

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2019/03/av-la-violencia-en-el-espacio.php

 

 

 

Mesa de exposiciones sobre la situación actual de la villa 31

El lunes 5 de noviembre, a las 18hs se llevó adelante, en el Instituto Patria, una charla que puso en discusión la ley 2736. Bajo el título “Villa 31 – 31 bis ¿Urbanización o negocio inmobiliario? Los panelistas invitados reflexionaron y arrojaron algunas claridades sobre el tema. Expusieron para la audiencia: Javier Fernández Castro, Martin Reibel Maier, Guillermo Marzioni, Graciela Aguirre, Juan Enríquez, Hector Cuanco y Paula Penacca. 

Comenzó Javier Fernández Castro quien desde la perspectiva del proyecto arquitectónico dio cuenta de los avances y retrocesos en materia de operaciones constructivas. Fernández Castro denuncia que los cambios al proyecto general que fueron aprobados en su momento no son ingenuos. La diversidad morfológica y material de las viviendas fue recortada a una tipología y la mitad de las unidades (de un total de 2500). Enunció que el desvío de la autopista que iba a integrar a los vecinos espacialmente se sustituyó por una división al interior del barrio y un corralito externo a partir de la continuidad elevada de la autopista costera. También hizo referencia al incremento en el valor de las tierras linderas a la villa, que fueron adquiridas en este proceso por importantes desarrolladores, que ya comenzó a manifestarse en el precio de las mismas.

Luego Martin Reibel Maier, pivoteando sobre su experiencia en ONABE desde la perspectiva del papel del Estado frente a los bienes públicos, recuperó el valor social de este tipo de bienes y la necesidad de políticas redistributivas. En primer lugar, planteó que es necesario recuperar el valor social de los bienes públicos del Estado. Para ello tenemos que trabajar sobre la “técnica, el fomento y progreso de la utilización de los bienes”. En segundo lugar, explicitó que son necesarias políticas de suelo de carácter redistributivo, para ello los bienes públicos deben ser utilizados para vivienda pública. Por último, se calificó la actuación del gobierno de la ciudad en la villa 31 como una prevaricato, es decir como una actuación autoritaria que resuelve sobre temas que pertenecen a una escala superior de la estructura de gobierno. Esto lo dijo específicamente refiriéndose a la venta de predios, cambio de dirección de la traza, cambio de normativa y adjudicación privada de bienes públicos.

Para hablar de los mapeos y relevamientos realizados en 2015 para incorporar la demanda de la población, que no figuraba en el censo del 2010, Guillermo Marzioni contó el trabajo realizado por más de 500 personas. Explicó el proceso de articulación entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, universidades y funcionarios. Según Marzioni, el valor del trabajo realizado radicó en poner en valor las preexistencias producidas por la comunidad.

Por su parte, Graciela Aguirre denunció, desde una perspectiva jurídica, el atropello que viene llevando a cabo el gobierno de la ciudad, que se verá avalado con la ley 2736. Contó que los únicos 4 accesos que tiene el barrio para el ingreso de ambulancias se encuentran en obra y por lo tanto, a estos vehículos no se les permite acceder. Hace unas semanas hubo un incendio y las condiciones de las calles impidieron el ingreso de la asistencia hecho que se llevó la vida de 4 personas.

También expuso su experiencia Juan Enríquez de Villa Palito, en el proceso de urbanización iniciado en 1999 con el programa Arraigo. Enríquez expuso las dificultades que acarreó la urbanización y el camino que se encontró a partir de la apropiación de los vecinos de dicho proceso.

Cerrando la rueda de disertaciones, Hector Cuanco, vecino del Barrio 31, denunció la inconstitucionalidad de la ley de re-urbanización del Barrio «Padre Carlos Mugica» que promueve el gobierno de la ciudad. Esta ley viola los principios rectores de la ley marco. En el cuerpo de la ley 3.343 se ponía en valor la permanencia y la participación, entre otros valores hoy avasallados. El vecino denuncia la expulsión silenciosa que el gobierno porteño pretende consolidar, y asevera: “está trabajando para que no quede nadie”.
Por último, Paula Penacca rescató los aportes de todos y, retomando las propuestas, recordó que cuando la judicialización del conflicto no alcanza es necesario salir a las calles. Rubén Pascolini agradeció a todos la participación e invitó a seguir vinculados y difundir lo que se conversó ya que hay muy poca información sobre lo que realmente pasa.

Eugenia Jaime
Arquitecta, Urbanista.
Asesoría Urbana por el Derecho a la Ciudad
Proyecto Habitar