Altos de Baraibar y la dificultad en el acceso a la vivienda

Autora: Gabriela Torrents

El proceso histórico de territorialización de la desigualdad en Argentina es un proceso de larga duración que ha tenido una fuerte incidencia en la construcción de regiones y ciudades. Ha fortalecido la consolidación de relaciones sociales desiguales y la reproducción de una lógica de producción urbana excluyente que afecta, la vida cotidiana de les habitantes de los barrios populares.

En esta nota presentaremos el caso del Barrio Altos del Baraibar, en la ciudad de Gaiman, provincia de Chubut, a través de algunas entrevistas realizadas a las vecinas que se han contactado con Proyecto Habitar, frente a las dificultades y obstáculos que han encontrado en el proceso de acceso a una vivienda. Durante el año 2016 varias familias fueron parte del proyecto del Barrio Altos del Baraibar, para la construcción de 78 viviendas de las manzanas 16 y 17, enmarcado en el Programa Haciendo Comunidad, promovido desde las cooperativas de construcción del MOCARA[1] y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos de Nación. Las viviendas serían otorgadas a estas familias de trabajadores, que desde el año 2011 luchan por este derecho vulnerado. Sin embargo, la obra está suspendida hace más de un año, dejando sin respuesta a cientos de pobladores.  

“La lucha nuestra viene hace 9 años atrás. En el transcurso de estos nueve años se fueron perdiendo muchas cosas, sobre todo las fuerzas, entonces llegamos a esta altura desvanecidos”

En 2012, luego de años de evasivas del gobierno local, aproximadamente 80 familias acamparon durante 1 mes sobre la ruta nacional 25, reclamando asistencia al municipio en el acceso a la vivienda. El 1 de junio de ese año lograron acceder a los terrenos municipales que reclamaban, con una promesa de cesión por parte del intendente, dando inicio a un proceso de autoconstrucción sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para su construcción.

“… decidimos como vecinos defender nuestra tierra. Muchos de nosotros necesitábamos salir de las casas de nuestros padres para construir las nuestras. Todos estábamos anotados en el municipio, nos decían que teníamos que tener antigüedad de 2 años viviendo en Gaiman y nosotros habíamos nacido acá…”

“…desde el 1 de mayo nos agrupamos, éramos 80 familias que fuimos a cuidar esas tierras municipales. Decidimos ayudarnos y nos plantamos. Hicimos una casita para quedarnos, comíamos ahí, cada familia cuidaba, nos turnábamos. Lo hicimos para que nos escucharan. El 1 de junio finalmente nos cedieron los terrenos municipales…” 

En 2015, en un proyecto gestado desde el Municipio, el Ministerio de Planificación de la Nación y la red de cooperativas de construcción MOCARA, se les propuso participar de la construcción de un barrio en esos terrenos y la posibilidad de ser adjudicatarios de esas viviendas. Para esto, elles debían demoler lo construido, volviendo a la situación en la que se encontraban antes de la toma, con la perspectiva de poder acceder, al año siguiente, a una vivienda propia. Las vecinas cuentan que en junio de ese año se inició el proceso de adjudicación y el trabajo en las obras, en el que varias de ellas participaron como ayudantes.   

Desde el año 2019 la obra se encuentra suspendida, quedando la manzana 16 en un avance del 40% (según el último relevamiento realizado por Nación) y la manzana 17 solo con los trabajos de movimiento de suelo terminados. La situación de precariedad habitacional de les pobladores se profundiza: familias enteras alquilan habitaciones, o comparten su vivienda con otros familiares, con espacios insuficientes (más de 3 personas por habitación, sin ventilación, con humedades) y servicios básicos precarios (1 baño para más de 2 familias, instalaciones eléctricas precarias), en las cercanías del barrio. Con el predio de la obra abandonado y sin seguridad, las adjudicatarias decidieron hacerse cargo de su cuidado durante varios meses. Organizando turnos, armando parejas que hicieran guardia durante las noches. Esta situación, para mujeres al frente de hogares monomarentales, se volvió insostenible. Hoy, luego de varios reclamos, el cuidado del predio lo asumió el municipio. Sin embargo, no hay respuesta sobre la continuidad de estas obras.

 Las vecinas de la manzana 16 y 17 expresan la desigualdad que hoy están viviendo, que es la misma que históricamente han padecido, y como las familias se reúnen y proyectan resolver su situación habitacional:     

“Ahora a nosotros nos prohibieron meternos en los terrenos, porque no tenemos los papeles, pero tampoco nos dejan empezar a pagar el título. Nos piden que esperemos, nos piden todos nuestros papeles de nuevo porque el intendente anterior no dejó nada. Estamos a la deriva. Lo único que nos queda es meternos en los terrenos, pero un abogado y un escribano del municipio nos dijeron que no nos van a dar ni luz ni agua”  

“Ya hay 29 familias que están terminando las viviendas incompletas de la manzana 16. Y nosotros en la manzana 17, somos 30 familias. Hay 2 que pudieron empezar a levantar, poniendo plata de su bolsillo. Los demás, estamos dejando pasar estos meses de frío, para poder arrancar en agosto o septiembre, levantando algo atrás en los terrenos”

En el contexto de la pandemia, la desigualdad estructural en la que viven las personas de los barrios populares se profundiza. En este caso, se suma el condicionante de que hoy, frente al aislamiento y el toque de queda que implementó el gobierno de Chubut, estas mujeres no tienen trabajo. Las vecinas entrevistadas manifestaron que ellas y muchas de sus compañeras realizan trabajos de cuidado por hora en casas de familia. El apoyo frente al COVID que proviene del Municipio, con  alimentos y artículos de higiene para acatar a las recomendaciones sanitarias tampoco es suficiente para hacer frente a la coyuntura de emergencia. A pesar de las prohibiciones del municipio, varias familias han empezado a ocupar el predio de la obra, comprando algunos materiales con los escasos recursos económicos con los que cuentan o contratando a alguien que les ayude; en algunos casos recurriendo al uso de materiales de descarte para empezar a levantar viviendas precarias por sus propios medios.

“Yo trabajo por hora, el salario lo cobre este mes y pague un alquiler que debía. Y me falta entregar otra parte el mes que viene. Un mes más y después ya no voy a poder seguir, no quiero quedar debiendo. Decidí empezar a construir, algo chiquito para instalarme, después que pase el frío. Directamente estoy buscando tirantes, chapas, lo que sea para poder cerrar el predio y poder ir a vivir ahí. Yo voy a armar una casa de madera, con chapas y nylon, como pueda la voy a levantar”

“La situación acá en Gaiman está muy complicada. Uno puede ver compañeros que están viviendo en casitas de cartones con nylon, tenemos una de las compañeras de la manzana 17 que ha comenzado a construir con tarimas. Esto da mucha tristeza, hay niños que sufren por no tener una vivienda digna  y los gobiernos que no se esfuerzan en lo que uno quisiera que se esfuercen…Nosotros lo único que esperamos es que se pudiera terminar la manzana 17, la manzana 16 creo que ya está, no hay mucho que hacer, solamente falta que nos pongan los servicios y nada más que eso…”

Las vecinas de Altos del Baraibar se ponen en contacto con Proyecto Habitar, sin importar los 1300 km que separan la ciudad de Gaiman y CABA, porque entienden necesario el acompañamiento de profesionales en este proceso de lucha. Como respuesta, desde Proyecto Habitar, estamos comprometidos con la universalización del acceso al conocimiento de les profesionales, y queremos formar parte de la lucha por los derechos urbanos. 

Nuestro trabajo, que expone la denuncia de una comunidad frente al abandono, pretende favorecer  el encuentro entre organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones habitacionales. El aislamiento no suspende el aporte que les profesionales podemos hacer a las reivindicaciones de estas demandas. En el caso del barrio Altos del Baraibar es urgente la reactivación del trabajo para la finalización de las obras, al mismo tiempo que el municipio brinde cobijo a las familias que están construyendo sus viviendas, exponiéndose a las bajas temperaturas. A partir del diálogo con estas vecinas, entendemos necesario producir un trabajo colectivo que favorezca la elaboración de proyectos apropiados y protocolos que permitan poner en marcha un proceso integral de transformación urbana, que se origine desde las necesidades de les habitantes, y permitan aproximar a las organizaciones sociales y barriales al derecho a la vivienda y a la ciudad. El desigual acceso a la vivienda requiere del aporte de profesionales abiertos a trabajar con las preocupaciones que circulan en el territorio, con consciencia de la historia territorializada de les pobladores. Esta historia de transformaciones en el espacio tiene personas, fuerza de trabajo y lucha, pero también manifiesta la violación de los derechos urbanos y la desidia histórica sufrida por sus habitantes, que frente a la omisión del gobierno anterior y de la actual gestión con el argumento de la falta de recursos municipales, profundiza una situación cada vez más desigual.   

[1] En Chubut, a partir de las políticas sociales inclusivas que se comenzaron a implementar desde 2006, se gestó una red de cooperativas de trabajo. En 2010 los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional, dando origen al Movimiento Cascos Amarillos (MOCARA). Como parte de él, la asociación Hábitat, junto a cooperativas de trabajo, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La Asociación reune a 13 cooperativas desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, ejecuta vivienda en 11 localidades de la provincia patagónica. Fuente: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/asociacion-civil-habitat/

Profesionales del hábitat: una propuesta transformadora

Autora: Teresita Sacón. Colaboradoras/es: Agustina Capasso, Florencia Giorno, Gastón Janza y Maité Ugalde

 

El pasado 17 de mayo, estudiantes, arquitectes y urbanistas, nos reunimos a conversar sobre el rol social de les profesionales del hábitat. Una discusión histórica, que nos reúne a quienes conformamos Proyecto Habitar, y que requiere a la luz de esta crisis, una nueva revisión que nos permita proyectar lo que sigue.

Abrió el debate Julián Salvarredy, quien describió el lugar de les arqutiectes y urbanistas en el proceso histórico de territorialización de la desigualdad. Una descripción que permitió desnaturalizar las reglas construidas socialmente. Nos invitó a pensar y a reconocer el rol que construimos como profesionales, en qué realidad y qué vamos a hacer con eso.

Una vez que se observan las injusticias y sus reglas, no hay más que trabajar para transformar la realidad. No hay posibilidades de hacer como que no existen, no hay posibilidades de trabajar como arquitecta, como urbanista o como profesional del hábitat, de manera indiferente frente a las injusticias socioterritoriales. No podemos ser cómplices de esto.

La arquitectura no es una cuestión congelada como si fuera algo que viene de la naturaleza, externo al orden social, sino que es una construcción social que hacemos en disputa y en relación a las relaciones de poder y los intereses, en función de lo que queremos que suceda.”

Luego Eugenia Jaime profundizó en la institucionalización de ésta práctica social, el rol de las universidades y las instituciones que regulan estas profesiones. Nos invitó a reflexionar sobre las luchas sociales, lo que hoy nos permite ver ese avance en la estructura de derechos y los próximos desafíos para mejorar las condiciones de les profesionales y del hábitat:

“La estructura de derechos que hemos alcanzado ha logrado visibilizar en parte estas injusticias, si aún no se logra juzgarlas es porque en la vida cotidiana millones de personas viven en absoluto desconocimiento de estos derechos institucionalizados y solo cuentan con sus esfuerzos para reproducirse y producir en un mundo tremendamente desigual.”

 “El rol profesional está signado por un grupo de instituciones que custodian y que hacen que los profesionales colaboremos, o por lo menos no estorbemos, al desarrollo del sistema de relaciones que les da origen, el sistema capitalista.”

 “El estado donde se concentra el monopolio de la fuerza y la represión que utiliza para garantizar los derechos de todes, funciona para garantizar el derecho de una minoría y les profesionales realizamos un ejercicio profesional bajo los lineamientos de un rol profesional que no se corresponde con nuestras ideas transformadoras y que requiere que lo construyamos con otres más allá de nuestra individualidad. Estamos formados para reproducir la desigualdad, entonces no logramos ser parte de un estado cuya fuerza ser garantizar los derechos.”

“La práctica que ustedes han hecho en los territorios junto a las organizaciones sociales, construyendo o no los proyectos tiene que ser la razón para formarnos, no la excusa para contactarnos con personas reales. Se escucha mucho en las universidades que lo importante de ir al territorio es el contacto con personas reales. Ir al territorio tiene que ser para estar junto a las organizaciones sociales construyendo o no proyecto, y eso nos tiene que formar en esa nueva relación y no usar la relación para tener un cliente de verdad.Las entrevistas a la comunidad son para hacer una restitución histórica de la lucha de los más, de los que en realidad están trabajando por transformar el espacio urbano, no para ponerle nombres y caras a los pobres.

Finalmente Ricardo De Francesco expuso sobre el proyecto de ley de Acompañamiento Técnico Profesional y Público como una forma de transformar el modo de ejercicio profesional hegemónico, hacia su universalización:

Se trata de incluir a les otres como parte sustantiva en la construcción de una obra social, condiciones fundamentales para producir transformaciones sociales estructurales

Desde esta opción promovemos el desarrollo de acciones hacia la transformación de las condiciones de desigualdad, que posibiliten generar cambios trascendentes en las reglas sociales establecidas. Esta es la opción que acordamos llevar adelante en este colectivo.”

Trascenderse a uno mismo, trascenderse como grupo, para ir hacia esos cambios sociales, implica promover las ideas que aparecen como universales (o universalizables), necesarias e impostergables socialmente. En nuestra condición como profesionales, y desde la experiencia de los 10 años de este colectivo, pretendemos universalizar el acceso a los conocimientos disciplinares como una opción para transformar las reglas que impiden desarrollar tratos sociales más valiosos

La conversación se constituyó como una invitación a transformar el rol profesional, la arquitectura y las reglas de nuestra profesión que profundizan la desigualdad. Una invitación a  avanzar en la universalización de los derechos. Una invitación a seguir pensando ¿Cómo hacer arquitectura, teniendo la conciencia social de que al mundo hay que transformarlo?

 

 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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UN MES DE AISLAMIENTO. Estrategias sociales de colaboración y solidaridad

por Clara Mansueto, Ricardo de Francesco y Teresita Sacón

Transcurrido un mes de aislamiento social en Argentina y retomando las reflexiones del primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, abordaremos el registro las acciones que promueven las relaciones sociales de colaboración y solidaridad, como antecedentes valiosos hacia la construcción de políticas que aborden las condiciones estructurales e históricas de la desigualdad urbana de nuestro país.

¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas en argentina?

Pasados los doce días del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de carácter estricto dispuesto por el gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que mencionamos en el primer informe, el Gobierno Nacional Argentino prorrogó el aislamiento junto con la flexibilización de algunas actividades. Se llamó a esta segunda etapa: aislamiento administrado, donde se estimó un 25% de la población en movimiento.

El Congreso Nacional no volvió a sesionar, todas las medidas son tomadas por decreto o prórrogas mediante decisiones administrativas inscriptas en los DNU

La salud sigue siendo la principal orientación del paquete de medidas continuando con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”. En ese sentido, se ampliaron las recomendaciones sanitarias de higiene personal, de objetos, utensilios, alimentos; como la higiene y ventilación de los espacios de la vivienda. El uso del barbijo es recomendado para circular por la ciudad y obligatorio en el transporte público, el ingreso a locales comerciales, y espacios de concurrencia.

La obra pública estuvo dedicada a la terminación de unidades sanitarias y montaje de hospitales modulares de construcción en seco. Recientemente (21 de abril) se incorporaron otras obras con el lanzamiento del programa “Argentina Hace II”, que reactiva un sector de la obra pública a nivel nacional focalizada en rutas, obras hídricas y trabajos en municipios.

Las políticas de hábitat estuvieron enfocadas al congelamiento de precios de los contratos de alquiler, hasta el 30 de septiembre con valor del 30 de marzo, pagándose los aumentos en hasta 6 cuotas luego de esa fecha. Esta media está destinada a viviendas urbana y rural, pensiones, hoteles o alojamientos; a los espacios destinados a actividades culturales, rurales de pequeñas producciones y el alquiler de Cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. A su vez, se congelaron las cuotas de hipotecas, la suspensión de desalojos y las ejecuciones por falta de pago. Hasta el momento no se implementaron medidas para abordar la urbanización informal.

Se anunciaron medidas económicas orientadas al mercado laboral: 

  • Se amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción con fecha hasta el 30 de junio, mediante el cual se otorgan créditos a tasa cero, salarios complementarios, aumentos de prestaciones por desempleo y reducción de aportes patronales.
  • Se creó el ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores no registrades y monotributistas, y se entregó un bono extraordinario para beneficiaries de la Asignación Universal por Hije, Jubilades y pensionades y condonación de cuotas para quienes hayan sacado créditos en ANSES.
  • Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional en las aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
  • Asignación estímulo para trabajadores de la salud.
  • Prohibición de los despidos y suspensiones laborales salvo por causas de fuerza mayor, pactadas entre las partes y homologadas por el Ministerio de Trabajo.

También se extendieron los horarios de algunos comercios y se ampliaron gradualmente las excepciones a diversas actividades productivas y servicios: gastronomía; artículos de librería e insumos informáticos, bajo la modalidad de entrega a domicilio; correlones de materiales para la construcción; curtiembres, aserraderos y fábricas de maderas, colchones y maquinaria; talleres, fabricación y venta de repuestos para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas.

A las excepciones se incorporó la circulación de personas con discapacidad y autistas, y las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a estas poblaciones, medidas que alivian el trabajo de cuidado que recae mayormente en sus parientes mujeres. 

Se habilitó la actividad bancaria de atención al público con turno, viabilizando el cobro de pensiones para quienes se veían imposibilitades de hacerlo mediante cajero automático.

Se prorrogó el programa “precios máximos” de alimentos y productos esenciales por 30 días, incorporando elementos sanitarios tales como barbijos, termómetros y alcohol en gel. Luego de una compra con sobre precios por parte del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron nuevas disposiciones para la  compra de insumos y contrataciones del Estado en la que se reglamenta la figura “contratación directa por emergencia” y promueve la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles.

Al cierre de fronteras nacionales, provinciales y municipales se exceptuó el movimiento por tierra de aquellas personas que hubieran quedado lejos de su domicilio cuando inició el aislamiento, así como el arribo de aviones con argentinos repatriados.

Las fuerzas de seguridad siguen controlando el acatamiento de la cuarentena por parte de la población. El ejército asumió nuevas tareas, como la instalación de carpas sanitarias acopladas a hospitales, la confección de barbijos, y en algunas localidades reparte bolsones con alimentos y viandas de comida. A su vez, están efectuando vuelos de reconocimiento de posibles lugares de aterrizajes próximos a los lugares sanitarios.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Sistema Integrado de Información Sanitaria, abrió una convocatoria para incorporar profesionales voluntaries para reforzar los equipos sanitarios dependientes de Nación y las Provincias. Por su parte, diversas municipalidades del conurbano bonaerense están promoviendo voluntariados dirigidos a todas las personas con intenciones de colaborar en la asistencia sanitaria.

 

¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales?

La flexibilización de la cuarentena, se expresa espacialmente en el incremento de flujos vehiculares y peatonales por las calles, y en la concentración de personas en actividades esenciales como el retiro de dinero en bancos, el abastecimiento en mercados, compra de medicamentos en farmacias, vacunación en centros médicos y el pago de servicios.

Estas actividades se desarrollan con una organización del tiempo mediante la pre adjudicación de turnos y el control de cupos máximos dentro de los locales. Físicamente, se materializan con líneas dibujadas en el piso para determinar la ubicación de las personas en la fila, mamparas transparentes en las cajas de los mercados; locales que funcionan tras las rejas; nylon transparente que cubre el frente de locales, dejando lugar solo para el intercambio de dinero y productos. Restricciones que impactan en la vida cotidiana y en los modos de relacionarse socialmente en los espacios.

Otras transformaciones impactantes en el espacio urbano son la imposibilidad de verle la cara a las personas por la utilización masiva de barbijos o máscaras, como así también la ausencia de reuniones o actividades colectivas, las manifestaciones políticas y los encuentros cotidianos por las calles, más allá de alinearse en las filas manteniendo distancia.

El transporte público de colectivos, subtes y trenes aumentaron sus frecuencias, aunque no llegan a sus máximos de horas pico. En las estaciones cabecera y centros de transbordo se implementaron controles de salud de pasajeros. En los colectivos, sigue vigente la obligación de subir por la puerta trasera, que los dos primeros asientos estén desocupados y que sólo se viaje sentade.

Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) con el cierre de comercios y de varias industrias, los residuos se redujeron un 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por su parte, en Santa Fe y Rosario las autoridades del área de Ambiente informaron que aumentaron las toneladas de basura en un 43% por el incremento del consumo domiciliario durante la cuarentena obligatoria.

Sobre les contagiades y su distribución territorial, la Dirección Nacional de Epidemiología e información Estratégica, detectó que el 47.7% de los casos se encuentran en los principales aglomerados urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Continúa el movimiento de trabajadores, materiales y maquinarias en las obras públicas de salud. Se están construyendo hospitales modulares distribuidos en grandes ciudades: 8 unidades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 1 en Mar del Plata, Ciudad de Córdoba, Resistencia y Santa Fe respectivamente. También se están levantando carpas sanitarias y acondicionando unidades de salud en desuso. 

En algunas ciudades, como en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, diversos sindicatos, obras sociales y cadenas hoteleras acordaron con las intendencias utilizar las plazas para complementar el alojamiento de pacientes leves o adultes mayores y para las personas que llegan del exterior.

También se registran transformaciones espaciales sustentadas en relaciones sociales de solidaridad y colaboración ante la pandemia. Los espacios de referencia barrial como escuelas, centros culturales y sociedades de fomento, modificaron sus actividades y organizan ollas populares o son puntos de entrega de viandas para los sectores sociales que lo necesitan. En el mismo sentido, los clubes sociales de todo el país pusieron a disposición sus instalaciones y espacios deportivos para instalar camas de internación. En la Ciudad de Buenos Aires, el Hotel Bauen puso a disposición las plazas, particularmente para el aislamiento de los sectores populares de la ciudad.

 

¿Cómo es el impacto en la población? Y ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen?

Frente a la imposibilidad de circular por las calles de la ciudad, los movimientos sociales que trabajan en la recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos reclamaron ante el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional la excepción para acceder a los centros urbanos con un protocolo sanitario específico.

Trabajadores organizades reclamaron mediante huelgas y piquetes en distintos puntos del país, contra las reducciones salariales, cobros adeudados y despidos. En algunos casos se vivieron situaciones de violencia y enfrentamientos contra la represión policial.

En cuanto al abastecimiento, se registra el aumento de precios de elementos de primera necesidad e higiene, a pesar de las medidas dispuestas para fijar precios máximos. En ese sentido, la AFIP en conjunto con autoridades de distintos municipios inspeccionan locales de abastecimiento para identificar irregularidades.

El aumento del consumo de los servicios de luz, agua y gas, el tipo de cuadro tarifario y las estimaciones de las empresas por la inhabilitación de lectura de medidores están generando preocupación en la población. Comenzaron a solicitarse planes de pago por los montos de las facturas y se incrementaron los reclamos de usuaries que recibieron aumentos desorbitantes en las facturas de gas y luz sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores.

Con el incremento del control por parte de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional, se produjeron situaciones de abusos de autoridad particularmente con poblaciones de barrios populares: de represión, prácticas xenófobas y racistas frente a comunidades originarias y secuestros de mercadería y objetos personales de trabajadores informales por estar vendiendo.

En algunas localidades, las organizaciones sociales reaccionaron frente a los abusos de las fuerzas de seguridad, como es el caso de Chubut donde se interpusieron 3 Habeas Corpus colectivos y preventivos. 

Otro conflicto está asociado a la población en situación de calle que no dispone de lugares para aislarse. Durante este primer mes de cuarentena la situación empeoró, sobrecargándose los paradores existentes. En la Ciudad de Buenos Aires, se habilitaron nuevos albergues que funcionan en los polideportivos. Los que quedan afuera, solo reciben un plato de comida y se ven obligados a dormir en la calle trasladándose de un lugar a otro cuando les echan.

Según el registro nacional de femicidios del observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, se registraron 27 femicidios desde que comenzaron las restricciones al 22 de abril, ocurridos en su mayoría dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor, y aumentaron un 39% las denuncias por violencia de genero a nivel nacional según la ONU.

Se realizaron varios motines en cárceles del país, con escenas de violencia y muerte de los presos que reclaman mejores condiciones sanitarias, en estos espacios donde predomina el hacinamiento y las condiciones de precariedad en cuanto a la salubridad e higiene.

Ante la inactividad laboral y la crisis económica, diversas organizaciones políticas promueven la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, para recaudar fondos que puedan destinarse a la emergencia sanitaria. También se retoman los proyectos de redistribución económica como el de una renta básica universal, Ingreso Básico Universal o Asignación Universal por Ciudadanía.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Como registráramos en el primer informe, las condiciones de precariedad de la organización espacial y social pre existentes en los barrios populares, imposibilitan afrontar las medidas y recomendaciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional.

Frente a esta realidad, les pobladores, diversas organizaciones e instituciones, reforzaron la visibilización de la situación, promoviendo que se tomaran medidas específicas para estos sectores. En ese sentido, se logró un acuerdo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social para implementar aislamientos barriales con la consigna “quédate en tu barrio”, reforzándose la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios. Según comunicados oficiales se ampliaron las partidas presupuestarias y se dispuso la entrega de viandas o de módulos alimentarios.

Se lanzó el programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”, a través del cual promotores y promotoras comunitarias recorrerán su barrio para realizar un acompañamiento específico a grupos de riesgo, difundir medidas preventivas y distribuir elementos de seguridad e higiene. Este programa comenzó a implementarse en varios distritos del AMBA: en la localidad de José León Suarez del partido de Gral. San Martín; barrio El Campanario de Lomas de Zamora; William Morris en Hurlingham; Las Casitas en la Localidad de Glew de Almirante Brown; y San Jorge de Florencio Varela.

Se destinaron recursos para la ejecución de “Puesta en Valor de Centros Integradores Comunitarios” ubicados en barrios vulnerables con mano de obra local, que aporten a enfrentar el impacto sanitario y económico de la pandemia y el aislamiento. Se estima que las obras comiencen durante el mes de mayo.

Más allá de estas medidas, las organizaciones sociales continúan trabajando y sosteniendo los cuidados, la alimentación y la educación de les habitantes. Los comedores comunitarios siguen funcionando, y cada vez reciben más gente. Los centros comunitarios, bachilleratos, puntos de alfabetización reconvirtieron sus objetivos priorizando la alimentación. La cercanía con la comunidad trajo aparejadas otras necesidades como atención médica, vacunación, abrigo, medicamentos.

Comenzaron a organizarse ollas populares en distintas esquinas de los barrios populares del conurbano, producto de la desesperación frente a la falta de dinero y la solidaridad de quienes pueden acercar algo. También existen colaboraciones entre vecinas para prestarse internet o imprimir las tareas que les docentes les envían a les estudiantes para hacer desde la casa.

El 13 de abril se confirmó la primera fallecida por COVID-19 de la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta la fecha de este informe (25 de Abril) existen 2 casos confirmados en el barrio 31 de Retiro, 1 caso en la Villa Oculta de Mataderos y 2 casos en la villa 20 de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires CABA, además de 1 caso confirmado en el Barrio La Matera de Quilmes.

Les vecines y organizaciones sociales de los barrios asistieron a les familiares de las personas contagiadas. Les infectades de la ciudad de buenos aires están internades en hospitales públicos, pero los familiares no han recibido asistencia del estado para llevar adelante las medidas sanitarias y sostener el aislamiento.

La circulación del virus por las villas de la Ciudad complejiza aún más las condiciones sanitarias. Es necesario contemplar esta situación para complementar las disposiciones de aislarse en casa y aislarse en el barrio, con medidas urgentes que permitan aislar al entorno de les infectades y las poblaciones de riesgo. La disposición de camas de hoteles para repatriades, o la aislación de geriátricos e instituciones sanitarias cuando surgen contagios, son algunos ejemplos que pueden replicarse para la población de los barrios populares. Asimismo, la articulación con las redes de colaboración y actividades existentes en los barrios, son una condición necesaria para construir e implementar medidas adecuadas para estos sectores.

 

 

      

     

Foto de portada, 1 y 3: de Miguel Caamaño, Foto 2: Juani Ignacio Roncoroni, Foto 4:Enrique Garcia Medina

 

PERSPECTIVA DE GÉNEROS. El rol de la universidad y las políticas.

Esp. Clara Mansueto 

 

La convocatoria al inicio de la séptima edición de la Diplomatura en “Géneros, políticas y participación” de la Universidad Nacional de General Sarmiento, recordaba los primeros pasos de la propuestas por el año 2014 con la invitación de Dora Barrancos “a pensarnos como parte de una genealogía abierta y huidiza de las pretensiones fundantes; de una forma de hacer ciencia no predictiva ni finalista, más bien hermanada con la inteligibilidad colectiva”. Esta perspectiva, histórica y con base en la lucha colectiva recorrió la jornada junto con los reconocimientos sobre lo logrado en estos 7 años y las urgentes demandas que evidencian la sostenida desigualdad.

Se trató de una mesa de diálogo presentada por Marisa Fournier, responsable de la diplomatura, con la participación de Andrea Catenazzi, Decana del Instituto del Conurbano; Pablo Bonaldi, Rector de la Universidad; Cecilia Checha Merchán Salvatori, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad y Alba Rueda, Subsecretaria de Políticas de Diversidad, ambas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Marisa Fournier abrió la jornada celebrando la presencia de dos representantes del ministerio recientemente creado, recuperando este hecho como un acontecimiento anhelado desde los inicios de la diplomatura. Continuaron las exposiciones sobre el rol de la universidad frente a la desigualdad de géneros, las políticas adoptadas y los cambios favorecidos hasta la fecha.

Se festejaron las trasformaciones como logros de una larga lucha feminista que la universidad acompañó, y se mencionó la necesidad de continuar trabajando para que la perspectiva de géneros atraviese la formación universitaria en su totalidad y promueva nuevas hipótesis que favorezcan la investigación científica situada en los problemas de la sociedad.

Las interpelaciones de la comunidad travesti en el debate resultaron fundamentales para pensar la compleja trama de desigualdades que se interseccionan, persisten y requieren políticas públicas transformadoras. En ese sentido, desde la diplomatura se pusieron a disposición los proyectos trabajados a lo largo de 6 años para acompañar con propuestas de gestión pública la tarea que el ministerio tiene por delante.

La jornada significó un espacio para la reflexión sobre lo logrado como nueva plataforma para idear y desarrollar políticas de inclusión social de los géneros que el binarismo omite.

CONSEJOS DE HÁBITAT. Nueva etapa.

Esp. Ricardo de Francesco

 

Desde Proyecto Habitar participamos y promovemos la institucionalización de los Consejos de hábitat locales “de vivienda y hábitat” en los territorios en los que trabajamos, y el consejo provincial[1] dado que son una herramienta para construir políticas democráticas de gestión del territorio.

Durante el primer trimestre del año, iniciaron sus actividades en un nuevo escenario político, construido con el empuje de diversos sectores (sociales, políticos, gremiales, académicos, profesionales) que trabajaron sostenidamente para interrumpir la continuidad del gobierno de cambiemos. En este comienzo diferente al de años anteriores, se renuevan las expectativas de poder incidir en la orientación de las políticas urbanas frente a la nueva gestión.

A pesar de la particularidad local y la escala de incidencia de cada consejo, la lucha sostenida de las organizaciones sociales, profesionales y las universidades se puso en valor en cada sesión, sosteniendo que no debemos perder la mirada crítica y situada que posibilitará aportes para la transformación de las injustas condiciones habitacionales.

Resulta imprescindible que el gobierno actual, asuma la lucha multiactoral por el acceso justo al hábitat e instrumente políticas de redistribución de los recursos urbanos, sin depositar nuestras pretensiones transformadoras en la burocratización de las experiencias. 

La reflexión sobre estas experiencias de lucha nos presenta el desafío de seguir promoviendo ámbitos de debate que permitan trascender al gobierno de turno y democratizar las discusiones sobre las políticas urbanas, trabajar la coyuntura como manifestaciones particulares injustas de un problema mayor: la desigualdad urbana. 

 

[1] LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT, SECCIÓN VIII – CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Artículo 60. – Creación: Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, que debe actuar como órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y programas en el marco de la presente ley y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

HACIA UNA RED LATINOAMERICANA. Los problemas urbanos de la región en la formación académica

arq. Ignacio González Roglich

 

Invitades por el equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Perú, integrantes de Proyecto Habitar participamos del WORKSHOP INTERNACIONAL LIMAPOLIS: “Combatiendo la desigualdad urbana. Arquitectura, diseño y ciudad”, desde el 1 al 8 de marzo, con la premisa de construir un espacio de reflexión sobre la producción urbano-arquitectónica desde un rol que promueva territorios más justos.

Durante una semana trabajamos junto a 140 estudiantes, arquitectes , docentes e investigadores especialistas en políticas públicas, referentes en procesos de gestión con organizaciones sociales, con un interés común: el de aportar a la transformación de la desigualdad urbana desde el estudio de los problemas y la producción de proyectos.

El workshop se organizó en tres momentos atravesados por la propuesta de aproximarnos al conocimiento del territorio desde un abordaje teórico-práctico de la cuestión urbana. Durante el primer momento, realizamos un recorrido por cuatro áreas de la ciudad; en el segundo participamos de las conferencias que brindaron especialistas de Perú, Ecuador, Colombia,  España, Italia e India; y por último trabajamos intensamente en ámbitos de taller, donde estudiantes y docentes asumimos el desafío de pensar trasformaciones espaciales para cada una de las áreas visitadas.

En el proceso de trabajo de las propuestas , les docentes e investigadores presentaron estructuras teórico prácticas  para guiar las transformaciones físicas y sociales que tomaron forma en proyectos urbanos. Estas propuestas fueron tomadas con entusiasmo por parte de les estudiantes, interesades en la idea de pensar la ciudad de otra manera, construyendo problemas urbanos situados.

La experiencia finalizó con una invitación por parte de proyecto Habitar a encontrarnos próximamente en la 3ra edición del Workshop “Arquitectura en la Producción Urbana Latinoamericana”, que realizaremos en Buenos Aires durante el segundo semestre de este año. Con la intensión de potenciar estos encuentros, promoviendo redes de investigación activista, que consoliden espacios de trabajo y reflexión, encuentros entre actores y los saberes diversos, y aportes desde la arquitectura y el urbanismo a procesos de producción social del hábitat.

 

 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

 

Autores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy

Colaboradores: Ricardo de Francesco, Clara Mansueto, Teresita Sacón, Gabriela Torrents.

Relatores en Latinoamérica y el CaribeJancarla Loayza Medina (Bolivia), André de Oliveira Torres Carrasco (Brasil), Camila Guzmán de la Sotta (Chile), Héctor Javier Mejía Salazar (Colombia), Canela Samaniego Moya y Emiliano Samaniego Moya (Ecuador), Abrahán Rodríguez Buendía (México), Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga (Paraguay), Eleazar Cuadros Choque (Perú), Lyvia N. Rodríguez Del Valle y Mariolga Juliá Pacheco (Puerto Rico), Alejandro Gregoric (Uruguay), Larissa Slibe (Venezuela)

 

 

1- Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia y, a raíz de ello, en la mayoría de los países latinoamericanos se comenzaron a tomar medidas de Emergencia Sanitaria para minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario de cada país.

En este marco, atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y de expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se determinó que la mejor forma que existía para evitar la propagación del virus requería de dos acciones concertadas: una vinculada a desarrollar la detección, tratamiento y prevención del virus, con acento en los procesos técnico – científicos, y otra vinculada a la desaceleración de los movimientos, que comenzó con el aislamiento de las personas en sus hogares y se extendió a la restricción de la circulación de mercaderías y la realización de eventos públicos, convirtiéndose en una medida de carácter prevalentemente espacial.

Desde la dimensión técnico – científica, las decisiones radicaron en la evaluación de los casos, su seguimiento y recuperación, para lo cual se requirió un despliegue inusual en el ámbito de la medicina. Sus instituciones y responsables públicos actualizaron o directamente realizaron los registros de capacidad de camas para internación y diversos equipos de salud.

La otra medida de corte prevalente espacial, implico una acción determinante de aislamiento físico en los domicilios particulares, con la suspensión de las clases presenciales en los tres niveles de la educación formal, y la restricción del movimiento y la circulación de personas y mercancías, con excepción de aquellas que fueran de primera necesidad.

A partir de la colaboración de investigadoras e investigadores de distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico[1], Uruguay, Venezuela, hemos realizado un documento que busca reflexionar sobre los hechos presentes en clave latinoamericana, de manera de generar algunos aprendizajes para poder seguir adelante más allá del COVID-19. Si bien no consultamos al total de países, se trata de una muestra representativa de la totalidad.

Esta inédita situación pone a nuestros países frente a su compleja realidad caracterizada por la desigualdad urbana. Un territorio injusto en sus dimensiones social, económica y cultural, con una profunda segregación socioeconómica, extendidos procesos de urbanización informal, mercantilización de los espacios públicos y de los modos de convivencia. El déficit de vivienda urbana continúa manifestándose como un problema crítico, los valores oscilan entre el 12 y el 70% y cerca de “1 de cada 3 hogares (32%) habita en viviendas inadecuadas, y el déficit de vivienda continúa aumentando”.[2]

En ese sentido, indagamos sobre la relación entre las medidas políticas y las transformaciones en la organización espacial y social. Relevamos la reacción de les habitantes frente a estas medidas y cambios, enfocándonos específicamente sobre la situación de los barrios populares.

Les relatores fueron consultados con la siguiente guía de preguntas:

¿Cuáles son las medidas políticas de prevención de propagación del virus COVID-19 que están llevando adelante en tu país?, ¿Que sucede con estas medidas en términos espaciales?, ¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?, ¿Que sucede en los barrios populares?

En un primer momento realizaremos una introducción repasando las medidas políticas que se llevaron adelante en cada país. En un segundo momento presentaremos el resultado del análisis comparado, que relaciona las medidas políticas con las transformaciones en la organización física y social (ver Anexo). Por último, ensayaremos una aproximación al aprendizaje que hemos alcanzado a partir de la realidad estudiada.

 

Si quieres leer el artículo completo sigue este Link

 

 

[1] Puerto Rico es una Isla del Caribe que, a pesar de las denuncias ante la ONU, sigue siendo un «Estado asociado» de Estados Unidos antes denominado «Colonia», dado que reconocemos el pedido de descolonización presentado en 2016 al Comité de Naciones Unidas, y la raíz cultural que nos une como pueblos lo consideramos en el análisis como un país de Latino América.

[2] Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe. Dinámicas y desafíos para el cambio estructural (2017) Cepal. Coordinadores: Ricardo Jordán, Luis Rifo, Antonio Prado.

Mas allá del aislamiento social

Ma Eugenia Jaime, Julian Salvarredy y Gabriela Torrents en Proyecto Habitar

 

El día 16 de marzo quedó conformada la Unidad Coronavirus COVID-19, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT),  CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

La conformación de esta Unidad tuvo como objeto “poner a disposición de la Presidencia de la Nación y de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre Coronavirus COVID-19”.

El día 20 de marzo con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”, se dictó, mediante un decreto de Necesidad y Urgencia, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo de 12 días a evaluar su continuidad de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Esta medida buscó frenar el desarrollo de la pandemia, evitando las oportunidades de contagio masivo y al mismo tiempo, reconociendo los condicionantes que presenta hoy nuestro sistema sanitario (cantidad de plazas y respiradores en hospitales y sanatorios). De manera que el aislamiento se presenta como una estrategia para ganar tiempo y poder enfrentar este conflicto en mejores condiciones.

La medida implicó la permanencia de la población en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraran y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Siguiendo en esta línea, restringió el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, se suspendieron todo tipo de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, es decir, todo evento que implicara el encuentro de personas. 

Por otra parte, se efectivizó el cierre de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, el control de la circulación de vehículos, el cierre de bancos y de locales comerciales que no brindaran artículos de primera necesidad, tales como artículos de almacén, verdulería, farmacia o ferretería. Los gobiernos provinciales tomaron medidas similares, dando distintos alcances a los cierres de sus fronteras para limitar la circulación.

Estas medidas se han manifestado en términos espaciales de la siguiente manera:

  • vaciamiento de las calles,
  • aumento del consumo de servicios habitacionales en los barrios,
  • hacinamiento en los hogares,
  • disminución del flujo de vehículos y personas
  • aumento del control social por parte de las fuerzas de seguridad
  • creciente uso de redes sociales y aplicaciones para el encuentro virtual
  • permanencia en terrazas y balcones para mantener contacto con el exterior

 

¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?

En la ciudad de Buenos Aires donde viven 3.000.000 de personas, y suelen entrar a diario un número similar la sensación es de total acatamiento. El movimiento en los barrios se produce durante la mañana. En la mayoría de los casos para abastecimiento diario.

En los barrios del conurbano bonaerense el acatamiento también es alto. Sin embargo, se producen algunas situaciones particulares de difícil resolución, como una concentración inusual de personas para retirar dinero de los cajeros o para el abastecimiento en supermercados.

En el resto del país la situación es similar, reconociéndose mejores condiciones para afrontar el aislamiento en las ciudades mas equipadas y una disponibilidad menor en las áreas mas alejadas de los equipamientos que brindan las centralidades.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Los barrios populares son un tema aparte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran el 50% del total de barrios registrados a escala nacional por el Registro Nacional de Barrios Populares. La situación allí oscila entre el aislamiento total de las personas mayores o con discapacidad y una situación de cierta normalidad en los movimientos cotidianos, ya que los niños siguen jugando en las calles y pasillos de los barrios y los jóvenes continúan encontrándose en las esquinas.

Las trabajadoras y trabajadores que habitualmente se dedican a las tareas de cuidado, limpieza o reciclaje se encuentran aislados y sin dinero para el abastecimiento. Cerraron las ferias informales que en los barrios populares del AMBA movilizan un promedio de 500 personas por domingo. El abastecimiento de comercios barriales se vió obstaculizado, en muchos casos debido a que carecen de habilitaciones.

Las mujeres salen a la calle en busca de comida. Durante los primeros días los espacios comunitarios estuvieron cerrados por falta de mercadería, pero poco a poco empezaron a recibir raciones de alimentos secos de los organismos estatales.

El aislamiento agudiza los conflictos en las familias con dificultades para sobrellevar situaciones de familiares con problemas de conducta, violencia de género, adicciones, entre otros.

Estas dificultades para la organización social en el aislamiento se agudizaron debido a la persistente adversidad en la organización del espacio barrial y de la vivienda por la que atraviesan a diario las familias de los barrios populares.

El hacinamiento, la escasez de servicios habitacionales de calidad, agua, cloaca, electricidad, conexión a internet, gas, recolección de residuos, se han puesto al rojo vivo, pero no son problemas nuevos. En estas condiciones la desinfección, la ventilación y la limpieza resultan una tarea imposible, sin contar la posibilidad de acceso a los productos para llevarla a cabo.

A estos condicionantes, se suma la epidemia de dengue que se ha acentuado durante este año en los barrios populares, donde los recipientes de almacenaje de agua para la higiene contra la pandemia son potenciales focos de reproducción del mosquito. 

En este contexto, la organización y movilización social se transforma. Muchas mujeres y hombres referentes de los barrios siguen trabajando para aportar a la resolución de los temas urgentes de la nueva coyuntura, ampliando y reconfigurando las redes que posibilitan la producción y reproducción social. Empezando por informar el estado de los barrios, dar continuidad a la asistencia de alimentos y alertar sobre el riesgo de que crezca la conflictividad que generan las situaciones de violencia.

 

 

 

Producción Audiovisual: Miguel Caamaño, Teresita Sacón y Eugenia Jaime . Las imagenes son gentileza de los miembros de Proyecto Habitar (click en la imagen para ver video)

8 de Marzo: Dia de la Mujer Trabajadora

¿Porque marchar el 8 de marzo?

Este 8 y 9 de marzo, desde proyecto habitar queremos rememorar al movimiento de trabajadoras que en el encuentro vislumbraron las desigualdades de género que las oprimían, y promover una lucha sostenida para transformarlas. Una lucha cotidiana por superar las reglas que proponían la incapacidad de las mujeres para trabajar, la descalificación para acceder a cargos de dirección, la remuneración desigual por igual trabajo, entre otras tantas violentas desigualdades.

Como mujeres, arquitectas, trabajadoras, nos hemos propuesto accionar y reflexionar sobre nuestra práctica en la transformación del hábitat en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hemos identificado que las “desigualdades” operan reunidas, en tiempo y espacio, y que esas desigualdades son las que nos oprimen diariamente.

Fuimos descubriendo, que en los espacios de la vivienda y los barrios populares esta opresión recaía especialmente sobre las mujeres y los cuerpos feminizados. Así hemos llegado a encontrarnos con la desigualdad de género, interceptada por la desigualdad en la distribución del espacio y la desigualdad en la distribución de recursos.

Con un enfoque interseccional sobre la desigualdad en los procesos de transformación socio espacial  es que proyectamos la práctica disciplinar que nos convoca. Donde habitan les que fueron borrades de la historia. Les que no tienen acceso a  profesionales del hábitat, les que no tienen acceso al suelo, o a la vivienda en las mismas condiciones que aquelles que pueden pagar lo que el mercado formal impone. Les pobladores que habitan los barrios informales, en particular las mujeres, resuelven el espacio donde habitar, donde encontrarse, donde reproducir la vida a un alto costo; en suelos contaminados, sin infraestructura,  en condiciones insalubres.

Esta experiencia de trasformación colectiva nos muestra los límites y las posibilidades que enfrentamos las mujeres trabajadoras cuando, reunidas, buscamos ser protagonistas conscientes del cambio social.

 

¿Cómo repensar la práctica de la arquitectura desde esta perspectiva?

Hacer arquitectura desde esta perspectiva, requiere entonces de identificar esta superposición de opresiones, y la posibilidad de construir un proyecto con perspectiva de géneros, es una invitación  a pensar la arquitectura en un proceso, donde proyectemos los espacios necesarios para el desarrollo de la vida de las personas.

Desde esta perspectiva vislumbramos la necesidad de transformar nuestra profesión para no reproducir las desigualdades que denunciamos. Transformarla en y desde los espacios que la definen, transformarla en la universidad, en los colegios, en la práctica profesional.

Esta transformación requiere de un proceso de deconstrucción de la matriz de aprendizaje, identificando las ideas que la sostienen para transformarlas. Donde el trabajo que realizamos es reconocido por los m2 construidos o la originalidad artística y técnica de la obra desconociendo el proceso social del que esta producción es parte.

También requiere proyectar las transformaciones físicas necesarias para mejorar las condiciones en las que habita más del 10% de la población de los barrios populares. Para ello es necesario diseñar procesos de trabajo que nos permitan recoger las necesidades de la población, y programar las transformaciones necesarias de manera apropiada y consciente para les habitantes y profesionales que participen de ese proceso de producción.

Avanzar con la idea de una arquitectura que recupera las diversidades de las personas y de los territorios para incorporarles en un proceso democrático, y de construcción de espacios de decisión, donde se incorpora a las personas en el armado del programa espacial y social. Donde las personas se incorporan a proyectar su vida y los espacios que se necesitan para contenerla. Es una arquitectura que proyecta espacios de libertad. Que reconoce las necesidades y proyectos individuales en la construcción un proyecto consciente y colectivo.

Para ser mejores, mejores políticas urbanas

Recurrentemente, los gobiernos que asumen en cada ciclo de crisis inflacionaria y de parálisis en la actividad económica encuentran en la producción de viviendas un motor para activar la economía, poner en marcha la industria de la construcción y generar trabajo. El modo en que se dan estos procesos trae consecuencias de mediano y largo plazo que en muchos casos contradicen los objetivos inclusivos e integradores que promueven.

¿Por qué sucede esto? Para trascender las experiencias precedentes de políticas urbano habitacionales es necesario atender sus procesos y diseños específicos, complejizar las perspectivas de abordaje y fortalecer la mirada relacional escalas, dimensiones y actores involucrados para observar críticamente ¿Qué industria se pone en marcha? ¿Qué economía se activa? ¿Qué trabajo se genera? ¿Qué territorio produce?

Hay algunos datos de la actualidad que pueden constituirse en un buen antecedente, como haber pasado de promover un Ministerio de Vivienda, a uno que se denomina de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este contexto, el nombre de cada ministerio se resignificará en la práctica. La política territorial también lo hará en la relación entre las acciones de los distintos sectores del gobiernos entre sí y en el conjunto de políticas territoriales que se constituye en los hechos. En su relación con las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de obras e infraestructuras, etc. Es una alerta y debe constituirse en un llamado de atención cuando el modo de sintetizar las acciones en materia de desarrollo territorial y vivienda se anuncian por los miles de unidades de casas que se van a construir.

La producción urbana y regional actual, se caracteriza entre otros por dos aspectos problemáticos: la fragmentación y la desigualdad. Observada desde la lógica de la economía convencional, la ciudad como maquinaria de reproducción del capital ha superado en las últimas décadas a su rol de escenario de producción industrial o de concentración de actividades económicas. Para la reproducción del capital, es cada vez menos importante lo que se produce, su localización, su forma, las actividades o las personas que habitan las ciudades, se trata de movilización económica. Como esta es su característica principal, poner en marcha acríticamente la economía movilizando la industria de la construcción sin otras consideraciones, implica activar estos mecanismos de reproducción de fragmentación y desigualdad.

Existe otro dato insoslayable en el desarrollo territorial que es uno de los grandes desafíos presentes: las capacidades de la industria de la construcción hoy están fuertemente concentradas, tanto en los que producen obras (como las grandes empresas que concentran las obras públicas) como sus insumos principales (acero, ladrillos, cemento). Siendo otra característica determinante lo complejo que resulta acceder al suelo urbano para la mayor parte de la población. Trascender las experiencias pasadas es entonces tomarse de los casos que asumen nuevas concepciones de actividad económica y del trabajo, y para esa trascendencia especifiquen desde nuevas perspectivas sociales, de derechos y de géneros los modos de producción de espacios urbanos, los actores involucrados y el territorio producido.

Mejores políticas habitacionales para el desarrollo territorial integrado.

En relación con las políticas de desarrollo territorial y hábitat, también hay mucho aprendizaje histórico que puede consolidarse en prácticas políticas superadoras. Hay buenas y malas experiencias en el pasado reciente. Durante los doce años previos a la etapa oscura de las políticas liberales de Cambiemos, el Estado produjo en el país más de un millón de soluciones habitacionales, pese a esto, el total de hogares en situación de déficit no varió significativamente. Entre otras razones, esto se debe a que activar economía, implica activar la producción de la industria de la construcción, y atender los requerimientos de las grandes empresas vinculadas a la construcción de viviendas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a los grandes conjuntos de viviendas en la periferia, ya que para las empresas grandes y medianas que construyen viviendas, la construcción en serie de unidades iguales en terrenos baratos resulta productivo, requiere trabajadoras y trabajadores, y es rentable. Este tipo de proyectos implica el confinamiento de sectores populares en barriadas aisladas, sin acceso a otros servicios urbanos distintos al de la vivienda. Manteniendo condiciones urbanas inadecuadas en relación con otros derechos como educación, salud o esparcimiento, llegando inclusive a tener problemas de infraestructura o servicios básicos. Este tipo de intervenciones, históricamente fue el mayoritario en las políticas habitacionales.

Por otra parte, durante el mismo periodo se han desarrollado también múltiples experiencias de abordajes integrales, con programas que integran disciplinas y saberes, y proponen espacios que atienden modos de fortalecimiento de los actores locales y las economías de las que son protagonistas (social, popular, solidaria). Pueden tomarse muchas experiencias y muy diversas en todo el territorio, como lo fueron: algunos casos del PROMEBA, el PF-Villas, la ley de acceso justo al hábitat 14449 de Buenos Aires, la ley 341 de CABA, o la producción cooperativa. Es desde estas experiencias que pueden reformularse las estrategias que luego tiñen las políticas de reactivación. Este tipo de experiencias, minoría desde un punto de vista cuantitativo, han sido las más valiosas desde una perspectiva integral y de derechos.

Mejores políticas desde mejores perspectivas.

Desde Proyecto Habitar hemos participado en todos los frentes que han fortalecido la unidad popular para generar la fuerza necesaria para derrotar la continuidad del gobierno liberal de Cambiemos, y que han generado instancias de producción colectiva de propuestas programáticas en materia de hábitat y territorio. Hemos sostenido en todos estos foros los mismos criterios que aquí resumimos. Hemos rescatado estas experiencias y las propuestas que actualmente promovemos en conjunto con muchos otros colectivos y organizaciones en Habitar Argentina. Lo hicimos conscientes de que las propuestas programáticas de políticas urbanas y territoriales juegan su suerte en la especificación de su aplicación, y en las relaciones entre las distintas escalas y dimensiones de la política pública, muchas veces ignorada.

La arquitectura y el urbanismo tienen sentido en tanto su saber resulta en trasformaciones que mejoran la situación habitacional y urbana de los pobladores, esa es la medida de su sentido social. La participación de los profesionales en la crítica y el diseño de políticas públicas esta signada por el mismo objetivo. Conocemos las condicionantes macroeconómicas, así como la necesidad de conocer la realidad productiva actual como el punto de partida concreto de acciones urgentes que tienen en el hambre y la desocupación prioridades innegables. Aun así, entendemos que es necesario activar los mecanismos de la producción y el trabajo integrando de modo prioritario también entre los objetivos de las políticas públicas su progresiva transformación. Es decir, incluyendo en el diseño de las políticas el proceso que transforme el modo en que la ciudad hoy es producida y su rol dominante de reproducción del capital.

Por todo esto nos parece central atender la relación determinante que resulta de las políticas que se desprenden de asociar el objetivo de activación económica con la industria de la construcción y sus actores más poderosos, acciones que muchas veces se confinan en las áreas de obras de infraestructura o economía. Como complemento posterior, las políticas de desarrollo territorial y habitacional resultan así condicionadas, y muchas veces se confinan a accionar en áreas de vivienda o desarrollo social. Debemos trascender esta mirada fragmentada. Este es un aspecto central de un abordaje integral, que comprenda la totalidad del territorio, muchas veces simplificada en dualidades como informal y formal, productivo y reproductivo, público o privado, social o del mercado, modos binarios de aproximarse a la producción urbana que han favorecido una reproducción acrítica del territorio desigual y fragmentado.

La experiencia latinoamericana actual da cuenta de la relevancia de mantener alta la vara de la reflexión crítica y autocrítica, no es tiempo de autocensurarnos preventivamente, es tiempo de proponer criterios mejores. Para llevar adelante cualquiera de las propuestas de normativa o aplicación técnica que hemos consensuado y articulado entre tantos, en encuentros tan diversos, la guía debe ser un cambio en las perspectivas que construyen las políticas, las perspectivas sociales de derechos y de géneros son un eje sustancial.

El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan parte de la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan cuestiones accesorias sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento secundario, intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.

En síntesis, desde este punto de vista, el territorio integrado social y espacialmente, el derecho a la ciudad y a la vivienda, no puede ser una cuestión que se atienda luego de activar la economía y el trabajo acríticamente, y en función de las consecuencias, sino todo lo contrario. Es decir, un desarrollo igualitario social y de género, que promueve el trabajo de los actores locales, que producen las trasformaciones del espacio urbano y barrial utilizando sus recursos productivos, que movilizan así la economía de la que son parte, se fortalecen y construyen social y colectivamente una ciudad y un territorio más justos.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar

Diciembre 2019

 

 

La violencia pasada y presente en el espacio

La muestra “La violencia en el espacio. Políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983)” puede visitarse en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta Mayo de 2019.

 La represión y la violencia estatal que se instaló en Argentina y en la región durante la década del 70 tuvo aristas que despreciaron los derechos humanos en múltiples dimensiones y escalas. A la lucha sostenida por la visibilización del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, se integran progresivamente la visibilización de los intereses de otros actores en el periodo, lo que ha permitido revisar la responsabilidad de los medios de comunicación, sectores empresariales y de la estructura de la iglesia, entre otros. Es posible entender como la violencia ejercida ha tenido múltiples manifestaciones estratégicas y tácticas.

La muestra que se titula “La violencia en el espacio” realiza un abarcativa repaso sobre las acciones realizadas por el gobierno de la dictadura en materia de políticas urbanas, registrando actores sociales vinculados a la concentración de la riqueza y el poder, a los que se asocia y defiende en cada una de estas trasformaciones territoriales promovidas.

En el texto que presentan Pamela Colombo y Carlos Salamanca como curadores de un amplio equipo de trabajo reseñan:

“Programas de erradicación de «villas miseria», construcción de autopistas, creación de pueblos estratégicos, rediseño de espacios públicos, edificación de estadios y readecuación de ciudades para la «fiesta mundialista»: estos son algunos de los proyectos territoriales y urbanos realizados durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) que esta exposición examina. Una reorganización espacial realizada a todas las escalas y en todas las regiones del país, que impactó directamente sobre amplios sectores de población, transformando de manera duradera a la sociedad argentina.”

El repaso por las políticas que transformaron el espacio urbano restituye una unidad de procesos y productos materiales con los que aún convivimos. Acciones que reúnen propósitos de acumulación desigual y de exclusión, represión y sometimiento. Como señalan los curadores la exposición pone de manifiesto situaciones espaciales de injusticia espacial sostenidas y agudizadas en este contexto autoritario, en las que:

“No es el monumento, el estadio o el edificio en sí mismo lo que invitamos a mirar en esta exposición. No existió una dictadura fecunda en edificios y modernización, distinta y separada de aquella que llevó a cabo la desaparición sistemática de miles de personas (…) Hubo un solo gobierno que inscribió la violencia en el espacio y que hizo del espacio el medio y el lugar para crear de manera autoritaria una nueva sociedad.”

La exposición pone al alcance de todas y todos de manera gratuita el producto de diversas y valiosas investigaciones realizadas durante muchos años, lo que constituye un valor destacable en términos de la vinculación del ámbito académico y la generación de un aporte social significativo. Al mismo tiempo, compone una revisión de la totalidad del territorio, restituyendo políticas urbanas y rurales en las que los discursos, los procesos y los productos se orientan en la misma dirección excluyente y represiva.

Como reflexión final, y quizás aporte a los procesos particulares de producción del material teórico e histórico, entendemos que a partir de lo expuesto queda en evidencia la potencia de la operación violenta, cuya impronta mas estructural se instaló y ha podido continuar, con matices, ininterrumpidamente hasta nuestros días. La violencia en el espacio es una manifestación material de un proceso que reprimió la posibilidad de transformar nuestros territorios para hacerlos más justos y democráticos.

Lo esencial del territorio extractivista y la economía concentrada que defendió y amuralló el espacio de la dictadura no ha podido ser transformado y sobrevive en la desigualdad de los barrios populares que lindan con la opulencia de barrios de lujo. Resulta por demás valiosa esta exposición, por el valor de la restitución de los hechos históricos, por la reflexión crítica y profunda del carácter de sus procesos, y por la posibilidad de repensar nuestro presente.

Proyecto Habitar, 15/04/2019

Sitio de la muestra:

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2019/03/av-la-violencia-en-el-espacio.php

 

 

 

INTELIGENCIA URBANA, por Fernando Murillo

Vivimos la era urbana. El hecho histórico que ya la mayoría de la población mundial viva en ciudades lleva a la repetición hasta el cansancio la idea de que la urbanización concentra la esperanza de solución a todos los males de la humanidad. No hay conferencia o reunión que se precie de internacional que no pondere las virtudes de una buena urbanización con soluciones a problemas tan complejos como las desigualdades sociales expresados en formas distintas como los descalabros ambientales tornando regiones enteras inhabitables. O los problemas económicos y financieros de administraciones locales cuyos recursos resultan ampliamente insuficientes para sostener una infraestructura productiva mínima que proporcione empleo y bienestar estable para algún porcentaje de su población económicamente activa. Siempre, como un mantra, se vuelve a señalar la ciudad como la invención humana por excelencia, cuyas economías de aglomeración, conectividad y liderazgo va encontrando soluciones adecuadas a cada problema encontrado, avanzando airosa hacia nuevos desafíos.

A tal punto llega el enamoramiento con las ciudades que se las denomina como inteligentes a aquellas que valiéndose de tecnologías de última generación resuelven con economías de recursos problemas de tránsito, transporte urbano o recolección de residuos sólidos, haciendo usos de sistemas informáticos eficientes. Para hacer uso eficiente de los recursos energéticos, las ciudades inteligentes operan, entre otras cosas, el alumbrado eléctrico con sistemas computarizados que se encienden automáticamente en función de la necesidad e incorporan sistemas de captación y uso de energía solar, en lugar de energías convencionales que son más caras y con impactos ambientales indeseables. En contraste, aquellas ciudades que no lo hacen, por descarte son percibidas como ciudades no-inteligentes. Claro que una ciudad inteligente no es cualquiera, sino aquellas que hacen un despliegue de recursos aplicando sistemas de última generación que producen transformaciones impresionantes en la forma en las que la gente vive, se mueve, trabaja y se recrea, que en general tiende a coincidir con las famosas “ciudades globales”. Esas que concentran inversiones internacionales y tienen la capacidad de innovación suficiente para llevar adelante procesos que serían inviables para ciudades de menor tamaño de población y capital financiero. Tales ciudades llaman la atención de la comunidad científica-tecnológica y del público en general como promesas de soluciones integrales, atrayendo además migraciones de personas proveniente de regiones y ciudades donde las perspectivas de progreso y sobrevivencia son limitadas. Así pues. Londres, Nueva York, Tokio o Dubái, tienen la capacidad de reinventarse permanentemente a partir de paradigmas futuristas de progreso y bienestar en un marco ético de reducción de emisiones de gases a la atmósfera y compromisos ambientales propios del siglo XXI. No son ciertamente ciudades cualesquiera, tienen densidades y estructuras que les permiten funcionar como centros mundiales de innovación. Paradójicamente, frente a este despliegue de optimismo se antepone el número inédito de 65 millones de personas desplazadas, más del doble de los desplazados por la segunda guerra mundial, quienes se suman a un buen porcentaje de la humanidad que vive en condiciones sobrehumanas de pobreza y marginalidad, sin acceso a recursos esenciales como agua, alimento o techo. Ciudades como Amman, Beirut, Ankara, Atenas o Estambul enfrentan el desafío de proveer de servicios a una población que se duplica o triplica con personas expulsadas de otras regiones. La ciudad inteligente resulta, según los casos, o bien excusada de tales desafíos ya que este “problema” no llega a sus territorios, y cuando llega, revela entonces una naturaleza dual: resuelve en forma asombrosa problemas cotidianos para quienes pueden pagarlo y son contribuyentes de la sociedad local pudiente. Pero tristemente tiende a controlar y expulsar en forma eficiente con una parafernalia de sistemas de seguridad de última generación para quienes lastimosamente quedan fuera del sistema.

Ante nuevos muros de infamia, de separación entre poblaciones, surgen otras formas de inteligencia, no relacionada solamente con lo tecnológico sino también con nuevas formas de organizarse e interactuar entre aquellas poblaciones que resultan segregadas de los beneficios de las ciudades inteligentes. Así pues, ante acelerados procesos de neo-colonización y fragmentación de poblaciones desplazadas surgen nuevas formas de resistencia y movilización utilizando las nuevas redes sociales y re-descubriendo los espacios públicos como inspiración para cimentar defensas de barrios y causas populares. Los asentamientos informales estratégicamente localizados y de densidad media y alta a nivel global demuestran una capacidad de impulsar economías locales que, cuando son documentadas en forma sistemática, dejan boquiabiertos a los economistas mas ortodoxos creyentes en la libertad de mercados y la eficiencia. El concepto de inteligencia urbana como esa capacidad colectiva de re-pensar y transformar la ciudad en un espacio de igualación y progreso moral es un acto revolucionario en si mismo, no de nuestros días, sino desde el origen mismo de la sociedad gregaria. Una mirada integral del cumplimiento de derechos humanos involucra formas de urbanismo que fundamentados en una convicción de las políticas sociales que puedan impulsar la defensa de los mas débiles a partir de sistemas mas eficientes de energía, protección del ambiente y fortalecimiento de economías que funcionen a partir de la generación y distribución del empleo local. En este sentido, una forma de transformar procesos de urbanización en medios de conquista de derechos radica precisamente en dejar de ver los temas de urbanización como un fenómeno global y homogéneo, mas densificación, usos de suelo mixto y tecnología, para de una vez por todas empezar a prestar atención a los matices que ofrecen esos mismos procesos en distintas ciudades. Es una realidad que no todas las ciudades pueden aplicar pautas de densificación o usos de suelo y tecnologías iguales. Eso depende de factores geográficos, económicos y culturales que un buen urbanista no puede ignorar.

Una ciudad realmente inteligente no es aquella que aplica una determinada tecnología o estrategia, sino ciertamente aquella que priorice una agenda de derechos y busca los recursos para lograrlo en forma mas efectiva. La urbanización de asentamientos informales ofrece ciertamente un medio de demostrar como la densificación y usos de suelo mixto generan condiciones de progreso cuando existe un nivel de organización comunitaria que sostiene procesos de distribución de ingresos y saberes. El problema es cuando la ciudad inteligente es entendida como la aplicación de tecnologías importadas para beneficio de clases privilegiadas exclusivamente utilizadas precisamente para profundizar las diferencias entre sectores que aprovechan los beneficios del progreso y quienes quedan afuera. Es responsabilidad de los urbanistas jugar un papel central en asegurar que ello no ocurra y que los beneficios financiados por el conjunto de la sociedad sirvan al propósito de igualar y cumplir en forma progresiva derechos fundamentales. Una región en la que una ciudad supuestamente inteligente coloniza a otras ciudades no es un modelo sustentable de desarrollo. Re-pensar la justicia social desde la óptica del urbanismo es ciertamente un desafío pendiente que no puede ser ignorado. 

FERNANDO MURILLO

MARZO 2018

 

*FERNANDO MURILLO – ARQUITECTO Y URBANISTA

Arquitecto, Magíster en Planificación Urbana y Regional (UBA). Doctor en Arquitectura y Urbanismo (UBA). Estudió desarrollo de recursos humanos en IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies de Rotterdam) y desarrolló investigaciones sobre intervenciones urbanas en ciudades holandesas (TU Delft).

Docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires especializado en temas urbano-habitacionales con foco en comunidades vulnerables y desplazados. Líder del equipo de evaluación del Global Development Network (GDN) en investigación aplicada a los procesos de urbanización en América Latina, Asia y África. También es profesor titular de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). Dirigió múltiples proyectos de investigación (UBACyT, Agencia Nacional de Investigación y United Nations Research Institute for Social Development)

Consultor de la Agencia Hábitat de las Naciones Unidas (ONU Hábitat y ACNUR) en temas de planeamiento urbano-regional y construcción de vivienda social en países de África, 15.000 viviendas en el Sur Sudan, 1200 en Darfur, Sudan y Ruanda. En el oriente medio se desempeñó como líder de proyecto de planeamiento territorial en la Franja de Gaza y construcción de 12.000 unidades de vivienda social. En América Latina ha trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nicaragua, Panamá y en Colombia. Recientemente, se desempeñó como consultor senior de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la redacción del capítulo de América Latina del Reporte Mundial “Urbanización y Migración” y del Ministerio de Planificación y Servicios Públicos de la Nación para el desarrollo de lineamientos de planificación territorial (Argentina). Recientemente trabaja con el Banco Mundial en proyectos de integración de refugiados en Zambia estuvo a cargo de desarrollar un plan de inclusión local de ex-refugiados elegibles para optar por ciudadanía en Zambia y desarrollo de planes para potenciar las economías de aglomeración en Argentina.

Fuente: http://www.ciham.org/fernando-murillo/                                                                                                                                                                                                                     imágenes del autor

UN PROYECTO DE PAIS : El dispositivo argentino, por Luis Elio Caporossi

Los países, con el tiempo, son estructurados por una infraestructura que los organiza.

La Argentina, construyó un dispositivo que reitera un  claro patrón de focalización: su innegable fuerza simbólica desalienta abstractas apelaciones al federalismo. Si analizamos el país total, las 15 primeras rutas nacionales pavimentadas numeradas en el sentido del reloj  conectaron al Puerto con cada una de las capitales provinciales desde Ushuaia a Jujuy: un abanico convergente sobre Buenos Aires.

El ejido de  Buenos Aires delimita una segunda escala: muestra como esas rutas reformuladas en  grandes avenidas ahora convergen en abanico sobre la gran colectora: la 9 de Julio.

La tercera escala es barrial  y  da significación funcional y simbólica a toda la estructura: todo el sistema ,ya colectado en la 9 de Julio ahora es re-conducido a la Avenida de Mayo para confluir sobre la Plaza homónima donde la fachada de la casa Rosada y su balcón oculta en la contra fachada la existencia de la Aduana y su subterránea relación con el Afuera. La circunstancia, en esta escala, que esta disposición tuvo el costo de la doble  amputación del Cabildo, refuerza su  sentido simbólico.

El Dispositivo está orientado, hacia el Este puede leerse como peldaños de  un escalafón: de Intendente a Gobernador y de Gobernador a Presidente, en sentido contrario es una máquina que reformula a Santos Gobernadores Federales en Salvajes Presidentes Unitarios. Es una máquina que ordena el poder.

También hacia el Oeste  acumula y apila población en los sucesivos cinturones que presionan contra la Gral. Paz causa final de un notable desequilibro demográfico, graves desajustes ambientales, y la precarización permanente de las periferias.

Esta concentración  es más llamativa si consideramos su contracara el progresivo despoblamiento de pequeños y medianos centros urbanos de nuestra pampa húmeda, tercera gran llanura planetaria y la extensión del propio País, octava geografía mundial.

Durante estos últimos 200 años Nadie construyó el dispositivo pero Todos, aún a su pesar, lo perfeccionaron.

Las discrepancias  entre Unitarios y -Federales, Gobiernos militares y democráticos y otros extrañamente se disfuman ante la firme coherencia centralizadora de gestiones ideológicamente contrapuestas. Esta coherencia es la suma de diversas y dispersas acciones y omisiones.

Quizás el dispositivo, iniciado con el  Virreinato del Rio de la Plata, adquirió capacidad de auto organización alimentándose incluso de la iniciativas descentralizadoras :la creación de la ciudad de La Plata, termina sirviendo a intereses opuestos al fundarla contigua al Foco del sistema. De igual manera fracasaron los intentos de descentralización del 83. Esta perversión es genética  y ya la bicefalizacion del Virreinato crea una cabecera que tras la  función declarada de  impedir el contrabando, lo que hace es regularlo al servicio de los porteños. La expresión “Se Acata pero NO se cumple” inaugura una larga serie  de precisas perplejidades entre las cuales las teorías  de la subrogación y de la retroversión  de la Revolución de Mayo no son las menores. Obviamente el dispositivo puede ser leído como un proyecto  hecho  en, desde, y para  la ciudad de  Buenos Aires.  

El dispositivo  permite descifrar  la expresión que entiende a la Argentina como “Buenos Aires y el Interior”. Misteriosamente un territorio tan geográficamente expuesto al exterior como La Patagonia es pensado como «El interior» El país que se  deja percibir por el dispositivo comienza un poco  más acá de sus límites: La Cordillera , El Rio de la Plata, y el Atlántico, son fondos de pantalla, escenografías no accesibles, una  ambigua zona de «sueñera y de barro» que nos protegen de las maldades del  mundo.

Ningún dispositivo es neutro  y  su  ordenada fractalidad encubre un esquema jerárquico  permitiendo adivinar una habitualidad en el maltrato. Su perfeccionamiento requirió tanto el desmantelamiento del sistema ferroviario (que funcionaba en red) como un sistema vial en competencia con el mismo  y el abandono de la red rural .La combinación de estas  acciones  condenaron a la desconexión y posterior emigración a innumerables centros urbanos del interior y por ende a las regiones que estructuraban .

Si estos procesos por  su gradualismo están invisibilizados, no lo está  el costo en vidas por accidentes viales, que conlleva la mezcla de viajes de larga y corta distancia   de carga y turismo y el alto costo logístico que sufre la producción.

Por último se trata de un dispositivo panóptico de control que pisa e ignora  tanto  el entrelazado histórico que conforman nuestras regiones y nuestras provincias como las realidades interjuridiccionales que las recorren como cuencas hídricas y trazas ferroviarias Esta híper centralización fue replicado en los principales centros urbanos con expansiones  periféricas  de baja densidad .   Así  la perdida  de relaciones interregionales se replicaron en la  escala urbana.

Las villas de emergencia en el sistema informal y barrios cerrados  en   los  espacios periurbanos de nuestras principales ciudades son perforaciones del espacio común que celebraban diversidades reemplazándolo por enclaves de iguales. Ambas enclaves aislados  y defendidos por muros y seguridad privada perpetúan una profunda segregación social sobre un territorio fragmentado. Esto ocurre cuando al interior  un parque de viviendas y una  infraestructura subutilizada esperan la señal de su recuperación. Hay que preguntarse cómo será la Argentina de 2030  si estos temas no  tienen agenda y no  empezamos a producir modelos territoriales alternativos  que reconstruyan  las relaciones de proximidad  y el funcionamiento en red original . Las infraestructuras no son neutras y en su diseño se juega el futuro de la Nación.

 

Caporossi junio- octubre  2017

 

*LUIS H.CAPOROSSI- ARQUITECTO Y URBANISTA

«Fue Profesor Titular del Taller del Arq. Soto de la FAU, y de las cátedras de Ingeniería Civil I y Diseño Arquitectónico y Planeamiento, hasta la fecha, en Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Fue jurado de numerosos concursos nacionales y provinciales. Participó en numerosas jornadas y congresos nacionales e internacionales, referidos a educación, y realizó destacadas publicaciones. Su obra cubre temáticas  y escalas  diversas: vivienda individual y colectiva, edificios públicos, proyectos urbanos y planeamiento territorial. Sus investigaciones parten de un concepto amplio de arquitectura como soporte de la vida asociada y de las relaciones entre necesidades sociales y proyectos.»

Fuente bio: http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/note/570

 

La urbanización del barrio 31, políticas de desigualdad y exclusión.

1 – El valor de uso en lo urbano.

“Para superar el capitalismo, el valor de uso debe prevalecer sobre el valor de cambio”: David Harvey

Este texto aborda el actual proceso de transformación urbana del sector de Retiro desde un punto de vista histórico, observando la participación de los actores sociales (técnicos, gobernantes, referentes sociales, empresarios, entre otros) y las acciones que producen para la transformación del territorio. El posicionamiento crítico frente a la realidad implica comprender lo estructural y lo accesorio, a partir de reconocer las relaciones que establecen los elementos del complejo sistema urbano. En este caso, se trata de visibilizar el modo en que la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) opera en función de los intereses de los gestores financieros, operadores inmobiliarios y grandes empresas constructoras. Lo hace justificándose cínicamente a favor de un proceso de urbanización de la villa 31, cuyo carácter es publicitado engañosamente como participativo. Utilizan con llamativa incorrección palabras como inclusión, integración y justicia, fragmentan los problemas y las acciones para atar decisiones e intereses que son contradictorios, postulándolos como confluyentes. Se sostienen las mismas palabras, pero con lógicas contradictorias.

En contextos de desigualdad, según nuestra posición, la inclusión o la integración refieren a una intervención en favor de la justicia socio espacial, que opera en el sentido contrario a esa desigualdad urbana. Esta posición observa la relación de actores y trasformaciones arquitectónicas y urbanas según este propósito. En el caso de los gestores de la CABA, la observación atiende al movimiento de capitales, a la valorización en el mercado, a la posibilidad de los pobladores de pagar impuestos o tener título de propiedad.  El sentido de los términos se tergiversa, el proyecto urbano se vuelve una transformación que espacialmente segrega y excluye. Toda esta línea de argumentación tiende a la aceptación del motor social del capitalismo como “lo bueno”, que el destino anhelado “natural” es participar del mercado, tener un título, pagar los impuestos, poder comprar y vender. En ese contexto argumental, el mérito está construido a partir de cuanto se acumula, así “no es justo” cuestionar las grandes propiedades y las ganancias que producen, lo que les permite sostener y seguir concentrando en los hechos el poder para tomar decisiones.

Desde nuestro punto de vista, por el contrario, el valor del barrio 31 está dado por su carácter de barrio popular que alberga a 40000 pobladores y les permite acceder a la vida urbana en un lugar adecuado para hacer uso del equipamiento público de salud, educación, esparcimiento y hacer crecer las posibilidades de acceder al trabajo. La construcción del barrio es, fundamentalmente, resultado del esfuerzo sostenido de sus pobladores y sus organizaciones. Por otra parte, la progresiva valorización en el mercado de las tierras que ocupa también es producto del esfuerzo popular, esta vez comprendido como el de los trabajadores de la ciudad toda que van construyendo Buenos Aires. Es la fuerza de trabajo de los obreros el impulsor principal de vialidades, infraestructuras, equipamientos, y edificaciones que van produciendo mejoras en la ciudad, promoviendo en casos como el de la zona de Retiro, también su valorización en términos de valor de cambio.

Por otra parte, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), nuestro territorio, es un territorio caracterizado por la desigualdad, que padece un porcentaje importante de nuestra población, y que se expresa también en distintas dimensiones en las que pueden observarse los intereses, recursos y conflictos socio territoriales.  Observar estas cuestiones, no puede ser una tarea meramente contemplativa, se trata de una realidad urgente que demanda la intervención para su transformación, lo que requiere de los técnicos una lectura comprometida, a partir de valoraciones críticas e intencionadas. Desde una perspectiva humanista, el valor de las cosas se establece de modo predominante por su capacidad en relación con las necesidades sociales. Este posicionamiento, en favor del valor de uso, es un factor que relativiza el monopolito acrítico del valor de cambio[1], del precio de las cosas, determinado por las circunstancias del mercado y la lógica del lucro.

 

2 – Breve historia de la producción social del barrio 31.

 

El proceso histórico de conformación del barrio 31 habla del protagonismo de los pobladores, y de la trasformación de este sector de la CABA en función de sus necesidades urbano habitacionales. Hacia principios del siglo XX, las tierras próximas a Retiro eran sector degradado de la ciudad, bajo, inundable y rodeado de infraestructuras metropolitanas y regionales, como las estaciones de tren, los depósitos del puerto, y algunas tierras vacantes sin actividades. Estas tierras, con nulo valor de uso, fueron ocupadas por los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, con el fin de resolver su cobijo y acceder a la salud, educación y al trabajo.

En nuestra ciudad de Buenos Aires, históricamente, un porcentaje importante de la población más desfavorecida ha resuelto sus necesidades habitacionales en la informalidad. El modo predominante en la CABA ha sido la conformación de villas. En general, se trata de formas de alcanzar un cobijo, y también de acceder a la ciudad. Los actores sociales que sufren la desigualdad urbana producen socialmente su hábitat. Toman un pedazo de tierra urbana disponible y construyen primero sus viviendas, y lentamente sus barrios. La población de las villas de la CABA hoy es cercana a 300.000 habitantes, es decir aproximadamente 10 % del total.

 

 

El barrio 31, ubicado en Retiro, es una de las villas más importantes y más pobladas de la CABA. Existen registros de sus primeras casas durante la crisis del 30, época en la que se la denominaba “villa desocupación”. Ha sido un lugar de fuerte organización vecinal, y popular, con referentes sociales históricamente relevantes en la organización villera local. Fuertemente reprimida, sufrió diversos intentos de desalojo, con una embestida casi terminal durante la última dictadura.

“Fue erradicada en su mayoría por la última dictadura militar, pero también contuvo a 43 familias que resistieron el desalojo y formaron parte de la llamada Comisión de Demandantes que lograron que el Poder Judicial fallara a favor de su permanencia.” (Cravino, 2010)

Hasta hoy, la zona de Retiro ha seguido creciendo y la presión de los actores del mercado sobre estas tierras escasas también. En este contexto, de las villas porteñas ubicadas en tierras cada vez más caras acentúan la contradicción de su valor de uso con su valor de cambio. En especial el barrio 31, que es el único de su tipo ubicado al norte de la ciudad, próximo a las zonas más exclusivas de la CABA. Por otra parte, su localización, hoy privilegiada, la convirtió en una manifestación visible de la desigualdad, que generalmente se oculta debido a la fragmentación que divide las zonas ricas y pobres distanciando los contrastes e injusticias. Para los gestores del mercado inmobiliario local las tierras que ocupa son una enorme “oportunidad” de negocios. Se trata de dos condiciones, las de la visibilidad de la injusticia, y la de especulación inmobiliaria obstaculizada, que confluyen amenazando la posibilidad de radicación de los pobladores en el barrio. Este doble carácter fue y es difícilmente tolerable para los sectores del poder, al mismo tiempo, fue y es una amenaza permanente para las posibilidades de conservar y mejorar el cobijo alcanzado por sus pobladores y organizaciones.

 

3 – Un proyecto para erradicar, otro para incluir.

 

El papel de los técnicos en estos procesos territoriales es siempre necesario y decisivo. Entre ellos los arquitectos y urbanistas definimos nuestras intervenciones asumiendo una posición en este juego de intereses, valores, recursos y conflictos. En este sentido, se han desarrollado proyectos urbanos que resultan un instrumento de prefiguración relevante para los actores que promueven una u otra acción frente a esta realidad urbana de desigualdad, injusticia y desintegración.

En la historia de la villa 31, hay dos experiencias paradigmáticas de este tipo de posicionamientos de distintos equipos de proyectistas, asociados en la acción a distintos tipos de actores. Uno es el caso del proyecto ganador del concurso que organizaron la Sociedad Central de Arquitectos y el gobierno porteño en 1996, que promovía una “renovación” urbana típica del proyecto urbano como catalizador de negocios y renovador urbano, e ignoraba la presencia de los pobladores de la villa y sus edificaciones. El otro, el que se elaboró desde el Instituto de la Espacialidad Humana de la UBA, FADU, en 2009. En este caso, un equipo específico de la UBA articuló con la mesa barrial, y luego con la legislatura porteña, en el desarrollo de un proyecto urbano que resultó un ejemplo histórico de constatación de la factibilidad de urbanización del barrio, abarcando entre sus intervenciones las diversas escalas y dimensiones de la cuestión urbana.

La lógica predominante hasta fines del siglo pasado en las políticas públicas y en los discursos disciplinares era la de la erradicación de las villas y asentamientos. En la CABA, esta lógica de segregación de los pobres, de que la localización central es de los que “la merecen” se consolidó en la política económica, y socio territorial de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Sobre esta antigua posición se organiza el proyecto del concurso de la SCA de los años 90. El proyecto urbano ganador es quizás el ejemplo más acabo de este tipo de políticas que niegan deliberadamente la preexistencia social y física, retomando los criterios presentados al inicio, podemos decir que estos proyectistas ignoran deliberadamente el valor de uso, el esfuerzo, los lazos sociales, las construcciones producidas, y las necesidades de los miles de pobladores del barrio 31. Según el proyecto ganador del estudio del arquitecto Varas, se instalaban allí un centro comercial subterráneo, hoteles cuatro y cinco estrellas, viviendas, oficinas y otra terminal de ómnibus. [2] [3]

Fuente imagen: observatorioamba.org

 

Superada esta política de erradicación explícita, de todas formas, se produjeron nuevos intentos de desalojo durante los 90, nuevamente resistidos por los pobladores y sus organizaciones. Este proceso de lucha social, empalmo con desarrollos de políticas estatales de mejoramiento barrial en la región. Cuando la política de radicación, los programas y proyectos de mejoramiento barrial ganan espacio en la región, se abren nuevas experiencias proyectuales que promueven la integración de las preexistencias físicas y sociales. Con casos particularmente centrados en el aporte proyectual como los de Favela Barrio en Brasil, y el Urbanismo Social de Medellín.

En ese contexto disciplinar, desde el Instituto de Espacialidad Humana (IEHu) de la UBA FADU, se elaboró una propuesta de proyecto de (re) urbanización, que en un proceso sostenido de trabajo con la población fue apropiado como un certificado de factibilidad arquitectónica y urbana de radicación en el lugar.

Así fue como en 2009 se alcanzó la aprobación de las leyes de urbanización (Ley 3345 y 3549 de 2009), que incluían la instrumentación de la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis” como forma de validación del proceso social de acción colectiva previo y de rol de control del proceso futuro.

 

El proyecto de urbanización desarrollado por el equipo del IEHu de la UBA, FADU disponía una serie de tácticas específicas para alcanzar la integración socio territorial. Entre ellas, se incluía la existencia de la autopista Illia como una infraestructura de escala metropolitana y resolvía su conexión, se operaba sobre el espacio urbano reconociendo la necesidad de generar equipamientos y vacíos que permitan articular los espacios barriales con el impacto de esa estructura, y se disponía de las tierras necesarias para relocalizar y esponjar las viviendas afectadas por las trazas viales u operaciones de escala micro. Este proyecto fue consensuado por los vecinos y aprobado por el proceso participativo de la mesa de representantes del barrio que luego fue parte de los instrumentos de la ley de urbanización aprobada por la Legislatura Porteña.

El mismo equipo de proyecto, propuso una traza para la autopista ribereña soterrada. Esta posición también tenía una lógica de equidad y valoración social, ya que el soterramiento de la autopista ribereña era la propuesta oficial para su recorrido por el centro porteño. En ese contexto, era coherente soterrarla en el tramo que corresponde al barrio 31, con la misma vocación socio territorial integradora que hoy se justifica el paseo del bajo[4], y con el argumento superador de tratarse de un sector de la población y del territorio segregado social y espacialmente que requiere acciones en favor de su inclusión.

El proyecto urbano desarrollado por el equipo del IEHu es una constatación técnica de la factibilidad de integración radicando los pobladores y valorando las preexistencias. Ahora, en relación a las propuestas del gobierno de la ciudad actual que incluyen una llamativa obra millonaria de traslado de la autopista Illia, el proyecto del IEHu demuestra también, más específicamente, que no hay en el territorio del sector urbano del barrio 31 Carlos Múgica, motivos que indiquen la necesidad de trasladar la autopista Illia. Mucho menos pueden encontrarse razones a partir de la observación de su funcionamiento como infraestructura, que no se modifica en nada con la nueva traza propuesta. Si para la integración barrial no es necesario, y para su funcionamiento infraestructural no es necesario. ¿Por qué se realiza una obra que requiere una inversión semejante? ¿Por qué se asume una deuda publica millonaria y se venden terrenos públicos, para realizar una trasformación como esta que no tiene justificación razonable desde el punto de vista técnico? Por otra parte, si se sostiene como necesario eliminar la autopista elevada para integrar, y los recursos del movimiento de la infraestructura se encuentran “disponibles”, ¿porque no se disponen en otras alternativas, como un trazado soterrado?

 

4 – El impacto de las infraestructuras metropolitanas, proyectos y posicionamientos

La obra de reconstrucción de la autopista consiste en la construcción de 2100 metros de nueva autopista, ubicada paralela a la actual, a 400 metros al oeste.  Esta nueva infraestructura vial transcurrirá a nivel del terreno en un área de playas ferroviarias. Según prometen desde el gobierno de la CABA, el tramo que se reemplaza de la actual autopista Illia será convertido en un parque lineal. Las referencias no son inocentes, como reseña un diario recientemente “que algún urbanista en un exceso imaginativo ha comparado con el High Line de Nueva York”. El puente que permite el cruce sobre el nivel de la Avenida del Libertador dejaría de ser utilizado para el tránsito y pasaría a formar parte de ese parque.[5]

El objetivo de la gestión porteña es que las obras finalicen para octubre de 2018. En total, costará unos 1.700 millones de pesos, que serán financiados por un préstamo a largo plazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las obras se encuentran en manos del Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Franco Moccia, en conjunto con Autopistas Urbanas SA (AUSA).”[6]

Esta costosa obra vial es luego justificada en función de un nuevo proyecto urbano:

“El proyecto del Parque en Altura busca transformar y brindar a toda el área calidad urbano- ambiental, permitiendo una mejor articulación de las diferentes zonas al interior del Barrio 31 y una mayor integración de éste con el resto de la Ciudad (mejorando la conectividad y la movilidad de sus habitantes). Por otra parte, permitirá la incorporación de una gran cantidad de áreas verdes y de esparcimiento, favoreciendo el acceso de las personas a los beneficios del espacio público.”[7]

Imágen: AUSA

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que actualmente gerencia las grandes operaciones de infraestructura urbana de la CABA, despliega su argumento principal a favor de una nueva autopista paralela a la existente:

“La obra de la nueva traza Vía Rápida Illia se inscribe en el marco del Plan Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto, cuyo objetivo es promover la interconectividad e integración del entramado urbano entre la Villa 31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de asegurar condiciones de habitabilidad que garanticen el derecho a la protección de la salud, integridad física y ambiente sano de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis.

Se presenta una situación disruptiva, dado que la traza actual de la autopista genera divisiones en la trama de la ciudad y sus barrios, que impactan negativamente sobre los niveles y calidad de vida de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis.”[8]

La operación es tramposa, al borde del cinismo. Bajo el paraguas del mejoramiento de la situación urbana de una población llena de urgencias y necesidades, se venden tierras publicas privilegiadas, se toma deuda pública a cien años, y se promete una trasformación innecesaria e injustificable, en un proceso en el que la participación comunitaria se agota en los detalles de cuestiones menores, como el equipamiento de la plaza o el color del frente de las casas.

Observada desde su impacto urbano. La línea de argumentación es contradictoria. El gobierno de la CABA postula que una autopista genera una división entre sectores urbanos. Luego, además de anular cualquier análisis creativo de la situación espacial específica, argumenta como inaceptable que este tipo divisiones entre la villa 31 y la 31 bis. Por último, emprende una obra millonaria para volver a construirla, pero esta vez acentuando la división que ya provocan las vías del FFCC entre la villa 31 y el barrio situado al frente, caracterizado por los edificios lujosos de la avenida Libertador.

En relación con el desplazamiento de esta traza, finalmente, corresponde mencionar que por todos los motivos expuestos fue rechazada y cuestionada tanto el equipo técnico de FADU que realizó el proyecto de reurbanización que se promovió en la ley 2009, como al Centro Argentino de Ingenieros y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.[9]

“Desde este Consejo Profesional y los diferentes organismos profesionales de la ingeniería, señalamos que el punto de cruce de dos de las vías de ingreso más importantes de los tráficos provenientes del norte de la ciudad y el conurbano (que ahora se produce en diferente nivel), se transformaría en un cruce a nivel semaforizado, lo que impactaría en la accesibilidad al área central.

Este tipo de desarrollos realizados con éxito, como el Paseo Dumesnil en París, o el High Line en Nueva York, siempre utilizaron infraestructura obsoleta en desuso donde el recorrido del paseo elevado comienza y termina en lugares singulares, cruzando un conjunto de lugares de interés. Estas condiciones no se verifican en la autopista Illia.”

Los organismos de participación estatal se convierten en engranajes del engaño, que necesitan la validación de un proceso que lleve el rotulo “participativo”, aunque sea en la práctica una instancia de segundo o tercer orden en el tipo de resoluciones o recursos que se ponen en debate. Muchos técnicos muy valiosos son puestos en el escenario de la participación funcional y segmentada, por ignorancia o por necesidad, entregan el conocimiento adquirido en años de trabajo de las organizaciones y del pueblo, trabajando en equipos que operan a favor de la concentración económica. En ese contexto, el gobierno de la FADU aporta su grano de arena, dando su nombre para la organización de un concurso público para diseñar el parque innecesario, que justifica la deuda y la venta.

Resulta necesario y útil observar quienes son los actores efectivamente incluidos y considerados en las operaciones estructurales, de gran escala e inversión, involucrados en esta transformación territorial. En este juego de actores, que participan del proceso de decisión, del proceso de gestión y de materialización, pueden observarse, por ejemplo, las grandes empresas constructoras:

“La nueva vía rápida que tendrá la Autopista Illia será construida por la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las firmas Panedile, Rovella Carranza y Supercemento luego de que se firmara el contrato con Autopistas Urbanas S.A (AUSA).”[10]

Ilustra la caracterización de este tipo de actores su presencia en dos listados de grandes empresas constructoras, elaborados por los dos últimos gobiernos nacionales. En el primero, realizado por el Ministerio de Planificación en 2015, pueden observarse: Rovella Carranza (9), Supercemento (14), Panedile (17)[11]. Luego, ya en junio de 2016 continúan en el top 40 “La investigación que llevan a cabo las autoridades nacionales abarca la construcción de viviendas; centrales térmicas; represas hidroeléctricas; obras hidráulicas, viviendas, entre otras: Panedile (33), Rovella Carranza (36), Supercemento (39)” [12] Complementando la caracterización de este tipo de actores, podemos observar que es posible encontrar en estos listados de grandes empresas contratistas del Estado, a otros protagonistas de la producción de la ciudad como Angelo Calcaterra, (primo del presidente Mauricio Macri), Cristóbal López, Lázaro Baez y Marcelo Odebrecht

 

Imágenes: AUSA

Es altamente cuestionable, en este contexto, la participación que el gobierno actual de la FADU propone al co-organizar el concurso para el parque elevado. Se asocia, luego de vender las tierras públicas, luego de endeudarse, luego de trazar una autopista sin sentido, para proyectar el embellecimiento de una infraestructura que inutilizaran adrede. Pervierte de esta manera la formación de miles de futuros arquitectos y arquitectas, convocados a participar de una compulsa, que en nombre de la integración fragmenta, y en nombre de la defensa de lo público favorece intereses privados específicos de sectores ya privilegiados por el sistema económico, como grandes empresas y operadores inmobiliarios. De este modo, se pone lo más valioso de la producción de estudiantes y docentes, sus programas y proyectos, al servicio de una operación que contradice el sentido social de la formación de profesionales en la universidad pública.

Imagen: Nueva Ciudad, 2016.

En consonancia con los criterios excluyentes con los que proponen trasladar la autopista Illia, el proyecto del gobierno de la CABA, propone un único tramo de la autopista ribereña elevado, y es el que circula frente al barrio 31.

Esta definición genera una nueva barrera urbana, que refuerza la fragmentación del territorio, produciendo una situación espacial que del otro lado del mismo barrio “justifica” la necesidad de una operación millonaria. Se propone desplazar la Illia argumentando que su actual traza divide a los pobladores, se genera una operación metropolitana de soterramiento en su recorrido por el bajo porteño y puerto Madero. En este caso también se argumenta que es para mitigar el impacto fragmentador de esta vía en la ciudad, y sin embargo, al pasar por el barrio 31 se propone elevada, dividiendo el territorio formal y el informal. Se trata claramente de una decisión incongruente con las argumentaciones y las definiciones presupuestarias.

Por otra parte, también es necesario volver a las lecturas multiescalares y multidimensionales. En el espacio metropolitano, la ejecución de la traza elevada alcanza, por otra parte, para elevar el precio de los lotes próximos y centrales. Este proyecto ordena el transito pasante, y permite la circulación del tránsito pesado. Como puede leerse en una nota periodística reciente “Es un proyecto vial ligado a un proyecto inmobiliario, teniendo en cuenta que se mencionan 9 hectáreas de tierras ferroviarias que cambiarían su uso. Esto merece un planteo más amplio y su discusión».[13]

 

La urbanización del barrio 31, como parte de un proyecto de sector estratégico del AMBA, alcanza otros actores, y viabiliza negocios inmobiliarios. Como señala Nicolas Esiler en Tiempo Argentino “La valorización se la dio una disposición ilegal emitida por el gobierno porteño, a cargo de Mauricio Macri, que habilitó el uso privado de una parcela que por ley solo podía ser ocupada por edificios públicos. La normativa debería haber pasado por la Legislatura, pero el PRO evitó el trámite.”. Uno de los beneficiados por la operación propuesta es Nicolás Caputo, quien acertó en la compra barata de los terrenos del hospital ferroviario hace una década, propiedad privada que se vio valorizada por este cambio normativo (compró en 6 millones de dólares, para vender luego en 26 millones) en una proporción incomparable con cualquier otro movimiento en el mercado inmobiliario.[14]

 

5 – Los debates del territorio y proyecto urbano en el barrio 31.

¿Qué integración promueven? ¿Qué actores incluyen?

La tierra pública del tiro federal fue vendida. Se tomó el préstamo con el BID para la ejecución de la obra, en el contexto de cientos de miles de dólares de deuda tomados a cien años. La obra del traslado de la autopista se proyectó, se licitó y ya comenzó. Este es la transformación que están produciendo, estos son los hechos.

Desde la perspectiva de los actores que cuentan con los recursos, para aquellos que concentran el poder siempre será oportuno invisibilizar conflictos. Generar un entorno amigable que permita darle curso a todas las iniciativas de todas y todos, pero que se resuelvan y prioricen según su poder y sus recursos, promoviendo que perdure y consolide la situación de desigualdad. Por el contrario, es necesario propiciar un debate profundo, y las trasformaciones urbanas que tiendan hacia una operación justa y redistributiva, observando el territorio según sus relaciones de escalas, dimensiones y actores. Esto requiere revisar críticamente los discursos oficiales, constatando sus contradicciones, sus parcialidades, visibilizando los intereses que lo promueven y actores que se benefician objetivamente de las acciones que se llevan adelante. Este es otro modo de aportar al proceso de real integración e inclusión social y urbana.

Como hemos señalado, toda la operación actual del gobierno sobre el barrio 31 promueve una serie de negocios que no aparecen en las argumentaciones. En cambio, postula como propósito una integración que no es observable en las relaciones que genera en el espacio urbano, como tampoco lo es en el modo de participación de los actores involucrados.  Se trata de una estrategia perversa, que en un entorno de necesidades populares urgentes promueve principalmente negocios para los actores del mercado: grandes empresarios, operadores inmobiliarios. Intervenciones urbanas que favorecen la compra y venta de grandes y lujosos terrenos, la producción de grandes obras de infraestructura y se sostienen con el endeudamiento público que carga sobre el esfuerzo de todos los argentinos.

Este texto retoma las acciones que ya se están produciendo, y los proyectos en curso, desde una perspectiva histórica. Lo hace reconstruyendo una mirada relacional, que reconoce que las escalas y las dimensiones de lo urbano están vinculadas. La operación sobre lo metropolitano, reproduciendo barreras, incide en lo barrial, construyendo una autopista que divide ricos y pobres. En este caso puede observarse como el uso de los instrumentos del Estado para favorecer a grandes empresarios condiciona efectivamente las posibilidades de integrar a los pobladores de los barrios populares, condenándolos por otra parte a pagar con su trabajo diario las deudas que se contraen en su nombre.

Este es el contexto de un debate difícil, este texto es un aporte para volver a mirar, para que se vuelva sobre la relación entre lo general y lo particular, lo importante y lo accesorio, lo urgente y lo anecdótico. No puede justificarse la deuda con un canil, por más hermoso, necesario y participativo que sea el proceso de producción del canil. En ese contexto, es necesario volver a la organización de la comunidad para su participación efectiva y democrática, y a los proyectos arquitectónicos y urbanos que las integran, se enriquecen con los procesos populares, y avanzan hacia una ciudad social y espacialmente más justa y democrática.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar.

Diciembre de 2017

 

 

Notas

[1] “Para superar el capitalismo, el valor de uso debe prevalecer sobre el valor de cambio”: David Harvey. Consultado en Olcamom en Diciembre de 2017 en http://www.olacom.org/para-superar-el-capitalismo-el-valor-de-uso-debe-prevalecer-sobre-el-valor-de-cambio-david-harvey/

[2] “Ambicioso proyecto urbano para Retiro” La Nación, 29.10.06 http://www.lanacion.com.ar/853770-ambicioso-proyecto-urbano-para-retiro

[3] El concurso nacional de ideas fue promovido en 1996 por: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Ferrocarriles Argentinos. ENABIEF,  organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, SCA y auspiciado por FADEA. Los ganadores fueron: Arq. Alberto Varas con J. Lestard y M. Baudizzone. Asociados : Arqs Claudio Ferrari / Daniel Becker. Consultado en http://www.observatorioamba.org/planes-y-proyectos/caba/20-anios-de-concursos/desarrollo-urbanistico-para-el-area-de-retiro el Octubre de 2017

[4] “Paseo del Bajo” El nuevo corredor vial conectará de manera ágil el sur y el norte de la Ciudad, además de crear nuevos espacios verdes y de recreación para el vecino. Consultado en http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/visionciudad/paseo-del-bajo

[5]  “La costosa modificación de la autopista Illia” La Nación 26.09.2017 http://www.lanacion.com.ar/2066352-la-costosa-modificacion-de-la-autopista-illia

[6] “Cómo será la nueva autopista Illia que construirá la ciudad para 2018” Bigbangnews, 20.02.2017 Consultado en http://www.bigbangnews.com/actualidad/Como-sera-la-nueva-Autopista-Illia-que-construira-la-Ciudad-para-2018-20170220-0037.html

[7] Bases del concurso del Parque elevado coorganizado entre el gobierno de la CABA y el de UBA, FADU.

[8]  AUSA, noviembre 2016. “NUEVA TRAZA VÍA RÁPIDA ILLIA, MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO” Consultado en https://www.ausa.com.ar/documentos/Informe-Marco-de-Reasentamiento-Nuevo-viaducto-Autopista-Illia.pdf en Octubre de 2017

[9] “Nueva traza de la autopista Illia y su impacto en el Barrio 31 Carlos Mugica” Arqa, 10.11.2017 Consultado en: http://arqa.com/actualidad/noticias/nueva-traza-de-la-autopista-illia.html

[10] “Adjudican obra para la nueva Autopista Illia” 29.03.17 El Cronista.  https://www.cronista.com/negocios/Adjudican-obra-para-la-nueva-Autopista-Illia-20170329-0020.html

[11] “El Gobierno dio a conocer un ranking de las empresas contratistas del Estado” La Nacion, 18.08.2015 http://www.lanacion.com.ar/1820235-el-gobierno-dio-a-conocer-un-ranking-de-contratistas-del-estado

[12] “El Gobierno investiga a un grupo de empresas constructoras de obras públicas” Infobae, https://www.infobae.com/economia/2016/06/21/el-gobierno-investiga-a-42-empresas-constructoras-de-obra-publica/

[13] “Debates por la autopista ribereña” Nueva Ciudad. 15.05.2016 Consultado en http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201605/25987-debates-por-la-autopista-riberena.html, Citando la opinión de los docentes e investigadores de la UBA Inés Schmidt y Julián Cheula

[14] “Pedido de informe por le meganegocio de Caputo en Retiro”. Tiempo Argentino, 24.05.207 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67479/pedido-de-informe-por-el-meganegocio-de-caputo-en-retiro “Puerto Retiro: otro meganegocio que cerró Caputo con ayuda del Estado”. Tiempo Argentino. 20.05.2017 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67433/puerto-retiro-otro-meganegocio-que-caputo-cerra-con-ayuda-del-estado

 

 

 

LA PRÁCTICA DE LOS CONSULTORIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE HÁBITAT

Es una propuesta de ejercicio profesional que nace con la intención de responder al problema de hábitat de miles de familias que debido a sus magros salarios y sus escasos recursos sociales no logran mejorar por si mismas su situación cotidiana. Desarrollar esta propuesta en el marco de un proceso de formación es esencial y da respuesta a dos objetivos fundamentales:

1. Aportar a la formación de nuevas generaciones de arquitectos a través del desarrollo de procedimientos que colaboraren en la construcción de un proceso de creciente incorporación de las problemáticas sociales.

2. Ensayar instrumentos de intervención que puedan insertarse en las políticas públicas para alcanzar escalas mayores de intervención.
Desde su inicio, pensamos esta práctica integrada a una esfera mayor. Nos seducía la posibilidad de proyectar un “Sistema público de hábitat”, en el que arquitectos y urbanistas formaran parte de una estructura integrada en un proyecto nacional, con distintas escalas de trabajo, desde la vivienda individual hasta la escala regional. La importancia de la problemática requiere algo más que voluntad y viviendas. En ese camino, estudiando la estructura del sistema de salud y algunos materiales teóricos sobre el tema, comenzamos una investigación sobre las condiciones del hábitat saludable.

Esta práctica nos permitió y nos permite tener elementos para proyectar, tanto nuestra profesión como nuestra vida, hecho que redunda en la posibilidad de proyectar con otros. Una familia que recibe un proyecto del que fue parte sustantiva protagonista del proceso desarrollado para su prefiguración, encuentra en ello una herramienta de transformación de su cotidianeidad, de su hábitat.

La importancia de participar y construir un proyecto social que se recrea en cada proyecto de arquitectura que logramos poner a disposición de la comunidad resignifica nuestra profesión. 
Los profesionales que nos proyectamos en la transformación de la realidad alcanzamos en la práctica una creciente capacidad de comprometernos con otros. Con una perspectiva que entiende a la profesión como una herramienta política para proyectar una sociedad democrática, solidaria y comprometida con las generaciones pasadas y futuras.

 

PROYECTO HABITAR

Fotos: Miguel M. Caamaño