Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable

A pesar de los tapabocas, y los metros de distancia sucedió el encuentro. En La Matanza, un grupo de mujeres se reúnen para promover proyectos colectivos que mejoren el espacio donde transita la vida cotidiana de los barrios populares.

Desde Proyecto Habitar impulsamos un proceso de formación popular de Promotoras de Hábitat Saludable que se apoya en las experiencias de producción y reproducción del hábitat en los asentamientos informales desde la perspectiva del género femenino. Con esta propuesta, convocamos a un grupo de mujeres que tienen el interés de aprender qué es el hábitat saludable, entendiéndolo como un derecho en construcción, que trascienda parámetros cuantitativos e involucre el protagonismo de les habitantes en la transformación de los espacios a la luz de los problemas que se construyen y postulan junto con los profesionales del hábitat.

En el contexto de aislamiento social y atravesadas por la histórica desigualdad espacial y de género comenzamos con la promoción del acceso al conocimiento a un hábitat saludable y el derecho a la educación. Hemos visto que son moneda corriente los conflictos por el uso del celular, el aumento de consumo de datos, la incorporación del gasto en impresiones y fotocopias que afecta los magros recursos. El acompañamiento a les niñes en las tareas se incorpora al trabajo reproductivo que recae mayormente en las mujeres en condiciones espaciales desfavorables. Estos conflictos tensan las relaciones sociales que se desarrollan en la vivienda y sofocan los esfuerzos que la población realiza por sostener las tareas de trabajo y estudio dentro de la vivienda de manera saludable.

En ese sentido, identificamos la necesidad de promover puntos barriales para el acceso a internet, útiles y equipamientos, que nos permita sostener el encuentro de manera virtual entre pobladores y arquitectes, y que le permita a la comunidad descargar los materiales informativos y didácticos suministrados desde el equipo de promotoras de hábitat saludable, la escuela, o realizar trámites, entre otras cosas.

El proceso se propone permeable, abierto a las inquietudes que nos atraviesan cotidianamente. El Proyecto Promotoras de Hábitat Saludable es una propuesta, una de las invitaciones que hace Proyecto Habitar para encontrarnos profesionales del hábitat y pobladores construyendo un proceso de formación que nos permita conocer más sobre el hábitat que protagonizamos y que queremos transformar.

 

 

             

A LOS 80 DIAS DEL AISLAMIENTO

Autora: Gabriela Torrents, arq 

Los 89 días que han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del COVID-19 como pandemia, nos han expuesto a transformaciones contundentes a nivel mundial. Al inicio del periodo de aislamiento, el equipo de investigadores de Proyecto Habitar nos propusimos realizar dos informes con relatores de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de analizar el impacto en la organización espacial y social que produjeron las medidas políticas implementadas en cada país. En el primer informe, registramos que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. En el segundo informe, identificamos enormes esfuerzos sociales para hacerle frente tanto a la enfermedad como a las medidas de prevención, principalmente de aquellos sectores que presentan condiciones espaciales adversas.

En Argentina, han transcurrido 80 días desde que inicio el período de Aislamiento Social, Preventivo Obligatorio, el mismo ha adoptado formas diversas según la propagación del virus y el aumento de contagios en las regiones del país. Este proceso ha sido heterogéneo y fluctuante, generando impresiones y debates desde distintas posiciones, tanto a favor como en contra de dichas medidas. En el último anuncio, el presidente Alberto Fernández planteó que el país aún no ha superado el problema de la pandemia, y que la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendrá continuidad donde haya circulación comunitaria del virus. En este proceso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha sido la región más afectada del país, en comparación con otras donde la circulación comunitaria del virus se encuentra controlada.

En esta oportunidad, enfocaremos nuestro análisis en la transformación del hábitat del AMBA, donde se concentra el 90% de contagios del país, y también donde este equipo de arquitectes lleva adelante su práctica profesional, específicamente en barrios populares. Respondiendo a una demanda histórica de los 14 millones 800 mil habitantes, los distintos niveles del Estado han presentado medidas vinculadas al mejoramiento del hábitat, que restituyen su rol clave y la responsabilidad de favorecer transformaciones habitacionales y urbanas que respondan de manera integral a los problemas que se construyen en el territorio. La situación de fragilidad que viven les habitantes se inscribe en una lógica de territorialización de la desigualdad, que antecede el contexto de emergencia sanitaria actual. Desde este equipo de investigación, reconocemos que la perspectiva histórica del problema es un aporte clave para entender el presente y proyectar las transformaciones necesarias.

En esta oportunidad, nos enfocaremos en analizar cuáles son las políticas de hábitat que se implementan en el AMBA, que transformaciones se registran en la organización social y espacial a partir de su implementación, analizando particularmente qué sucede en los barrios populares.

¿Qué políticas de hábitat se promovieron en el AMBA?

Para abordar las medidas políticas de hábitat, específicamente en el territorio del AMBA, es necesario restituir algunas medidas nacionales, debido a su capacidad de incidencia en los modos de habitar del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento. En el trabajo de los informes anteriores, hemos mencionado algunas de ellas como el ingreso Familiar de Emergencia, el plan Argentina Construye, el dispositivo DetecAr, El barrio cuida al barrio, que sin duda han generado transformaciones en la vida cotidiana de les pobladores.

Desde el inicio del periodo de aislamiento las políticas públicas de hábitat nacionales se enfocaron en la atención del contexto de emergencia que se desataría durante los próximos meses. Esta revisión nos permite tener un panorama general sobre los aspectos que se han considerado prioritarios.
En primer lugar, el 18 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, tomando la prevención del Ministerio de Salud sobre el futuro incremento de contagios, anunció la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia, ampliando a 840 las plazas los espacios de internación, y ofreciendo atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

Le siguió el 24 de marzo el decreto sobre la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, disponiendo que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no puedan suspenderlos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

El 29 de marzo se congelaron temporalmente los precios de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago hasta el día 30 de septiembre. También se prorrogaron, hasta la misma fecha, la vigencia de los contratos de locación que fueran posteriores al 20 de marzo.
El 14 de abril se lanzó el Programa El Barrio cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que si bien estaba enfocado a la prevención desde promotores barriales, se contempló una segunda etapa destinada al mejoramiento edilicio de espacios barriales, en articulación con comedores, merenderos y centros comunitarios.

La medida más reciente fue anunciada el 14 de mayo. El programa federal Argentina Construye de la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, contempla la reactivación económica en contexto de emergencia, a partir de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios comunitarios en barrios populares. Esta iniciativa prevé la generación de 750 mil puestos de trabajos directos e indirectos entre 2020 y 2021, articulando junto a provincias, municipios y organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat elaboró el «Protocolo de Prevención del COVID-19 en Obras de Construcción», a fin de garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores que retomen sus actividades en obras de construcción.

Por su parte, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al decretarse la emergencia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos enfocó su trabajo en el desarrollo de centros de atención de salud, agilizando obras en las diferentes escalas que tiene el sistema público: Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), hospitales modulares, mejoramiento y refacción, terminación de centros de salud.

En abril, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) instaló oficinas-conteiner en los barrios El Garrote (Tigre) y Puerta de Hierro (La Matanza), que forman parte de los barrios con los que se habían iniciado procesos de proyecto y ejecución de obra. Esta medida tuvo por objeto entablar la comunicación con estos barrios involucrados en los procesos socio-urbanos que lleva adelante OPISU, a pesar de las dificultades que implica el aislamiento.
En la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, se anunció la puesta en marcha de 224 proyectos a través del Plan Argentina Hace, en articulación con los gobiernos municipales, con la perspectiva de generar más de 8.000 nuevos puestos de trabajo, encender la economía y garantizar el acceso a derechos. Los proyectos están orientados a agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

También, se anunció la construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias, sumando un total de 228 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense.

En junio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, con el objetivo de establecer y definir los procedimientos que se deben seguir para la prevención del COVID-19 y enfermedades cuyo vector de transmisión sea el mosquito, aprobó un protocolo de acción para reanudar el trabajo en obras que se encontraban en ejecución, próximas a reactivarse y aquellas a iniciarse. Esto propició, que se retomaran obras en complejos habitacionales que encontraban suspendidas, para dar solución habitacional a los vecinos del distintos municipios como Moreno, Escobar, entre otros.

¿Qué transformaciones han promovido en la organización social y espacial? ¿Qué conflictos se produjeron?

Las políticas públicas de hábitat en este contexto han sido consideradas como un buen antecedente en la promoción del acceso a infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios fundamentales para el desarrollo de la vida. Aunque de estas políticas solo algunas han iniciado trabajos, han generado expectativas en gran parte de la población. La construcción de unidades sanitarias en distintas escalas de proximidad son un interesante antecedente en la implementación de políticas de transformación territorial situadas abordadas desde las problemáticas y las formas de gestión local.

Estas actividades vinculadas a la construcción de viviendas, hospitales, espacios comunitarios, han sido presentadas por las autoridades como oportunidades para la reactivación económica. Esto, en el plano cotidiano del AMBA, ha favorecido el incremento gradual de circulación de les trabajadores, tanto en transporte público, peatonal como en vehículos particulares. Esta transformación entra en tensión con el crecimiento de contagios en esta área, con valores que alcanzan los 900 casos por día.

Al mismo tiempo se han abierto distintas interrogantes con respecto a que sucederá después de la pandemia respecto a estas medidas. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, quienes hoy son inquilinos se preguntan de qué manera enfrentarán los aumentos posteriores al aislamiento.
En el informe anterior, registrábamos que frente a los aumentos desorbitantes en las facturas del gas y electricidad se comenzaron a realizar reclamos y a solicitar planes de pago. Frente a estos hechos, una cuestión que aún no ha sido desarrollada es como se saldaran las deudas producto de las facturas impagas que toleran las empresas prestatarias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la zona de Retiro ha concentrado el 27% de los casos. La mayor cantidad de afectades son habitantes del barrio Padre Mujica Villa 31, donde se diagnosticaron 2046 casos. El incremento de contagios de COVID-19 en los barrios populares, especialmente en las villas de CABA, han producido fuertes reclamos por parte de sus habitantes por las condiciones deficitarias en las que históricamente han vivido, alcanzando hoy consecuencias gravísimas para su salud. En cuanto al conurbano, La Matanza, Avellaneda y Quilmes han sido los 3 municipios con más contagios.

¿Qué sucede en los barrios populares?

En esta última etapa, los barrios populares se convirtieron en focos de contagio debido a las condiciones espaciales y de infraestructura deficientes en las que sus habitantes se encuentran desde sus orígenes. Situación agravada porque las insalubres condiciones del hábitat en el que han transitado su vida, ha condicionado su salud, y en muchos casos los ha convertido pacientes de riesgo: con enfermedades respiratorias, problemas de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades que son producto, entre otras cosas, de un hábitat insalubre.

La tasa de mortalidad en esos barrios a causa del COVID-19 es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del virus. El caso del barrio Padre Mugica se ha convertido en un caso paradigmático por el fuerte impacto en la opinión pública, provocado por la muerte de varies de sus referentes históricos. Entre elles, el caso de la comunicadora popular Ramona Medida ha tomado gran relevancia debido a que en múltiples ocasiones, en distintos medios de comunicación, había expresado con fuerza las injusticias que ella como sus compañeres transitaban día a día. La imposibilidad de mantener el distanciamiento debido al hacinamiento en las viviendas, no poder higienizarse ni lavarse las manos como consecuencia de la falta de agua durante 13 días el mes de mayo; violaciones a los derechos urbanos que sumadas a las infinitas trabas con las que tuvo que lidiar durante todo el proceso de urbanización para que finalmente le negaran el acceso a una vivienda, por la incompatibilidad entre las condiciones de accesibilidad que necesitaba su hija y las que estas viviendas nuevas le ofrecían. A los contagiades de la Villa 31, se le sumaron los del Barrio Padre Ricciardelli (villa 1.11.14) con 858 positivos; el Barrio 21.24 de Barracas, 404; el Barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 Villa Oculta, con 96.

Aunque en distintos medios de comunicación los comités de crisis presentaron documentos y diversas manifestaciones públicas, recién el 30 de mayo el gobierno de la CABA presentó un protocolo sanitario de actuación para las villas, tras una intimación judicial. El mismo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, aún se encuentra en revisión, y durante este periodo obliga al Gobierno de la Ciudad a brindar elementos sanitarios, de higiene, de medición de temperatura y de agua potable para los habitantes de las villas.

En cuanto a la situación en el conurbano bonaerense, si bien el gobernador manifestó que la persistencia del aislamiento en el conurbano por el incremento de contagios de coronavirus «no es un problema privativo de los barrios populares», transcurrir en condiciones materiales precarias la cuarentena ha resultado un diferencial para miles de pobladores de estos barrios.

Entre los casos que se pueden mencionar, el de Villa Azul, ubicada en los límites entre Avellaneda y Quilmes, ha sido paradigmático, por tratarse del primer barrio popular del conurbano que registró un brote veloz de COVID-19. En este barrio de más de 5000 habitantes, donde se registraron 344 casos positivos, se aplicó el modelo de cuarentena comunitaria que bloquea los accesos al barrio, imposibilitando la circulación de personas y mercancías durante dos semanas. La política implementada en este barrio no fue la misma frente a otros focos de contagio de la zona por tratarse de sectores urbanizados, y esta desigualdad en las condiciones materiales de producción del barrio, las limitaciones de las políticas de urbanización y el contraste entre sectores despertó fuertes críticas.

En el municipio de La Matanza, se identificaron conflictos de distinto tipo. Se produjeron desalojos en toma de tierras en Ciudad Evita, González Catán y Virrey del Pino, más allá de que se decretó la suspensión de los mismos. Familias jóvenes, provenientes de barrios aledaños, intentaron ocupar terrenos para construir sus viviendas. En el barrio Las Casitas, también localizado en González Catán, sus habitantes reclamaron por el corte del suministro de agua que sufrieron durante 13 días, exponiéndolos a mayores probabilidades de contagio. Esta situación de falta de agua y electricidad, también se atravesó en el barrio localizado en Puente 13, en la intersección de la autopista Ricchieri y Camino de Cintura. En el municipio de San Martin, varias familias provenientes del barrio 13 de julio de José León Suarez fueron desalojadas de terrenos fiscales que tomaron para construir viviendas.

En José C. Paz, en el barrio Lamas de se inició un registro de les pobladores que se encuentra en esta toma, generando una aglomeración intencionada, poniendo en riesgo la salud de todes. En el barrio San Atilio del mismo municipio, les habitantes denunciaron la quema desmedida de los residuos sólidos que se vuelcan en el vertedero lindante con el barrio, contaminando el aire y sofocándolos en pleno aislamiento.

A pesar de las condiciones adversas que atraviesan los barrios populares, las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio continúan trabajando atender a les pobladores frente a la crisis sanitaria, reforzando las estrategias de cuidado y cuando es posible las medidas de aislamiento. A pesar del temor frente al contagio, se sostienen las ollas populares y los centros de asistencia como puntos de encuentro comunitario.

Desde diversas organizaciones sociales, barriales y equipos académicos se ha abordado las implicancias de la crisis sanitaria en los barrios populares, a partir de las características y problemáticas específicas que allí transcurren. El resultado fue la elaboración de recomendaciones para la implementación de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos, tomando la demanda que circula en estos barrios.

Algunas reflexiones

Mucho se ha dicho sobre la exacerbación de las desigualdades durante esta pandemia, y de las contradicciones que ha evidenciado este momento histórico, en especial sobre el proceso de urbanización en la lógica de producción actual. Esta es una enfermedad que, en contraposición a lo que han dicho varios filósofos contemporáneos, no es democrática. Su avance no reconoce fronteras, pero sí reconoce sectores sociales. Y en esta relación, es pertinente reconocer también que los sectores sociales habitan la ciudad de forma desigual, según su condición de propietarios, su localización en el espacio, sus trayectorias habitacionales, el acceso efectivo a la ciudad y sus beneficios. Allí se evidencia la desigualdad urbana.

En este contexto adverso, nos preguntamos ¿cómo construir las condiciones necesarias para alcanzar una transformación estructural? Resulta urgente proyectar e implementar aportes multidisciplinares que contrarresten el efecto de la pandemia, pero por sobre todo el efecto de la desigualdad histórica que sacude hoy con más fuerza.

Decretar una nueva normalidad con buenas intenciones no parecería suficiente. La falta de agua, el riesgo ambiental, el hacinamiento en la vivienda, los abusos y represiones de las fuerzas policiales sigue siendo moneda corriente. Entendemos entonces que es necesario problematizar como llegamos acá, cuáles han sido las reglas que dieron forma a una ciudad que somete y excluye a les habitantes de los barrios populares, les trabajadores que sostienen la producción urbana.

Resulta interesante la orientación en dirección a los sectores populares de varias líneas de las políticas públicas de hábitat. El reconocimiento del aporte del trabajo que realizan les habitantes y  de las preexistencias físicas. La cuestión de la vivienda sigue apareciendo en agenda como una necesidad fundamental, en una relación con la reactivación económica que es necesario no asumir de manera lineal y deconstruir para que estas políticas no reproduzcan la desigualdad urbana de que hoy padecen millones de pobladores.

En estas líneas de transformación urbana que se están impulsando, resulta urgente la incorporación de les profesionales del hábitat. La universalización en el acceso a un hábitat justo requiere el trabajo de múltiples actores de manera articulada, profesionales del hábitat junto a colectivos sociales con preocupaciones por alcanzar condiciones habitaciones y urbanas más justas, promoviendo una redistribución de recursos más equitativa y levantando los problemas junto a sus protagonistas, para generar políticas de hábitat transformadoras.

 

Foto de Portada: Micaela Pereira

Altos de Baraibar y la dificultad en el acceso a la vivienda

Autora: Gabriela Torrents

El proceso histórico de territorialización de la desigualdad en Argentina es un proceso de larga duración que ha tenido una fuerte incidencia en la construcción de regiones y ciudades. Ha fortalecido la consolidación de relaciones sociales desiguales y la reproducción de una lógica de producción urbana excluyente que afecta, la vida cotidiana de les habitantes de los barrios populares.

En esta nota presentaremos el caso del Barrio Altos del Baraibar, en la ciudad de Gaiman, provincia de Chubut, a través de algunas entrevistas realizadas a las vecinas que se han contactado con Proyecto Habitar, frente a las dificultades y obstáculos que han encontrado en el proceso de acceso a una vivienda. Durante el año 2016 varias familias fueron parte del proyecto del Barrio Altos del Baraibar, para la construcción de 78 viviendas de las manzanas 16 y 17, enmarcado en el Programa Haciendo Comunidad, promovido desde las cooperativas de construcción del MOCARA[1] y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos de Nación. Las viviendas serían otorgadas a estas familias de trabajadores, que desde el año 2011 luchan por este derecho vulnerado. Sin embargo, la obra está suspendida hace más de un año, dejando sin respuesta a cientos de pobladores.  

“La lucha nuestra viene hace 9 años atrás. En el transcurso de estos nueve años se fueron perdiendo muchas cosas, sobre todo las fuerzas, entonces llegamos a esta altura desvanecidos”

En 2012, luego de años de evasivas del gobierno local, aproximadamente 80 familias acamparon durante 1 mes sobre la ruta nacional 25, reclamando asistencia al municipio en el acceso a la vivienda. El 1 de junio de ese año lograron acceder a los terrenos municipales que reclamaban, con una promesa de cesión por parte del intendente, dando inicio a un proceso de autoconstrucción sin asistencia técnica y con escasos recursos materiales para su construcción.

“… decidimos como vecinos defender nuestra tierra. Muchos de nosotros necesitábamos salir de las casas de nuestros padres para construir las nuestras. Todos estábamos anotados en el municipio, nos decían que teníamos que tener antigüedad de 2 años viviendo en Gaiman y nosotros habíamos nacido acá…”

“…desde el 1 de mayo nos agrupamos, éramos 80 familias que fuimos a cuidar esas tierras municipales. Decidimos ayudarnos y nos plantamos. Hicimos una casita para quedarnos, comíamos ahí, cada familia cuidaba, nos turnábamos. Lo hicimos para que nos escucharan. El 1 de junio finalmente nos cedieron los terrenos municipales…” 

En 2015, en un proyecto gestado desde el Municipio, el Ministerio de Planificación de la Nación y la red de cooperativas de construcción MOCARA, se les propuso participar de la construcción de un barrio en esos terrenos y la posibilidad de ser adjudicatarios de esas viviendas. Para esto, elles debían demoler lo construido, volviendo a la situación en la que se encontraban antes de la toma, con la perspectiva de poder acceder, al año siguiente, a una vivienda propia. Las vecinas cuentan que en junio de ese año se inició el proceso de adjudicación y el trabajo en las obras, en el que varias de ellas participaron como ayudantes.   

Desde el año 2019 la obra se encuentra suspendida, quedando la manzana 16 en un avance del 40% (según el último relevamiento realizado por Nación) y la manzana 17 solo con los trabajos de movimiento de suelo terminados. La situación de precariedad habitacional de les pobladores se profundiza: familias enteras alquilan habitaciones, o comparten su vivienda con otros familiares, con espacios insuficientes (más de 3 personas por habitación, sin ventilación, con humedades) y servicios básicos precarios (1 baño para más de 2 familias, instalaciones eléctricas precarias), en las cercanías del barrio. Con el predio de la obra abandonado y sin seguridad, las adjudicatarias decidieron hacerse cargo de su cuidado durante varios meses. Organizando turnos, armando parejas que hicieran guardia durante las noches. Esta situación, para mujeres al frente de hogares monomarentales, se volvió insostenible. Hoy, luego de varios reclamos, el cuidado del predio lo asumió el municipio. Sin embargo, no hay respuesta sobre la continuidad de estas obras.

 Las vecinas de la manzana 16 y 17 expresan la desigualdad que hoy están viviendo, que es la misma que históricamente han padecido, y como las familias se reúnen y proyectan resolver su situación habitacional:     

“Ahora a nosotros nos prohibieron meternos en los terrenos, porque no tenemos los papeles, pero tampoco nos dejan empezar a pagar el título. Nos piden que esperemos, nos piden todos nuestros papeles de nuevo porque el intendente anterior no dejó nada. Estamos a la deriva. Lo único que nos queda es meternos en los terrenos, pero un abogado y un escribano del municipio nos dijeron que no nos van a dar ni luz ni agua”  

“Ya hay 29 familias que están terminando las viviendas incompletas de la manzana 16. Y nosotros en la manzana 17, somos 30 familias. Hay 2 que pudieron empezar a levantar, poniendo plata de su bolsillo. Los demás, estamos dejando pasar estos meses de frío, para poder arrancar en agosto o septiembre, levantando algo atrás en los terrenos”

En el contexto de la pandemia, la desigualdad estructural en la que viven las personas de los barrios populares se profundiza. En este caso, se suma el condicionante de que hoy, frente al aislamiento y el toque de queda que implementó el gobierno de Chubut, estas mujeres no tienen trabajo. Las vecinas entrevistadas manifestaron que ellas y muchas de sus compañeras realizan trabajos de cuidado por hora en casas de familia. El apoyo frente al COVID que proviene del Municipio, con  alimentos y artículos de higiene para acatar a las recomendaciones sanitarias tampoco es suficiente para hacer frente a la coyuntura de emergencia. A pesar de las prohibiciones del municipio, varias familias han empezado a ocupar el predio de la obra, comprando algunos materiales con los escasos recursos económicos con los que cuentan o contratando a alguien que les ayude; en algunos casos recurriendo al uso de materiales de descarte para empezar a levantar viviendas precarias por sus propios medios.

“Yo trabajo por hora, el salario lo cobre este mes y pague un alquiler que debía. Y me falta entregar otra parte el mes que viene. Un mes más y después ya no voy a poder seguir, no quiero quedar debiendo. Decidí empezar a construir, algo chiquito para instalarme, después que pase el frío. Directamente estoy buscando tirantes, chapas, lo que sea para poder cerrar el predio y poder ir a vivir ahí. Yo voy a armar una casa de madera, con chapas y nylon, como pueda la voy a levantar”

“La situación acá en Gaiman está muy complicada. Uno puede ver compañeros que están viviendo en casitas de cartones con nylon, tenemos una de las compañeras de la manzana 17 que ha comenzado a construir con tarimas. Esto da mucha tristeza, hay niños que sufren por no tener una vivienda digna  y los gobiernos que no se esfuerzan en lo que uno quisiera que se esfuercen…Nosotros lo único que esperamos es que se pudiera terminar la manzana 17, la manzana 16 creo que ya está, no hay mucho que hacer, solamente falta que nos pongan los servicios y nada más que eso…”

Las vecinas de Altos del Baraibar se ponen en contacto con Proyecto Habitar, sin importar los 1300 km que separan la ciudad de Gaiman y CABA, porque entienden necesario el acompañamiento de profesionales en este proceso de lucha. Como respuesta, desde Proyecto Habitar, estamos comprometidos con la universalización del acceso al conocimiento de les profesionales, y queremos formar parte de la lucha por los derechos urbanos. 

Nuestro trabajo, que expone la denuncia de una comunidad frente al abandono, pretende favorecer  el encuentro entre organizaciones que luchan por mejorar sus condiciones habitacionales. El aislamiento no suspende el aporte que les profesionales podemos hacer a las reivindicaciones de estas demandas. En el caso del barrio Altos del Baraibar es urgente la reactivación del trabajo para la finalización de las obras, al mismo tiempo que el municipio brinde cobijo a las familias que están construyendo sus viviendas, exponiéndose a las bajas temperaturas. A partir del diálogo con estas vecinas, entendemos necesario producir un trabajo colectivo que favorezca la elaboración de proyectos apropiados y protocolos que permitan poner en marcha un proceso integral de transformación urbana, que se origine desde las necesidades de les habitantes, y permitan aproximar a las organizaciones sociales y barriales al derecho a la vivienda y a la ciudad. El desigual acceso a la vivienda requiere del aporte de profesionales abiertos a trabajar con las preocupaciones que circulan en el territorio, con consciencia de la historia territorializada de les pobladores. Esta historia de transformaciones en el espacio tiene personas, fuerza de trabajo y lucha, pero también manifiesta la violación de los derechos urbanos y la desidia histórica sufrida por sus habitantes, que frente a la omisión del gobierno anterior y de la actual gestión con el argumento de la falta de recursos municipales, profundiza una situación cada vez más desigual.   

[1] En Chubut, a partir de las políticas sociales inclusivas que se comenzaron a implementar desde 2006, se gestó una red de cooperativas de trabajo. En 2010 los grupos constituidos en cada localidad decidieron avanzar hacia la autonomía organizacional, dando origen al Movimiento Cascos Amarillos (MOCARA). Como parte de él, la asociación Hábitat, junto a cooperativas de trabajo, recuperaron una fábrica y crearon el Polo Cooperativo donde actualmente se albergan unidades productivas de componentes de viviendas. La Asociación reune a 13 cooperativas desde un acompañamiento legal, administrativo y financiero. Además, ejecuta vivienda en 11 localidades de la provincia patagónica. Fuente: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/asociacion-civil-habitat/

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 2do INFORME

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

2° Informe  

Autores: Ricardo De Francesco y Clara Mansueto

Colaboradores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy, Teresita Sacón, Gabriela Torrents

Relatores en Latinoamérica y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia: Jancarla Loayza Medina Brasil: André de Oliveira Torres Carrasco Chile: Camila Guzman de la Sotta Colombia: Héctor Javier Mejía Salazar Ecuador: Canela Samaniego y Emiliano Samaniego México: Abrahan Rodriguez Buendia Paraguay: Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga Perú: Eleazar Cuadros Choque Puerto Rico: Lyvia Rodriguez del Valle y Mariolga Juliá Pacheco Uruguay: Alejandro Gregoric República Bolivariana de Venezuela: Larissa Slibe

 

1- INTRODUCCIÓN


A 50 días de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la luz de las conclusiones alcanzadas en un primer análisis que realizamos desde Proyecto Habitar, sobre las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial, nos parece importante continuar monitoreando la situación de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia, para indagar en las manifestaciones específicas que esta situación incorpora a la histórica e injusta desigualdad urbana de nuestra región.
Sintetizando los aprendizajes del primer informe, podemos referir que los gobiernos de la región coincidieron ampliamente en definir la situación como estado de emergencia sanitaria, y que fueron implementando el aislamiento y distanciamiento social como las principales medidas, bajo el control de las fuerzas de seguridad. Hemos relevado un general aislamiento de las personas en sus domicilios, visible en el vaciamiento de calles y avenidas de los centros urbanos y que en los barrios populares se identificaron modalidades de aislamiento distintas. Allí donde les pobladores son en su mayoría trabajadores informales y viven al día, las redes de colaboración entre les habitantes se refuerzan y multiplican para hacer frente a la cuarentena.
En este segundo informe nos interesa profundizar en el análisis territorializado del impacto de la pandemia en Latinoamérica. Nuevamente, recurrimos al trabajo de investigadores que aportaron el relato de su país de residencia, para conformar un estudio que vincula la situación sobre 12 países de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, la guía de preguntas fue: ¿Cómo continuaron las medidas políticas inicialmente implementadas? ¿Qué transformaciones se registran en términos espaciales? ¿Qué conflictos sociales y nuevas demandas aparecen? ¿Qué sucede en los barrios populares?
El informe tiene un primer momento asociado a la observación de la continuidad en el tiempo de las políticas implementadas y sus modos de aplicación. Un segundo momento en el que presentaremos los resultados del análisis comparativo de las transformaciones sociales y físicas que generan dichas políticas, con un acercamiento particular en los barrios populares. Por último, intentaremos reflejar los aprendizajes alcanzados a raíz de la realidad estudiada.

 

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CRONICAS URBANAS. Newsletter de Proyecto Habitar.

 

Crónicas Urbanas se propone como una plataforma de comunicación que restituirá los procesos de transformación del territorio, los problemas urbanos en los que las comunidades organizadas han reconocido un conflicto, una injusticia en su vida cotidiana y han llevado adelante acciones de transformación del espacio para contrarrestarla.

Nuestra vida cotidiana transcurre signada por una desigualdad que se reproduce sistemáticamente en el territorio, allí prevalecen relaciones de dominación, la enajenación, la mercantilización generalizada. Regulaciones que sostienen situaciones de abundancia extrema, y de igualmente extrema necesidad.

En nuestro territorio suceden las tomas de tierra, los abusos que sufren los inquilinos, las personas que vive en la calle, las personas que viven hacinadas, los pisos de tierra, el agua contaminada, los barrios linderos a basurales, arroyos, fábricas, líneas de alta tensión, son algunas de las situaciones de injusticia que conocemos.

Comunicarlas es una oportunidad para generar una mirada crítica de la producción urbana desde una perspectiva disciplinar, encontrándonos con quienes luchan, con los conflictos y con el territorio, para desarrollar nuevas lógicas de abordaje.

A través de este medio, pretendemos aportar con nuestro trabajo al de muchos otros equipos interdisciplinarios que también trabajan en este sentido, desde una mirada situada, en la región y en el sur global.

Con la finalidad de promover la construcción de una agenda urbana situada, que se construya con las preocupaciones históricas de la población que habita el territorio, que reconozca las dinámicas que integran los barrios como ámbitos de producción y reproducción, y también proyecte transformaciones promoviendo el Derecho a la ciudad para todes.

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Análisis de las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial

 

Autores: Ma. Eugenia Jaime, Julián Salvarredy

Colaboradores: Ricardo de Francesco, Clara Mansueto, Teresita Sacón, Gabriela Torrents.

Relatores en Latinoamérica y el CaribeJancarla Loayza Medina (Bolivia), André de Oliveira Torres Carrasco (Brasil), Camila Guzmán de la Sotta (Chile), Héctor Javier Mejía Salazar (Colombia), Canela Samaniego Moya y Emiliano Samaniego Moya (Ecuador), Abrahán Rodríguez Buendía (México), Guadalupe Quiñonez y Jonny Alvarenga (Paraguay), Eleazar Cuadros Choque (Perú), Lyvia N. Rodríguez Del Valle y Mariolga Juliá Pacheco (Puerto Rico), Alejandro Gregoric (Uruguay), Larissa Slibe (Venezuela)

 

 

1- Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia y, a raíz de ello, en la mayoría de los países latinoamericanos se comenzaron a tomar medidas de Emergencia Sanitaria para minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario de cada país.

En este marco, atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y de expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se determinó que la mejor forma que existía para evitar la propagación del virus requería de dos acciones concertadas: una vinculada a desarrollar la detección, tratamiento y prevención del virus, con acento en los procesos técnico – científicos, y otra vinculada a la desaceleración de los movimientos, que comenzó con el aislamiento de las personas en sus hogares y se extendió a la restricción de la circulación de mercaderías y la realización de eventos públicos, convirtiéndose en una medida de carácter prevalentemente espacial.

Desde la dimensión técnico – científica, las decisiones radicaron en la evaluación de los casos, su seguimiento y recuperación, para lo cual se requirió un despliegue inusual en el ámbito de la medicina. Sus instituciones y responsables públicos actualizaron o directamente realizaron los registros de capacidad de camas para internación y diversos equipos de salud.

La otra medida de corte prevalente espacial, implico una acción determinante de aislamiento físico en los domicilios particulares, con la suspensión de las clases presenciales en los tres niveles de la educación formal, y la restricción del movimiento y la circulación de personas y mercancías, con excepción de aquellas que fueran de primera necesidad.

A partir de la colaboración de investigadoras e investigadores de distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico[1], Uruguay, Venezuela, hemos realizado un documento que busca reflexionar sobre los hechos presentes en clave latinoamericana, de manera de generar algunos aprendizajes para poder seguir adelante más allá del COVID-19. Si bien no consultamos al total de países, se trata de una muestra representativa de la totalidad.

Esta inédita situación pone a nuestros países frente a su compleja realidad caracterizada por la desigualdad urbana. Un territorio injusto en sus dimensiones social, económica y cultural, con una profunda segregación socioeconómica, extendidos procesos de urbanización informal, mercantilización de los espacios públicos y de los modos de convivencia. El déficit de vivienda urbana continúa manifestándose como un problema crítico, los valores oscilan entre el 12 y el 70% y cerca de “1 de cada 3 hogares (32%) habita en viviendas inadecuadas, y el déficit de vivienda continúa aumentando”.[2]

En ese sentido, indagamos sobre la relación entre las medidas políticas y las transformaciones en la organización espacial y social. Relevamos la reacción de les habitantes frente a estas medidas y cambios, enfocándonos específicamente sobre la situación de los barrios populares.

Les relatores fueron consultados con la siguiente guía de preguntas:

¿Cuáles son las medidas políticas de prevención de propagación del virus COVID-19 que están llevando adelante en tu país?, ¿Que sucede con estas medidas en términos espaciales?, ¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?, ¿Que sucede en los barrios populares?

En un primer momento realizaremos una introducción repasando las medidas políticas que se llevaron adelante en cada país. En un segundo momento presentaremos el resultado del análisis comparado, que relaciona las medidas políticas con las transformaciones en la organización física y social (ver Anexo). Por último, ensayaremos una aproximación al aprendizaje que hemos alcanzado a partir de la realidad estudiada.

 

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[1] Puerto Rico es una Isla del Caribe que, a pesar de las denuncias ante la ONU, sigue siendo un «Estado asociado» de Estados Unidos antes denominado «Colonia», dado que reconocemos el pedido de descolonización presentado en 2016 al Comité de Naciones Unidas, y la raíz cultural que nos une como pueblos lo consideramos en el análisis como un país de Latino América.

[2] Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe. Dinámicas y desafíos para el cambio estructural (2017) Cepal. Coordinadores: Ricardo Jordán, Luis Rifo, Antonio Prado.

Mas allá del aislamiento social

Ma Eugenia Jaime, Julian Salvarredy y Gabriela Torrents en Proyecto Habitar

 

El día 16 de marzo quedó conformada la Unidad Coronavirus COVID-19, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT),  CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

La conformación de esta Unidad tuvo como objeto “poner a disposición de la Presidencia de la Nación y de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre Coronavirus COVID-19”.

El día 20 de marzo con el propósito de “proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional”, se dictó, mediante un decreto de Necesidad y Urgencia, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo de 12 días a evaluar su continuidad de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Esta medida buscó frenar el desarrollo de la pandemia, evitando las oportunidades de contagio masivo y al mismo tiempo, reconociendo los condicionantes que presenta hoy nuestro sistema sanitario (cantidad de plazas y respiradores en hospitales y sanatorios). De manera que el aislamiento se presenta como una estrategia para ganar tiempo y poder enfrentar este conflicto en mejores condiciones.

La medida implicó la permanencia de la población en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraran y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Siguiendo en esta línea, restringió el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, se suspendieron todo tipo de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, es decir, todo evento que implicara el encuentro de personas. 

Por otra parte, se efectivizó el cierre de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, el control de la circulación de vehículos, el cierre de bancos y de locales comerciales que no brindaran artículos de primera necesidad, tales como artículos de almacén, verdulería, farmacia o ferretería. Los gobiernos provinciales tomaron medidas similares, dando distintos alcances a los cierres de sus fronteras para limitar la circulación.

Estas medidas se han manifestado en términos espaciales de la siguiente manera:

  • vaciamiento de las calles,
  • aumento del consumo de servicios habitacionales en los barrios,
  • hacinamiento en los hogares,
  • disminución del flujo de vehículos y personas
  • aumento del control social por parte de las fuerzas de seguridad
  • creciente uso de redes sociales y aplicaciones para el encuentro virtual
  • permanencia en terrazas y balcones para mantener contacto con el exterior

 

¿Cuál es la reacción de la población frente a estas políticas?

En la ciudad de Buenos Aires donde viven 3.000.000 de personas, y suelen entrar a diario un número similar la sensación es de total acatamiento. El movimiento en los barrios se produce durante la mañana. En la mayoría de los casos para abastecimiento diario.

En los barrios del conurbano bonaerense el acatamiento también es alto. Sin embargo, se producen algunas situaciones particulares de difícil resolución, como una concentración inusual de personas para retirar dinero de los cajeros o para el abastecimiento en supermercados.

En el resto del país la situación es similar, reconociéndose mejores condiciones para afrontar el aislamiento en las ciudades mas equipadas y una disponibilidad menor en las áreas mas alejadas de los equipamientos que brindan las centralidades.

 

¿Qué sucede en los barrios populares?

Los barrios populares son un tema aparte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran el 50% del total de barrios registrados a escala nacional por el Registro Nacional de Barrios Populares. La situación allí oscila entre el aislamiento total de las personas mayores o con discapacidad y una situación de cierta normalidad en los movimientos cotidianos, ya que los niños siguen jugando en las calles y pasillos de los barrios y los jóvenes continúan encontrándose en las esquinas.

Las trabajadoras y trabajadores que habitualmente se dedican a las tareas de cuidado, limpieza o reciclaje se encuentran aislados y sin dinero para el abastecimiento. Cerraron las ferias informales que en los barrios populares del AMBA movilizan un promedio de 500 personas por domingo. El abastecimiento de comercios barriales se vió obstaculizado, en muchos casos debido a que carecen de habilitaciones.

Las mujeres salen a la calle en busca de comida. Durante los primeros días los espacios comunitarios estuvieron cerrados por falta de mercadería, pero poco a poco empezaron a recibir raciones de alimentos secos de los organismos estatales.

El aislamiento agudiza los conflictos en las familias con dificultades para sobrellevar situaciones de familiares con problemas de conducta, violencia de género, adicciones, entre otros.

Estas dificultades para la organización social en el aislamiento se agudizaron debido a la persistente adversidad en la organización del espacio barrial y de la vivienda por la que atraviesan a diario las familias de los barrios populares.

El hacinamiento, la escasez de servicios habitacionales de calidad, agua, cloaca, electricidad, conexión a internet, gas, recolección de residuos, se han puesto al rojo vivo, pero no son problemas nuevos. En estas condiciones la desinfección, la ventilación y la limpieza resultan una tarea imposible, sin contar la posibilidad de acceso a los productos para llevarla a cabo.

A estos condicionantes, se suma la epidemia de dengue que se ha acentuado durante este año en los barrios populares, donde los recipientes de almacenaje de agua para la higiene contra la pandemia son potenciales focos de reproducción del mosquito. 

En este contexto, la organización y movilización social se transforma. Muchas mujeres y hombres referentes de los barrios siguen trabajando para aportar a la resolución de los temas urgentes de la nueva coyuntura, ampliando y reconfigurando las redes que posibilitan la producción y reproducción social. Empezando por informar el estado de los barrios, dar continuidad a la asistencia de alimentos y alertar sobre el riesgo de que crezca la conflictividad que generan las situaciones de violencia.

 

 

 

Producción Audiovisual: Miguel Caamaño, Teresita Sacón y Eugenia Jaime . Las imagenes son gentileza de los miembros de Proyecto Habitar (click en la imagen para ver video)

Para ser mejores, mejores políticas urbanas

Recurrentemente, los gobiernos que asumen en cada ciclo de crisis inflacionaria y de parálisis en la actividad económica encuentran en la producción de viviendas un motor para activar la economía, poner en marcha la industria de la construcción y generar trabajo. El modo en que se dan estos procesos trae consecuencias de mediano y largo plazo que en muchos casos contradicen los objetivos inclusivos e integradores que promueven.

¿Por qué sucede esto? Para trascender las experiencias precedentes de políticas urbano habitacionales es necesario atender sus procesos y diseños específicos, complejizar las perspectivas de abordaje y fortalecer la mirada relacional escalas, dimensiones y actores involucrados para observar críticamente ¿Qué industria se pone en marcha? ¿Qué economía se activa? ¿Qué trabajo se genera? ¿Qué territorio produce?

Hay algunos datos de la actualidad que pueden constituirse en un buen antecedente, como haber pasado de promover un Ministerio de Vivienda, a uno que se denomina de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este contexto, el nombre de cada ministerio se resignificará en la práctica. La política territorial también lo hará en la relación entre las acciones de los distintos sectores del gobiernos entre sí y en el conjunto de políticas territoriales que se constituye en los hechos. En su relación con las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de obras e infraestructuras, etc. Es una alerta y debe constituirse en un llamado de atención cuando el modo de sintetizar las acciones en materia de desarrollo territorial y vivienda se anuncian por los miles de unidades de casas que se van a construir.

La producción urbana y regional actual, se caracteriza entre otros por dos aspectos problemáticos: la fragmentación y la desigualdad. Observada desde la lógica de la economía convencional, la ciudad como maquinaria de reproducción del capital ha superado en las últimas décadas a su rol de escenario de producción industrial o de concentración de actividades económicas. Para la reproducción del capital, es cada vez menos importante lo que se produce, su localización, su forma, las actividades o las personas que habitan las ciudades, se trata de movilización económica. Como esta es su característica principal, poner en marcha acríticamente la economía movilizando la industria de la construcción sin otras consideraciones, implica activar estos mecanismos de reproducción de fragmentación y desigualdad.

Existe otro dato insoslayable en el desarrollo territorial que es uno de los grandes desafíos presentes: las capacidades de la industria de la construcción hoy están fuertemente concentradas, tanto en los que producen obras (como las grandes empresas que concentran las obras públicas) como sus insumos principales (acero, ladrillos, cemento). Siendo otra característica determinante lo complejo que resulta acceder al suelo urbano para la mayor parte de la población. Trascender las experiencias pasadas es entonces tomarse de los casos que asumen nuevas concepciones de actividad económica y del trabajo, y para esa trascendencia especifiquen desde nuevas perspectivas sociales, de derechos y de géneros los modos de producción de espacios urbanos, los actores involucrados y el territorio producido.

Mejores políticas habitacionales para el desarrollo territorial integrado.

En relación con las políticas de desarrollo territorial y hábitat, también hay mucho aprendizaje histórico que puede consolidarse en prácticas políticas superadoras. Hay buenas y malas experiencias en el pasado reciente. Durante los doce años previos a la etapa oscura de las políticas liberales de Cambiemos, el Estado produjo en el país más de un millón de soluciones habitacionales, pese a esto, el total de hogares en situación de déficit no varió significativamente. Entre otras razones, esto se debe a que activar economía, implica activar la producción de la industria de la construcción, y atender los requerimientos de las grandes empresas vinculadas a la construcción de viviendas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a los grandes conjuntos de viviendas en la periferia, ya que para las empresas grandes y medianas que construyen viviendas, la construcción en serie de unidades iguales en terrenos baratos resulta productivo, requiere trabajadoras y trabajadores, y es rentable. Este tipo de proyectos implica el confinamiento de sectores populares en barriadas aisladas, sin acceso a otros servicios urbanos distintos al de la vivienda. Manteniendo condiciones urbanas inadecuadas en relación con otros derechos como educación, salud o esparcimiento, llegando inclusive a tener problemas de infraestructura o servicios básicos. Este tipo de intervenciones, históricamente fue el mayoritario en las políticas habitacionales.

Por otra parte, durante el mismo periodo se han desarrollado también múltiples experiencias de abordajes integrales, con programas que integran disciplinas y saberes, y proponen espacios que atienden modos de fortalecimiento de los actores locales y las economías de las que son protagonistas (social, popular, solidaria). Pueden tomarse muchas experiencias y muy diversas en todo el territorio, como lo fueron: algunos casos del PROMEBA, el PF-Villas, la ley de acceso justo al hábitat 14449 de Buenos Aires, la ley 341 de CABA, o la producción cooperativa. Es desde estas experiencias que pueden reformularse las estrategias que luego tiñen las políticas de reactivación. Este tipo de experiencias, minoría desde un punto de vista cuantitativo, han sido las más valiosas desde una perspectiva integral y de derechos.

Mejores políticas desde mejores perspectivas.

Desde Proyecto Habitar hemos participado en todos los frentes que han fortalecido la unidad popular para generar la fuerza necesaria para derrotar la continuidad del gobierno liberal de Cambiemos, y que han generado instancias de producción colectiva de propuestas programáticas en materia de hábitat y territorio. Hemos sostenido en todos estos foros los mismos criterios que aquí resumimos. Hemos rescatado estas experiencias y las propuestas que actualmente promovemos en conjunto con muchos otros colectivos y organizaciones en Habitar Argentina. Lo hicimos conscientes de que las propuestas programáticas de políticas urbanas y territoriales juegan su suerte en la especificación de su aplicación, y en las relaciones entre las distintas escalas y dimensiones de la política pública, muchas veces ignorada.

La arquitectura y el urbanismo tienen sentido en tanto su saber resulta en trasformaciones que mejoran la situación habitacional y urbana de los pobladores, esa es la medida de su sentido social. La participación de los profesionales en la crítica y el diseño de políticas públicas esta signada por el mismo objetivo. Conocemos las condicionantes macroeconómicas, así como la necesidad de conocer la realidad productiva actual como el punto de partida concreto de acciones urgentes que tienen en el hambre y la desocupación prioridades innegables. Aun así, entendemos que es necesario activar los mecanismos de la producción y el trabajo integrando de modo prioritario también entre los objetivos de las políticas públicas su progresiva transformación. Es decir, incluyendo en el diseño de las políticas el proceso que transforme el modo en que la ciudad hoy es producida y su rol dominante de reproducción del capital.

Por todo esto nos parece central atender la relación determinante que resulta de las políticas que se desprenden de asociar el objetivo de activación económica con la industria de la construcción y sus actores más poderosos, acciones que muchas veces se confinan en las áreas de obras de infraestructura o economía. Como complemento posterior, las políticas de desarrollo territorial y habitacional resultan así condicionadas, y muchas veces se confinan a accionar en áreas de vivienda o desarrollo social. Debemos trascender esta mirada fragmentada. Este es un aspecto central de un abordaje integral, que comprenda la totalidad del territorio, muchas veces simplificada en dualidades como informal y formal, productivo y reproductivo, público o privado, social o del mercado, modos binarios de aproximarse a la producción urbana que han favorecido una reproducción acrítica del territorio desigual y fragmentado.

La experiencia latinoamericana actual da cuenta de la relevancia de mantener alta la vara de la reflexión crítica y autocrítica, no es tiempo de autocensurarnos preventivamente, es tiempo de proponer criterios mejores. Para llevar adelante cualquiera de las propuestas de normativa o aplicación técnica que hemos consensuado y articulado entre tantos, en encuentros tan diversos, la guía debe ser un cambio en las perspectivas que construyen las políticas, las perspectivas sociales de derechos y de géneros son un eje sustancial.

El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan parte de la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan cuestiones accesorias sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento secundario, intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.

En síntesis, desde este punto de vista, el territorio integrado social y espacialmente, el derecho a la ciudad y a la vivienda, no puede ser una cuestión que se atienda luego de activar la economía y el trabajo acríticamente, y en función de las consecuencias, sino todo lo contrario. Es decir, un desarrollo igualitario social y de género, que promueve el trabajo de los actores locales, que producen las trasformaciones del espacio urbano y barrial utilizando sus recursos productivos, que movilizan así la economía de la que son parte, se fortalecen y construyen social y colectivamente una ciudad y un territorio más justos.

 

Julian Salvarredy, Proyecto Habitar

Diciembre 2019

 

 

Planificación, Gestión y Derecho a la Ciudad

Mg. Arq. Eugenia Jaime

En un panorama de aumento irrefrenable de la tasa de urbanización del mundo (65% hacia el 2050)[1], los modelos urbanos de desarrollo aún no cambiaron y siguen generando una proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad. En América Latina son numerosos los países en los que se registran “avances legislativos en temas de planificación y gestión del suelo”. (Fernandes, 2016)

Colombia y Brasil son quienes han logrado implementar y organizar marcos jurídicos con algunos logros en materia de regularización del suelo desde una perspectiva de derechos. Chile ha implementado un modelo del subsidio a la demanda, con algunos rasgos comunes a Perú que ha operado con un sistema de titulación en asentamientos informales.

Sin embargo el desafío de gestión urbana sigue latente ya que requiere la actuación articulada sobre las causas del conflicto. Conflicto cuyo origen no se restringe a la dimensión dominial.

Las causas que determinan los procesos de urbanización informal son juridicas pero también económicas, políticas y sociales. Los diversos procesos informales que suceden en Latinoamérica, aunque tengan expresiones físicas parecidas, con frecuencia tienen características jurídicas distintas y requieren soluciones jurídicas diferentes

Esto nos lleva a identificar una fuerte relación entre la Planificación y  gestión urbana. La primera intrínsecamente elitista, la segunda tecnocrática, burocrática sin posibilidad de acción de los gobiernos locales. Sin olvidar un sistemas jurídicos obsoletos, refiriéndonos al concepto central que es la propiedad privada.

En Argentina, el mayor problema radica en una estructura de derechos que prioriza prevalentemente el derecho privado de uso del suelo. Esto se lee en los programas de políticas de vivienda de interés social donde a pesar de los intentos de numerosos juristas, ong y políticos vinculados a los derechos humanos no se ha logrado trascender la perspectiva del derecho administrativo.

No obstante en los últimos años hemos logrado llevar a cabo algunos avances en esta materia que fueron reconocidos internacionalmente. Leilani Farha la relatora en la Asamblea General de ONU, en el Informe la Relatora pone de relieve la Ley de Acceso Justo al Hábitat como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario y parte de una estrategia de hábitat[2].

En cuanto a la regularización dominial, la ley de Acceso Justo al Hábitat constituye un modelo de gestión que donde “los servicios habitacionales que brinda una vivienda adquieren su real dimensión en la complejidad de la configuración socio espacial del área en la que se localizan y requieren de un abordaje integral que impone contar con nuevos principios rectores, políticas diversificadas e instrumentos de actuación acordes con dicha problemática”.[3]

Los derechos colectivos, como el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, y la gestión democrática de la ciudad o el reparto equitativo de cargas y beneficios son los principios rectores que guian el articulado de la ley 14.449 de la Pcia de Buenos Aires.

A pesar de los expuesto la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación llevado a cabo en 2016 no logró re-incorporar “la función social de la propiedad” en su articulado.

Hoy podríamos hablar de función social del suelo ya que se trata de un derecho colectivo que trasciende el orden jurídico de la propiedad. Existe una fuerte tensión entre el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho urbanístico, y la dimensión central la ocupa la política pública en su rol de legitimadora de un orden social.

En esta línea los últimos tres años han sido de difícil batallar para la instrumentación de la ley. Los instrumentos que presenta la ley para intervenir en el mercado inmobiliario y como parte de una estrategia de hábitat fueron boicoteados desde que comenzaron con la reforma de los ministerios a comienzos de este año.

Han sido cuantiosas las herramientas que la ley de acceso justo al hábitat ha puesto a disposición para la resolución de problema, a pesar de ello «ninguna forma concreta de titulación del suelo protege a los residentes contra las presiones ejercidas por las fuerzas del mercado«. (Fernándes, 2011)

Sobre las estrategias para superar los obstáculos.

Retomando el análisis del “Informe sobre enfoque en Políticas de Suelo” donde se desarrolla “la carga de la informalidad”, veo necesario reflexionar sobre los plazos que suspenden desalojos y no proponen soluciones a las cargas que este limbo jurídico le imprime a las familias que acceden informalmente al hábitat en tanto las dimensiones sociales, legales, urbano-ambientales, políticas, económicas y fiscales por las que atraviesan.

Si consideramos la escala del problema es necesario revisar la asignación de recursos que se destinan a la regularización y mejoramientos del hábitat. En Argentina del total de viviendas que producen las políticas públicas dos tercios son viviendas nuevas y un tercio mejoramientos, mientras que el déficit oficial tiene valores inversos, es decir solo un tercio de las familias que viven en situación de déficit requiere una vivienda nueva.

Buena parte de la política de regularización no interviene ni sobre lo construido ni sobre la normativa urbana. En nuestro país se había logrado reunir en el mismo ministerio la Dirección de Ordenamiento urbano, Geodesia y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda pero actualmente han pasado la primera a Ministerio de Gobierno, la segunda a la agencia de recaudación de la provincia y la tercera al ministerio de desarrollo social. Esto ha operado negativamente en la superación del obstáculo de la fragmentación en la estructura del estado.

Otra forma de trascender los obstáculos es trascender la focalización, articulando la gestión del suelo con la gestión del construido y la gestión del dominio. Así incorporar los edificios vacíos en áreas centrales, es tan necesario como tener presentes las áreas rurales y las formas de inquilinato, generar nuevas unidades, regularizar el dominio, gravar el uso del suelo, proteger contra el desalojo  garantizando la permanencia de las personas

Se trata de un fenómeno complejo que requiere de intervenciones integrales y articuladas. No se puede actuar de manera mecánica. Cada territorio presenta particularidades que admiten actuar en distinto orden y con distintas reglas sin embargo existen principios rectores como la función social del suelo que son inalienables si queremos terminar con los procesos de desigualdad que se manifiestan en la proliferación del hábitat informal.

[1] http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

[2] Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 15 de Enero de 2018, párrafo 127.

[3] Construcción del territorio, mercado y política. La experiencia de la ley de hábitat popular en la Provincia de Buenos Aires. Eduardo Reese Instituto del Conurbano – Universidad Nacional de General Sarmiento, en: A construção do direito urbanístico na América Latina [livro eletrônico] / Edésio Fernandes e Betânia Alfonsin ( Organizadores) – Belo Horizonte : Gaia Cultural – Cultura e Meio Ambiente, 2016.

Encuentros

Encuentros, la perspectiva de género en los ámbitos universitarios

Junio también fue un mes de encuentros, pero esta vez trabajamos la perspectiva de género en los ámbitos universitarios, de la Universidad de Cuyo y Universidad de Flores.

Los días 10 y 14 de junio, representantes de diversos colectivos, nos encontramos con estudiantes conmovidas por la necesidad de expresar las inquietudes y los resultados de los procesos de trabajo transitados. Con ánimos de escuchar y exponer las estrategias de resistencia contra las etiquetas, contra las formas de conocer predefinidas según las reglas de un sistema patriarcal y capitalista que niega aquellas historias que estén fuera del mandato productivista.

En ambos encuentros “Urbanismo y Perspectiva de Género, nociones básicas para el debate” (UFlo)  y “Derecho a habitar” (UCuyo), las exposiciones atravesaron prácticas cotidianas de la docencia, investigación, dirección de obra, militancia, entre tantas acciones que históricamente las mujeres hemos llevado adelante colectivamente, no sin resistencia, en compañía con otras y otros pares con vocación transformadora.

Del primero, participaron: Martha Alonso Vidal, quien nos propuso un recorrido por las transformaciones en las ciudades y en la representación del cuerpo femenino para reflexionar acerca de la sexualización de los roles que se han institucionalizado en una historia de producción urbana. Ines Moisset, con un exhaustivo trabajo de investigación colectiva que desde “Un día Una Arquitecta” multiplican en medios de comunicación masiva para recuperar el aporte de las mujeres que han sido omitidas en los relatos oficiales sobre la historia de la arquitectura y el urbanismo. Eugenia Jaime, invitándonos a pensar sobre las potencialidades y los desafíos de la incorporación de las problemáticas de género en la formación sin perder de vista el contexto en el que se inscribe aquello que se enseña y se aprende en el aula, resaltando la importancia de los procesos en los que se inscribe el producto terminado. Procesos que los guía un sentido, procesos que múltiples actores protagonizan en la gestión de las trasformaciones y que desde la matriz productivista son despreciados. Y Clara Mansueto, compartiendo lecturas espaciales que indagan en aquello que sucede, pero no se ve, aquello que se escapa de mirada formal del espacio y de la perspectiva de transformación desarrollada tradicionalmente en la producción de arquitectura. 

Del segundo encuentro participaron: Soledad Perez exponiendo el trabajo que desde CISCSA realizan con vecinas de diferentes barrios populares de la Ciudad de Córdoba y la construcción de una “agenda de derechos de las mujeres a la ciudad”, exponiendo los 6 puntos que sostienen la participación de las mujeres desde diferentes experiencias de vida. Cinthia Rizzo, recuperando el rol de las mujeres de barrios populares en la coordinación y promoción barrial de los mejoramientos habitacionales que la organización “Madre Tierra” desarrolla en el AMBA. Virginia Miranda, exponiendo el trabajo que desarrolla “Ando habitando” un colectivo de mujeres transdisciplinar que junto con organizaciones barriales de Mendoza promueve mejoramientos en los espacios públicos, valorando las voces de lxs jóvenes, de lxs niños y de las mujeres.  Alicia Alcaraz y Andrea Casabuono, representando a la comisión Hábitat y Género de Habitar Argentina, expusieron la historia de conformación de esta comisión. Enfocándose en el interés de aportar con la perspectiva de género a las políticas habitacionales que hoy reúne a grupos con experiencias multisectoriales y de diversos territorios. Macarena Vergara, compartiendo momentos singulares en la experiencia de SEDECA, para reflexionar acerca de las tareas de cuidado y la desigual dedicación que recae en las mujeres, su tiempo de descanso, de ocio, productivo, etc. Y Teresita Sacón, quien exhibió los logros y dificultades encontradas ante las acciones que Proyecto Habitar impulsó en la incorporación de políticas de igualdad de género en una obra de construcción de viviendas con trabajadores de la económica popular.

Nadie nace de un repollo y las transformaciones tampoco. Es por ello que pensamos e invitamos a pensar estos “eventos públicos”, como encuentros. Encuentros, porque son oportunidades para saberse en un colectivo mayor, que lo define la convicción de encontrarse en busca de nuevas formas de relacionarnos, llevándolas adelante, asumiendo riesgos para dejar en la historia de las cosas y las personas, nuevas formas de trato social, democráticas, de igualdad, de apropiación, de libertad en la pluralidad y diversidad de géneros.

 

ph Miguel Caamaño

ph Miguel Caamaño

ph Ando Habitando

ph Ando Habitando

 

CONCURSO

CONCURSO DE ESTUDIANTES

“CASA VIOLETA PARRA, ESPACIO COLECTIVO”

REFUGIO TRANSITORIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ORGANIZA PROYECTO HABITAR Y APARECIDA EN RED ANDO

 

Lxs invitamos a producir una mirada crítica del presente, que indague en el proceso de producción del espacio que nos trajo hasta aquí para proyectar un espacio futuro, que estimule relaciones sociales justas y democráticas.

 

A partir del NI UNA MENOS hemos logrado como sociedad comenzar a problematizar de manera consciente la violencia que oprime al género femenino y los cuerpos feminizados.

Esto ha permitido que poco a poco en las instituciones académicas se comience a incorporar esta problemática a las que habitualmente están consagradas como “problemas”.

Desde Proyecto Habitar nos fuimos incorporando lentamente al debate allá por el 2014, desarrollando desde nuestra práctica proyectual en los consultorios de Atención Primaria de Hábitat[1] programas arquitectónicos que atiendan tanto a las desigualdades sociales como las diferencias de género, propias del desarrollo urbano capitalista.

Hoy, con más experiencia y mayor comprensión, queremos invitar a la reflexión conjunta sobre el espacio a partir de una necesidad concreta surgida en el espacio militante de “Aparecida En Red Ando” organización que trabaja con víctimas de violencia de género y con quienes hemos compartido numerosos encuentros de lucha contra la opresión que sufren los pobladores de los barrios populares, en particular de los barrios Un Techo para Todos y 22 de enero en la Matanza.

¿Por qué relacionar violencia de género y espacio?

Porque la violencia de género es un fenómeno que ocurre prevalentemente en los espacios de la vivienda. La vivienda como consagración de lo privado, reino de la reproducción, cristalización de la división sexual del trabajo.

Por otro lado, porque es necesario encontrarnos reflexionando sobre los procesos de transformación del espacio mediante el cual las personas se relacionan, establecen acuerdos, hacen historia. Es decir, aprender a mirar y proyectar en y a través de la arquitectura. La dominación que se ve en las relaciones de género también se puede leer en el espacio, y es allí donde lxs arquitectxs podemos perpetuar o transformar dicha situación.

Y por último y no menos importante, porque a lo largo de varios años de trabajo llevando adelante los consultorios de atención primaria de hábitat, hemos identificado en el espacio cotidiano la violencia que opera sobre la sociedad en su conjunto, violencia que se agudiza en contextos de pobreza, especialmente sobre quienes están signadxs a permanecer en el ámbito privado. Este trabajo que hemos llevado adelante construyendo espacios de participación, de debate colectivo sobre los problemas del espacio, nos permite repensar los problemas que queremos abordar, las acciones que hacemos, los resultados alcanzados y diseñar propuestas como la que hoy nos convoca.

¿Cómo trabajaremos la problemática?

Mediante un concurso, trabajaremos elaborando proyectos en un proceso que invita al análisis, la construcción de un programa, y la prefiguración (social y física) que entendemos necesaria para abordar el problema desde la producción de espacios. 

Construiremos colectivamente el análisis y el programa social de estos espacios en un proceso de formación, que invita a escuchar, debatir y reflexionar. Se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el cual estudiantes y docentes nos formemos sobre una problemática que atraviesa a la sociedad en su conjunto.

Por tanto, la invitación es volver a mirar en aquellos lugares que para cada uno son tan conocidos que los hace sin pensar. Ya que, estos lugares, lejos de ser corrientes o vulgares son aquellos desde donde realizamos las acciones que nos involucran socialmente, es entonces allí donde entendemos fundamental encontrarnos estudiando y reflexionando: en las relaciones que establecemos cotidianamente y en la producción de arquitectura.

Para abordar esta propuesta hemos organizado el trabajo en un seminario de tres jornadas que forma parte del concurso. En cada una de ellas trabajaremos sobre aspectos del problema en instancias de escucha, debate y espacialización mediante clases teóricas y ejercicios. La asistencia a estas jornadas forma parte de las condiciones que deben reunir los equipos de estudiantes para participar del concurso.

¿Qué resultados esperamos?

Por un lado, se propone que lxs estudiantes, organizadxs en equipos, participen de un concurso de proyectos a dos vueltas que implica la producción de un espacio arquitectónico elaborado en base al programa social trabajado en conjunto.

Por otro lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje que aquí se promueve implicará para lxs estudiantes y docentes la participación en una experiencia de trabajo en la que se abordará un problema transversal para la sociedad desde la práctica arquitectónica.

Por último, contamos con el seminario como aporte teórico reflexivo sobre el problema de la violencia de género y su manifestación espacial.

 

PROGRAMA

I JORNADA – Del espacio privado a la construcción colectiva

En esta primera jornada trabajaremos sobre la participación de las mujeres en el proceso de transformación de los elementos urbanos en base al estudio de la experiencia de los consultorios de atención primaria de hábitat desarrollados por Proyecto Habitar. Tomaremos como fuente de información, las entrevistas, los relevamientos y los talleres colectivos registrados para indagar en las características de los espacios donde se desarrollan las actividades cotidianas productivas y reproductivas y la participación de las mujeres en el proceso de transformación de los mismos.

Fecha y lugar: sábado 3 de agosto de 9.00 a 12.00 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Dir: Intendente Güiraldes 2160, CABA

 

II JORNADA – De la violencia a la apropiación consiente

En esta jornada trabajaremos sobre las características del proceso que llevan adelante desde el equipo de Aparecida En Red Ando junto con mujeres víctimas de violencia de género. Indagando en los espacios de participación que generan para posibilitar un ámbito de reflexión, un ámbito donde las mujeres se animen a repensar y desnaturalizar las relaciones de opresión que se ocultan detrás de formas socialmente construidas, con el objetivo de protagonizar la crisis y diseñar estrategias de liberación.

Fecha y lugar: sábado 10 de agosto de 9.00 a 12.00, sitio a confirmar.

 

III JORNADA – Del espacio de la reproducción al espacio de la transformación

En esta jornada trabajaremos en la construcción de un programa social, promoviendo la reflexión sobre las características espaciales que entendemos favorables para la construcción de nuevas formas de trato social. Aquí retomamos con fuerza la necesidad recíproca que tenemos las personas de ir hacia el encuentro, desde allí repensar el espacio, y construir una guía colectiva para las propuestas de resolución formal de un espacio para tal fin.

Fecha y lugar: sábado 17 de agosto de 9.00 a 12.00 en el Centro Misionero del barrio Un Techo para Todos. (dir: las magnolias entre el ombú y las moras, Un Techo para Todos, Ciudad Evita)

 

 BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO

 CRONOGRAMA

SEMINARIO: sábados 3, 10 y 17 de AGOSTO (de 9.00 a 12.00 hs)

ENTREGA DE PROYECTOS: 14 de SEPTIEMBRE

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRIMERA VUELTA: 21 de SEPTIEMBRE

ENTREGA DE PROYECTOS SEGUNDA VUELTA: 19 de OCTUBRE

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: 26 de OCTUBRE

 

CONDICIONES

* Los proyectos se elaborarán según el programa social construido a lo largo de los módulos del seminario.

* La entrega será digital y su formato se comunicará durante las jornadas del seminario, y se publicarán en redes sociales de Proyecto Habitar y vía mail a lxs inscriptxs.

* El seminario oficiará como espacio abierto para preguntas. Se abrirá una ronda de preguntas virtual hasta el día 7 de septiembre.

* La entrega de propuestas es por equipos. Los mismos deben estar conformados mínimo por tres y máximo por 5 integrantes, los cuales deben ser estudiantes (pueden estar recibidos con título en trámite). Junto con la entrega de propuestas, cada equipo presentará la documentación que acredite dicha condición.

* Los equipos deben estar conformados por al menos 2 estudiantes de la carrera de arquitectura pudiendo incorporase integrantes de otras carreras.

* Las propuestas deberán ser de autoría de los participantes y no se aceptará más de una propuesta por equipo. Los integrantes solo podrán participar en un equipo.

* Los equipos autores de los trabajos seleccionados en la primera ronda serán notificadxs vía correo electrónico, según los datos de contacto suministrados y publicados en las redes de Proyecto Habitar.

* Lxs miembrxs del Jurado podrán proponer la articulación de los equipos en un equipo común para su presentación en la segunda vuelta.

* Es condición que al menos un representante cada tres o dos cada cinco integrantes del equipo asistan a las tres jornadas del seminario. El seminario es presencial, y a distancia para quienes no viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

* Aquellos que asistan a la totalidad de las jornadas recibirán un certificado de asistencia al seminario de 12 hs avalado por el Centro de Hábitat Inclusivo de la FADU UBA.

 

INSCRIPCIÓN

Para participar de las jornadas, es requisito realizar la inscripción individual o por equipo en el formulario que se encuentra accediendo al siguiente link: https://forms.gle/D88rWyVXKi2Mqa3AA

 

PREMIO

El premio está compuesto por una selección de libros que abordan la problemática del espacio y la perspectiva de género. A su vez, los proyectos seleccionados formarán parte de una publicación a cargo de Proyecto Habitar, del cual se entregarán ejemplares a lxs participantes. Los trabajos serán difundidos a través de las redes de Proyecto Habitar, en todos los espacios que lxs organizadorxs consideren convenientes, tanto vía web como físicamente en seminarios, exposiciones y demás espacios vinculados a la temática.

La organización podrá incorporar premios durante el trayecto del concurso hasta la fecha de entrega de la primera ronda.

 

JURADO

El jurado estará conformado por dos representantes de la organización “Aparecida en red ando” dos representantes de Proyecto Habitar y dos arquitectxs invitadxs, que serán comunicados la fecha de entrega de la primera ronda.

 

DISPOSICIONES GENERALES

Todo trabajo que no reúna los requisitos establecidos en las presentes bases será desestimado. Las instituciones que conforman la organización no se responsabilizan por problemas referentes a derechos de autor y propiedad intelectual de los proyectos participantes. La organización tiene el derecho de modificar las bases y condiciones, así como también la escala de premios sin previo aviso a los concursantes. La participación en el concurso implica que el participante conoce y acepta en su totalidad las presentes Bases y Condiciones del Concurso. Asimismo, la aceptación de estas Bases y Condiciones implica una declaración jurada de que toda la información suministrada por el concursante es fidedigna y que todo proyecto presentado es inédito y de su autoría.

[1] Los consultorios de atención primaria de hábitat son una práctica desarrollada por el colectivo de Proyecto Habitar como una prueba piloto generalizable en un sistema público de hábitat. Desde sus inicios, en 2009 el colectivo ha ido replanteando la metodología a los efectos de promover una práctica que integre la multiplicidad de perspectivas que integran el hábitat.

 

 

HACIA UNA POLITICA FEDERAL DE HABITAT

HACIA UNA POLITICA FEDERAL DE HABITAT

Durante los días 12 y 13 de abril se llevó adelante el Encuentro Federal “Hábitat y Territorio” que contó con la participación de “representantes de organizaciones sociales, pymes, académicos, medios de comunicación y diversas comunidades” para “generar acuerdos sobre puntos indispensables en la construcción de una política federal de hábitat”.  Desde esta perspectiva multiactoral se abordaron múltiples dimensiones para pensar en políticas sobre el hábitat y el territorio.

Desde el punto de vista económico se postuló la reactivación de la industria de la construcción como mecanismo de desarrollo económico. En un proceso que, para promover efectos redistributivos, requiere: integrar políticas de suelo, la incorporación de pequeñas y medianas empresas constructoras, así como cooperativas de trabajo en la construcción y en la producción de materiales. La propuesta se dirigió a incorporar el modelo de desarrollo nacional en el debate, que el modelo dominante ha estado siempre ligado a la construcción de desigualdades y al extractivismo.

Al abordar la comunicación de la política habitacional se enfatizó el valor de los trabajadores del Estado quienes sostienen las políticas públicas y cargan con una memoria institucional muy valiosa a la hora de gestionar las políticas de hábitat. Se denunció la deslegitimación que los trabajadores estatales están sufriendo en esta gestión a través de la utilización de mensajes mediáticos que desalientan el rol del estado y legitiman la gestión pública a través de agencias. 

Se puntualizó en el desafío de construir una política nacional y popular en materia de hábitat y territorio desde la perspectiva de Derechos Humanos. Para ello, se propuso un debate que avance sobre las palabras, y formule herramientas en un proceso de fortalecimiento de una nueva mayoría. Un desafío que reúne a quienes luchan por las políticas de hábitat urbano con quienes luchan por las políticas de hábitat rural, ya que se trata de procesos que están íntimamente vinculados en el desarrollo del territorio.

Desde el punto de vista de la gestión, se manifestó la relevancia de herramientas de intervención estatal. Lo que requiere promover la construcción de un conjunto de herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario, intervenir en el manejo del suelo. De esta manera, se pretende recuperar de la ganancia de ese mercado, los recursos necesarios para llevar adelante las políticas habitacionales.

Se planteó la discusión sobre la seguridad de los barrios, proponiendo que la misma se encuentre dentro de la gestión de las organizaciones barriales, para garantizar la seguridad en el control social. También la necesidad de feminizar la política habitacional, para cambiar cómo vemos y construimos la ciudad, y nuestros pueblos.

Para la cuestión de las infraestructuras, saneamiento se propuso renovar la discusión y sacarla del ámbito de decisión de los dueños de grandes empresas. Esto implica: discutir el latifundio, discutir el monocultivo de soja, discutir contra los diseños de infraestructura a favor del movimiento de mercaderías de exportación.

Sobre la política de transparencia, se propuso generar un registro público de tierras, y un registro nacional de accionistas, como instrumentos que les permitan a las organizaciones conocer a los actores que están operando bajo el anonimato de las sociedades, en los desalojos, en las compras de tierra rural para el desarrollo de countries, etc.

Se abordó también la experiencia de la autogestión en las políticas habitacionales, mediante procesos económicamente rentables, de generación de trabajo, de capacitación, de fortalecimiento en la participación de las mujeres, y de calidad habitacional.

Desde Proyecto Habitar participamos en el encuentro exponiendo las preocupaciones que recogemos diariamente de nuestra práctica militante-académica-profesional, con ánimos de reunirnos en reflexiones sobre los problemas transversales de la sociedad, y desde allí construir acuerdos sobre las políticas de gestión del hábitat y el territorio.

Enumeramos aquí algunos puntos trabajados:

– La perspectiva de género en el desarrollo de políticas habitacionales.

– El problema de la gestión de los residuos urbanos y el derecho a un ambiente sano.

– El impacto de la inflación en la política pública habitacional y en las precarias condiciones laborales en las que trabajamos.

– El rol de la Universidad como ámbito de debate y construcción de políticas habitacionales.

– La perspectiva relacional de la política urbana, que comprende integrados pares que habitualmente se fragmentan (riqueza-pobreza; formalidad-formalidad; etc.)

Entendemos necesarios estos espacios, en los que nos reunimos desde las diversas experiencias territoriales, desde donde evidenciamos la injusticia y la desigualdad, para construir democráticamente una plataforma de problemas y de propuestas que enfrenten en cada acción y en cada contexto la expresión particular de la opresión.

La violencia pasada y presente en el espacio

La muestra “La violencia en el espacio. Políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983)” puede visitarse en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta Mayo de 2019.

 La represión y la violencia estatal que se instaló en Argentina y en la región durante la década del 70 tuvo aristas que despreciaron los derechos humanos en múltiples dimensiones y escalas. A la lucha sostenida por la visibilización del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, se integran progresivamente la visibilización de los intereses de otros actores en el periodo, lo que ha permitido revisar la responsabilidad de los medios de comunicación, sectores empresariales y de la estructura de la iglesia, entre otros. Es posible entender como la violencia ejercida ha tenido múltiples manifestaciones estratégicas y tácticas.

La muestra que se titula “La violencia en el espacio” realiza un abarcativa repaso sobre las acciones realizadas por el gobierno de la dictadura en materia de políticas urbanas, registrando actores sociales vinculados a la concentración de la riqueza y el poder, a los que se asocia y defiende en cada una de estas trasformaciones territoriales promovidas.

En el texto que presentan Pamela Colombo y Carlos Salamanca como curadores de un amplio equipo de trabajo reseñan:

“Programas de erradicación de «villas miseria», construcción de autopistas, creación de pueblos estratégicos, rediseño de espacios públicos, edificación de estadios y readecuación de ciudades para la «fiesta mundialista»: estos son algunos de los proyectos territoriales y urbanos realizados durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) que esta exposición examina. Una reorganización espacial realizada a todas las escalas y en todas las regiones del país, que impactó directamente sobre amplios sectores de población, transformando de manera duradera a la sociedad argentina.”

El repaso por las políticas que transformaron el espacio urbano restituye una unidad de procesos y productos materiales con los que aún convivimos. Acciones que reúnen propósitos de acumulación desigual y de exclusión, represión y sometimiento. Como señalan los curadores la exposición pone de manifiesto situaciones espaciales de injusticia espacial sostenidas y agudizadas en este contexto autoritario, en las que:

“No es el monumento, el estadio o el edificio en sí mismo lo que invitamos a mirar en esta exposición. No existió una dictadura fecunda en edificios y modernización, distinta y separada de aquella que llevó a cabo la desaparición sistemática de miles de personas (…) Hubo un solo gobierno que inscribió la violencia en el espacio y que hizo del espacio el medio y el lugar para crear de manera autoritaria una nueva sociedad.”

La exposición pone al alcance de todas y todos de manera gratuita el producto de diversas y valiosas investigaciones realizadas durante muchos años, lo que constituye un valor destacable en términos de la vinculación del ámbito académico y la generación de un aporte social significativo. Al mismo tiempo, compone una revisión de la totalidad del territorio, restituyendo políticas urbanas y rurales en las que los discursos, los procesos y los productos se orientan en la misma dirección excluyente y represiva.

Como reflexión final, y quizás aporte a los procesos particulares de producción del material teórico e histórico, entendemos que a partir de lo expuesto queda en evidencia la potencia de la operación violenta, cuya impronta mas estructural se instaló y ha podido continuar, con matices, ininterrumpidamente hasta nuestros días. La violencia en el espacio es una manifestación material de un proceso que reprimió la posibilidad de transformar nuestros territorios para hacerlos más justos y democráticos.

Lo esencial del territorio extractivista y la economía concentrada que defendió y amuralló el espacio de la dictadura no ha podido ser transformado y sobrevive en la desigualdad de los barrios populares que lindan con la opulencia de barrios de lujo. Resulta por demás valiosa esta exposición, por el valor de la restitución de los hechos históricos, por la reflexión crítica y profunda del carácter de sus procesos, y por la posibilidad de repensar nuestro presente.

Proyecto Habitar, 15/04/2019

Sitio de la muestra:

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2019/03/av-la-violencia-en-el-espacio.php

 

 

 

Mesa de exposiciones sobre la situación actual de la villa 31

El lunes 5 de noviembre, a las 18hs se llevó adelante, en el Instituto Patria, una charla que puso en discusión la ley 2736. Bajo el título “Villa 31 – 31 bis ¿Urbanización o negocio inmobiliario? Los panelistas invitados reflexionaron y arrojaron algunas claridades sobre el tema. Expusieron para la audiencia: Javier Fernández Castro, Martin Reibel Maier, Guillermo Marzioni, Graciela Aguirre, Juan Enríquez, Hector Cuanco y Paula Penacca. 

Comenzó Javier Fernández Castro quien desde la perspectiva del proyecto arquitectónico dio cuenta de los avances y retrocesos en materia de operaciones constructivas. Fernández Castro denuncia que los cambios al proyecto general que fueron aprobados en su momento no son ingenuos. La diversidad morfológica y material de las viviendas fue recortada a una tipología y la mitad de las unidades (de un total de 2500). Enunció que el desvío de la autopista que iba a integrar a los vecinos espacialmente se sustituyó por una división al interior del barrio y un corralito externo a partir de la continuidad elevada de la autopista costera. También hizo referencia al incremento en el valor de las tierras linderas a la villa, que fueron adquiridas en este proceso por importantes desarrolladores, que ya comenzó a manifestarse en el precio de las mismas.

Luego Martin Reibel Maier, pivoteando sobre su experiencia en ONABE desde la perspectiva del papel del Estado frente a los bienes públicos, recuperó el valor social de este tipo de bienes y la necesidad de políticas redistributivas. En primer lugar, planteó que es necesario recuperar el valor social de los bienes públicos del Estado. Para ello tenemos que trabajar sobre la “técnica, el fomento y progreso de la utilización de los bienes”. En segundo lugar, explicitó que son necesarias políticas de suelo de carácter redistributivo, para ello los bienes públicos deben ser utilizados para vivienda pública. Por último, se calificó la actuación del gobierno de la ciudad en la villa 31 como una prevaricato, es decir como una actuación autoritaria que resuelve sobre temas que pertenecen a una escala superior de la estructura de gobierno. Esto lo dijo específicamente refiriéndose a la venta de predios, cambio de dirección de la traza, cambio de normativa y adjudicación privada de bienes públicos.

Para hablar de los mapeos y relevamientos realizados en 2015 para incorporar la demanda de la población, que no figuraba en el censo del 2010, Guillermo Marzioni contó el trabajo realizado por más de 500 personas. Explicó el proceso de articulación entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, universidades y funcionarios. Según Marzioni, el valor del trabajo realizado radicó en poner en valor las preexistencias producidas por la comunidad.

Por su parte, Graciela Aguirre denunció, desde una perspectiva jurídica, el atropello que viene llevando a cabo el gobierno de la ciudad, que se verá avalado con la ley 2736. Contó que los únicos 4 accesos que tiene el barrio para el ingreso de ambulancias se encuentran en obra y por lo tanto, a estos vehículos no se les permite acceder. Hace unas semanas hubo un incendio y las condiciones de las calles impidieron el ingreso de la asistencia hecho que se llevó la vida de 4 personas.

También expuso su experiencia Juan Enríquez de Villa Palito, en el proceso de urbanización iniciado en 1999 con el programa Arraigo. Enríquez expuso las dificultades que acarreó la urbanización y el camino que se encontró a partir de la apropiación de los vecinos de dicho proceso.

Cerrando la rueda de disertaciones, Hector Cuanco, vecino del Barrio 31, denunció la inconstitucionalidad de la ley de re-urbanización del Barrio «Padre Carlos Mugica» que promueve el gobierno de la ciudad. Esta ley viola los principios rectores de la ley marco. En el cuerpo de la ley 3.343 se ponía en valor la permanencia y la participación, entre otros valores hoy avasallados. El vecino denuncia la expulsión silenciosa que el gobierno porteño pretende consolidar, y asevera: “está trabajando para que no quede nadie”.
Por último, Paula Penacca rescató los aportes de todos y, retomando las propuestas, recordó que cuando la judicialización del conflicto no alcanza es necesario salir a las calles. Rubén Pascolini agradeció a todos la participación e invitó a seguir vinculados y difundir lo que se conversó ya que hay muy poca información sobre lo que realmente pasa.

Eugenia Jaime
Arquitecta, Urbanista.
Asesoría Urbana por el Derecho a la Ciudad
Proyecto Habitar